CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Segunda Edición

Incluye texto actualizados

Constituciones Políticas de la República de Chile 1810 - 2015

Segunda Edición

Tiraje: 3.000 ejemplares

Constituciones Políticas de la República de Chile 1810 - 2005

Primera Edición (2005)

© 2005 DIARIO OFICIAL

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IMPORTANTE:

Se autoriza la reproducción, reimpresión y distribución de esta obra, siempre que sea sin fines de lucro.

PRESENTACIÓN

El año 2005, el Diario Oficial publicó, en vísperas de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile, la primera edición de este libro sobre las Constituciones Políticas de la República de Chile. Hoy día, el Tribunal Constitucional y el Diario Oficial han unido sus esfuerzos para publicar una nueva edición del mismo, la que se actualiza y complementa con los cuerpos normativos modificatorios de los últimos años.

Nuestra historia constitucional tiene estos textos como protagonistas y muchas normas vigentes se remontan a estas Constituciones.

Consideramos que se justifica esta nueva edición por varias razones:

Desde luego, la primera edición se encuentra agotada. Contra todo pronóstico, resultó un éxito. Enseguida, desde esa fecha hasta ahora, diversas modificaciones ha sufrido nuestra Carta Fundamental. También, consideramos que sigue vigente el propósito inicial: “Ayudar a situar en un contexto adecuado y permitir una comprensión más cabal de la evolución institucional del país”. Y finalmente, esperamos que su reedición sea una herramienta que contribuya al debate constitucional que se avecina.

En efecto, se trata de una nueva edición. Suma al Acta de Constitución de la Primera Junta de Gobierno, Reglamento Constitucional Provisorio, Acta y Manifiesto de la Independencia de Chile, Plan de Hacienda y Administración Pública, Constituciones del Gobierno de O´Higgins, las Leyes Federales y las Constituciones de 1828, 1833 y 1925, todas con sus respectivas reformas, el texto íntegro de la Constitución de 1980 y un texto actualizado a la fecha, con notas al margen de las 38 leyes que la modificaron desde 1989, y el texto íntegro de estas.

Para la elaboración del contenido actualizado y de las referidas notas, se utilizó como base el texto refundido publicado en el Diario Oficial, en el año 2005, lo que diera origen a la primera edición de esta recopilación. Además, excepcionalmente para los documentos históricos desde 1925 en adelante y con el objeto de mantener la fidelidad al texto sancionado, se han corregido, debidamente advertidos en esta reedición, aquellos artículos que fueron publicados con alteraciones en la diagramación del Diario Oficial de la época; mientras que en los textos anteriores a la Constitución de 1925, se han mantenido los de la primera edición.

La metodología del libro sigue siendo la misma que se empleó en la primera edición. Es decir, aparece el texto constitucional respectivo. Luego, si corresponde, todas las modificaciones que distintas leyes de reforma constitucional le hicieron a ese texto. Y respecto a la Constitución de 1980, se introduce el señalado texto actualizado.

Queremos que esta edición, elaborada en un formato más rústico, llegue a muchas personas.

Si bien estos textos pueden encontrarse en internet, una recopilación sistematizada que los contenga todos se hace imprescindible como material para jueces, parlamentarios, autoridades, abogados, profesores, estudiantes y personas preocupadas por el acontecer nacional.

Sin perjuicio de este texto impreso, de distribución gratuita, el mismo podrá descargarse desde los sitios Web del Tribunal Constitucional y del Diario Oficial, y también será gratuita cualquier reproducción o reimpresión que no persiga fines de lucro.

Para las instituciones patrocinantes es un orgullo publicar este nuevo texto, en un momento en que se hace más necesario contar con estos antecedentes, exhibiendo la ruta que han seguido los textos constitucionales en estos más de 200 años de historia independiente.

Finalmente, queremos agradecer a todos quienes participaron en la elaboración de esta nueva edición. De modo especial, a Florencio Ceballos, quien tuvo esta visionaria iniciativa al publicar la primera edición de este libro. También a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso Nacional, a la Biblioteca de la Casa Central de la Universidad de Chile, al Archivo Nacional, y al personal del Diario Oficial y del Tribunal Constitucional que colaboraron en la materialización de esta iniciativa.

Creemos que estamos contribuyendo a difundir nuestra propia historia constitucional.

CARLOS CARMONA SANTANDER

Presidente

Tribunal Constitucional

CARLOS ORELLANA CÉSPEDES

Director

Diario Oficial

ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA

Presentación 7

Índice General de la Obra 11

Índice de los Textos y Documentos Constitucionales 17

Acta cabildo abierto de 18 de septiembre de 1810 43

Reglamento provisional de la Junta Gubernativa 1810 47

Sermón en la instalación del Primer Congreso Nacional 1811 48

Reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de

Chile 1811 54

Reglamento Constitucional Provisorio 1812 57

Reglamento para el Gobierno Provisorio 1814 65

Plan de Hacienda y de Administración Pública 1817 68

Acta de la independencia de Chile 1818 76

Manifiesto de la independencia de Chile 1818 77

Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818 88

Constitución Politica del Estado de Chile de 1822 106

Reglamento Orgánico Provisional de 1823 134

Reglamento Orgánico y Acta de Unión del Pueblo de Chile de 1823 137

Constitución Política del Estado de Chile de 1823. 144

Disolución del Congreso y promulgación de la Constitución Política del

Estado de Chile de 1823 180

Monumento público a la memoria de la Constitución Política del Estado

de 1823 181

Régimen Federal 1826-1827, Leyes Federales 182

Constitución Política de la República de Chile de 1828 207

Constitución de la República Chilena de 1833 229

Acta de instalación del Consejo de Estado (1833) 254

Jura de la Constitución (1833) 254

Leyes de reforma de la Constitución de 1833 256

Constitución Política de la República de Chile de 1925 272

Reformas a la Constitución de 1925 298

Período de Quiebre Constitucional, años 1973 a 1990 325

Decreto Ley Nº1 de 1973 sobre Acta de Constitución de la Junta de

Gobierno 325

Decreto Ley Nº 25 de 1973 que Determina cese de los alcaldes y regidores

de las Municipalidades del país 327

Decreto Ley Nº 9 de 1973 que establece disposiciones para dictación de

Decretos Supremos y Resoluciones 329

Decreto Ley Nº 27 de 1973 sobre la disolución del Congreso Nacional 329

Decreto Ley Nº 119 de 1973 sobre la disolución del Tribunal

Constitucional 330

Decreto Ley Nº 128 de 1973 Aclara el sentido y alcance del D.L. Nº 1

de 1973 332

Decreto Ley Nº 155 de 1973 333

Decreto Ley Nº 170 de 1973 Reforma art. 85 Constitución de 1925 334

Decreto Ley Nº 175 de 1973 Reforma art. 6 Constitución de 1925 335

Decreto Ley Nº 228 de 1973 Fija normas de aplicación art. 72 Nº 17,

inciso 3º de la Constitución de 1925 336

Decreto Ley Nº 527 de 1974 Aprueba estatuto de la Junta de Gobierno 337

Decreto Ley Nº 601 de 1974 Aprueba transacción que indica 342

Decreto Ley Nº 710 de 1974 Aprueba transacción que indica 344

Decreto Ley Nº 788 de 1974 Dicta Normas sobre el ejercicio del poder

constituyente 347

Decreto Ley Nº 806 de 1974 Modifica D.L. Nº 527 de 1974 349

Decreto Ley Nº 821 de 1974 Agrega disposición transitoria a la

Constitución de 1925 350

Decreto Ley Nº 991 de 1975 Establece normas para la tramitación de

Decretos Leyes 352

Decreto Ley Nº 1.008 de 1975 Modifica artículo 15 de la Constitución

de 1925 358

Actas Constitucionales (1976-1980) 360

Constitución Política de la República de Chile de 1980 392

Reformas a la Constitución de 1980. 448

Texto actualizado de la Constitución Política de la República de Chile 515

Bibliografía 605

ACTA DEL CABILDO ABIERTO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1810

Chile

Año 1810

ACTA

En la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, a dieciocho días del mes de septiembre del año de mil ochocientos diez, el Muy Ilustre Señor Presidente, y señores de su Cabildo, congregados con todos los jefes de las corporaciones, prelados de las comunidades religiosas y vecindario noble de la capital en la sala del Real Consulado, dijeron: que siendo el principal objeto del Gobierno y del cuerpo representante de la Patria, el orden, quietud y tranquilidad pública, perturbada notablemente en medio de la incertidumbre acerca de las noticias de la Metrópoli, que producían una divergencia peligrosa en las opiniones de los ciudadanos, se había adoptado el partido de conciliarlas a un punto de unidad, convocándolos al majestuoso congreso en que se hallaban reunidos para consultar la mejor defensa del reino y sosiego común, conforme a lo acordado. Y teniendo a la vista el decreto de treinta de abril expedido por el Supremo Consejo de Regencia, en que se niega toda provisión y audiencia en materias de gracia y justicia, quedando sólo expedito su despacho en las de guerra, con consideración a que la misma Regencia con su manifiesto de catorce de febrero último ha remitido el de la instalación de la Junta de Cádiz, advirtiendo a las Américas que ésta podrá servir de modelo a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo digno de su confianza; y proponiéndose que toda la discordia de la capital provenía del deseo de igual establecimiento, con el fin de que se examinase y decidiese por todo el congreso la legitimidad de este negocio; oído el Procurador General que con la mayor energía expuso las decisiones legales y que a este pueblo asistían las mismas prerrogativas y derechos que a los de España para fijar un gobierno igual, especialmente cuando no menos que aquéllos se halla amenazado de enemigos y de las intrigas que hace más peligrosa la distancia, necesitado a precaverlas y preparar su mejor defensa; con cuyos antecedentes, penetrado el Muy Ilustre Señor Presidente de los propios conocimientos, y a ejemplo de lo que hizo el Señor Gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el gobierno más digno de su confianza y más a propósito a la observancia de las leyes y conservación de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado Monarca, el Señor Don Fernando VII. En este solemne acto todos los prelados, jefes y vecinos, tributándole las más expresivas gracias por aquel magnánimo desprendimiento, aclamaron con la mayor efusión de su alegría y armoniosa uniformidad, que se estableciese una Junta presidida perpetuamente del mismo Señor Conde de la Conquista, en manifestación de la gratitud que merecía a este generoso pueblo, que teniéndole a su frente se promete el gobierno más feliz, la paz inalterable y la seguridad permanente del reino; resolvieron que se agregasen seis Vocales que fuesen interinos mientras se convocaban los Diputados de todas las provincias de Chile para organizar la que debía regir en lo sucesivo. Y procediendo a la elección de éstos, propuesto en primer lugar el Ilustrísimo Señor Doctor don José Antonio Martínez de Aldunate, se aceptó, con universal aprobación del congreso. Sucedió lo mismo con el segundo Vocal, el Señor don Fernando Márquez de la Plata, del Supremo Consejo de la Nación; con el tercero, Doctor don Juan Martínez de Rozas, y cuarto Vocal el Señor Coronel don Ignacio de la Carrera, admitidos con los mismos vivas y aclamaciones sin que discrepase uno más de cuatrocientos cincuenta vocales. Y procediendo luego a la elección por cédulas secretas de los dos miembros que debían completar la Junta (porque se advirtió alguna diferencia en los dictámenes), resultó la pluralidad por el Señor Coronel don Francisco Javier de Reina y Maestre de Campo don Juan Enrique Rosales, que, manifestados al público, fueron recibidos con singular regocijo; con el que celebró todo el congreso la elección de dos Secretarios en los Doctores don José Gaspar Marín y don José Gregorio de Argomedo, que por su notoria literatura, honor y probidad se han adquirido toda la satisfacción del pueblo. Se concedió a los Secretarios el voto informativo, acordándose que el mismo Escribano de Gobierno lo fuese de la Junta. Se concluyeron y proclamaron las elecciones, fueron llamados los electos, y, habiendo prestado el juramento de usar fielmente su ministerio, defender este reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al Señor Don Fernando VII y reconocer el Supremo Consejo de Regencia, fueron puestos en posesión de sus empleos; declarando el Ayuntamiento, prelados, jefes y vecinos el tratamiento de Excelencia que debía corresponder a aquella corporación y a su Presidente en particular, como a cada Vocal el de Señoría, la facultad de proveer los empleos vacantes y que vacaren, y las demás que dictase la necesidad de no poderse ocurrir a la soberanía nacional. Todos los cuerpos militares, jefes, prelados religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha Junta, instalada así en nombre del Señor Don Fernando VII, a quien estará siempre sujeta, conservando las autoridades constituídas y empleados en sus respectivos destinos. Y habiéndose pasado oficio al Tribunal de la Real Audiencia para que prestase el mismo reconocimiento el día de mañana, diecinueve del corriente (por haberse concluído las diligencias relacionadas a la hora intempestiva de las tres de la tarde), resolvieron dichos Señores se extendiese esta acta y publicase en forma de bando solemne, se fijase para mayor notoriedad en los lugares acostumbrados, y se circulasen testimonios con los respectivos oficios a todas las ciudades y villas del reino. Así lo acordaron y firmaron, de que doy fe.- El Conde de la Conquista.- Agustín de Eyzaguirre.- Diego de Larraín.- Justo Salinas.- José Antonio González.- Francisco Diez de Arteaga.- José Joaquín Rodríguez Zorrilla.- Pedro José González Alamos.- Francisco Antonio Pérez.- El Conde de Quinta Alegre.- Francisco Ramírez.- Fernando Errázuriz.- Agustín Díaz, Escribano de Su Majestad.

JURAMENTO

Incontinenti, hallándose presentes al congreso los señores electos, el Señor Conde de la Conquista don Mateo de Toro, Brigadier de los Reales Ejércitos y Caballero de la Orden de Santiago; el Señor don Fernando Márquez de la Plata, del Supremo Consejo de la Nación y Caballero de la Orden de Carlos III; el Señor Coronel de Milicias Disciplinadas, don Ignacio de la Carrera; el Señor Coronel de Ejército, don Francisco Javier de Reina; el Señor Maestre de Campo, don Juan Enrique Rosales, y los Doctores don José Gregorio de Argomedo y don José Gaspar Marín, Abogados de esta Real Audiencia, habiendo sido aclamados con general júbilo de todos los circunstantes de esta noble y respetable asamblea, subieron al lugar donde con la mayor decencia se había colocado una mesa para los primeros y más dignos asistentes; y puestas las manos sobre los Santos Evangelios, juraron a Dios Nuestro Señor usar fielmente del cargo para el cual habían sido elegidos, derramar la última gota de su sangre en defensa del reino, propender con todo empeño a conservarlo para nuestro amado Monarca Fernando VII y seguro asilo de nuestros amados afligidos hermanos europeos; obedecer siempre a los legítimos representantes de la Soberanía y proporcionar el mayor bien posible a todos los habitantes del reino. En esta virtud tomaron sus asientos, y así lo firmaron en el antedicho día, mes y año, de que doy fe.- El Conde de la Conquista.- Fernando Márquez de la Plata.- Ignacio de la Carrera.- Francisco Javier de Reina.- Juan Enrique Rosales.- Doctor José Gregorio de Argomedo.- Doctor José Gaspar Marín.- Ante mí, Agustín Díaz, Escribano substituto de Gobierno.

OTRO

Luego pasaron la diputación del Venerable Deán y Cabildo Eclesiástico, compuesta de los Señores Doctores don Vicente de Larraín y don Juan Pablo Fretes, Canónigos de esta Santa lglesia Catedral; los Reverendos Padres Provinciales de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y La Merced, y el Padre Prior de San Juan de Dios, y in verbo sacerdotis tacto pectore, juraron que obedecían y reconocían a la Excelentísima Junta Provisional Gubernativa y que, como instalada para tan honrosos fines, le tributarían siempre con gusto sus mayores respetos. Y así lo firmaron en el predicho día de que doy fe.- Doctor Vicente Larraín.- Doctor Juan Pablo Fretes.- Fray Pedro Díaz, Presbítero Examinador Sinodal del Obispado de Concepción y Prior Provincial.- Fray Tadeo Cosme, Ministro Provincial.- Maestro Fray Francisco Figueroa, Prior Provincial.- Fray Ignacio Aguirre, Provincial.- Fray Antonio Robles, Presidente.- Ante mí, Agustín Díaz, Escribano de Gobierno.

OTRO

A consecuencia, estando también presentes los jefes de oficinas: por el Real Tribunal del Consulado, el Prior don Celedonio de Villota; por la Minería, don Antonio Flores; por la Casa de Moneda, el Contador Mayor don Santiago O’Ryan, por ausencia del señor Superintendente; por la Real Aduana, el señor Administrador, don Manuel Manso; por la Renta de Correos, el señor Administrador don Juan Bautista Aeta; los señores Ministros Generales de Real Hacienda, don Manuel Fernández y don José Samaniego y Córdova, y por la Administración de Temporalidades, don Pedro Lurquín. Del mismo modo se hallaron presentes los jefes militares: el señor Coronel de Ejército Marqués de Montepío, el señor Coronel de Milicias de Caballería don Manuel Fernández Valdivieso, el señor Comandante y Sargento Mayor de Ejército don Juan de Dios Vial, y el señor Comandante don Juan Miguel de Benavente, y el señor Comandante de Dragones de la Reina don Juan Manuel de Ugarte; y todos unánimemente juraron, en la forma antedicha, obedecer y reconocer a la Excelentísima Junta en la forma que se ha constituido, respetando sus órdenes. Y así firmaron en el citado día, de que doy fe.- Celedonio de Villota.- Antonio Flores.- Santiago O’Ryan.- Manuel Manso.- Juan Bautista de Aeta.- Manuel Fernández.- José Samaniego y Córdova.- Pedro Lurquín.- El Marqués de Montepío.- Manuel Fernández Valdivieso.- Juan de Dios Vial.-Juan Miguel de Benavente.- Juan Manuel de Ugarte.- Ante mí, Agustín Díaz, Escribano de Gobierno.

Pongo por diligencia que acabado este acto, todos los circunstantes del congreso exclamaron en voz alta que obedecían y reconocían la Excelentísima Junta, y que siendo ya cerca de las tres de la tarde se concluyó aquel acto, saliendo todos con indecible júbilo a dejar al Excelentísimo Señor Presidente a su Palacio. Y estando las calles, balcones y ventanas cubiertas de innumerables gentes, sólo se oían vivas y aclamaciones, sin notarse un pequeño desorden ni percibirse una voz que indicase el más leve descontento. De todo ello doy la fe necesaria para su constancia.- Agustín Díaz, Escribano de Gobierno.

OTRO

En la ciudad de Santiago de Chile, a diecinueve días del mes de septiembre de mil ochocientos diez años: Habiendo ocurrido el Tribunal de la Real Audiencia ante el Excelentísimo Señor Presidente de la Junta, don Mateo de Toro, Conde de la Conquista, a efecto de prestar el juramento de obedecimiento a la Excelentísima Junta Gubernativa instalada para conservar estos dominios al Señor Don Fernando VII, y seguridad del reino; lo hicieron puestas las manos sobre los Santos Evangelios y prometieron respetar y obedecer a la dicha Excelentísima Junta Gubernativa; y lo firmaron de que certifico, bajo de las protestas que tienen hechas en sus oficios.- Rodríguez Ballesteros.- Concha.- Aldunate.- Irigoyen.- Basso.- Como Fiscal, Sánchez.- Ante mí, Agustín Díaz, Escribano de Gobierno.

ULTIMA

Yo, el Sargento Mayor de Caballería Veterana, certifico: que puestos con el debido orden en la Plaza Mayor de esta capital los Regimientos de Milicias Disciplinadas del Rey, el Príncipe y la Princesa, y toda la demás tropa veterana, hallándose presentes en un tabladillo formado en el medio de dicha plaza, el Excelentísimo Señor Presidente y demás señores Vocales de la Junta Provisional Gubernativa del reino, los jefes de oficinas, prelados de las religiones, una diputación del Venerable Deán y Cabildo, el Ilustre Ayuntamiento y muchos otros vecinos de honor, recibí juramento a todos los jefes y oficiales militares, y después a todos los soldados de cada un regimiento de milicias y a cada compañía de las veteranas, en voz bastantemente alta y perceptible, y por la cruz de su espada, puesta la mano en ella y bajo de su palabra de honor, juraron con general aclamación y regocijo que obedecían y respetaban a la Excelentísima Junta instalada a nombre del Señor Don Fernando VII, que unidos a ella defenderían hasta morir estos dominios para tan amable soberano; que igualmente reconocerían y obedecerían a sus legítimos representantes; y que jamás se apartarían de las leyes de nuestra religión, por sostener la Patria y hacer eterno el honrado nombre español. Para su constancia lo suscribo en esta ciudad de Santiago, hoy veinte de septiembre de mil ochocientos diez años.- Juan de Dios Vial.

Es copia de su original de que certifico, fecha ut supra.

Agustín Díaz

Escribano de Gobierno

y de la Junta.

REGLAMENTO PROVISIONAL DE LA JUNTA GUBERNATIVA

Santiago y diciembre 5 de 1810.- Deseando la Junta Provisional de Gobierno arreglar y poner en corriente el despacho de los negocios, ha tenido a bien expedir el presente auto comprensivo de las declaraciones siguientes:

Primera. Tendrá la Junta un Asesor que no ejerza jurisdicción alguna, cuyo empleo le confiere al Licenciado don Francisco Antonio Pérez, a quien se expedirá el título correspondiente.

Segunda. Dicho Asesor gozará el sueldo de mil y quinientos pesos anuales, pagaderos por mitad de los ramos de real hacienda y de los de propios y arbitrios.

Tercera. El Excmo. Señor Presidente de la Junta librará por sí solo con dictamen del Asesor nombrado las providencias de sustanciación en todos los expedientes y negocios, y remitirá a los juzgados ordinarios las causas civiles entre partes.

Cuarta. La Junta resolverá por sí misma con dictamen del Asesor o sin él, todas las causas y expedientes en que tenga interés el Fisco y los que pertenezcan a la administración pública.

Quinta. De las sentencias, acuerdos, providencias y resoluciones de la Junta se podrá suplicar ante ella misma y no habrá recurso ni apelación a ningún otro tribunal que no sea el Supremo Consejo de la Nación en los casos que permiten las leyes.

Sexta. El Excmo. Señor Presidente comunicará a los Gobernadores, Sudelegados y oficinas del reino el resultado de los acuerdos, providencias y resoluciones de la Junta, y llevará con ellos la correspondencia por medio de los Secretarios en sus respectivos ramos.

Séptima. Podrá también la Junta entenderse con ellos directamente en los casos graves en que lo juzgue conveniente.

Octava. El Excmo. Señor Presidente librará por sí solo los decretos provisionales que solicitan los interesados para los partidos del reino por queja contra los procedimientos de los Jueces, Subdelegados y empleados.

Este Reglamento será provisional, regirá mientras que otra cosa no se determine y de él se tomará razón en las oficinas que corresponda, se comunicará a los Gobernadores y Subdelegados y se dará cuenta a S. M. oportunamente.- CONQUISTA.- PLATA.- DR. ROZAS.- CARRERA.- REINA.- ROSALES.- ARGOMEDO.

SERMON EN LA INSTALACION DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL, AÑO 1811

Chile

Año 1811

Esta augusta ceremonia, en que la alta representación del estado da principio a sus sesiones por la invocación del padre de las luces, es una manifestación solemne del íntimo convencimiento en que está la nación chilena de que su conducta en las actuales circunstancias, y que ha seguido desde la lamentable desgracia del Rey, es conforme a la doctrina de la religión católica y a la equidad natural, de que manan los eternos e inalienables derechos con que ennobleció a todos los pueblos del mundo el soberano autor de la naturaleza. Este es un homenaje que una nación noble, firme y circunspecta rinde a la justicia y amabilidad de la religión. Jamás esta hija luminosa de los cielos aprobó el despotismo ni bendijo las cadenas de la servidumbre. Jamás se declaró contra la libertad de las naciones, si no es que tomemos los abusos por principios. Elevada como un juez integérrimo e inflexible sobre los imperios y las repúblicas, miró con igual complacencia estas dos formas de gobierno. Colocada entre las supremas magistraturas y sus súbditos, reprimió el abuso del poder y la licencia de los pueblos; y de aquí es que en las crisis peligrosas de los estados fue el ultimo recurso del orden público en medio de la impotencia de las leyes.

La religión considera a los gobiernos como ya establecidos, y nos exhorta a su obediencia. Pero los gobiernos, como todas las cosas humanas, están sujetos a vicisitudes. Semejantes a los cuerpos físicos, las naciones enteras, estos individuos de la gran sociedad del mundo, experimentan crisis, delirios, convulsiones, revoluciones, mudanzas en su forma. Los estados nacen, se  aumentan y perecen. Cede la metrópoli a la fuerza irresistible de un conquistador; las provincias distantes escapan del yugo por su situación local. ¿Qué deben hacer en tales circunstancias? ¿Esperarán tranquilas ser envueltas en el infortunio de su metrópoli? ¿O ser presa inerme y despreciable del primer invasor, o se expondrán a sufrir los horrores de la anarquía y caer, en fin, debilitadas por la discordia bajo la desventurada suerte de un gobierno colonial? La revolución y la razón, estas dos luces que emanan del seno de la divinidad, ¿no ofrecen algún remedio para evitar tanto desastre? Sí: las naciones tienen recursos en sí mismas; pueden salvarse por la sabiduría y la prudencia. Sanabiles fecit nationes orbis terrarum. No hay en ellas un principio necesario de disolución y de exterminio. Non est in illis medicamentum exterminii. Ni es la voluntad de Dios que la imagen del infierno, del despotismo, la violencia y el desorden se establezcan sobre la tierra. Non est inferorum regnum in terra. Existe una justicia inmutable e inmortal, anterior a todos los imperios: Justitia perpetua est, et inmortalis; y los oráculos de esta justicia, promulgados por la razón y escritos en los corazones humanos, nos revisten de derechos eternos. Estos derechos son principalmente la facultad de defender y sostener la libertad de nuestra nación, la permanencia de la religión de nuestros padres y las propiedades y el honor de las familias.

Mas, como tan grandes bienes no pueden alcanzarse sin establecer por medio de nuestros representantes una Constitución conveniente a las actuales circunstancias de los tiempos, esto es, un reglamento fundamental que determine el modo con que ha de ejercerse la autoridad pública, y sin que este reglamento se reciba y observe por todos religiosamente, podremos ya pronunciar a la faz del universo las siguientes proposiciones.

Primera proposición: Los principios de la religión católica, relativos a la política, autorizan al Congreso Nacional de Chile para formarse una Constitución.

Segunda proposición: Existen en la nación chilena derechos en cuya virtud puede el cuerpo de sus representantes establecer una Constitución y dictar providencias que aseguren su libertad y felicidad.

Tercera proposición: Hay deberes recíprocos entre los individuos del Estado de Chile y los de su Congreso Nacional, sin cuya observancia no puede alcanzarse la libertad y felicidad pública. Los primeros están obligados a la obediencia;  los segundos al amor de la patria, que inspira el acierto y todas las virtudes sociales. La prueba de estas proposiciones es el argumento de este discurso. Imploremos la luz y asistencia del cielo, etc.

Primera Parte

Los mismos códigos venerables del cristianismo que en preceptos, ejemplos y máximas de celestial prudencia nos inspiran sentimientos de paz y mansedumbre, ensalzan el esfuerzo y la magnanimidad de los guerreros que salvaron los derechos de la patria. ¿Qué corazón no se enciende al leer las alabanzas de los ínclitos de Israel que se sacrificaron por defender la independencia?

Con todo, después del Renacimiento de las letras aparecieron en Europa algunos hombres famosos por grandes talentos y grandes abusos, y que parece nacieron para caracterizar la audacia del espíritu humano, que publicaron que, entre todas las religiones conocidas, la católica era la más favorable al despotismo. Afirmaron que, por la humildad y abnegación que inspira, dispone los hombres a recibir sin resistencia la ley del más ambicioso; que, por la sumisión que predica, constituye los reinos en patrimonio de los príncipes, y reduce  los pueblos a rebaños infelices, que pueden, a su arbitrio, dividir, ceder, legar, enajenar, sacrificar. Supusieron un complot sacrílego entre el altar y el trono, entre el cielo y la tierra contra la libertad del género humano.

Pero estas aserciones se inventaron para hacer la religión odiosa a las naciones. La religión considera a los hombres bajo todos sus respectos. Cuando los considera como individuos de las sociedades civiles, los exhorta a la quietud y a la obediencia, sin las cuales se disolvieran estas grandes familias. Y es justo, en efecto, que un ciudadano particular no turbe el orden de un todo de que él mismo no es más que una débil parte. Mas, cuando los considera formados en naciones, estos cuerpos políticos son a su vista otras tantas personas morales, libres e independientes. En esta virtud, deliberan, toman resoluciones en común, eligen la constitución y forma de gobierno que más les convenga, o que más les agrade. Con estos derechos nos presenta la historia sagrada al pueblo de Israel y a todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué se necesita según sus principios para que un gran pueblo figure como nación entre las otras naciones? Para esto le basta que se gobierne por su propia autoridad y por sus leyes. La religión no examina por qué grados ascendió un pueblo a esta alta consideración. Lo contempla en el estado actual y respeta el gobierno que lo dirige, prescindiendo de las revoluciones que lo originaron. Así es que el sagrado texto da elogios magníficos al gobierno republicano de Roma que, en tiempos anteriores, se gobernó por reyes, los destronó y se erigió en república. Así es que el apóstol exhortó a los fieles a la obediencia de los cesares, cuyo imperio se había elevado por la usurpación y la violencia sobre las ruinas de la libertad republicana.

Empero, cuando se hallan las naciones en épocas iguales a la nuestra, no es la religión espectadora indiferente de los sucesos. Entonces este móvil poderoso del corazón humano da un vigor extraordinario a la virtud marcial; es el primero entre los intereses políticos y produce milagros de constancia y fortaleza. La historia abunda en testimonios de esta verdad, y la sagrada de los Macabeos nos ofrece un ejemplo ilustre acomodado a nuestras circunstancias. Antíoco, después de subyugado el Egipto, volvió a Israel sus poderosas armas, ocupó su metrópoli, se apoderó de sus tesoros, profanó su templo, esparció la desolación por todas sus provincias, decretó que todas las posesiones adquiridas formasen un solo cuerpo, cedió gran parte del pueblo al imperio de la fuerza, y adoptó el culto y las costumbres del vencedor. En medio de este abatimiento hubo un hombre que opuso a la violencia la magnanimidad y el patriotismo. Protestó en alta voz: “Aunque todas las naciones del mundo obedezcan al Rey Antíoco y se aparten de las leyes y costumbres patrias, yo y mi familia seguiremos solos la ley de nuestros padres”.

Resolución tan magnánima reanima al pueblo; se toman medidas de defensa;  se consulta el orden interior; se triunfa, y la gloria recompensa la heroica virtud.

Me parece, señores, que habréis puesto ya en vuestra imaginación, en lugar de aquellos sucesos, la serie prodigiosa de revoluciones de nuestros días, y en lugar de aquellas medidas de resistencia y orden interior, las que hemos adoptado nosotros, entre las cuales es la más grande y la más digna la convocación y reunión de este honorable y magnífico Congreso, que ha de dictar la Constitución que rija el estado en la ausencia del rey, Constitución invariable en sus principios, constante y firme en su espíritu de protección y seguridad en estas provincias, aun cuando nuevas ocurrencias inspiren nuevos consejos, nuevas resoluciones.

Ved, pues, cómo la religión católica, que no está en contradicción con la política, autoriza a nuestro Congreso Nacional para establecer una Constitución. Ni es menos sólido el apoyo que le prestan nuestros derechos.

Segunda Parte

Disuelto el vasto cuerpo de la monarquía, preso y destronado su Rey, subyugada la metrópoli, adoptando nuevas formas de gobierno las más fuertes de sus provincias, estando algunas en combustión, otras en incertidumbre de su suerte, el pueblo de Chile, conservando inalterable su amor al rey, concentra sus luces, calcula sus fuerzas; y reconociéndose bastante poderoso para resistir a todos sus enemigos, y con suficiente prudencia para adoptar medidas oportunas, medita, delibera y resuelve, en fin, qué deba hacer, cómo haya de comportarse en época tan difícil. Y ved el origen de la reunión de este Congreso, y el objeto de sus trabajos y funciones. La resolución de lo que haya de hacerse en estas circunstancias; que precaución deba tomarse para que en ningún caso se renueven los males que han oprimido a estas provincias; qué medios hayan de inventarse para enriquecerlas, iluminarlas, hacerlas poderosas, es la constitución y el argumento de las ordenanzas que se esperan del Congreso. Y en este paso, como veis, el pueblo ni compromete su vasallaje, ni se aparta de la más escrupulosa justicia. Porque en las actuales circunstancias como una nación todo se ha reunido para aislarlo; todo lo impele a buscar su seguridad y su felicidad en sí mismo, y en la más alta prerrogativa de las naciones, que es conservarse unidas al soberano que aman, y, en su ausencia, consultar su seguridad y establecer los fundamentos de su dicha sobre bases sólidas y permanentes. Esta es una consecuencia necesaria de la natural independencia de las naciones; porque constando de hombres libres naturalmente, han de considerarse como personas libres. Debe, pues, gozar pacíficamente cada una de la libertad que recibió de la naturaleza. Pero es el más caro atributo de esta libertad elegir la constitución que más convenga a sus actuales circunstancias; porque, con esta elección, puede establecer su permanencia, seguridad y felicidad: tres grandes fines de la formación de los gobiernos que dirigen a los cuerpos sociales.

Es, en efecto, un axioma del derecho público que la esperanza de vivir tranquilos y dichosos, protegidos de la violencia en lo interior, y de los insultos hostiles, compelió a los hombres ya reunidos a depender de una voluntad poderosa que representase las voluntades de todos. No hay pueblo que haya conferido a alguno la facultad de hacerlo miserable. Si, subyugado por la fuerza, quedaron en silencio sus derechos, si, trasplantado a remotas regiones, fue mirado con indiferencia por su antigua patria, no creáis que haya perdido el derecho de reclamar por el establecimiento del orden; pues los derechos de la sociedad son por su naturaleza eternos y sagrados.

El sentimiento de estos derechos vive inmortal en todos los corazones, y parece que en los más generosos hace sentir su presencia con más energía. Y esto es lo que nos inspira la confianza de que, si la divina providencia restituye al señor don Fernando VII, o a su legítimo sucesor, a la España, o lo condujese a alguna de las regiones de América, nos admitiera gustoso a su sombra bajo los pactos fundamentales de nuestra constitución. Su grande alma, horrorizándose de la continuación de un monopolio destructor, nos conservará la libertad del comercio. Convencido de los grandes males que hemos sufrido en el antiguo gobierno, nos conservará la prerrogativa de elegir nuestros magistrados y funcionarios públicos. Conociendo que pertenece a nosotros mismos nuestra propia defensa, la confiará a nuestros conciudadanos.

Entonces (no nos permite dudarlo la rectitud de su carácter), entonces la majestad del Rey, llenando con el esplendor de su dignidad augusta el congreso general de las regiones meridionales de América, colocado al frente de sus representantes, guardando un justo equilibrio entre las prerrogativas de la soberanía y los derechos de los pueblos, hiciera gloriosa y florecientes unas regiones que sólo necesitan de una sabia administración.

Pero, si este día memorable no se halla en el libro de los eternos destinos, o si está muy distante de nosotros, se salvará siempre del naufragio la libertad de la patria si la excelencia de la constitución, promoviendo la industria, proporcionando recursos a la virtud desgraciada y consuelos a la inteligencia, haciendo necesario el imperio de las leyes, infunde en los pueblos el amor a un sistema que se hace adorable haciendo dichosos; si la resolución firme de sostener en todos los casos de la fortuna los pactos fundamentales extingue las incertidumbres, la fluctuación de opiniones, la variedad de intereses, que, al cabo, traen o la anarquía, o la debilidad; si la autoridad pública confiada al vigor, a la equidad y a la prudencia, se hace la columna del Estado, llenando las veces de aquellos genios sublimes que conquistaron la libertad de su patria; si, en fin, dan consistencia a esta grande obra la obediencia y el patriotismo que inspira el acierto.

Tercera Parte

Como la autoridad pública se ejerce sobre hombres libres por naturaleza, los derechos de la soberanía, para ser legítimos, han de fundarse sobre el consentimiento libre de los pueblos. En virtud de este consentimiento, la potestad suprema puede residir en uno o en muchos, y aquel o aquellos que la ejercen son los grandes representantes de la nación, órganos de su voluntad, administradores de su poder y de su fuerza.

El más augusto atributo de este poder es la facultad de establecer las leyes fundamentales, que forman la Constitución del Estado, y el artículo más importante de esta Constitución es el establecimiento del poder ejecutivo y la organización del gobierno.

El gobierno es la fuerza central custodiada por la voluntad pública para reglar las acciones de todos los miembros de la sociedad y obligarlos a concurrir al fin de la asociación. Este fin es la seguridad, la felicidad, la conservación del Estado.

Para prevenir los grandes inconvenientes que nacerían de las pasiones, todos los pueblos de la tierra conocieron la necesidad de sujetarse a una fuerza que conservase el orden.

Este es el gran principio del orden público establecido por la Divina Providencia. Así como todo poder deriva de dios. Non est potestas nisi a Deo. Nosotros desobedeceremos a Dios si resistimos a la autoridad pública establecida por el orden de Dios. Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Así es como leyes necesarias conservan el orden del universo, y leyes naturales, igualmente necesarias, dirigen a los hombres y sostienen el orden de las sociedades. Estas leyes nos prescriben a la autoridad que establecen ellas mismas, y fijan las obligaciones de los magistrados y de los súbditos. De la observancia de estos deberes recíprocos nace la dicha de los pueblos y su libertad, que es hija de la equidad y de las leyes. Su trasgresión induce la licencia, azote horroroso de la sociedad. La licencia se confunde con la anarquía de los gobiernos populares. A ésta sigue necesariamente la tiranía. Las naciones fatigadas por la anarquía se consolaron de sus desórdenes en el seno de los tiranos.

Pero pronunciemos francamente la verdad. El origen de los males que han sufrido los pueblos, estuvo siempre en sus gobiernos respectivos. La opresión precedió a las sediciones. Si se aborreció a las autoridades, fue porque se habían hecho odiosas. Los hombres más groseros distinguen un gobierno de otro que protege. La confusión y debilidad de la administración produjo siempre la anarquía y la licencia. Si los pueblos no conocen sus verdaderos intereses, sus derechos y las miras sabias de sus directores, es por el descuido que hubo en ilustrarlos, es porque no se ha formado por medio de la instrucción general la opinión pública.

Esta es un agregado de ideas transmitidas y perpetuadas por la educación y el gobierno, fortificadas por la costumbre. Esta opinión hace a los pueblos libres o esclavos, y forma el carácter nacional. Naciones generosas en otro tiempo bajo la idea de la libertad, se hicieron abyectas y despreciables bajo las ideas amigas de la servidumbre. La opinión, cómplice de la tiranía, comunicó a sus almas tímidas la insensibilidad.

Si la opinión, pues, pudo tornar a los griegos y los romanos de libres y valerosos en esclavos infelices, ¿no podrá la verdad obtener que los hombres fatigados de miseria sean ciudadanos generosos, entusiastas de sus atributos sociales? ¿No inflamará alguna vez la imaginación? Este noble sentimiento, despertado en el ánimo de los bretones, de los bátavos, de los bostoneses, les hizo desplegar un gran carácter. Un hombre solo civilizó a la Rusia. La gran revolución de ideas y de carácter es obra de una administración activa, patriótica y magnánima. Esta revolución es la primera de sus maravillas. Sin ella, los mejores intentos son quiméricos. En verdad, es muy difícil establecer las mejores leyes sin preparar antes para ellas el espíritu de los pueblos. Parece que no todos son dignos de ser libres. La sublime idea de la libertad nacional, en cuya presencia han de desvanecerse muchas preocupaciones, muchos intereses momentáneos y mezquinos, no se ha hecho para corazones llenos de los vicios de la servidumbre, ni para espíritus envueltos en  preocupaciones tenebrosas. Si supiesen algunos, decía un sabio, a qué precio se adquiere y conserva la libertad, y cuánta es la austeridad de sus leyes, la preferirían al degradante despotismo, que no exige el sacrificio de las pasiones.

Y es cierto. Sobre sacrificios, sobre virtudes, sobre luces ha de elevarse el trofeo de la razón y de las leyes. Jamás fue libre un pueblo que no tuvo a su cabeza hombres magnánimos, ilustrados y virtuosos. Consultad la historia: veréis la libertad y la gloria de las naciones elevarse sobre esfuerzos heroicos, sobre sistemas bien meditados y seguidos. El afecto de los pueblos ha consolidado estos sistemas; su indiferencia los ha destruido sin recurso. El amor de los pueblos es la recompensa de la beneficencia, de la integridad y del celo patriótico.

Esta recompensa inestimable, unida a una fama inmortal, el aprecio de toda la América y de todo el mundo, las bendiciones de todas las edades, esperan, ilustres ciudadanos, vuestras medidas, providencias y  sanciones. Los pueblos de las numerosas provincias de ambas Américas, los sabios que en ellas florecen, tienen fijos los ojos en el primer Congreso Nacional que se ha formado en tan memorables circunstancias. ¡Cuántos elogios se preparan a vuestra prudencia, integridad y patriotismo!

Pero si se malograsen momentos tan felices, si se desvaneciesen tan dulces esperanzas ¡qué oprobio nos cubriera, qué cadenas de males se agravarán sobre nosotros! ¡Legisladores! Enterneceos; mirad con compasión la suerte de los pueblos cuyos destinos están en vuestras manos. Gustad el placer de hacer dichosos. Inmortalidad vuestro nombre y el de la patria.

¡Y vos, árbitro soberano de nuestra suerte, padre de los hombres, autor, vengador y protector de los cuerpos políticos; vos, que habéis señalado a cada una de las naciones un cierto tiempo de prosperidad y de gloria; vos, cuya impresión augusta, cuya diestra se ve sensiblemente en los grandes acontecimientos de nuestros días; vos, por cuyo influjo se han confundido los enemigos de la América y viven condenados a un silencio amenazador pero impotente, a una hipocresía rabiosa pero sin aliento, dad consistencia a nuestros débiles principios; infundid en nuestros legisladores vuestro espíritu de prudencia, de esfuerzos y de bondad; sostened, dirigid sus felices disposiciones, para que una constitución sana, sabia, equitativa y bienhechora, haciendo la dicha de los ciudadanos, sea el fruto de tantos sinsabores, cuidados, angustias y peligros!

(*) Texto redactado por Fray Camilo Henríquez, de fecha 4 de julio de 1811. Fuente Escritos Políticos de Camilo Henríquez del autor Raúl Silva Castro, Ediciones Universidad de Chile año 1960

REGLAMENTO PARA EL ARREGLO DE LA AUTORIDAD EJECUTIVA PROVISORIA DE CHILE, AÑO 1811

SANCIONADO EL 14 DE AGOSTO DE 1811(*)

El Congreso representativo del reino de Chile, convencido íntimamente, no sólo de la necesidad de dividir los poderes, sino de la importancia de fijar los límites de cada uno sin confundir ni comprometer sus objetos, se cree en la crisis de acreditar a la faz de la tierra su desprendimiento, sin aventurar en tan angustiada premura la obra de la meditación más profunda: quiere desde el primer momento consagrarse sólo a los altos fines de su congregación; pero no está en sus alcances una abdicación tan absoluta antes de constituir la forma sólida de gobierno en los tres poderes, cuyo deslinde es el paso prolijo y más espinoso en todo Estado. Por tanto, ha resuelto delegar interinamente el conocimiento de negocios y trasgresiones particulares de la ley, a un cuerpo colegiado que se instalará con el título de Autoridad Ejecutiva provisoria de Chile bajo las declaraciones siguientes, y que progresivamente se fueron dictando.

1° El Congreso, como único depositario de la voluntad del reino, conocerá exclusivamente del cumplimiento o infracción general de la ley.

2° Por la misma razón no pertenecerá al Ejecutivo el vice patronato real que antes ejercía.

3° Las relaciones exteriores son privativas del Estado en su entable, cuya representación sólo reside en el Congreso; por consiguiente y para atender tan delicado objeto con el interés a que empeña, deberá corresponder al Congreso la apertura de la correspondencia exterior, llevándola al Poder Ejecutivo, como la interior del reino que consultará sólo en los casos de gravedad.

4° El Congreso por la representación inmediata y general del reino, asegura su confianza y demanda la seguridad de opinión que se reserva el mando de las armas, correspondiendo a su Presidente, por delegación especial, dar el <santo>, que deberá mandarlo cerrado por el ayudante de plaza al del Ejecutivo, para que de éste lo reciba el sargento mayor.

5° No podrá el Ejecutivo provisorio disponer de las tropas de ejército y milicias en servicio extraordinario, ni extraerlas de sus partidos sin aprobación del Congreso, el que se reserva proveer los empleos de este ramo desde capitanes inclusive, y todo grado militar.

6° En los demás ramos hará la provisión el Ejecutivo a consultas de los jefes, y las de éstos las pasará en ternas al Congreso, para que vea si están o no arregladas a la ley, el que las devolverá con su declaración, que será última para que a nombre del Rey libre el Poder Ejecutivo los respectivos despachos que contendrán en su relato y a la letra la resolución del Congreso, pasándose igualmente y para el propio fin los decretos de empleos cuya dotación exceda de cuatrocientos pesos anuales.

7° Los recursos sobre provisiones de la Autoridad Ejecutiva serán admisibles en el Congreso, en primer orden y para declarar si son o no conformes a la ley, instaurándose con arreglo a ella y bajo su pena, reponiéndose al agraviado si intentare con justicia.

8° Sólo es dado a la autoridad del Congreso crear y suprimir empleos, aumentar o minorar dotaciones, remover empleados y otorgar honores de gracia, exigiéndolo las circunstancias.

9° La Autoridad Ejecutiva no conocerá causas de justicia entre partes, sino las de puro Gobierno, Hacienda y Guerra.

10° Las de Hacienda tendrán sus alzadas ordinarias a la Junta de ella y sala de ordenanza, y las de Guerra por el recurso de la ley de Indias, con la variación que en adelante formarán la Junta de Hacienda, el Vicepresidente del Congreso, Ministro más antiguo del Tribunal de Justicia, Contador Mayor, Ministro de Real Hacienda y Fiscal; y la alzada de guerra el mismo Vicepresidente, Subdecano del Tribunal de Justicia y Auditor de Guerra.

11° Las provisiones, resoluciones y sentencias del Poder Ejecutivo se suscribirán, para ser cumplidas, por todos los miembros que la compongan, o al menos por dos, anotándose en ellas mismas, con fe del Secretario, el que por enfermo o ausente no lo hace.

12° La arbitrariedad con que se ha usurpado el crimen de alta traición y su naturaleza misma, exigen que conozca de estos delitos el Poder Ejecutivo, sin quedar enteramente inhibido este Congreso para formar causas de esta clase, cuando lo tenga por conveniente. Para la ejecución de penas capitales falladas por cualquier poder o juzgado del reino, se impetrará del Congreso el permiso instruido.

13° La Autoridad Ejecutiva llenará su objetivo conforme a la ley vigente; se compondrá de tres miembros con su Secretario y Asesor; y entre aquéllos turnará la presidencia por meses, siendo su dotación dos mil pesos anuales, y las de éstos mil quinientos.

14° Las recusaciones de estos Vocales se arreglarán a la ley que detalla las de los Oidores.

15° La Autoridad Ejecutiva librará sobre el tesoro público todos los gastos ordinarios y extraordinarios que, siendo ejecutivos, no excedan de dos mil pesos, acordando los mayores con el Congreso que, por los sagrados objetos a que lo liga su representación, debe empeñarlo con preferencia.

16° Los Vocales nombrados al Despacho Ejecutivo jurarán en el Congreso fidelidad a los grandes objetos que éste proclama y sostiene, y la pureza de sus operaciones, de las que son responsables al reino por las resultas de la residencia que se les tomará, al arbitrio de sus representantes en el tiempo y diputación que deleguen.

17° El Poder Ejecutivo provisorio en cuerpo tendrá de palabra y por escrito tratamiento de Excelencia y se le harán honores de capitán general de provincia, y cada miembro en particular el de Señoría dentro de la sala.

18° Asistirá en cuerpo a toda función de tabla.

19° Su duración es pendiente de la Constitución del caso; y no formada está en el perentorio término de un año, expedirá en él la comisión.

Tendrálo así entendido la Autoridad Ejecutiva para su puntual cumplimiento, y lo hará publicar y circular para que llegue a noticia de todos.- Santiago de Chile y 8 de agosto de 1811.- Manuel Pérez Cotapos, Presidente del Alto Congreso.- Doctor Juan Cerdón, Vicepresidente.- Agustín de Urréjola.- José Antonio Soto y Aguilar.- Domingo Díaz de Salcedo.- Luis Urréjola.- Doctor Juan Infante.- El Conde de Quinta Alegre.- Manuel Fernández.- Agustín de Eyzaguirre.- Doctor Gabriel José de Tocornak.- Marcos Gallo.- Mateo Vergara.- Francisco Ruiz de Tagle.- José Nicolás de la Cerda.- Doctor Juan José de Echeverría.- Fernando Errázuriz.- Juan José Goycoolea.- Doctor Joaquín de Echeverría.- Estanislao Portales.-Javier Errázuriz.- José Miguel Infante, Diputado Secretario.

Decreto

Santiago, 14 de agosto de 1811.

Guárdese y cúmplase lo contenido en el presente Reglamento; y respecto de haberse ya publicado por bando de orden de S.A., en la mañana de este día, tómese razón en los Tribunales, oficinas y cuerpos militares; sáquense prontamente por la escribanía los testimonios necesarios para circular a todo el reino; y archívese original en la Secretaría.- Calvo Encalada.- Aldunate.- Benavente.- Bórquez.

(*) Publicado en impresos el día 14 de agosto de 1811.

REGLAMENTO CONSTITUCIONAL  PROVISORIO, AÑO 1812

Chile

Año 1812

SANCIONADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1812(*)

Excmo. Señor:

El pacto que debe intervenir entre el pueblo y sus gobernantes está contenido en el adjunto Reglamento Constitucional, que presentamos a V. E. respetuosamente los ciudadanos que suscribimos esta memoria y que, los jefes militares juran observar y sostener por su honor y su espada.

Dios guarde a V. E. muchos años. Santiago y octubre 12 de 1812.

Excmo. señor.

Ambrosio María Rodríguez de Herrera, paisano abogado.—Ambrosio Aldunate, paisano.— Antonio Hernández, Sargento de Asamblea.—Agustín Marchant, paisano.—Agustín de Olavarrieta, Director de la Renta de Tabacos.—Antonio Urrutia, Teniente Coronel del Regimiento Milicias del Rey.—Agustín de Gana, Capitán de idem.—Agustín de Arrieta, paisano.— Antonio José de Irisarrí, Capitán de Milicias de la Vara.—Agustín Mardones, paisano Procurador.—Agustín LIagos, idem.— Andrés López de Sánchez.—Agustín Lillo, paisano.—Antonio de Hermida, Capitán de Milicias del Regimiento del Príncipe.—Beníto Aspeítía, empleado de 1a Casa de Moneda.—Bernardino Vega.— Bernardo Font, paisano.— Bartolomé Quintana.—Carlos Rodríguez de Herrera, Contador de la Real Aduana.- -Cipriano Varas, Capitán de Milicias de Pardos Libres.— Cecilio Ramos, Teniente de Asamblea.—Casimiro Goycoolea, Teniente del Regimiento de Milicias del Rey.— Casimiro de Casanova.—Camilo Henríquez, Padre de la Religión de los Agonizantes.—Cipriano de Ovalle, paisano.—Dr. Domingo Errázuriz, eclesiástico.—Diego Gormaz, idem.-Fray Domingo de Velasco, Provincial de Santo Domingo.— Fray Domingo Herrera, Comendador de la Merced.— Domingo Venegas.—Domingo Díaz de Salcedo y Muñoz, Coronel del Regimiento de Milicias del Rey.—Domingo Bilbao, paisano.— Domingo Ortiz Rozas, empleado en la Aduana.—Domingo Cousiño, paisano.—Diego Silva, idem.—Domingo Pérez, idem.—Domingo Suárez, paisano.—Diego Uñón, idem.— Esteban Lisardi, idem.— Eleuterio Andrade, Teniente de Milicias de Concepción.—Esteban Cea., Capitán de Milicias del Regimiento de la Princesa.—Esteban Fernández, paisano.—Fernando Márquez de la Plata, Oidor y Regente de esta Audiencia.—Francisco Antonio Pérez, paisano abogado.—Francisco de Paula Ramírez, Teniente del Regimiento de Milicias del Príncipe.— Francisco Prats, Interventor de Correos.—Francisco Mardones y Valvino, paisano.- -Francisco de la Lastra, Alferez de Navío de la Real Armada.—Francisco de las Cuevas, paisano.—Francisco Javier Videla, Capitán de Milicias del Regimiento de la Princesa.— Félix Antonio Vial, Alférez de idem.—Francisco Gaona, Sargento del Cuerpo de Asamblea.— Francisco Ambrosio León de le Barra, Teniente de Milicias del Regimiento del Rey.—Francisco de Laforest, empleado en el Consulado.— Francisco Brochero, Ensayador de la Real Casa de Moneda.—Francisco del Río, Teniente de Dragones de Corcepción.- Fermín Fabres, empleado en la Real Casa de Moneda.—Francisco de Barros, paisano.- -Francisco Manuel de la Sotta, Teniente de Milicias del Regimiento del Príncipe.—Feliciano José de Letelier, Diputado del Tribunal de Minería y Teniente Coronel de Milicias.— Francisco Ruiz Tagle, Capitán de Milicias del Príncipe.—Felipe Cáceres, Oficial de Milicias.— Francisco del Barrio, paisano.—Francisco Lazo, idem.—Francisco Parca.—Francisco Mulet, paisano.—Francisco Aros, idem.— Francisco Javier Caldera, eclesiástico jesuíta.— Francisco Esteban Olivera, paisano.—Fernando Olivares, paisano Procurador.— Francisco Javier Ovalle, idem.— Francisco Javier de Trucíos, idem.—Francisco Javier Sandoval.—Gabriel José de Valdivieso, Administrador de ’I’abacos de Renca y Capitán Agregado al Regimiento de la Prinicesa.—Gabriel de Larraín, paisano.—Hípólito Oller, Capitán de Artillería.—Dr. Hipólito de Villegas, abogado y Contador de Temporalidades.—Enrique de Campino, paisano.—Hipólito de Amaya, idem.— Hermenegildo Mardones, idem.—Hilario de Vial, idem.— Ignacio de Silva, empleado de Tabacos.—Isidoro Errázuriz, Oficial del Regimiento del Príncipe.—Isidoro de Ureta, paisano.— Isidoro Antonio de Castro, idem.— Ignacio de Torres, Escribano del Consulado.- -Isidro Verdejo, paisano.—Isidro Novoa, idem.—Juan José de Carrera, Capitán del Regimiento del Príncipe.— José Miguel Carrera, idem.—José Samaniego y Córdova, Ministro Contador de las Cajas Reales.—Juan de Dios de Gacitúa, paisano abogado.— Juan de Dios Vial del Río, idem.— Dr. José Antonio Errázuriz, Canónigo de esta Catedral.—Dr. Juan Pablo Fretes, idem.—José Santiago Rodríguez, Obispo Electo de idem.—Juan Bautista de Aeta, Administrador Principal de Correos.—Juan de Dios Vial, Teniente de Asamblea.—José Antonio Botaro, Teniente del Batallón de Concepción.—José María de Guzmán, Capitán de Milicias.—Fray Joaquín Gorriti, Maestro Prior de San Agustín.— José Marcial Vigil, Teniente del Regimiento del Príncipe.—José María de Villegas, paisano.— Juan Antonio Nieto, empleado en Aduanas.—Juan Antonio Olalquiaga, idem.— Juan Nicolás Correa, paisano.—José Joaquín Valenzuela, Alférez del Regimiento del Rey.—José Miguel Valdés, Teniente del Regimiento de la Princesa.—José María Carrera, paisano.— Juan de Dios Ureta, idem.— Joaquín de Aguirre, Comandante del Regimiento del Príncipe.—José Antonio Ramos, paisano.—Juan de Dios Vial Arcaya, idem.— José Antonio Avendaño, idem.— José Santiago Gómez, idem.—Joaquín García, Subteniente de Dragones de la Reina.— José Riveros, Alférez del Regimiento del Príncipe.- José Ignacio Jofré, idem.— Juan de Dios Jofré, paisano.— José Jimenez de Guzmán, Capitán del Regimiento del Rey.— José Paciente de la Sotta, Teniente de idem.— José Zapatero, Teniente de Artillería.— José Agustín de Herrera, paisano.— José Alonso Toro Gamero, Teniente del Regimiento del Príncipe.— Juan Fermín Brunel, Sargento de Artillería.— Juan Nepomuceno Morla, Sargento de idem.— José Domingo Valdés, Alférez del Regimiento del Príncipe.— José Manuel Borgoño, Cadete del Batallón de Concepción.— José Domingo Muxica, paisano.— Juan Francisco de Cifuentes, Tesorero de Tabacos.— José Antonio Castro, empleado en la Moneda.— José Andrés de Gavin, paisano.— José Antonio de Mancheño, empleado en la Real Casa de Moneda.— José Antonio de Echanez, Alférez del Regimiento del Rey.— José Santiago Guzmán.— José Manuel Tuñón, paisano.— José Manuel Gómez, idem.— Julián José Fretes, Alférez del Regimiento del Rey.— José Toribio Torres, paisano.— Juan Manuel Correa, idem.— Dr. José Ureta, Administrador de Minería.- José María Tocornal, Diputado de idem.— José de Murillo, paisano.— José Nicolás de la Cerda, paisano.— José Ignacio de Eyzaguirre, Ensayador de la Real Casa de Moneda.— José Julián de Villegas, Fundidor de idem.— José Ramón de Argomedo, paisano.— José Antonio de Rojas, idem.— José María de Rozas, paisano abogado.— José Antonio Prieto, empleado en la Aduana.— Joaquín de Trucios, paisano.— Joaquín de Izarra, idem.— José Antonio Ríos, idem.— José de Bravo, idem.— José Miguel Sierra.— José Luis Gava.— José Fortunato de Mesías, paisano.— José de Trucíos, idem.— Dr. Jaime de Sudañez, paisano abogado.— José Santiago de Campino, idem.— José Antonio de Badiola, abogado.— José Agustín de Arcos, paisano.- - Joaquín Larraín, idem.— Dr. Juan Francisco de la Barrra, abogado paisano.— José Miguel Mulet, paisano.— Juan de Dios de Laforest, idem.— José Gabriel de Quezada, eclesiástico.— Juan Tadeo de Silva, Capitán del Regimiento de la Princesa.— José Ignacio de Zenteno, paisano Procurador.— Juan Lorenzo de Urra, idem.— José Hernández.- - Juan Crisóstomo de los Alamos, idem Escribano.— Joaquín de la Barra, paisano.— José Ignacio de la Cuadra, Teniente de Milicias de Rancagua.— Jorge Godoy idem del Regimiento del Príncipe.— José María Goly.—José Matías Díaz Alderete, empleado en la Aduana.— Juan José Vargas.— José Joaquín Díaz, paisano.— José Antonio Barahona, idem.— Juan de Dios Garay, Teniente de Milicias de la Concepción.— Juan Laviña, paisano.— Joaquín de Echeverría, idem.— José Agustín Ugalde, idem.— José Antonio Díaz, idem.— José Ignacio Sánchez, idem.—José Eugenio Doria y Saravia, idem.—José María Argandoña, Eclesiástico.—Dr. Juan José Uribi, idem.—José Santiago Nava, paisano.— José Mariano Lafebre, empleado en la Aduana.—Joaquín de Echeverría y Larraín, paisano.— José Joaquín Fabres, empleado en la Real Casa de Moneda.— José Santiago Pérez de García, paisano.—Dr. Silvestre Lazo, idem.—José Manuel de Astorga, idem.— José Gregorio Fontecilla, idem.— Juan de Pasos, idem.— Juan Francisco Puelma, paisano.— Justo de la Barrera, idem.— José María de los Alamos, idem.— Julián Gormaz, empleado en la Real Aduana.— José de Prado.— Joaquín Benitez, Capitán de Milicias de Aconcagua.— José Zenteno, Receptor.— José Manuel Menares, paisano.— José María Villarreal, abogado.— José Antonio Campino, paisano.—José Gregorio Calderón, paisano Procurador.— Juan José Ramírez.—Luis de Carrera, Teniente del Regimiento del Príncipe.—Lorenzo José de Villalón, Relator de la Real Audiencia.— Lucas de Arriarán, Capitán del Regimiento del Rey.—Lorenzo Sánchez, Sargento de Artillería.—Lorenzo Jofré.—Lorenzo Fuenzalida, paisano abogado.— Manuel Díaz Muñoz, Capitán del Regimiento del Rey.— Manuel Matías Fernández de Valdivieso, Coronel de Milicias de San Fernando.— Manuel Antonio Luján, Teniente de Milicias y Oficial de la Secretaría de Gobierno.— Dr. Manuel de Vargas, Canónigo Magistral de esta Catedral.— Dr.Miguel de Palacios, idem.—Martín Prats, paisano.—Manuel Antonio Araoz, idem.—Manuel Manso, Administrador de la Real Aduana.— Fray Manuel López, Guardián de la Recoleta Franciscana.—Manuel Fernández, Ministro Tesorero de Cajas Reales y actual Contador Mayor.— Manuel de Cuadros, Tesorero interino de la Real Aduana.— Manuel José de las Cuevas, paisano.— Manuel Valenzuela, Teniente de Milicias del Rey.—Miguel Pinto, paisano.— Manuel Quezada, idem.—Matías García, Teniente del Regimiento del Príncipe.— Manuel Antonio de Muxica, paisano.—Manuel Francisco Valdovinos, idem.— Manuel de Aeta, paisano.— Manuel de la Vega, Teniente del Regimiento del Príncipe.— Manuel Pérez de Camino, empleado en Tabacos.—Miguel de Rivas, paisano.—Manuel Dionisio de Lisardi, paisano.— Manuel de Aldunate, Teniente Coronel de Milicias de Illapel.— Mariano de Egaña, paisano.—Martín Toribio de Muxica, idem.— Mateo de Labra, empleado en la Real Casa de Moneda.—Matías de Muxica, paisano.- Manuel Ramírez de Arellano, paisano.— Manuel Ruperto de Orezco, idem.—Marcos Francisco de Sierralta, paisano.—Dr. Mariano Mercado, eclesiástico.— Manuel Chacón, paisano.—Martín Segundo de Larraín, idem.—Manuel Domingo Loís, Teniente del Regimiento del Príncipe.- -Manuel Antonio Recabarren, paisano.— Miguel de Ovalle, idem.—Manuel de Palacios, idem.—Miguel de Silva.—Manuel Solís, paisano.—Manuel de Salas, idem.—Manuel del Río.—Manuel Riveros, paisano.—Manuel Contreras, idem.—Manuel Gormaz, paisano.— Manuel Guerra, idem.—Modesto Antonio de Villegas, abogado Relator de la Real Audiencia.— Martín de Larraín, Capitán del Regimiento de la Princesa.—Manuel Muñoz y Urzúa, paisano.—Manuel de Castillo y Saravia, idem, dependiente de la Real Aduana.- -Manuel José Martínez, paisano.—Manuel José de Astorga, paisano.—Miguel Morales, idem.—Miguel de Astorga, Oficial retirado de Milicias.—Manuel José de Salamanca, paisano.— Miguel de García.— Manuel de la Cruz Muñoz.—Míguel de Prado, paisano.— Melchor Román, Escribano de Cámara de la Real Audiencia.—Manuel José Cortínez.— Manuel Donoso, paisano.—Nicolás Marzán, empleado en la Casa de Moneda.—Nicolás Matorras, paisano.—Nicolás Antonio Lois, idem.—Dr.Pedro Vivar, Canónigo de esta Catedral.— Pedro Lurquín, Administrador de Temporalidades.—Pedro Antonio de Villar y Díaz, Teniente del Regimiento del Rey.—Pedro Allende, paisano.—Pedro García de la Huerta, Oficial de Milicias de Caballería.—Pedro José de Ureta, Sargento de Dragones de la Reina.—Pedro Nolasco de Astorga, paisano.— Pedro Juan Barnes.—Pedro Nolasco Vidal, paisano.—Pedro José Valenzuela, paisano.—Pedro Posse, paisano.— Pedro Pascual Rodríguez, empleado en la Moneda.—Pedro del Solar, paisano.—Pedro Nolasco Mena.—Pablo Garriga, paisano.—Pedro Nolasco Valdés, idem.—Pedro Tomás de Quiroga, Teniente del Regimiento del Rey.—Pedro José Palacios, paisano.—Pedro Nolasco Videla, Dragón de la Reina.—Pablo Riveros, paisano.—Pedro Nolasco de Victoriano.—Pedro Vidal empleado en el Consulado.—Pedro Palazuelos idem.—Pedro Lafebre, paisano.— Pedro Nolasco Nogareda.—Pedro Pascual Chacón.—Dr. Rafael Diez de Arteaga, eclesiástico Promotor Fiscal del Juzgado.—Rafael de la Mata Linares, paisano.—Ramón de la Cavareda, idem.—Ramón Rodríguez, Alférez del Regimiento del Rey.—Ramón de Aeta, Oficial del Regimiento de idem.—Ramón Ravés, Sargento de Artillería de Concepción.- -Ramón Errázuriz, paisano.—Refael Eugenio Muñoz, Capitán de Milicias de San Fernando.— Rafael Correa, empleado en la Real Aduana.—Rafael Bilbao, paisano.—Ramón Valero, idem.—Ramón Mariano de Aris, Teniente del Regimiento del Rey.—Ramón Allendes, paisano.—Rafael Díaz Alderete, idem.—Rafael Barreda, idem., Escribano.— Rafael de Morgado, paisano.—Ramón Yávar, idem.—Santiago Ascacibar Murube, Ministro Contador de las Reales Cajas de la Concepción.—Santiago Vicente O’Ryan, Contador de la Real Casa de Moneda.—Silvestre Martínez de Ochagavía, Tesorero de idem.- -Silvestre Valdivieso, paisano.—Servando Jordán, idem.—Santiago Prado, idem.— Tom ás Lurquín, empleado de Tabacos.—Tomás José de Goyenechea, paisano.—Tomás Gavilán, idem.—Tadeo Gormaz, empleado en la Real Aduana.—Timoteo de Bustamante, paisano abogado.— Vicente de Guzmán, paisano.— Vicente Dávila, idem.— Vicente de Urbistondo, idem.

PREÁMBULO

Los desgraciados sucesos de la Nación Española, el conocimiento de su origen, y de las circunstancias que acompañan sus desastres, obligaron a sus Provincias a precaverse de la general ruina a que las conducían las caducas autoridades emanadas del antiguo corrompido Gobierno; y los Pueblos recurrieron a la facultad de regirse por sí o por sus representantes, como al sagrado asilo de su seguridad. Chile con igual derecho, y necesidad mayor, imitó una conducta, cuya prudencia han manifestado el atroz abuso que han hecho en la Península y en la América los depositarios del poder y la confianza del soberano; los reiterados avisos de los que toman verdadero interés por la Nación, para que esta parte de ella no sea sorprendida por las asechanzas de sus enemigos encubiertos; la aprobación de los respetables cuerpos e individuos de carácter y probidad; y sobre todo, el éxito conforme al honor e intenciones que la guiaron, y que reunieron en un punto todas las voluntades de los habitantes de este vasto Reino. Ni en él, ni en los demás que le sirvieron de modelo, podía ejecutarse una resolución tan urgente con toda aquella detención que era forzosa para que fuese perfecta desde el principio, y sólo se trató de atajar el mal inminente del modo que permitían las circunstancias, sin prescribir a los que se creyeron dignos de la alta confianza de gobernar a sus conciudadanos, más reglas, que las que le dictase su virtud, ni a los que deben obedecerlos otro término que el de su docilidad; dejando el establecerlas para cuando tranquilamente pudiesen hacerlo aquellos a quienes disputasen los pueblos. Su congregación es uno de los objetos que ocupan con preferencia al Gobierno, que observando dificultades, que incesantemente trata de remover, pero que no espera conseguir con la prontitud que demanda la necesidad de disipar la incertidumbre consiguiente a la falta de publicidad y fijeza de los principios adoptados para el orden y seguridad, cuyo efecto ocasiona juicios y conjeturas contrarias a la unión, de que pende la salud común; ha creído deber proclamarlos anticipadamente, persuadido de su conformidad con la voluntad general, por la opinión pública, que es el verdadero garante de la pluralidad de sufragios, reservando a aquella asamblea la imprescriptible facultad de variar el siguiente

REGLAMENTO CONSTITUCIONAL PROVISORIO

Artículo I.- La religión Católica Apostólica es y será siempre la de Chile.

Artículo Ii.- El pueblo hará su Constitución por medio de sus representantes.

Artículo III.- Su Rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo que la de la Península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa establecida en la capital, estando a su cargo el régimen interior y las relaciones exteriores. Tendrá en cuerpo el tratamiento de excelencia, y sus miembros el de los demás ciudadanos.

Serán tres que sólo durarán tres años, removiéndose uno al fin de cada año, empezando por el menos antiguo. La presidencia turnará por cuatrimestres en orden inverso. No podrán ser reelegidos hasta los tres años. Todos serán responsables de sus providencias.

Artículo IV.- Reconociendo el pueblo de Chile el patriotismo y virtudes de los actuales governantes, reconoce y sanciona su elección; más en el caso de muerte o renuncia, se procederá a la elección por medio de una suscripción en la capital, la que se remitirá a las provincias y partidos para que las firmen y sancionen. Las ausencias y enfermedades de los vocales se suplirán por el Presidente, y Decano del Senado.

Artículo V.- Ningún decreto, providencia u orden, que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor, serán castigados como reos de estado.

Artículo VI.- Si los gobernantes (lo que no es de esperar) diesen un paso contra la voluntad general declarada en Constitución, volverá al instante el poder a las manos del pueblo, que condenará tal acto como un crimen de lesa Patria, y dichos gobernantes serán responsables de todo acto, que directa o indirectamente exponga al pueblo.

Artículo VII.- Habrá un Senado compuesto de siete individuos, de los cuales el uno será Presidente, turnándose por cuatrimestres, y otro Secretario. Se renovará cada tres años, en la misma forma que los vocales de la junta. Sin su dictamen no podrá el Gobierno resolver en los grandes negocios que interesen la seguridad de la Patria; y siempre que lo intente, ningún ciudadano armado o de cualquiera clase deberán auxiliarlo ni obedecerle, y el que contraviniere, será tratado como reo de Estado. Serán reelegibles.

Artículo VIII.- Por negocios graves se entiende: imponer contribuciones; declarar la guerra; hacer la paz; acuñar moneda; establecer alianzas y tratados de comercio; nombrar enviados; trasladar tropas, levantarlas de nuevo; decidir las desavenencias de las provincias entre sí, o con las que están fuera del territorio; proveer los empleos de Gobernadores y jefes de todas clases; dar patentes de corso; emprender obras; crear nuevas autoridades; entablar relaciones exteriores; y alterar este Reglamento; y las facultades que no le están expresamente declaradas en esta Constitución, quedan reservadas al pueblo soberano.

Artículo IX.- El Senado se juntará por lo menos dos veces en la semana, o diariamente si las circunstancias lo exigieren. Estará exento de la autoridad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Artículo X.- A la erección del Senado se procederá en el día por suscripción, como para la elección de los vocales del Gobierno. El Senado será representativo; correspondiendo dos a cada una de las provincias de Concepción y Coquimbo, y tres a la de Santiago.

Por ahora los electos son suplentes.

Artículo XI.- El Senado residenciará a los vocales de la junta, y los juzgará en unión del Tribunal de Apelaciones. Cualquiera del pueblo podrá acusarlos por traición, cohecho y otros altos crímenes; de los que siendo convencidos, los removerá el mismo Senado, y los entregará a la justicia ordinaria para que los castigue según las leyes. Promoverá la reunión del Congreso. Tres Senadores reunidos formarán el Senado. Llevará diarios de los negocios que se traten y de sus resoluciones, en inteligencia que han de ser responsables de su conducta.

Artículo XII.- Los Cabildos serán electivos, y sus individuos se nombrarán anualmente por suscripción.

Artículo XIII.- Todas las corporaciones, jefes, magistrados, cuerpos militares, eclesiásticos y seculares, empleados y vecinos harán con la posible brevedad ante el Excmo. Gobierno juramento solemne de observar este Reglamento Constitucional, hasta la formación de otro nuevo en el Congreso Nacional de Chile, de obedecer al Gobierno y autoridades constituídas, y concurrir eficazmente a la seguridad y defensa del pueblo, bajo la pena de extrañamiento; y en el caso de contravención después de prestado el juramento, se impondrá a los trasgresores las penas de reos de alta traición. Los vocales del Gobierno prestarán igual juramento en la parte que les toca, en manos del Senado. En las capitales de las provincias y partidos se prestará el juramento ante los jueces territoriales, verificándolo éstos primero en los Cabildos.

Artículo XIV.- Para el despacho de los negocios habrán dos Secretarios, el uno para los negocios del reino, y el otro para las correspondencias de fuera.

Artículo XV.- El Gobierno podrá arrestar por crímenes contra el Estado; pero el reo podrá hacer su ocurro al Senado, si dentro de tres días no se le hiciere saber la causa de su prisión, para que éste vea si la hay suficiente para ,continuarla.

Artículo XVI.- Se respetará el derecho que los ciudadanos tienen a la seguridad de sus personas, casas, efectos y papeles; y no se darán órdenes sin causas probables, sostenidas por un juramento judicial, y sin designar con claridad los lugares o cosas que se han de examinar o aprehender.

Artículo XVII.- La facultad judiciaria residirá en los tribunales y jueces ordinarios. Velará el Gobierno sobre el cumplimiento de las leyes y de los deberes de los magistrados, sin perturbar sus funciones. Queda inhibido de todo lo contencioso.

Artículo XVIII.- Ninguno será penado sin proceso y sentencia conforme a la ley.

Artículo XIX.- Nadie será arrestado sin indicios vehementes de delito, o a lo menos sin una semiplena prueba. La causa se hará constar antes de tres días perentorios: dentro de ellos se hará saber al interesado.

Artículo XX.- No podrá estar alguno incomunicado después de su confesión, y se tomará precisamente dentro de diez días.

Artículo XXI.- Las prisiones serán lugares cómodos y seguros para la detención de personas, contra quienes existan fundados motivos de recelo, y mientras duren éstos; y de ningún modo servirán para mortificar delincuentes.

Artículo XXII.- La infamia afecta a las penas no será trascendental a los inocentes.

Artículo XXIII.- La imprenta gozará de una libertad legal; y para que ésta no degenere en licencia nociva a la religión, costumbres y honor de los ciudadanos y del país, se prescribirán reglas por el Gobierno y Senado.

Artículo XXIV.- Todo habitante libre de Chile es igual de derecho: sólo el mérito y virtud constituyen acreedor a la honra de funcionario de la Patria. El español es nuestro hermano. El extranjero deja de serlo si es útil; y todo desgraciado que busque asilo en nuestro suelo, será objeto de nuestra hospitalidad y socorros, siendo honrado. A nadie se impedirá venir al país, ni retirarse cuando guste con sus propiedades.

Artículo XXV.- Cada seis meses se imprimirá una razón de las entradas y gastos públicos, y previa anuencia del Senado.

Artículo XXVI.- Sólo se suspenderán todas estas reglas invariables en el caso de importar a la salud de la Patria amenazada; pero jamás la responsabilidad del que las altere sin grave motivo.

Artículo XXVII.- Este Reglamento Constitucional se remitirá a las provincias para que lo sancionen, y se observará hasta que los pueblos hayan manifestado sus ulteriores resoluciones de un modo más solemne, como se procurará a la mayor brevedad. Se dará noticia de esta Constitución a los Gobiernos vecinos de América, y a los de España.

Santiago y octubre 26 de 1812

El Gobierno acepta el Reglamento Provisional que presenta el pueblo de esta capital, que subscribe. Espera en la tranquila elección de un Vocal de la Junta, que substituya al señor don Ignacio de la Carrera, que por su salud valetudinaria se retira, y de los miembros del Senado en que se afianza el acierto de las más justas intenciones, que es el objeto de esta resolución que inmediatamente se pasará a la sanción de las demás provincias. Reconocemos en la nueva confianza que supone gratos nuestros servicios un estímulo a los esfuerzos por sacrificarnos útilmente por la seguridad, decoro y felicidad de la Patria. Prado.—Portales.-Vial, Secretario.

(*) Publicado el día lunes 9 de Noviembre de 1812, en impresos, según aviso del periódico Aurora de Chile Nº 39, de fecha jueves 5 de Noviembre de 1812.

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO PROVISORIO, AÑO 1814

Chile

Año 1814

SANCIONADO El 17 DE MARZO DE 1814(*)

Artículo 1º.- Las críticas circunstancias del día obligaron a concentrar el Poder Ejecutivo en un individuo, con el título de Director Supremo, por residir en él las absolutas facultades que ha tenido la Junta de Gobierno en su instalación de 18 de septiembre de 1810.

Artículo 2°.- Por tanto, sus facultades son amplísimas e ilimitadas, a excepción de tratados de paz, declaraciones de guerra, nuevos establecimientos de comercio, y pechos o contribuciones públicas generales, en que necesariamente deberá consultar y acordarse con su Senado.

Artículo 3°.- Su tratamiento será Excelencia, y usará para distintivo de su persona una banda de color encarnado con flecadura de oro, según acordó la Junta de Corporaciones.

Artículo 4°.- La escolta y honores deberán ser de un capitán general, sin que por motivo alguno pueda dejar de usar de ellos, por ceder en decoro de la alta dignidad y empleo que se ha conferido.

Artículo 5°.- La duración será de dieciocho meses; y concluído este término la Municipalidad, que para entonces deberá estar elegida por el pueblo, uniéndose al Senado, acordará sobre su continuación o nueva elección.

Artículo 6°.- Esta deberá hacerse por aquella autoridad en que se hallare concentrado el poder y representación del pueblo.

Artículo 7°.- En caso de ausencia o enfermedad, sucederá el Gobernador Intendente de provincia, y lo mismo por su fallecimiento, mientras se procede a nuevas elecciones, que no deberán demorar más de tres días después de publicada su muerte.

Artículo 8°.- Concluído el término de su gobierno, quedará sujeto a residencia, y el juez de ella será elegido por el Congreso, si está convocado o próximo a convocarse, y de no por las Corporaciones.

Artículo 9°.- Por ahora, atendidas las circunstancias del erario, sólo gozará del sueldo de cuatro mil pesos, que se le enterarán sin descuento, con cese de otro por razón de empleo o grado, y con calidad de aumentarlo a proporción de la dignidad y distinción del empleo.

Artículo 10.- El Intendente de provincia despachará como hasta ahora con su Asesor, que será también Auditor de Guerra. Su duración la del Supremo Director; el sueldo dos mil pesos; uno y otro con la misma calidad; su asiento en Cabildo, presidiéndolo. El Excmo. señor Director despachará con sus tres Secretarios de Gobierno, Hacienda y Guerra, elegidos en Junta de Corporaciones.

Artículo 11.- La duración de estos empleos, como la del Asesor y Auditor de Guerra, será de cinco años, a menos que por algún justo motivo deban ser removidos, sin que haya inconveniente para reelegirlos según sus méritos.

Artículo 12. El sueldo de éstos será por ahora de un mil doscientos pesos sin descuento alguno; y en el caso que la Patria pague del fondo público alguno de estos empleados por otro motivo, se le enterará sólo aquella cantidad sobre el sueldo que goce.

Artículo 13.- El asiento en funciones públicas será de huéspedes en Cabildo, entre las justicias ordinarias.

Del Senado Consultivo

Habrá un Senado compuesto de siete individuos que se elegirán por el Excmo. señor Director de la propuesta en terna que le hará la Junta de Corporaciones.

Al efecto, ésta elegirá veintiún individuos de las calidades necesarias para aquella magistratura, y los pasará en lista al Supremo Gobierno para el nombramiento de los siete Senadores.

La duración de éstos será la de dos años: al cabo de ellos se elegirán cuatro en los mismos términos que ahora se haga la de todos, y al año siguiente los tres restantes; debiendo salir primero lo más antiguos.

De este cuerpo será elegido uno Presidente y otro Secretario, variándose cada cuatro meses por nuevas elecciones.

Su asiento en funciones públicas será inmediato al Excmo. señor Director, y concurrirán sólo el Presidente y Secretario.

Su servicio será sin más sueldo que la gratitud de la Patria.

La policía interior de la sala de este cuerpo en su despacho será la misma que tuvo el antiguo Senado, y juntos tres de sus vocales por ausencia o cualesquier impedimento de los demás, podrán hacer acuerdos.

Su tratamiento en cuerpo será de Señoría, y en particular ninguno; y antes de entrar en posesión de sus empleos, deberán hacer el juramento de fidelidad, sigilo, etc., en manos del Excmo. Supremo Director.

Santiago y marzo 15 de 1814.- Dr. José Antonio Errázuriz.- Francisco Antonio Pérez.- José María Rozas.- Camilo Henríquez.- Andrés Nicolás de Orjera.

Santiago, 17 de marzo de 1814.

El Reglamento que antecede, hecho a consulta y por comisión nombrada por las Corporaciones reunidas al efecto, se discutió y examinó bastante y con este previo requisito lo aprobaron; para su cumplimiento exacto, imprímase y circúlese.- LASTRA.

Santiago, 17 de Marzo de 1814.

Los asuntos contenciosos en cualquiera de los ramos de Justicia, Hacienda y Guerra, se iniciarán o seguirán en la Intendencia de provincia. Los de provisiones de ejército y sus incidencias, en la de ejército. Para su puntual y exacto cumplimiento imprímase y circúlese.- LASTRA.-

(*) Publicado el día viernes 18 de marzo de 1814 en el periódico Monitor Araucano (Tomo II Nº 39).

PLAN DE HACIENDA Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AÑO 1817

Chile

Año 1817

Este Plan de hacienda y administración pública del año 1817, fue dictado, antes de declararse la independencia de la República, con las Firmas del Director Supremo delegado, Coronel Hilarión de La Quintana y el Ministro de Hacienda, doctor don Hipólito de Villegas, sancionaron el denominado Plan de Hacienda y Administración Pública, del cual fue autor don Rafael Correa de Saa, Ministro-Contador de la Tesorería General. La Suprema Junta Delegada suspendió su aplicación de este Plan y finalmente regresando a Santiago, don Bernardo O’Higgins Riquelme lo desautorizó, aunque este Plan nunca llegó a regir.

Este Plan de Hacienda y Administración Pública es un texto constituido de 240 artículos que incluye entre sus preceptos normas que tienen el carácter de constitucionales, por cuanto organizaban los servicios públicos declarando su autonomía de la Corona española o fijaron rentas fiscales y su correcta percepción para destinarlas a otras obras o fines a los que determinaba la misma Corona española. Aún cuando pudiese considerarse que las normas de este plan de hacienda tienen un carácter meramente administrativo, sirven para reseñar criterios o prácticas que se tuvieron en consideración en su época para establecer las primeras Instituciones de la República.

EL SUPREMO DIRECTOR

Elevado a la Suprema Magistratura del Estado por los votos del pueblo más generoso no han sido otros mis desvelos que por su alivio, y prosperidad. Y conociendo que la mejor administración del Erario, y sus rentas, no sólo lo hace abundar, sino que alivia al ciudadano contribuyente, he mandado formar un plan de Hacienda, y de administración pública, en que consultándose la más sabia economía, se aminoren tanto los gastos posibles, el número de empleados, y las ingentes dotaciones, cuanto las molestias con que suele afligirse al público.

Importa demasiado el que sin olvidar la seguridad de las Rentas, se alivie a los pueblos de esos gravámenes, y de los más que serían consiguientes, a llenar las cargas del Estado, si no se evitara una administración dispendiosa. Conducido por estos principios, y después de un maduro acuerdo, he resuelto el arreglo de la Hacienda pública, sus Rentas, Tribunales y oficinas del Estado, en la manera siguiente:

Renta de Correos

Artículo 1º. La Renta de Correos queda incorporada al Estado y por lo mismo sujeta a la visita mensual de corte y tanteo, presentación de Estados de entrada y salida, translación de sus fondos a la Tesorería general, y rendición de cuentas al Tribunal de ellas, como lo practican las demás Rentas.

Rentas Unidas

Artículo 33. La oficina de Rentas Unidas se gobernará por los jefes de igual rango, quienes procederán con todo unidos bajo de mancomún responsabilidad, y por el mismo orden que los Ministros de la Tesorería general. De consiguiente estos jefes se titularán Contador y Tesorero de Rentas Unidas. Estarán bajo de una misma oficina, en donde mantendrán las arcas del tesoro, de cual tendrán cada uno una llave.

Artículo 34. Los derechos públicos se cobrarán según el último Reglamento del libre comercio dictado en tiempo de la libertad del país, y demás disposiciones ulteriores, con el aditamento prevenido al artículo 164 del presente (1).

Casa de Moneda

Artículo 64. Los ramos remisibles a la antigua Metrópoli que tenía esta casa, se pasarán todos sin excepción a la Tesorería general como todos sus productos, sin que por la variación del destino se omita su percibo.

Artículo 67. La ordenanza de esta casa queda en todo su vigor en cuanto no sea contraria a la presente, o al desenlace de la antigua dependencia, cuyo lugar ocupa la Supremacía de Chile.

Tesorería General

Artículo 76. No perteneciendo por derecho alguno al Cabildo Eclesiástico los cuatro novenos beneficiales de los diezmos, y siendo por lo mismo su detentación contraria a las supremas disposiciones especiales contra el de esta diócesis, que sin ejemplar de otro los detenta en toda ella, a excepción de Coquimbo, y antes en toda la provincia de Cuyo: el contador de diezmos en los cuadrantes, separará estos cuatro novenos, para que se cobren por la Tesorería general, a efecto de que se les dé el destino pío que por las leyes corresponde.

Artículo 77. En el mismo cuadrante pondrá el contador de diezmos, la renta de la canongía supresa para el antiguo Tribunal de la Inquisición, igualmente que los mil cuatrocientos pesos que sobre la mitra y Cabildo Eclesiástico cargan para la Orden de Carlos III.

Artículo 88. Para atender y proveer al ejército se nombrarán en cada cabecera de partido juntas cívicas, que compondrán tres vecinos de honor, y acreditada opinión, sin gravamen del Erario. Su actividad y comportación económica será un mérito relevante: declarándose, que en estas Juntas no hay otra jurisdicción que la puramente económica destinada a su objeto, y auxiliada de los medios coactivos que exige su encargo.

Tribunal de Cuentas

Artículo 91. Habrá un Tribunal de Cuentas que tome la de todas las Rentas y derechos pertenecientes al Estado, a todas y cualesquiera personas en quienes hubiere entrado, o entrare hacienda pública, sin perjuicio de las que los subalternos han de dar a sus principales. Los negocios de Hacienda han tomado un incremento que no pueden expedirse por un solo contador. No lo permiten tampoco las circunstancias del Estado. La vigilancia sobre las oficinas de Hacienda, y su suerte, no es ya para confiarla a un hombre sólo; y con el establecimiento del Tribunal está mejor consultada esa dirección, despacho y justicia de los interesados, al mismo tiempo que lejos de aumentar el costo de la antigua oficina, el nuevo arreglo envuelve el ahorro constante de la demostración respectiva.

Artículo 94. De toda comisión que perciba caudales o intereses de la Hacienda pública, ha de tomarse razón en el Tribunal de Cuentas, para que las rinda ante él precisamente, sin que pueda excusársele de ello en el despacho. Sin esa toma de razón y circunstancia no se cubrirá en las Tesorerías, libramiento alguno, bajo de responsabilidad.

Artículo 95. Todo presupuesto de gastos de Hacienda ha de pasar previamente por escrupuloso examen del Tribunal de Cuentas, a quien se encarga la más exacta economía, y que represente enérgicamente a la Superioridad cualquier exceso, dispendio o desarreglo que notaren respecto de lo propuesto, y su consiguiente ejecución. Debe siempre este Tribunal entender que toda cuenta y presupuesto no se le pasa para el simple examen del guarismo, sino para conocer sobre la veracidad y justicia de cada partida, a efecto de que jamás se dispendien los fondos públicos. Su objeto ha de ser evitar los fraudes que se maquinan contra éstos por el interés individual, y el velar principalmente que ninguno omita o retarde las debidas cuentas.

Artículo 102. Las Tesorerías y Rentas de Concepción, Valdivia y Osorno rendirán sus cuentas directamente al Tribunal de ellas, contado el año natural.

Artículo 103. Las Alzadas del Tribunal de Cuentas serán a la Sala de Ordenanza, según lo establecido. Y la Suprema instancia será ante el Supremo poder judiciario, en que para ese caso se llamarán dos miembros de la clase de contadores.

Artículo 104. La Sala de Ordenanza se compondrá del Presidente, y los dos miembros menos antiguos del Tribunal de Justicia, el Fiscal y el Contador mayor de Cuentas Decano con voto informativo, sin embargo de que haya conocido en la primera instancia. Esta Junta procederá según las leyes 78 y 79, título 15, libro 2º y en los casos de las leyes 36, 37, 63, 65, 84 y 88, título 1º, libro 8º de las municipales, guardando en el modo y la substancia lo que ellas disponen.

Intendencias

Artículo 105. Las Intendencias de Concepción y Santiago tendrán en primera instancia el conocimiento de las cuatro causas, Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, en los términos prevenidos en el Código de Intendentes. El Intendente de la provincia metrópoli lo será también general, y de él dependerán los demás conforme a los artículos 1º y 2º del mismo código; pero no tendrá la Superintendencia subdelegada de Hacienda como suprimida, y reasumida por el Alto Gobierno.

Artículo 106. El conocimiento de los negocios contenciosos del fuero de Guerra que tenía el antiguo capitán general de provincia, pertenecerá al Intendente general en la propia forma que aquél lo ejercía y expedía.

Artículo 107. Las causas meramente militares se entenderán con el general en jefe, según ordenanza y por su falta, o variación de circunstancias, con el Intendente general.

Artículo 108. La Intendencia no sólo dará los pasaportes necesarios para viajar por lo interior de Chile, sino también las licencias para fuera de él, a reserva de las patentes de navegación y licencias para los buques, que reserve en sí la Supremacía.

Artículo 109. La Alta Policía queda refundida en los Intendentes, pues no deben multiplicarse las autoridades sin verdadera necesidad, ocasionando inútiles gastos al Erario, cuando hay un jefe autorizado, y con los auxilios competentes, para velar sobre la seguridad pública, y con el cual se evitan las graves competencias que generalmente se experimentan separando aquella autoridad.

Artículo 114. Los Intendentes de provincia se entenderán con la Junta Superior de Hacienda en todo lo relativo a ésta en los casos que según la ordenanza lo hacían con la Superintendencia subdelegada.

Artículo 115. La Junta Superior de Hacienda se compondrá del Presidente y Decano del Tribunal de Justicia, el Fiscal, Contador mayor de Cuentas y Ministro de Hacienda más antiguos.

Tribunal Superior de Justicia y Apelación

Artículo 123. Este tribunal lo compondrán un Presidente, y tres miembros, todos letrados, un Fiscal con un agente de canciller, Alguacil mayor, dos Relatores, dos Escribanos de cámara y un Portero. Tendrá el Capellán acostumbrado. Su tratamiento en cuerpo y oficialmente el de Señoría. Su autoridad la de la antigua Chancillería.

Artículo 127. Este conservará la Superintendencia del ramo de Balanza, según y como la tenía la antigua Audiencia.

Supremo Poder Judiciario

Artículo 128. Se establece un Supremo Consejo de Estado y de Justicia, compuesto de cuatro Ministros y un Fiscal con igual renta y honores, a que serán llamados los ciudadanos de mayor suficiencia, probidad y patriotismo. A su consulta pasarán todos los graves negocios del Estado, y un día de cada semana será presidido por el jefe del Gobierno, reuniéndose en su Sala Directorial, donde con asistencia de los Ministros de Estado se tratarán todas las materias importantes, sin perjuicio de ser llamados cuantas ocasiones tenga por conveniente. Siempre tendrá la facultad y ministerio de proponerme cuanto juzgue conducente a la felicidad pública. Mis Ministros de Estado (a quienes declaro miembros natos de este Consejo, pero con sólo voto informativo) pasarán a él cuando lo juzgue oportuno, o me lo pida por billete para instruirle de las materias consultadas, desamparando la Sala al tiempo de sus acuerdos.

Artículo 129. Se tendrá precisamente por materias graves, y de consulta la paz, la guerra, los pactos y alianzas con otros países; las embajadas o diputaciones, los impuestos y toda especie de contribución directa o indirecta; las organizaciones territoriales, los tratados de comercio; los reglamentos generales o de ramos particulares, como sean públicos; la creación de magistraturas o comisiones con autoridad pública; los privilegios exclusivos; la libertad de imprenta; los cultos y moralidad pública; todo régimen civil, eclesiástico o monacal; todo establecimiento u obra pública; el modo y forma de todas y cualquier reunión de la voluntad general; los grandes empeños del Estado con otras potencias, o particulares; la extinción, alteración, o creación de Rentas públicas; los cuños, ley y peso de moneda; las armas, blasones, banderas y cualesquiera distintivo nacional; la creación de cuerpos militares y Jefes de ellos; las grandes reuniones de tropas en algún punto del Estado; toda conmoción civil; las confiscaciones generales; las fórmulas de protestaciones, homenajes y juramentos de fidelidad, y causa nacional; sobre todo, los decretos legislativos de Gobierno y cuantos negocios graves ocurran, y tenga por conveniente el consultarme.

Artículo 130. Como supremo Consejo de Justicia conocerá de todos los recursos judiciales, que por segunda suplicación, y demás extraordinarios de gracia son permitidos por las leyes corrientes como admisibles últimamente a la soberanía en todas y cualesquiera materias de Justicia, Hacienda, Guerra, Policía, Patronatos como sean contenciosos, y en que versándose derecho entre partes, eran suplicables en el antiguo régimen a la misma persona del Rey.

Artículo 131. Su tratamiento en cuerpo de magistratura, será el mismo del Gobierno que le preside moral o físicamente; y a cuyo nombre despacha.

Artículo 133. Este poder propondrá al Gobierno las reglas de su organización más convenientes, como también la de los recursos y negocios de que ha de conocer, procurando siempre todo el mayor alivio de los pueblos.

Artículo 134. Estos Ministros suplirán las faltas y enfermedades de los Secretarios de Estado.

Supremo Gobierno

Artículo 137. Esta potestad reside en el Supremo Director del Estado nombrado por la libre voluntad de los pueblos.

Artículo 138. El Gobierno se desprende del poder judicial. Ningún ciudadano podrá ser juzgado sino por los Tribunales de Justicia, legalmente establecidos. Las providencias del Gobierno en estas materias podrán ser económicas o precautorias. Pero una sentencia definitiva, en que se decida de la vida, hacienda o libertad del ciudadano en particular, sólo corresponde a los Tribunales de Justicia.

Secretarios de Estado y del despacho universal

Artículo 139. El Supremo Gobierno tendrá los Secretarios de Estado necesarios, y acostumbrados en toda Soberanía, y por ahora a virtud de las circunstancias siguientes:

Artículo 140. Un Secretario de Estado y del despacho de Gobierno y de Relaciones Exteriores, y encargado por ahora del despacho de Marina.

Artículo 141. Otro Secretario de Estado y del despacho de Gracia y Justicia, al cual se reúne el despacho de Hacienda.

Artículo 142. Otro Secretario de Estado y del despacho de la Guerra.

Artículo 143. La Secretaría del despacho de Estado tendrá tres oficiales para el desempeño de sus funciones.

Artículo 144. En la del despacho de Gracia y Justicia y Hacienda, habrán cuatro oficiales. Uno será al cargo de la mesa de Gracia y Justicia; otro al de la de Hacienda, sin que se mezclen los ramos de cada mesa, para no complicar el despacho, ni la pronta y hábil expedición de los negocios. Los otros oficiales auxiliarán las tareas de los primeros, y cuidarán del Archivo.

Artículo 145. La Secretaría del despacho de Guerra para facilitar sus tareas, dividirá los asuntos del Reino en dos departamentos que regirán de las orillas del Maipo al Sud, y el otro al Norte hasta los confines de Chile. Para cada departamento tendrá una mesa servida con oficial 1º y 2º. El archivo será al cargo de uno de los segundos con cuyas tareas fuere más compatible.

Artículo 148. Cualesquiera pago o abono que se decretase según derecho por otra vía que no sea la de Hacienda, se comunicará al Secretario de Estado y de despacho de ella, para que disponga su cumplimiento, sin cuya cualidad no podrá cumplirlo Ministro alguno de los de la Hacienda Pública. Lo mismo regirá en cualquier nombramiento de empleados de la lista civil.

Reglas generales

Artículo 151. En conformidad de lo dispuesto en el artículo 27 del Código de Intendentes, no podrán librar contra las Tesorerías del Estado los Intendentes, ni Gobernadores, a no ser en algún caso de guerra extraordinario y urgentísimo, que no admita espera, quedando siempre responsables, a más de dar inmediatamente cuenta a la Supremacía tanto ellos, como los jefes de Rentas que entregaren.

Artículo 152. Sólo puede librar contra el Erario la Suprema autoridad, por quien se despacharán las libranzas y decretos de pagos o abonos por la Secretaría respectiva en el modo dispuesto al artículo 148. De otra suerte las Tesorerías no podrán cubrir sin reato. Y si alguna autoridad bastante juzgase en la materia, oficiará al efecto a la Supremacía con autos.

Artículo 153. Todo libramiento contra el Erario, aunque sea para objeto de la guerra, o el más grave, ha de expresar necesariamente su destino para que así puedan exigirse las respectivas cuentas a quien corresponde, y no se sufran usurpaciones o dilapidaciones. Así, ni se duplicarán las pagas, ni los comisarios de guerra en campaña se evadirán del debido cargo.

Artículo 160. Todo secuestro o confiscación que de cualquier modo haya de pertenecer al Erario, se entenderá precisamente con los Ministros, a cuyo cargo será el inventario, tasación y promover las rentas y arriendos, cuyos remates han de hacerse sólo en la Junta de Almonedas, según las leyes, sin que en nada de lo dicho pueda mezclarse juez ni fuero alguno, ya procedan por sí, ya por comisión, y en tal grado, que aunque para el acto del secuestro ha de prestarse intervención a dichos Ministros, a efecto de que como partes defiendan vigorosamente el perjuicio de la Hacienda pública: lo cual ha de observarse aunque el fuero que decretó el secuestro, continúe procesando las personas.

Artículo 161. La Junta de Almonedas se compondrá de los dos Ministros menos antiguos del Tribunal de Justicia, el Fiscal y los dos Ministros generales de Hacienda, a cuya satisfacción han de ser las fianzas de todo remate.

Artículo 162. Todo depósito o embargo que directa o indirectamente emane de causa pública, ha de estar precisamente sujeto a los Ministros de Hacienda, sin que persona alguna pueda con ningún pretexto retener alhajas o especies, ni éstas sacarse de la Tesorería sin un formal mandato del Gobierno por escrito. Y lo mismo se observará en los depósitos que perteneciesen a las demás Tesorerías del Estado.

Artículo 163. Ninguna compra o contrato podrá celebrarse por el Gobierno sin audiencia de los Ministros generales de Hacienda, Fiscal y demás que convengan según la naturaleza del asunto. Y si la materia fuere urgente, el Gobierno nombrará un comisionado que proceda con los Ministros de Hacienda.

Artículo 168. No teniendo el presente Gobierno obligación a las erogaciones, intereses, gracias, sueldos, pensiones, aunque sean pías y montes, que antes han contribuido las Cajas y Rentas de Chile, quedan todas suspensas; y por aquéllas que fueren de rigurosa justicia, los interesados gestionarán ante el Intendente, quien substanciando el expediente hasta el estado de definirlo, lo pasará con su dictamen a la Supremacía, donde se resolverá lo más justo y conveniente. Esta disposición no es extensiva a las asignaciones, y empleados hechos por el actual Gobierno, quienes gozarán siempre de todas las anexidades de sus destinos.

Artículo 177. Todo deudor del Erario declarado por tal, y de plazo cumplido, queda inhábil para todo empleo de hacienda civil, militar o cargo público, contándose en éstos aun los cuerpos particulares, como Minería y Consulado. Pero satisfecha la deuda se extingue la inhabilidad; y si durante ésta obtuviere el sujeto alguno de dichos destinos, deberá en todo tiempo cobrársele las rentas o emolumentos, que para ello hubiere percibido, que desde luego se aplican al Fisco.

Empleados

Artículo 191. Atendiendo al mejor servicio de todas las oficinas de Hacienda pública, a los derechos del ciudadano, y a evitar los efectos de la sórdida ambición, como contraría al orden, y a la tranquilidad común, se establece que ningún empleado pueda ser removido sin precedente causa legítima, y juzgada conforme a las leyes, a no ser que el destino sea temporal o amovible ad nutum. En caso de contravención o violencia, el funcionario se entenderá siempre con un derecho positivo y eficaz a su destino; por lo que el subrogante no le hace suyo, sino que queda responsable respecto del removido para cuando éste pueda reclamar por los sueldos, y empleo que ilegítimamente le arrebataron.

Artículo 209. Los jefes de oficinas tendrán el fuero pasivo de Hacienda en todas sus causas, aunque no sean de oficio, y los subalternos lo gozarán sólo en los negocios oficiales; pero si las Justicias ordinarias aprehendieren alguno de éstos, lo comunicarán prontamente a su oficina, dando ideas de la causa, a fin de que se consulte el bien del servicio.

Artículo 210. Ningún empleado podrá ser preso por deudas civiles, y habiendo de pagar con los sueldos, sólo podrá embargárseles la cuarta parte en los menores y el tercio en los mayores, entendiéndose por éstos de seiscientos pesos para arriba exclusive.

Artículo 213. Ningún jefe de oficina ha facultad de procesar al subalterno, aunque sea en lo oficial; sino que dará cuenta a el hecho (sic) a la Intendencia, concluyendo con pedir se proceda al correspondiente sumario. En la causa se oirá al jefe, quien en los casos graves se dirigirá para la previa aseguración del delincuente.

Artículo 215. Las propuestas para la provisión de las plazas subalternas compete a los jefes responsables, que en terna las dirigirán al Intendente, y éste a la secretaría de Estado respectiva con el informe correspondiente. En esta clase se comprenderán las Aduanas y Resguardos subalternos, a quienes se reserva la propuesta de las plazas de su cargo, con sólo la calidad de remitirse por el órgano de los jefes principales para que informen lo conveniente.

Artículo 218. Los empleados subalternos ascenderán en su renta por el orden de escala, a la que sólo podrá perjudicar la ineptitud y mala conducta, como que el primer objeto ha de ser el mejor desempeño del servicio. Los oficiales mayores optarán sus ascensos aun fuera de sus oficinas según los talentos y méritos, pero sin perjuicio del que corresponda a la clase de jefes.

Santiago y septiembre 2 de 1817.

Apruébase interinamente el Plan de Hacienda que ha presentado el Ministro-Contador de la Tesorería general, don Rafael Correa de Saa, con 240 artículos y 19 Estados de asignaciones de sueldos y demostración de las ventajas de su plantificación. Sáquese copia y remítase al Excmo. señor Supremo Director para su confirmación o rectificación.- Quintana.- Dr. Villegas.

(*) Nunca se publicó este Plan de Hacienda y su texto se encuentra en el Libro Anales de la República del autor Luis Valencia Avaria.

El texto completo se encuentra en la colección de documentos escritos y cartas de don Bernardo O’Higgins Riquelme en la Biblioteca Central de la Universidad de Chile.

(1) Ciertos impuestos establecidos por el régimen de la Reconquista española.

ACTA DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE, AÑO 1818

Chile

Año 1818

PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE

EL DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO

La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años ha mantenido al Nuevo Mundo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus más grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el término de esta violenta sumisión; pero, entretanto, era imposible anticiparla: la resistencia del débil contra el fuerte imprime un carácter sacrílego a sus pretensiones y no hace más que desacreditar la justicia en que se fundan. Estaba reservado al siglo XIX el oír a la América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el período de su sufrimiento no podía durar más que el de su debilidad, que ya no existe. La revolución del 18 de septiembre de 1810 fué el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza; sus habitantes han probado desde entonces la energía y firmeza de su voluntad, arrostrando las vicisitudes de una guerra en que el Gobierno español ha querido hacer ver que su política con respecto a la América sobrevivirá al trastorno de todos los abusos.

Este último desengaño les ha inspirado, naturalmente, la resolución de separarse para siempre de la Monarquía española y proclamar su independencia a la faz del mundo, reservando hacer demostrables oportunamente, en toda su extensión, los sólidos fundamentos de esta justa determinación. Mas, no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra la convocación de un Congreso Nacional que sancione el voto público, hemos mandado abrir un Gran Registro en que todos los ciudadanos del Estado sufraguen por sí mismos, libre y espontáneamente, por la necesidad urgente de que el Gobierno declare en el día la independencia, o por la dilación o negativa. Y habiendo resultado que la universalidad de los ciudadanos está irrevocablemente decidida por la afirmativa de aquella proposición, afianzada en las fuerzas y recursos que tiene para sostenerla con dignidad y energía, hemos tenido a bien, en ejercicio del poder extraordinario con que para este caso particular nos han autorizado los pueblos, declarar solemnemente, a nombre de ellos, en presencia del Altísimo, y hacer saber a la gran confederación del género humano, que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes, forman, de hecho y por derecho, un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquía de España y de otra cualquiera dominación, con plena aptitud de adoptar la forma de Gobierno que más convenga a sus intereses. Y para que esta declaración tenga toda la fuerza y solidez que debe caracterizar la primera Acta de un pueblo libre, la afianzamos con el honor, la vida, las fortunas y todas las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo Estado; comprometemos nuestra palabra, la dignidad de nuestro empleo y el decoro de las armas de la patria; y mandamos que con los libros del Gran Registro se deposite la Acta Original en el Archivo de la Municipalidad de Santiago, y se circule a todos los pueblos, ejércitos y corporaciones, para que inmediatamente se jure y quede sellada para siempre la emancipación de Chile. Dada en el Palacio Directorial de Concepción a 1° de enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de la Nación y refrendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estado en los Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra.- Bernardo O’Higgins.- Miguel Zañartu.- Hipólito de Villegas.- José Ignacio Zenteno.

MANIFIESTO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE, AÑO 1818

MANIFIESTO

QUE

HACE A LAS NACIONES EL

DIRECTOR SUPREMO DE CHILE

de los motivos que justifican su revolucion y la declaracion de su

INDEPENDENCIA

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE:

POR LOS CIUDADANOS A. XARA Y E. MOLINARE.

AÑO DE 1818(*)

CUANDO la justicia de la causa de América no es ya un objeto consignado exclusivamente a la pluma de ciertos filósofos que se anticiparon a proclamarla, como el espíritu inquisicional a condenar sus escritos; cuando todas las naciones cultas se ocupan hoy de esta gran cuestión, examinándola más bien por el éxito que promete que por los principios del derecho a nuestra emancipación en que se hallan contestes; cuando ellos son idénticos a los que la misma España ha promulgado en apoyo de su soberanía y de esa resistencia heroica al poder de la Francia; en fin, cuando la posteridad no necesita que se le transmita por la prensa la historia de nuestros acontecimientos, que de padres a hijos ha de propagarse más sólidamente por la tradición valiente e inextinguible de la LIBERTAD, parecía inútil manifestar los motivos que ha tenido Chile para declarar su INDEPENDENCIA, si una práctica constante y debida a la dignidad de las potencias, en cuyo rango vamos a entrar, no nos obligase a este paso, por otra parte propio de nuestro honor y de su respeto.

En efecto, por felicidad del género humano ha pasado ya aquella época tenebrosa en que mientras los sabios de Europa lamentaban la situación de las colonias, era en nosotros un crimen hasta el alivio de quejarse, y aun la memoria de la conquista, si no fuese para elogiar el sangriento brazo de los usurpadores. Huyeron ya para no volver jamás esos tiempos caballerescos en que, autorizado el absurdo de los duelos, tuvo su cuna el titulado derecho de la fuerza, tan implicado en sus propios términos como son contradictorios la violencia y el consentimiento, sin el cual ningún hombre puede ejercer dominio en su semejante. Este abuso minaba los cimientos de la autoridad erigida sobre él, porque, o quedaba en los súbditos la acción de recobrar su libertad haciéndose más poderosos, o no eran legítimos los medios que le despojaron de ella.

Este es el caso de la América. La España, invadiendo nuestras costas al pretexto simoníaco de una religión profanada por los pseudo-apóstoles que para predicarla buscaban las vetas de los cerros como el cirujano la vena para sangrar, no ha procurado legitimar después este título horrible, a lo menos por medio de esa ratificación de los pueblos con que algunos políticos han pretendido valorizar el célebre diploma de la conquista. Lejos de eso, la América, sin la menor participación en esas Cortes formadas y vendidas al capricho de los reyes, ligada a la superstición de un juramento prestado sin poderes por un regidor que había comprado en hasta pública el ejercicio de esta farsa fanática, inhibida de entrar en discusiones sobre la causa de su obediencia, sentenciada en fin sin ser oída a sufrir en silencio la esclavitud, hubiera perdido con el uso de la lengua la memoria de sus males si fuese tan fácil olvidarlos como enmudecer. Pero ellos se repetían por un sistema sostenido en la política de sus verdugos, que tanto más se saboreaban en el portento de nuestra tolerancia, cuanto los oídos debían ensordecer al ruido de las cadenas.

Ese miserable resto de indígenas, que ha podido sobrevivir a tantos millones de víctimas y que agitado en diversas tribus errantes, como los montones de arena en el desierto, conserva en sus elegías los fastos de su triste persecución, ¿no está acreditando su repugnancia al yugo de los agresores en esa guerra discontinua que mantiene siempre en movimiento las fronteras de nuestras poblaciones? ¿Qué argumento, pues, podrá deducir en su favor la España, odiada por los naturales y repulsada por los hijos de los conquistadores en el momento que pudieron abrir los labios sin temor de que se les cerrasen con una tenaza incendiada? Nosotros reclamamos el derecho con que el siervo se aparta del amo que le maltrata; el derecho del que, emancipado por la edad, se encuentra en aptitud para manejarse por sus propias facultades y es dueño de sus acciones; el derecho del que sale de pupilaje (y tenemos la generosidad de no exigir cuentas al tutor); el derecho del dependiente que habiendo enriquecido más que su habilitador y recompensado con exceso su protección, se halla en circunstancias de franqueársela. Todos estos ejemplos aun tienen menos fuerza que la de nuestro derecho. Recibido de la Providencia el del nacimiento, podemos llamar NUESTRA PATRIA a este suelo en que vimos la primera luz y hemos alcanzado la de la civilización del siglo.

Todo el empeño de la tiranía jamás ha podido combatir este derecho de naturaleza. En fuerza de él componemos una asociación tan libre como la de los antiguos conquistados. Pero la España, no menos cruel con nosotros que con ellos, siempre consecuente a sus planes de muerte y desolación, ha consumado en nosotros, por medio de su legislatura, todos los horrores que apuró la espada en la conquista. Nosotros no queremos hablar de ese Código de Indias dictado para educar los neófitos de la esclavitud bajo el feudalismo eclesiástico de los doctrineros y el señorío inhumano de las encomiendas. Ya no existe, ya no tiene vida alguna civil esa porción abyecta sobre quien se recopilaron los crueles decretos de las Isabelas, los Fernandos, los Felipes y los Carlos. Pueblos más ilustrados se substituyeron a esa devastación, para que gravitasen en ellos con más sensibilidad los tres siglos de infamia que nos han precedido. Las provincias hermanas, que antes que nosotros se han constitíido en Estados independientes, también han expuesto al juicio de las naciones el cuadro extenso de esas desgracias, que ellas mismas habían mirado con tanto asombro como nuestro sufrimiento, y nos han excusado el trabajo de trazarle, cuando ha sido universal este sistema de opresión, de concusiones, de depredaciones, de todos los males de una servidumbre estudiada y sostenida por todos los inventos del fiero despotismo.

Si la institución de los gobiernos no conoce otro origen que el de procurarse los hombres un apoyo a su seguridad y a la prosperidad de la asociación, ¿cómo ha podido suponerse que los pueblos de América confiriesen sus poderes para ser más infelices y humillados? ¿Quién podrá creer que los americanos, poseedores de la tierra más fértil y preciosa del universo, quisiesen habitarla para regar sólo con sus lágrimas el sacrílego entredicho impuesto a la naturaleza para que no produjese? ¿Que los olivos y las viñas, mandadas arrancar de Chile (a), debían obligarnos a recibir el aceite y los caldos de la Península? ¿Que en las columnas de Hércules debíamos ir a registrar la tarifa escrita a nuestro comercio puramente pasivo? ¿Que en este mercado exclusivo debíamos recibir la misma ley que los gobernadores de Juan Fernández imponían por medio del situado a las necesidades del presidario? ¿Que al paso que nuestras costas quedasen abandonadas a la tentativa de cualquier invasor se absorbiese la España cincuenta millones del derecho de almojarifazgo, al pretexto de guarnecerlas con buques, que sólo aparecieron en ellas cuando han venido a hacernos la guerra? ¿Que prohibidas al tráfico de las demás potencias, se nos estrechase a comprar por diez lo que ellas nos vendiesen por uno, y excomulgados al trato de los extranjeros se mandasen expulsar todos ellos de Chile con los libros de su lengua? (b) ¿Que monopolizadas las ideas como los intereses, se proscribiese la libertad de la imprenta y del pensamiento, hasta privar en nuestra Universidad la defensa del pretendido imperio del Monarca de las Indias, porque no llegase el caso de entrar en discusión sobre esos títulos de un dominio tan nulo como vergonzoso? En fin, ¿que erizados nuestros archivos de resoluciones terminantes a la etiqueta y ceremonias, al éxito de los recursos de mil y quinientas, comprados con el sudor o la desesperación del querelloso, a los premios de gracias al sacar que a tres mil leguas de distancia se distribuían en el mejor postor, fuésemos espectadores indiferentes de nuestro propio destino y debiésemos aceptar en silencio el que nos donasen nuestros amos...?

Ni, ¿cómo podrían éstos conservar su carácter en el día de la luz, cuando salidos ya de esa infancia terrible, padecemos el rubor de tantos años de paciencia y somos más admirados por esta fatal habitud del respeto, que lo fue la conquista de América por su importancia a las tres partes del mundo conocido? ¿Aun no será tiempo de cancelar la hipoteca otorgada a las alhajas entregadas por doña Isabel para la expedición de Colón? ¿Aún seremos deudores, después de los millones que se han exportado a Madrid? No; la revolución de España y la indocilidad de nuestros verdugos han puesto en nuestras manos la palanca para separar el peso insoportable. No podemos despreciar el momento sin ser responsables a la posteridad. Que conozcamos sus derechos por las lecciones que nos ha dado la misma España y no los dejemos afianzados en la sólida INDEPENDENCIA, sería un crimen digno de la execración de nuestros hijos y del oprobio de la edad presente. La hemos declarado; y los suspiros que nos arranca la hostilidad de nuestros injustos rivales serán endulzados con la satisfacción de garantir para la descendencia de los conquistadores la LIBERTAD de que los españoles despojaron a sus abuelos.

Queremos...

Podemos...

Luego, debemos ser libres.

He aquí una consecuencia emanada naturalmente de esas premisas, tan evidentes en el hecho como en el derecho.

Ya no preguntemos a la España cuál es el que puede alegar sobre nosotros. Echemos la vista a los que ha promulgado en favor de su soberanía después de la prisión de Fernando, observemos su conducta, comparémosla con la nuestra, no olvidemos su localidad y su situación: el resultado será la justicia de nuestra causa.

La coronación de Fernando VII se nos anunció casi a un tiempo con su prisión y con la historia misteriosa de las escenas del Escorial, Aranjuez y Bayona. A un tiempo mismo la Junta de Sevilla nos convidaba al envío de Diputados que entrasen al Gobierno Central (como que no merecería ese nombre, si la América no compusiese un rayo de aquel centro); se la declara por primera vez parte integrante, igual en derechos al resto de la Monarquía y que no es ya una colonia o factoría como las de las demás naciones; se le comunica la instalación de las juntas provinciales, su instituto, su forma y las atribuciones con que debían conservarse; se promulgan esos altos derechos del hombre, los principios sagrados del pacto social, las prerrogativas de los pueblos y la retroversión a éstos del ejercicio de la soberanía que antes se desempeñaba por el Rey como un apoderado suyo, imposibilitado ya de administrarla en el cautiverio; se nos promete, en fin, la gloriosa perspectiva de una Constitución que, refrenando la arbitrariedad del gobierno, sea el antemural de la libertad del ciudadano llamado a darse a sí mismo la ley por medio de sus representantes en un Congreso Nacional (c).

Este golpe de luz era demasiado fuerte para no penetrar el ánimo más oscurecido y crear espíritus pensadores. Empezamos a reflexionar. La idea de la soberanía excitaba ese instinto a la INDEPENDENCIA que nace con el hombre.

El se entrelazaba con la suerte de la Península, formando en el corazón un contraste de esos deseos habituales por la prosperidad de la metrópoli y el de quedar en aptitud de hacer nuestro destino si aquélla sucumbiese a las armas victoriosas de Francia. La tenebrosa y amenazadora vigilancia de nuestros mandones inclinaba la balanza a esta parte, y nos obligaba a recelar que las generosas confesiones de los liberales de ultramar fuesen un mero artificio para mantener la América uncida a su carro en todos los lances de la fortuna. Igualmente se calificaban de traición la menor crítica sobre los sucesos de España o el repetir las proclamaciones halagüeñas de su Gobierno, que en nuestros labios tenían el sonido de alevosía. Así veíamos espiarse nuestras reuniones y ponerse a cada hombre de talento un centinela de vista. Este era un plan combinado en el retrete de la tiranía subalterna. En Venezuela son arrancados por Emparán del seno de sus familias los ciudadanos Ortega, Rodríguez y Sanz, como por Carrasco en Chile, Rojas, Ovalle y Vera. Aquél hace recibir por la fuerza a su Asesor; y aquí Carrasco da posesión al suyo en la primera silla del Cabildo cercado por las bayonetas. Ya entonces el temor hacía callar a la esperanza y la seguridad individual ocupaba todos los sentimientos del pueblo. El comienza a dudar de la fidelidad del gobernante, cuando por una parte observa su conducta en contradicción con las promesas del Gobierno español, y éste le previene por otra que el mayor número de sus Ministros, de sus Consejeros, de sus Generales, de sus Grandes, de sus Obispos, habían adherido al partido francés (d). Mirábamos la remoción de los mandatarios peninsulares, la amovilidad de los que se suplantaban y la medida adoptada por aquellos pueblos de consultar su conservación erigiendo las juntas. Llega la noticia de la que se había establecido en Buenos Aires; Chile se conmueve; Carrasco piensa aquietarle fingiendo que vuelven los desterrados; descúbrese el engaño; él es depuesto; los españoles avecindados en Santiago cooperan con más empeño a esta separación; el mando se deposita en el Brigadier Conde de la Conquista, como de mayor grado, siguiendo aún la escala de sucesión. Los Oidores tiemblan en el presentimiento de esta novedad, que les parecía una intimación de haber caducado su rango cuando la conciencia les acusaba de haber concurrido con su voto consultivo a las felonías de Carrasco; creyeron que era ésta la oportunidad de promover la discordia conforme a la orden reservada de 15 de abril de 1810; se incendia entre americanos y españoles; se propone una conferencia de los hombres más respetables de ambas facciones; el resultado de ella fué la convocación del pueblo para el 18 de septiembre. En este día memorable, la unanimidad de sufragios instaló la Junta Suprema Gubernativa que rigiese al país en nombre de Fernando VII, con sujeción a la de la Regencia que en España se había levantado sobre las ruinas de la Central. La sensibilidad a las desgracias de un Rey infortunado, la habitud del respeto y el espíritu de imitación fueron más poderosos que los derechos que habíamos reasumido, y no dejaron escucharse las voces de la INDEPENDENCIA a que llamaba el orden de los acontecimientos, la época de la ilustración y el interés de nuestro destino.

Nuestro nuevo Gobierno fue aprobado por la Regencia. Pero esta resolución pública era la red que se tendía al candor y generosidad de los chilenos, para que fuesen presa inerme de la sangrienta invasión encomendada al Virrey del Perú. Nosotros debíamos ya temerla cuando veíamos conducirse la tea incendiaria contra nuestros hermanos de Buenos Aires, declararse a Caracas en riguroso bloqueo y encargar al tirano Meléndez la hostilizase por todos los arbitrios del furor (e). Así fue que en medio de nuestras mejores relaciones con Lima, en la estación en que se exportaban nuestros frutos al Callao, cuando acababa de recibirse la contestación (f) de 120.000 pesos remitidos a España por este Consulado y 200.000 de las Cajas Generales (en que se comprendía una contribución voluntaria para auxiliar los empeños de la Península), como si aguardasen estos socorros para realizar el noble propósito de exterminarnos, Pareja desembarca en San Vicente con el ejército devastador en nombre de Fernando VII.

Entonces recordábamos que la Regencia nos había dicho (h) que a este nombre quedaría para siempre unida la época de la regeneración y felicidad de la Monarquía en uno y otro mundo; que nuestros destinos no dependían ya de los virreyes y gobernadores, que estaban en nuestras manos; y nos preguntábamos por esa igualdad de derechos con que nos había lisonjeado, para que al usarlos nos juzgase reos de una innovación de lesa majestad. Echábamos la vista al principio que ella había tenido en España y discurríamos: ‘‘Los pueblos de la Península no han fundado su revolución en otro título que en la necesidad de las circunstancias. ¿Por qué los de América no han de poder ser jueces, como aquéllos, para decidir si están o no en esa necesidad? Desde que la Regencia y las Cortes han proclamado por única base de su autoridad la soberanía del pueblo, ellas han perdido todo pretexto para mandar a ningún pueblo que quiera ejercer la suya. Si aquélla emana del pueblo español y éste no tiene poder alguno sobre los de América, que como él son parte integrante y la principal de la nación, ¿por qué no podremos nosotros representar al Rey y obrar en su nombre, como lo hacen esos mismos que nos declaran rebeldes? ¿Han recibido ellos alguna comisión especial del cautivo que no llegase hasta nosotros? Si no es la de Bayona, para admitir la nueva dinastía de Napoleón, que resisten con tanta heroicidad, en nosotros no puede ser un crimen lo que en ellos es una virtud y un derecho. Si España no obedece al francés, aunque intente mandarla en nombre de Fernando, presentándole su renuncia, con más razón repulsaremos nosotros a los que nos traen la guerra bajo de ese mismo nombre, porque lo hemos conservado a la frente de nuestro Gobierno y prodigado un reconocimiento desmerecido a los que traicionan sus propios principios’’.

Entonces acabamos de desengañarnos del verdadero objeto de esas teorías tan brillantes como seductoras, y que a vueltas del talismán horrible, al pretexto de restituirle al trono usurpado a su padre, se escondía el designio fraudulento de sellar en nosotros y nuestra posteridad una servidumbre más funesta que la antigua; que éste era el urgente motivo de mandarse cerrar las escuelas y que no se hiciese más que remitir a España hombres, dinero, víveres y ciega obediencia (i). Entonces fijamos los ojos en el mapa, los convertimos a la posición natural y política de España, y nos asombrábamos de no haber corrido en tanto tiempo el telón a esta comedia, en que los actores, desde el pequeño teatro de un ángulo peninsular de Europa, mantuviesen en silenciosa admiración a todo un mundo, sin fastidiarle con la unidad de una acción sostenida por tramoyas de pura cábala a que no se divisaba otro desenlace que la descarga de mil rayos sobre los espectadores.

Entrábamos en nosotros mismos y nos decíamos: ‘‘Veintidós mil leguas cuadradas y un millón de habitantes animados de la índole y sobriedad de los araucanos, ¿conservarse dependientes de un punto del Viejo Hemisferio, que mendiga sus recursos de nosotros, que perece sin ellos, que vive por ellos, y que trata de acabarnos con ellos? ¿De cuándo acá se ha cambiado el destino a las relaciones sociales, que el tullido sirva a sus muletas, que la boca del infante convierta la leche en sangre para arrojarla al rostro de su nodriza, que el menesteroso se levante y quiera imperar en su benefactor? ¿De dónde ha salido esta legislatura por la cual ni la edad provecta, ni el juicio maduro, ni la opulencia, ni la aptitud administratoria, ni la superioridad de fuerzas, ni acontecimiento alguno de los que favorecen la libertad individual, ha de ganar la suya a un pueblo entero? ¿Quién ha dictado ese código que autoriza al falso y al ingrato para que sobre la impunidad de sus crímenes se hagan adorar del ofendido? Y, ¿quién nos ha vendado las potencias para no distinguir las felonías de la España en el favor impudente de sus halagos? Llamados a las Cortes con representación igual, vemos un Diputado por cada treinta mil peninsulares, y para nombrarle nosotros apenas basta un millón. Allá el sufragio es popular; aquí se consigna al voto de un Presidente bajo la firma de los ayuntamientos. Allá no varía la forma de las elecciones; aquí vienen diversas normas en cada correo, para que jamás llegase el día de ser representados por otros poderes que los de esos suplentes introducidos con la misma legitimidad que los del Congreso de Bayona, los unos desconocidos a los mismos pueblos que figuraban, los otros repugnados expresamente por éstos, ninguno con credenciales suyas, y todos suplantados por la preponderancia peninsular (j). Allá se comercia libremente con todas las naciones; aquí se vedan nuestros puertos aún a los buques de la Inglaterra, a cuya alianza debe la España todo su poder, y no se tiene rubor de declarar apócrifo y nulo un decreto de 17 de marzo de 1809 que se supone concesivo del comercio libre (l). Allá circulan todos los periódicos extranjeros, las producciones de los literatos, las ideas liberales de los estadistas y de los filósofos, antes sofocadas por el terror despótico y hoy rindiendo homenaje a la naturaleza y a los elementos de la asociación; aquí se proscriben aún los escritos nacionales, la libertad de imprenta y todo papel relativo a la revolución española, que no sea de los ministeriales de la Regencia, encargando a la Inquisición una vigilancia la más escrupulosa y responsable (m); porque para ilustrar a Chile basta que se le remitan veinte misioneros que llenen el número de los de Chillán, para que no se pierda la religión santa por falta de ministros. Este es en mil ochocientos diez el lenguaje de la Regencia, que manda abonar a estas Cajas el pasaje de estos fanáticos con tanto honor de nuestros eclesiásticos y de la piedad y luces del país (n). Este es el gran sistema de igualdad y elevación que se nos ofrece; éste el idioma de la lisonja que se ha substituido a las brujerías con que se robaban los tesoros a los sencillos indios, y con el cual hoy se intenta despojarnos hasta del sentimiento y del instinto, acompañando a las palabras las bayonetas para ser exterminados por éstas si consentíamos en la fe de aquéllas. ¡Qué decencia, qué circunspección la de estos pretendidos soberanos!’’

Cuando así discurríamos, y a la luz del fuego de la guerra que ellos encendían, nos hicieron avergonzar de nuestra imprevisión y generosidad, un clamor universal por la INDEPENDENCIA fue el resultado de este remordimiento, arrancado por la justicia y por la presencia de nuestros males. El menor de los motivos que meditábamos era suficiente para declararla. Sin embargo, contentos con la esperanza de un triunfo que desengañando a nuestros agresores los redujese por el convencimiento, reservamos ese paso majestuoso a que nos impelían la naturaleza, el tiempo y los sucesos. Peleamos y vencimos. Nuestras armas, cubiertas de gloria en las jornadas de Yerbas Buenas, San Carlos, El Roble, Concepción, Talcahuano, Cucha, Membrillar y Quechereguas, señalaban ya el momento en que aniquilada la fuerza del nuevo general Gaínza, estrechado al recinto de Talca, impusiésemos la ley al que venía a conducirnos la de la Constitución española, ese artefacto que bajo las apariencias de libertad sólo traía las condiciones de la esclavitud para la América, que tampoco había concurrido a su formación ni podía ser representada por 31 suplentes que suscribían al lado de 133 Diputados españoles. Desearíamos pasar en eterno olvido esta época fatal en que se disputan el lugar todas las intrigas de la perfidia española y la magnanimidad y franqueza del carácter chileno. ¿Quién creyera que en una crisis tan favorable a nuestros empeños como funesta al titulado ejército nacional habían de celebrarse las capitulaciones del 3 de mayo de 1814...?

Es necesario se nos excuse la vergüenza de analizarlas. Baste recordar que, ratificadas por nuestro Gobierno, garantidas por la mediación del Comodoro Hillyar con poderes del Virrey del Perú, aceptadas por el jefe de las tropas de Lima, retiradas las nuestras, restituidos al enemigo los prisioneros y obligado el pueblo a reconocer la paz solemnemente publicada, fue preciso auxiliar a los invasores imposibilitados de moverse, y disimular que su misma nulidad valiese por pretexto para demorarse negociando traiciones en Talca, que a las 30 horas debía evacuarse. Apenas salieron de esta ciudad y repasaron el Maule, cuando Gaínza toca todos los resortes para rehacerse; convoca, recluta, disciplina un segundo ejército, que esparce por toda la provincia de Concepción, emplea en el enganche los caudales que por su mano debían destinarse a reparar las quiebras de aquel vecindario, se echa sobre los de su tesoro, nombra jueces y, en fin, se erige en un señor propietario del terreno que había pactado desocupar a los dos meses; hasta que llega Ossorio a renovar las hostilidades a sangre y fuego si no cedemos a discreción (o) entregando el pecho a las proclamas y perdones de su visir (p). Ya era tarde para darse a las caricias del león que escondía las uñas entre los dobleces del estandarte de la guerra. Ya sabíamos los efectos de esos indultos en México, Venezuela, Quito, Huánuco y Alto Perú... La intimación vuelve a alarmarnos. Pero, ¿en qué circunstancias? Cuando con la noticia de la restitución de Fernando al trono acababa de llegar a nuestras manos su decreto anulatorio de la Regencia, las Cortes, sus providencias y su Constitución, manteniendo las autoridades constituidas en ambos hemisferios.

No quisimos reconvenir a estos satélites de la tiranía con qué derecho habían derramado la devastación en el país, sino, ¿cuál era el que apoyaba su presente agresión, que otra vez convertía su ejército real en ejército NACIONAL? Si ellos tenían frente serena para ser el juguete de un Gobierno versátil, ¿los pueblos debían también rendirse a la cuchilla y capricho implicado de sus asesinos? Ya no podía alegársenos la Constitución, cuya bondad tampoco les daba acción sobre la América, así como la que hubiese dictado José Napoleón no se la daría sobre la Península, por benéfica y admirable que fuese. ¿Fernando reasumiendo el cetro para despedazar esa célebre ley? Pero, ¿cuál era el nuevo acto con que los americanos habían hecho convalecer la autoridad del hijo de María Luisa, que sobre ser nula en su origen, él había abdicado y desmerecido por sucesivos y posteriores hechos de infamia y de crueldad?

Permítasenos renovar la memoria de las escenas del Escorial, Aranjuez y Bayona. En 1807, Fernando es declarado traidor a su padre e indigno de la sucesión. En 1808, cambia el teatro en Aranjuez y, violentado Carlos IV por la facción que había sido sofocada en el Escorial, cede la corona al hijo proclamado entre la turbulencia de la corte. Huye a Francia el viejo pupilo de Godoy a buscarse la protección del Emperador, que en las conferencias de Bayona le hace restituir la diadema, para aceptarla él mismo y ceñirla a su hermano José. Esta transacción regio-cómica se nos representa por la Junta Central y la Regencia bajo el velo de exclamaciones exaltadas y dirigidas a mover toda nuestra sensibilidad en obsequio de las desgracias del joven cuyo partido les preocupaba. Así es que expiden órdenes ejecutivas a la América para que sean presos los reyes padres y su comitiva, si arribasen a estas costas, remitiéndolos a España en partida de registro (q). Evaporado aquel tierno entusiasmo a que nos arrebató una sorpresa de compasión y de esperanzas, ¿quién es el que distingue menos violencia en las renuncias de Bayona que en la de Aranjuez? ¿Era acaso más importante para Fernando la presencia de Bonaparte que para Carlos IV la de un pueblo amotinado a las puertas de su palacio? Contra la voluntad de todos los de España, abandonan la nación los Borbones, y pierden por este hecho aun aquellos derechos oscuros sobre que se levantó su dinastía. No podía pertenecer a estos emigrados una nación acéfala por sus resentimientos domésticos. No podía Fernando desde Valenzay conservar en su mano el extremo del lazo, mejor diremos, de la cadena que por mera habitud amarraba a la América.

Cuando los españoles declararon la guerra a Dinamarca, decían en su manifiesto: ‘‘Si esta potencia está oprimida y sujeta a la voluntad de Napoleón, la España le declara la guerra como a una provincia de Francia’’ (r). ¿Por qué no se usa del mismo lenguaje con Fernando preso, o más bien, entregado voluntariamente a disposición del Emperador? ¿Se olvidará jamás el mundo de la alevosa, horrible y sacrílega delación con que vendió al Barón de Kolli, comprometido a salvarle del castillo con la intervención y credenciales de Jorge III? (s). Cuando fuese una impostura la relación de Mr. Berthemy, Comandante de aquella fortaleza, de que Fernando en el parte se atrevió a exponer que ‘‘los ingleses todavía continuaban derramando sangre a su nombre, engañados con la falsa idea de que estaba detenido allí por fuerza’’; cuando sea apócrifa su carta impetrando de Napoleón que le adoptase por hijo (t) (acusaciones de que no se ha vindicado), ¿no bastará la infamia de un denuncio semejante para desconocer en el delator el carácter de un Príncipe? ¿Aun habrá osadía para reconvenirnos con ese juramento prestado sin poder nuestro para obligar nuestras conciencias, en una época erizada de incertidumbres y afecciones tumultuarias, al aspecto de promesas que han sido defraudadas, y de circunstancias que tanto tiempo hace que dejaron de existir? Mas para los comisarios del exterminio de América nunca el teatro varía: el objeto es aniquilarla, importa lo mismo hostilizar en nombre de la Constitución que del déspota que holla la misma que vienen a intimarnos.

Tal ha sido la conducta de Ossorio en Chile. Es necesario repetirlo: entra con la espada en una mano y el código en la otra; se le hace ver (o ya él lo sabía) que era anulado por Fernando; con igual facilidad pelea por la ley que por el enemigo de la ley. La justicia, esa virtud una siempre en todos tiempos y en todos climas, ¿puede sostenerse sobre bases opuestas e intereses implicados? No, no ha sido ella quien dio al tirano la victoria del 2 de octubre de 1814. No ha sido ella quien le inspiró el bárbaro incendio del hospital de nuestros heridos. No fue la justicia quien prendió la mecha del cañón sobre las víctimas refugiadas a los templos de Rancagua. Ella no autorizó las violaciones con que se profanaron estos asilos de la religión y de la inocencia. Ella no brindó a los sacrílegos los vasos del sacerdocio para que sirviesen a sus bacanales. Ella no regó de sangre los caminos desde Talcahuano hasta la capital, para que por estos rastros de la muerte pudiese hallarse el cuartel general de los sicarios, donde debían presentarse nuestros mejores ciudadanos, prófugos por los montes, para ser deportados a la roca de Juan Fernández. La justicia no afiló el puñal para el cuello de los nueve asesinados dentro de las cárceles, al pretexto de una fingida conjuración, sin más proceso que la ferocidad de los renovadores de la catástrofe de Quito. No es ella la que sumió en Casas Matas (v) a tanto benemérito extraídos sin figura de juicio del seno de sus familias, que aun lloran su orfandad, y la negación de un canje a que el visir del Perú sacrifica la suerte de sus propios mercenarios a trueque de no mejorar la de nuestros compatriotas. No es la justicia quien levantó los cuatro cadalsos en que se recreaba la cobardía del moderno Bapto (u), y que mandó precipitadamente arrancar de la plaza a la sola noticia del triunfo de 12 de febrero de 1817, cuyo aniversario celebramos (x).

La justicia quiso dar a Chile ese día de gloria y de esplendor, ya satisfecha de que en los padecimientos de dos años y medio hubiésemos purgado nuestra indebida tolerancia, o la ceguedad de no conocer que ella traicionaba los santos derechos de la PATRIA, la necesidad de la INDEPENDENCIA, y el ardiente voto de los pueblos, que la proclamaban con tanta mayor ansia cuanto acababan de aprender en la escuela de la tiranía, que aquél es el único y suspirado término de esta sangrienta lucha de siete años, que era llegado el suyo a la impotencia de nuestros agresores y del déspota a quien sirven, que había caído por tierra el ídolo y su nombre, y que no debíamos por más tiempo hacernos reos de la bajeza de invocarlo, cuando la misma España, después de helada por su ingratitud en el nuevo ascenso al trono, se despedaza en las convulsiones del parálisis que la lleva a su última consunción.

Tal es la crisis de esa infeliz nación. La fiereza del monstruo no la hace tan miserable, cuanto la inflexible tenacidad de empeñarla en esta lid asoladora, en que, después de haber perdido todas las adquisiciones de la primera conquista, va a quedar excluida para siempre de las únicas relaciones con que podía repararse de los estragos de 25 años. España subsistía de la América, hoy nada recibe de ella, y tiene que apurar el vacío de sus fondos para combatirla. A nadie puede ya alucinar en el estado de pobreza que la devora. Si un portentoso esfuerzo le proporciona el envío de algunos gladiadores, ni éstos pueden ser indiferentes al sentimiento de abandonar el suelo natal para encontrar sepulcro tan lejos de su cuna, ni dejarán de conocer que son arrojados a una empresa en que cualquiera triunfo efímero apenas los hará semejantes a la ave que surca el aire y vuelve a cerrarse luego que ella pasa. Morillo (con el mejor ejército que ha remitido la España) y todas sus demás divisiones presentan el ejemplo. Mientras ocupan un pueblo, se repite la insurrección en los otros; y al fin toda la masa diseminada de los conquistadores viene a consumirse en medio del incendio. La conflagración es universal; el espacio inmenso; el fuego de la revolución inextinguible. No queremos pertenecer a una nación nula, a quien para nada necesitamos, y que necesitando de nosotros, sólo nos busca con la muerte; a una nación falsa en sus promesas, retractaria en sus pactos, contradictoria en sus principios, que pretende hacer valer los de su caduca usurpación, los de una dinastía despojada por sí misma hasta de las apariencias del derecho, y que seamos responsables al resto de nuestros hermanos dignamente emancipados; a la cultura del siglo, que respeta a la LIBERTAD como la diosa de la civilización; a nuestra posteridad, que desde el signo de su futura existencia aguarda el turno venturoso en que ha de entrar sin trabajo a gozar los días de la ley, del honor y de la paz tranquila que le compraron sus padres con su sangre; a todo el género humano, que puede ya contar con un refugio de seguridad y de abundancia en estas regiones bendecidas del Creador y antes vedadas por la orgullosa ambición a la hospitalidad de los demás hombres que no quisiesen ser esclavos; a la naturaleza, que puso en nuestro espíritu los gérmenes de la elección y del mérito incompatibles con la servidumbre; en fin, al Cielo mismo, que ha desenvuelto el rol de las potencias y señalado el asiento que debemos ocupar a la par de los independientes.

Chile ha obedecido a su voz. La solemne acta de 1.° de enero de 1818 es la expresión del sufragio individual, la suma de todas las voluntades particulares. No ha querido deferir su resolución a la dilatada convocatoria de un Congreso difícil de reunirse en la efervescencia de la guerra; ha dictado por sí mismo el fallo, que en toda circunstancia habrían sancionado sus representantes, fieles a la confianza y poderes de los constituyentes. Cuando éstos se los confieran, subirán aquéllos al altar de la ley revestidos ya de toda la plenitud de la soberanía que necesitan para pronunciarla. El momento se acerca a proporción que huye despavorida la reliquia expirante de nuestros enemigos. Entretanto, para defender LA GRAN CARTA, todo ciudadano ha corrido espontáneamente a las armas. Un ejército veterano de 12 mil bravos y un alistamiento, sin excepción, de milicias nacionales, forman el garante y la valla eterna de nuestra INDEPENDENCIA.

Pueblos libres del universo: vosotros, que veis confirmadas las bases de vuestra soberanía con este nuevo monumento de justicia sobre el cual ha levantado Chile la suya, ‘‘decidid en esta fatal contienda entre la humanidad y el vano espíritu de dominación; enseñad a la España que aquélla es el origen y objeto de todo gobierno, y preguntadle entonces, ¿quién debe ceder? Uniendo vuestros votos a los nuestros vais a estancar la sangre que inunda a la robusta América y acaba con los últimos alientos de la debilitada España. Si os afectan nuestros destinos, convencedla de su impotencia y de las mutuas ventajas de nuestra emancipación. Interesadla en sus males y en los que hemos padecido en tres siglos. Inspiradle un sentimiento comparativo entre su suerte y la nuestra; y cuando, calculando de buena fe el éxito que la amenaza, deponga las armas y sacrifique a la justicia y liberalidad los prestigios que la precipitan a su aniquilamiento, protestadle por nuestro honor que el generoso Chile abrirá su corazón a la amistad de sus hermanos y participará con ellos, bajo el imperio hermoso de la ley, todos los bienes de su inalterable INDEPENDENCIA’’. Palacio Directorial de Chile, 12 de febrero de 1818.

Bernardo O’Higgins.

Miguel Zañartu

Ministro de Estado.

(*) Publicado en la Gaceta de Santiago de Chile Nº 33, de fecha 21 de febrero de 1818.

(*) Publicado en extractos en la Gaceta de Santiago de Chile Nº 33, de fecha 21 de febrero de 1818.

(a) Por cédula de 15 de octubre de 1767.

(b) Orden de 1.° de septiembre de 1750.

(c) Cédulas de 19 y 20 de marzo, 30 de septiembre 1808: la de 1.° y 22 de enero y manifiesto de 28 de octubre de 1809.

(d) Ordenes de 28 de julio de 1808, de 14 de febrero, 23 de marzo y 24 de mayo de 1809.

(e) Ordenes de 2 de agosto y 4 de septiembre de 1810.

(f) Comunicación del gobierno español de 15 de agosto de 1810.

(h) Manifiesto de 14 de febrero de 1810.

(i) Orden de 30 de abril de 1810.

(j) Ordenes de 6 de octubre de 1809 y 29 de marzo de 1810.

(l) Ordenes de 10 de julio y 27 de junio de 1809.

(m) Cédula de 1° de enero de 1809 y órdenes de 31 de abril de 1810.

(n) Ordenes de 13 y 19 de julio de 1810.

(o) Intimación del 20 de agosto de 1814 desde Chillán.

(p) Proclama e indulto del Virrey de Lima, de 14 de marzo.

(q) Cédula de 12 de agosto de 1808, y orden de 1.º de marzo de 1809 y 26 de junio de 1810.

(r) Cédula y manifiesto de 4 de octubre de 1809.

(s) Véanse los documentos de esta increíble escena en el Español Nº 2, 30 de mayo de 1810.

(t) Carta de 4 de abril de 1810, inserta en el citado Nº 2 del Español.

(v) Horrible mazmorra en el Callao de Lima.

(u) No es menos conocido Marcó, sucesor de Ossorio, por sus crueldades que por su afeminación, semejante a la de los Baptos, tan despreciados en la Grecia. Las tiranías relacionadas constan de informaciones jurídicas en nuestros archivos.

(x) Hoy cumple un año la victoria de Chacabuco.

PROYECTO DE CONSTITUCION PROVISORIA PARA EL ESTADO DE CHILE PUBLICADO EN 10 DE AGOSTO DE 1818, SANCIONADO Y JURADO SOLEMNEMENTE EL 23 DE OCTUBRE DEL MISMO EL SUPREMO DIRECTOR DE CHILE

La obligación de corresponder dignamente a la confianza de mis conciudadanos, que me colocaron en el supremo mando, y el deseo de promover de todos modos la felicidad general de Chile, me dictaron el decreto de 18 de mayo, en que nombré una comisión, compuesta de los sujetos más acreditados por su literatura y patriotismo, para que me presentasen un proyecto de Constitución provisoria, que rigiese hasta la reunión del Congreso Nacional. Yo hubiera celebrado con el mayor regocijo, el poder convocar a aquel cuerpo constituyente, en vez de dar la comisión referida; pero no permitiéndolo las circunstancias actuales, me vi precisado a conformarme con hacer el bien posible. Un Congreso Nacional no puede componerse sino de los diputados de todos los pueblos, y por ahora sería un delirio mandar a aquellos pueblos que eligiesen sus diputados, cuando aun se halla la provincia de Penco, que tiene la mitad de la población de Chile, bajo el influjo de los enemigos. La nulidad sería el carácter más notable de aquel cuerpo constituyente, que se formase sobre un cimiento de agravios inferidos a la mitad de la Nación. La rivalidad de las provincias se seguiría por único resultado de las sesiones del Congreso. El desorden, en fin, y la guerra civil, tal vez, serían los frutos de una congregación extemporánea. Todavía tenemos a nuestra vista los fatales resultados de la división que engendró entre las provincias el Congreso anterior, a pesar de que sus vocales fueron nombrados en medio de una paz deliciosa.

Mi objeto en la formación de este proyecto de Constitución provisoria, no ha sido el de presentarla a los pueblos como una ley constitucional, sino como un proyecto, que debe ser aprobado o rechazado por la voluntad general. Si la pluralidad de los votos de los chilenos libres lo quisiese, este proyecto se guardará como una Constitución provisoria; y si aquella pluralidad fuese contraria, no tendrá la Constitución valor alguno. Jamás se dirá de Chile, que al formar las bases de su Gobierno, rompió los justos límites de la equidad; que puso sus cimientos sobre la injusticia; ni que se procuró constituir sobre los agravios de una mitad de sus habitantes.

No apruebo el método de la sanción propuesta en la advertencia de este proyecto, porque ninguna corporación, ni tribunal ni jefe del Estado, ha recibido hasta ahora del pueblo el derecho de representarle; antes bien, estando todos ellos empleados en servicio público, deben considerarse como unas partes más pasivas que activas, en el caso presente. Yo deseo examinar la voluntad general sobre el negocio que más interesa a la Nación; y para ello es necesario saber distintamente la voluntad de cada uno de los habitantes. Por tanto, y para acertar con el medio más pronto, más liberal y más justo, de consultar los votos de todos los pueblos libres del Estado, sobre si ha de regir o no la presente Constitución provisoria, se observará el reglamento siguiente:

Artículo 1º. Después de impreso el Proyecto, se publicará por bando en todas las ciudades, villas y pueblos del Estado.

Artículo 2°. En los cuatro días siguientes a la publicación, se recibirán las suscripciones de los habitantes en dos libros distintos, de los cuales uno llevará por epígrafe: Libro de suscripciones en favor del proyecto constitucional; y el otro, Libro de suscripciones contra el proyecto constitucional. En el primero firmarán los que quieran ser regidos por esta Constitución provisoria, y en el segundo, los que no.

Artículo 3°. En todas las parroquias de todas las poblaciones habrá un libro de cada clase de las dos expresadas, en donde concurrirán a suscribirse los vecinos del pueblo, en presencia del cura, del juez del barrio y del escribano, si lo hubiese.

Artículo 4°. Donde no hubiese escribano, hará sus funciones un vecino nombrado para el efecto por el cura y el juez, que deberán presenciar la suscripción.

Artículo 5°. Serán hábiles para suscribir todos los habitantes, que sean padres de familia o que tengan algún capital, o que ejerzan algún oficio, y que no se hallen con causa pendiente de infidencia o de sedición. Serán inhabilitados todos aquellos que procuren seducir a otros, haciendo partidos, o tratando de violentar o de dividir la voluntad de los otros.

Artículo 6°. Después de pasados los días señalados para la suscripción, se publicará en cada ciudad, villa o pueblo el resultado de ella, y se me dará cuenta por el conducto del Ministerio de Estado en el Departamento de Gobierno, acompañando los libros originales para archivarlos, después de haber dejado en cada parroquia, en poder del cura, una copia de ellos.

Artículo 7°. La publicación del bando de que se habla en el artículo 1°., se hará al día siguiente de recibirse en el pueblo el proyecto constitucional, y al quinto día de aquella publicación, se deberá remitir el resultado, por extraordinario, a esta capital, conforme se previene en el artículo anterior.

Artículo 8°. Si el mayor número de suscriptores fuese contrario al proyecto, quedará sin valor alguno. Si fuese en favor de él, lo aceptaré como una Constitución provisoria, y entonces tendrá lugar el juramento de que se hace mención en la advertencia puesta al fin del proyecto.

Artículo 9°. Para el caso de ser sancionada esta Constitución provisoria por la voluntad general, y deseando que también lo sea el nombramiento del Senado, elijo condicionalmente por Senadores al Gobernador del Obispado de Santiago don José Ignacio Cienfuegos, al Gobernador Intendente de esta capital don Francisco de Borja Fontecilla, al Decano del Tribunal de Apelaciones don Francisco Antonio Pérez, a don Juan Agustín Alcalde y a don José María Rozas; por suplentes, a don Martín Calvo Encalada, a don Javier Errázuriz, a don Agustín Eyzaguirre, a don Joaquín Gandarillas y a don Joaquín Larraín.

Imprímase a la cabeza del proyecto constitucional, para que, publicándose por bando en todas las ciudades, villas y pueblos del Estado, surta los efectos convenientes.-

Dado en el Palacio Directorial de Santiago de Chile, a 10 días del mes de agosto del año de 1818.- BERNARDO O’HIGGINS. -Antonio José de Irisarri. EN EL NONBRE DE DIOS OMNIPOTENTE, CREADOR Y SUPREMO LEGISLADOR.

TITULO PRIMERO

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE EN SOCIEDAD

CAPITULO PRIMERO

De los derechos del hombre en sociedad

Artículo 1º.- Los hombres por su naturaleza gozan de un derecho inajenable e inamisible a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil.

Artículo 2º.- Ninguno debe ser castigado o desterrado, sin que sea oído y legalmente convencido de algún delito contra el cuerpo social.

Artículo 3º.- Todo hombre se reputa inocente, hasta que legalmente sea declarado culpado.

Artículo 4º.- El hombre que afianza la existencia de su persona y bienes, a satisfacción del juez, con una seguridad suficiente, no debe ser preso ni embargado, a no ser que sea por delito que merezca pena aflictiva.

Artículo 5º.- La casa y papeles de cada individuo son sagrados, y, esta ley sólo podrá suspenderse en los casos urgentes en que lo acuerde el Senado.

Artículo 6º.- Un juez que mortifica a un preso más de lo que exige su seguridad y entorpece la breve conclusión de su causa es un delincuente, como igualmente los magistrados que no cuidan del aseo de las cárceles, alimento, y el alivio de los presos.

Artículo 7º.- Ninguno puede ser vulnerado en su honra y buena opinión, que haya adquirido con la rectitud de sus procedimientos.

Artículo 8º.- Sólo será castigado con la pena infame de azotes, el que por la repetición o publicidad de sus delitos, haya perdido la honra, y el juez que esto no observe será responsable.

Artículo 9º.- No puede el Estado privar a persona alguna de la propiedad y libre uso de sus bienes, si no lo exige la defensa de la Patria, y aun en ese caso, con la indispensable condición de un rateo proporcionado a las facultades de cada individuo, y nunca con tropelías e insultos.

Artículo 10.- A ninguno se le puede privar de la libertad civil, que consiste en hacer todo lo que no daña a la religión, sociedad o a sus individuos, y en fijar su residencia en la parte que sea de su agrado, dentro o fuera del Estado.

Artículo 11.- Todo hombre tiene libertad para publicar sus ideas y examinar los objetos que están a su alcance, con tal que no ofenda a los derechos particulares de los individuos de la sociedad, a la tranquilidad pública y Constitución del Estado, conservación de la religión cristiana, pureza de su moral y sagrados dogmas; y en su consecuencia, se debe permitir la Libertad de imprenta, conforme al reglamento que para ello formará el Senado o Congreso.

Artículo 12.- Subsistirá en todo vigor la declaración de los vientres libres de las esclavas, dada por el Congreso, y gozarán de ella todos los de esta clase nacidos desde su promulgación.

Artículo 13.- Todo individuo de la sociedad tiene incontestable derecho a ser garantido en el goce de su tranquilidad y felicidad por el Director Supremo y demás funcionarios públicos del Estado, quienes están esencialmente obligados a aliviar la miseria de los desgraciados y proporcionarles a todos los caminos de la prosperidad.

Artículo 14.- No hay pena trascendental para el que no concurrió al delito.

Artículo 15.- Es injusta la pena dirigida a aumentar la sensibilidad y dolor físico.

Artículo 16.- Deben evitarse las penas de efusión de sangre en cuanto lo permita la seguridad pública.

Artículo 17.- Todo juez puede ser recusado con arreglo a las leyes.

CAPITULO II

De los deberes del hombre social

Artículo 1º.- Todo hombre en sociedad, para afianzar sus derechos y fortuna, debe una completa sumisión a la Constitución del Estado, sus estatutos y leyes, haciendo lo que ellos prescriben, y huyendo de lo que prohiben.

Artículo 2º.- Debe obedecer, honrar y respetar a todos los magistrados y funcionarios públicos, como ministros de la ley y primeros ciudadanos.

Artículo 3º.- Debe igualmente ayudar con alguna porción de sus bienes para los gastos ordinarios del Estado; y en sus necesidades extraordinarias y peligros, debe sacrificar lo más estimable por conservar su existencia y libertad.

Artículo 4º.- Está obligado a dirigir sus acciones respecto de los demás hombres, por aquel principio moral: No hagas a otro lo que no quieres hagan contigo.

Artículo 5º.- Todo individuo que se gloríe de verdadero patriota, debe llenar las obligaciones que tiene para con Dios y los hombres, siendo virtuoso, honrado, benéfico, buen padre de familia, buen hijo, buen amigo, buen soldado, obediente a la ley y funcionario fiel, desinteresado y celoso.

TITULO II

DE LA RELIGIÓN DEL ESTADO

CAPITULO UNICO

La religión Católica, Apostólica, Romana es la única y exclusiva del Estado de Chile. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad, será uno de los primeros deberes de los jefes de la sociedad, que no permitirán jamás otro culto público ni doctrina contraria a la de Jesucristo.

TITULO III

DE LA POTESTAD LEGISLATIVA

CAPITULO I

Artículo Unico.- Perteneciendo a la Nación chilena reunida en sociedad, por un derecho natural e inamisible, la soberanía o facultad para instalar su Gobierno y dictar las leyes que le han de regir, lo deberá hacer por medio de sus Diputados reunidos en Congreso; y no pudiendo esto verificarse con la brevedad que se desea, un Senado sustituirá, en vez de leyes, reglamentos provisionales en la forma que más convenga para los objetos necesarios y urgentes.

CAPITULO II

De la elección, número y cualidad de los Senadores

Artículo 1º.- El Supremo Director, con arreglo a lo que se previene en el artículo 8.o de este capítulo, elegirá los vocales del Senado, que serán cinco, y uno de ellos Presidente, turnando por cuatrimestres.

Artículo 2º.- Se nombrarán también cinco suplentes, elegidos en la misma forma, para que por el orden de sus nombramientos entren a ejercer el cargo de los propietarios en ausencia, enfermedades u otro cualquier impedimento.

Artículo 3º.- Los vocales del Senado gozarán del sueldo anual de dos mil pesos, y si obtuvieren algún otro de igual cantidad por empleo público, en servicio de la Nación, elegirán el que les convenga, y si fuere menor, recibirán el aumento hasta llenar la cuota designada.

Artículo 4º.- Habrá un Secretario con voto consultivo, y un portero, elegidos por el Senado, con la dotación que acordase con el Director, la que se pagará de los fondos del Estado, como asimismo los gastos de la oficina, con arreglo a las razones que pasarán firmadas por el Presidente y Secretario.

Artículo 5º.- El Senado tendrá tratamiento de Excelencia.; los Senadores serán inviolables; sus causas serán juzgadas por una comisión, que con este objeto nombrará dicho Senado.

Artículo 6º.- Sus sesiones serán dos veces en cada semana, en los días que acordasen, siendo privativo del Presidente señalar las horas de entrada y salida.

Artículo 7º.- También será facultativo al Presidente convocar a sesiones extraordinarias, en los días y horas que las circunstancias ocurrentes lo exijan, o porque lo pida alguno de los vocales con causa.

Artículo 8º.- Los Senadores deberán ser ciudadanos mayores de treinta años, de acendrado patriotismo, de integridad, prudencia, sigilo, amor a la justicia y bien público. No podrán serlo los Secretarios de Gobierno, ni sus dependientes, ni los que inmediatamente administran intereses del Estado.

CAPITULO III

Atribuciones del Senado

Artículo 1º.- El instituto del Senado es esencialmente celar puntual observancia de esta Constitución.

Artículo 2º.- La infracción de la Constitución por algún cuerpo o ciudadano, será reclamada por el Senado al Director Supremo, quien deberá atenderla bajo su responsabilidad.

Artículo 3º.- En todas las ciudades y villas del Estado habrá un Censor elegido por su respectivo Cabildo, y con asiento después de los alcaldes, el que en toda aquella jurisdicción cuidará como el Senado en todo el Estado, de la observancia de esta Constitución, conforme a los dos artículos anteriores; y en las transgresiones que notase, así en los funcionarios del pueblo corno del campo, oficiará por primera y segunda vez al Gobernador o Teniente para su remedio, y en caso que éstos no lo hagan eficazmente, dará parte al Senado.

Artículo 4º.- Sin el acuerdo del Senado a pluralidad de votos, no se podrán resolver los grandes negocios del Estado, como imponer contribuciones, pedir empréstitos, declarar la guerra, hacer la paz, formar tratados de alianza, comercio, neutralidad; mandar embajadores, cónsules, diputados o enviados a potencias extranjeras; levantar nuevas tropas o mandarlas fuera del Estado, emprender obras públicas y crear nuevas autoridades o empleos.

Artículo 5º.- Estará autorizado el Senado para limitar, añadir y enmendar esta Constitución provisoria, según lo exijan las circunstancias.

Artículo 6º.- Toda nueva ley o reglamento provisional que haga el Senado; toda abolición de las leyes incompatibles, con nuestra independencia: toda reforma o nuevo establecimiento en los diferentes cuerpos, institutos, departamentos y oficinas del Estado, como también las adiciones, y correcciones de los reglamentos que han regido y rigen, se consultarán, antes de publicarlos, con el Supremo Director, quien en el término de ocho días, a más tardar, deberá expresar su consentimiento o disenso para su publicaci6n, exponiendo oficialmente al Senado las razones fundamentales de su oposición. En el caso de aprobación, se publicará inmediatamente el nuevo reglamento, adición, etc., en la forma siguiente: ‘‘El Excmo. Supremo Director del Estado de Chile, de acuerdo con el Excmo. Senado. ’’ En el de disenso renovará el Senado, si lo tuviese por conveniente, la presentación del nuevo reglamento, adición, etc., al Director Supremo, con las razones que desvanezcan la oposición; y si éste disiente, en el mismo término se reverá el proyecto por el Senado, el que, si presentado la tercera vez fuere repulsado, se publicará en la forma siguiente: ‘‘El Excmo. Supremo Director del Estado, habiendo recibido del Excmo. Senado la resolución siguiente. ’’

Artículo 7º.- En los casos particulares que ocurran sobre la inteligencia de lo ya establecido o que nuevamente se estableciese, o defecto de prevención en cualquier estatuto, reglamento, etc., que el Senado diese, resolverá él por sí sólo las dudas, sin las consultas de que habla el artículo antecedente.

Artículo 8º.- Tendrá el Senado especialísimo cuidado de fomentar en la capital y en todas las ciudades y villas, el establecimiento de escuelas públicas e institutos o colegios, donde sea formado el espíritu de la juventud por los Principios de la religión y de las ciencias.

Artículo 9º.- Deberá nombrar una comisión, compuesta de uno de sus vocales y dos individuos del Tribunal de Apelaciones, para que con toda integridad y la brevedad posible, tomen residencia a todos los empleados del Estado, que por delito o sin él terminan la carrera de sus funciones políticas.

Artículo 10.- Será privativo del Senado, cuando juzgue oportuno indicar el tiempo y señalar el día, la apertura del Congreso; y formará el reglamento para la elección de Diputados.

Artículo 11.- Por muerte, renuncia o delito probado en juicio legal de alguno de los vocales del Senado, pertenecerá a éste elegir el sucesor a pluralidad de votos, el que deberá ser del número de los suplentes, si algunas graves circunstancias no exigen lo contrario.

Artículo 12.- Si discordasen en igualdad de votos los cuatro restantes miembros del Senado, se decidirá por el Director Supremo.

TITULO IV

DEL PODER EJECUTIVO

CAPITULO PRIMERO

De la elección y facultades del Poder Ejecutivo

Artículo 1º.- El Supremo Director del Estado ejercerá el Poder Ejecutivo en todo su territorio. Su elección ya está verificada, según las circunstancias que han ocurrido; pero en lo sucesivo se deberá hacer sobre el libre consentimiento de las provincias, conforme al reglamento que para ello formará la potestad legislativa.

Artículo 2º.- Recaerá 1a elección precisamente en ciudadano chileno de verdadero patriotismo, integridad, talento, desinterés, opinión pública y buenas costumbres.

Artículo 3º.- El sueldo del Director Supremo será el que actualmente goza. Será facultativo al Senado alimentarlo o disminuirlo oportunamente; pero no gozará algún otro emolumento ni derecho.

Artículo 4º.- Su tratamiento será el de Excelencia: sus honores los de Capitán General de ejército, conforme a las ordenanzas militares, guardándose en las concurrencias públicas el ceremonial que deberá formar el Senado o Congreso.

Artículo 5º.- El mando y organización de los ejércitos, armada y milicias, el sosiego público y la recaudación, economía y arreglada inversión de los fondos nacionales, son otras tantas atribuciones de su autoridad.

Artículo 6º.- Nombrará los embajadores, cónsules, diputados o enviados para las naciones y potencias extranjeras, con acuerdo del Senado sobre la necesidad, o conveniencia de su misión, como se previene en el título III, capítulo III, artículo 4.o de esta Constitución; pero la elección de las personas será privativa del Director, el que igualmente recibirá todos los que de esta clase viniesen a este Estado.

Artículo 7º.- Podrá con éstos, por sí sólo y su respectivo Secretario, y por el órgano de sus embajadores, diputados, etc., en las potencias extranjeras entablar y seguir negociaciones, tener sesiones, hacer estipulaciones preliminares sobre tratados de treguas, paz, alianza, comercio, neutralidad y otras convenciones; pero para la conclusión y resolución, deberá acordar con el Senado, como se ha dicho en el título III, capítulo III, artículo 4.o de esta Constitución.

Artículo 8º.- Procurará mantener la más estrecha alianza con el Gobierno Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a que concurrirá eficazmente el Senado por la importancia de nuestra recíproca unión.

Artículo 9º.- Cuidará del fomento de la población, del de la agricultura, industria, comercio y minería, arreglo de correos, postas y caminos.

Artículo 10.- Es privativo del Supremo Poder Ejecutivo el nombramiento de los Secretarios de Estado, de Gobierno, Hacienda y Guerra, quien será responsable del nombramiento, como éstos de sus respectivos empleos.

Artículo 11.- La provisión de empleos de cualesquiera ramo que sean, y que no estén exceptuados en esta Constitución provisoria, la hará a propuesta de los respectivos jefes del cuerpo a que correspondan, por escala de antigüedad y servicios, publicándose dicha propuesta en la oficina o departamento, ocho días antes de remitirla al Director; quedando así a los agraviados franco el recurso de sus derechos a la autoridad que corresponda, y se deberá expresar en el despacho o nombramiento la indispensable calidad de propuesta, sin la cual no se tomará razón en el Tribunal de Cuentas y oficinas, ni se acudirá con el sueldo al que de otro modo fuere provisto; y en el caso que alguno justamente deba ser postergado, lo significará el jefe en su propuesta.

Artículo 12.- Los colegas y demás funcionarios públicos, que deban tener la calidad de letrados, serán nombrados por el Director a propuesta en terna, que harán las respectivas Cámaras de Apelaciones.

Artículo 13.- La duración de todo empleo, a no ser de los exceptuados en esta Constitución, será la de su buena comportación, y deberá ser removido, siendo inepto o delincuente con causa probada y audiencia suya.

Artículo 14.- Los recursos de esta naturaleza y los de que habla el artículo 11 de este capítulo, se harán por los interesados a la Junta compuesta del Presidente del Tribunal de Apelaciones, con el Contador Mayor, Ministro más antiguo del Erario y el Fiscal, quedando concluída con la determinación de esta Junta toda instancia, sin más recurso, y procediéndose en ello sumariamente.

Artículo 15.- Esta misma Junta conocerá en grado de apelación, los pleitos sobre contrabandos y demás ramos de hacienda, observando en la sustanciación, la disposición de las leyes no revocadas.

Artículo 16.- Tendrá el Director especial cuidado de extinguir las divisiones intestinas, que arruinan los Estados, y fomentar la unión que los hace impenetrables y felices.

Artículo 17.- Cuidará con especialidad de mantener el crédito de los fondos del Estado, consultando eficazmente su recaudación y el que se paguen con fidelidad las deudas en cuanto lo permitan la existencia de caudales y atenciones públicas.

Artículo 18.- Hará pasar al Senado cada mes una razón prolija, que demuestre por clases y ramos los ingresos, las inversiones y existencias de dichos fondos.

Artículo 19.- Teniendo el Director la superintendencia general de todos los ramos y caudales del Estado, de cualquiera clase y naturaleza que sean, se arreglará por ahora a las disposiciones y ordenanzas que actualmente rigen.

Artículo 20.- Las causas contenciosas de cualquiera clase que sean, las remitirá a los Tribunales de Justicia a que correspondan; pero las sentencias contra el Fisco no serán ejecutadas sin mandato expreso del Director.

Artículo 21.- Podrá confirmar o revocar con arreglo a ordenanza, en último grado, las sentencias dadas contra los militares en los consejos de guerra.

Artículo 22.- Tendrá facultad de suspender las ejecuciones capitales ordenadas, y conceder perdón o conmutación de pena.

Artículo 23.- En caso de renuncia o muerte, entrará a reemplazar su lugar, hasta la celebración del Congreso, el que inmediatamente nombrará el Senado.

Artículo 24.- En el de ausencia de la capital, por más de ocho días (lo que nunca podrá hacer sin acuerdo del Senado), enfermedad u otro impedimento legítimo, que le embarace el desempeño de sus deberes y despacho de los negocios públicos, hará sus veces para lo diario y urgente el Gobernador Intendente, sin más distinciones de las que corresponden a su empleo. Pero si saliese del Estado, reemplazará su lugar, durante su ausencia, el que el Director nombre de acuerdo con el Senado.

CAPITULO II

Limites del poder ejecutivo

Artículo 1º.- No podrá intervenir en negocio alguno judicial, civil o criminal contra persona alguna de cualquiera clase o condición que sea, ni por vía de apelación, ni alterar el sistema de administración de justicia, ni entender en los recursos de fuerza, que serán peculiares al Tribunal de Apelaciones.

Artículo 2º.- Cuando la urgencia del caso obligue a arrestar alguna persona, deberá ponerla dentro de veinticuatro horas a disposición de los respectivos magistrados de justicia, con toda la independencia que corresponde al Poder Judicial, pasándoles los motivos para su juzgamiento.

Artículo 3º.- No presentará para las raciones, canonjías o prebendas, sino aquellas personas que hayan servido ejemplarmente, por lo menos seis años, en algún curato del Estado, precediendo el informe del Diocesano, Cabildo Eclesiástico, y demás personas que juzgue oportuno; y los ascensos en los Cabildos Eclesiásticos, se proveerán por la escala de antigüedad y servicio. Pero si concurriesen algunas graves circunstancias o conveniencias de Estado, podrá el Director presentar para las vacantes y ascensos sin aquellos requisitos.

Artículo 4º.- No podrá dar empleo alguno político, ni presentar para algún beneficio eclesiástico, sino a los ciudadanos chilenos residentes en el Estado.

Artículo 5º.- Si las circunstancias políticas, méritos contraídos en el Estado, relaciones extranjeras, cualidades recomendables de ciencia, etc., exigiesen colocar en algunos empleos de los referidos en el artículo anterior, a los que no fueren ciudadanos chilenos, o que aun siéndolo se duda de su opinión política, podrá hacerlo con acuerdo del Senado.

Artículo 6º.- No expedirá orden ni comunicación alguna, sin que sea suscrita del respectivo Secretario del Departamento a que corresponde el negocio, so cargo de que no deberán ser obedecidas.

Artículo 7º.- No podrá variar las ordenanzas que han regido y rigen en los cuerpos, departamentos y oficinas de todos los ramos del Estado. Si los jefes de ellos, enseñados por la experiencia, estuviesen plenamente convencidos de la necesidad de alguna reforma, ocurrirán al Senado, el que no innovará cosa alguna, si no tiene pleno conocimiento de la necesidad del remedio; y en este caso procederá conforme a lo prevenido en el título III, capítulo III, artículo 6.o

Artículo 8º.- No podrá en ningún caso por sí sólo interceptar la correspondencia epistolar de los ciudadanos, que debe respetarse como sagrada; y cuando por la salud general y bien del Estado, fuese preciso la apertura de alguna correspondencia, lo verificará a presencia del Fiscal, Procurador General de la ciudad y Administrador de Correos, los que deberán hacer juramento de secreto.

CAPITULO III

De los Departamentos o Secretarías del Poder Ejecutivo

Artículo 1º.- Los tres Ministros o Secretarios de Estado, Hacienda y Guerra, entenderán en todos los negocios relativos a sus destinos con aquella fidelidad, integridad y prudencia, que exige el bien de la sociedad y el honor del Director.

Artículo 2º.- No podrán por sí solos en ningún caso, dictar providencia alguna sin previo mandato y anuencia del Director, y cuantas órdenes comunicasen por escrito a su nombre a las corporaciones, magistrados, oficinas o individuos particulares, quedarán estampadas en el libro de acuerdos, y autorizadas en él con la rúbrica de aquél.

Artículo 3º.- Ninguno de los Secretarios podrá autorizar órdenes, decretos o providencias, contrarias a esta Constitución provisoria, so cargo de infidelidad al Estado y responsabilidad.

Artículo 4º.- Serán amovibles a voluntad del Director, como igualmente los oficiales de las Secretarías; pero esta separación no inferirá nota a sus personas, no siendo por delito probado en juicio formal; y deberán los separados ser atendidos para otros destinos conforme a su capacidad y méritos.

CAPITULO IV

De los Gobernadores de provincias y sus Tenientes

Artículo 1º.- El Estado de Chile se halla dividido por ahora en tres provincias: la capital, Concepción y Coquimbo.

Artículo 2º.- La jurisdicción de cada Gobernador Intendente es extensiva a todo su distrito, y sus Tenientes Gobernadores deben sujetarse a éstos como a sus inmediatos jefes, en materias de gobierno, y que se dirigen a la seguridad, bien y felicidad del Estado.

Artículo 3º.- Los Gobernadores Intendentes y sus Tenientes son unos jueces ordinarios, a cuyo conocimiento pertenecen los negocios contenciosos, y deberán dirigirse por el código respectivo, en lo que no se oponga a esta Constitución, ni al sistema establecido; pues en este caso se consultará con el Senado.

Artículo 4º.- Será privativo de los Gobernadores Intendentes el conocimiento de las causas de policía y hacienda, que resolverán en primera instancia.

Artículo 5º.- Propondrán al Director Supremo un Asesor y Secretario para el despacho.

Artículo 6º.- Quedará el Asesor sujeto a residencia, como los Gobernadores y Tenientes, conforme a lo prevenido en el título III, capítulo III, artículo 9.o de esta Constitución.

Artículo 7º.- Las apelaciones de las Intendencias en causas contenciosas de policía, se dirigirán a la Cámara de justicia; y en las de hacienda a la Junta Superior, sin que en caso alguno puedan ocurrir al Director en negocios de justicia.

Artículo 8º.- Aunque los Tenientes Gobernadores son subalternos de los Intendentes de provincia, no por eso pueden éstos conocer en los agravios que aquéllos hagan en su administración, y debe toda especie de recursos contenciosos dirigirse a la Cámara de Apelaciones.

Artículo 9º.- A los Tenientes Gobernadores corresponde el nombramiento de los jueces diputados de su partido, y observarán escrupulosamente la conducta de éstos y sus celadores, a fin de hacerlos cumplir con sus deberes, y que no sean oprimidos los pobres, cuya indigencia exige con preferencia la protección de los Gobiernos.

Artículo 10.- Deberán observar la mejor armonía con los párrocos y jueces eclesiásticos, auxiliándolos y protegiéndolos según lo exijan las circunstancias.

CAPITULO V

De la elección de los subalternos del Poder Ejecutivo

Artículo 1º.- La capital y todas las ciudades y villas del Estado, luego que el Senado de acuerdo con el Director lo tengan por conveniente, harán la elección de sus Gobernadores, Tenientes y Cabildos, conforme al reglamento que para este efecto deberá metodizar el Senado.

Artículo 2º.- Los Gobernadores militares de Valparaíso, Talcahuano y Valdivia, serán elegidos por el Director, y durarán igualmente tres años en sus empleos.

CAPITULO VI

De los Cabildos

Artículo 1º.- Los Gobernadores y Tenientes tratarán a los Cabildos con la atención debida. Ninguno de sus individuos podrá ser arrestado o preso, sino por orden expresa del Supremo Director, quien sólo la podrá librar en materias de Estado, y en las de justicia la Cámara o Tribunal de Apelaciones; pero si la naturaleza de la causa exigiese un pronto remedio, se le arrestará por la autoridad competente en lugar decente y seguro, y avisará inmediatamente al Director.

Artículo 2º.- Los Cabildos deberán fomentar el adelantamiento de la población, industria, educación de la juventud, hospicios, hospitales y cuanto sea interesante al beneficio público.

Artículo 3º.- Será privativa de ellos la recaudación y depósito de los propios de las ciudades y villas, que se deberán invertir en beneficio público, conforme a las necesidades ocurrentes y reglamentos que actualmente rigen; y en el caso que la utilidad común exija nuevos gastos en obras públicas, informarán al Supremo Gobierno, donde reside la superintendencia.

Artículo 4º.- Corresponderá también a los Cabildos la policía urbana, de que queda exonerado el juez subalterno de alta policía.

Artículo 5º.- El Cabildo de la capital elegirá asesor y secretario del cuerpo, que podrán ser confirmados, o no, por el Director.

Artículo 6º.- Elegirán asimismo dos asesores letrados, uno para cada alcalde ordinario, con quinientos pesos de sueldo, que se pagarán de los propios de la ciudad.

Artículo 7º.- Estos asistirán diariamente al juzgado en las horas de despacho, a oír y dar dictamen en los juicios verbales, asistir a la formación de las causas criminales, y dictar providencias en los negocios contenciosos por escrito, sin exigir de las partes derechos de asesoría.

Artículo 8º.- Si alguno de estos asesores fuese recusado, entrará el otro en su lugar, y si éste lo fuese igualmente, pagará el recusante íntegros los derechos del que fuese nombrado.

Artículo 9º.- En caso de impedimento legal de los asesores, satisfarán ambos al que el juez eligiere.

Artículo 10.- En cada elección de nuevo Cabildo, se hará igualmente la de estos asesores, pero no habrá impedimento para que sean reelegidos, si su buena comportación y crédito los hiciese acreedores a ello.

Artículo 11.- Tendrán los asesores asiento en Cabildo después de él, y su voto informativo en aquellos acuerdos a que fuesen llamados.

TITULO V

DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

CAPITULO I

De la esencia y atribuciones de esta autoridad

Artículo 1º.- Reside la autoridad judicial en el Supremo Tribunal Judiciario, que se deberá formar en la actual Cámara de Apelaciones, y en todos los juzgados subalternos que se hallan establecidos en el Estado y estableciera el Congreso Nacional.

Artículo 2º.- Integridad, amor a la justicia, desinterés, literatura y prudencia deben ser las cualidades características de los miembros del Poder judicial, quienes ínterin se verifica la reunión del Congreso, juzgarán todas las causas por las leyes, cédulas y pragmáticas que hasta aquí han regido, a excepción de las que pugnan con el actual sistema liberal de gobierno. En este caso consultarán con el Senado, que proveerá de remedio.

CAPITULO II

Del Supremo Tribunal Judiciario

Artículo 1º.- Se compondrá el Supremo Tribunal Judiciario de cinco Ministros, de los cuales uno será Presidente, y el Fiscal lo será el del Crimen de la Cámara, que no puede tener impedimento legal en los recursos que allí se eleven.

Artículo 2º.- Los relatores y porteros de la Cámara, como sus escribanos, lo serán igualmente de este Tribunal.

Artículo 3º.- El nombramiento de los individuos que han de componer este Tribunal, corresponde al Director del Estado en su creación, y en vacantes ha de preceder propuesta en terna del cuerpo, en la que la colocación numeral no arguye preferencia.

Artículo 4º.- Deberá en los propuestos ser atendida la mayor idoneidad, mérito y antigüedad; sin que pueda obtener lugar quien no sea abogado recibido, y hubiere ejercido su oficio el término de seis años.

Artículo 6º.- El tratamiento de este cuerpo será el de Excelencia.

Artículo 7º.- Su duración será conforme a lo dispuesto en el artículo 13, capitulo I, título IV de esta Constitución. Las causas de sus miembros serán juzgadas por una comisión nombrada para el efecto por el Tribunal.

Artículo 8º.- La familia del que no fuere depuesto con causa, gozará del montepío establecido en esta clase de empleados.

Artículo 9º.- El ejercicio de este Tribunal será conocer en los recursos de segunda suplicación y otros extraordinarios, que se interpongan legalmente de las sentencias de la Cámara de Apelaciones y Tribunales de Hacienda, Alzadas de Minería y Consulado.

Artículo 10.- Queda abolido el reglamento hecho para estos recursos; y se observará, ínterin por el Congreso Nacional se forma un nuevo reglamento, lo dispuesto por las leyes que hasta esta época rigen, a excepción, que por el fácil adito de estos recursos, deberá en todos remitirse el proceso original sin precedente compulsa, y en ninguno ejecutarse las sentencias antes que sean confirmadas por este Supremo Tribunal.

Artículo 11.- Antes de su instalación, podrá suplirse su falta elevándose los recursos de los Tribunales de Alzadas de Minería y Consulado, a la Cámara de Apelaciones, y los de ésta al Supremo Director; y para su resolución serán jueces los asesores del Consulado y Minería, el letrado o letrados, que ocuparen los Ministerios del Supremo Gobierno, y los demás que eligiese éste hasta el número de cinco.

Artículo 12.- Las sentencias de este Supremo Tribunal irán suscritas en primer lugar por el Director, y ejecutadas sin recurso de gracia ni de justicia.

Artículo 13.- La comisión, antes de instalarse el Tribunal, concluído el acto del juzgamiento quedará disuelta; y la parte recurrente, en caso de no obtener, satisfará a cada uno de los jueces nombrados, que no fuere de los rentados, los derechos establecidos para los asesores, y por mitad entre ambos litigantes, cuando la sentencia alzada se varíe.

CAPITULO III

De la Cámara de Apelaciones

Artículo 1º.- La Cámara de Apelaciones tiene su jurisdicción en todo el distrito del Estado.

Artículo 2º.- Se compondrá de cuatro individuos, de los cuales el que la preside se nombrará Regente, y le corresponderán todas las funciones detalladas a este empleo en su respectivo reglamento.

Artículo 3º.- Entre los tres vocales restantes se distribuirán los demás juzgados, según lo dispuesto por las leyes que hasta ahora se han observado.

Artículo 4º.- Aunque al Regente corresponda la decisión de competencias entre justicias inferiores, si las autoridades superiores tuvieren alguna duda sobre sus respectivas facultades, se deslindará ésta por el Supremo Poder Judiciario con audiencia de su Fiscal.

Artículo 5º.- La Cámara tendrá dos Fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal, y éste desempeñará la fiscalía del Supremo Tribunal Judiciario, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.o, capítulo II, de este título.

Artículo 6º.- Habrá un Agente Fiscal, que lo sea en lo civil y criminal para las justicias ordinarias; sirviendo los Fiscales por sí mismos en el despacho de la Intendencia y Tribunales Superiores.

Artículo 7º.- El nombramiento de estos empleos vacantes, en lo sucesivo, corresponde al Director, y se hará a propuesta de la Cámara en los mismos términos y bajo las reglas establecidas en el artículo 4.o del capítulo precedente.

Artículo 8º.- La duración de estos empleos será la misma que en el Tribunal Judiciario, y de consiguiente el goce del montepío correspondiente a sus familias.

Artículo 9º.- El sueldo del Regente, vocales y agentes fiscales, será el que designe el Director Supremo.

Artículo 10.- Tendrá la Cámara dos Relatores, y su dotación será la que designe el Supremo Director, y no se exigirán derechos a los litigantes por las relaciones.

Artículo 11.- Cada Relator tendrá un escribiente dotado. Tendrán preferencia a este empleo los practicantes, y les servirá de abono y méritos para recibirse de abogados.

Artículo 12.- Habrá dos escribanos de Cámara en los mismos términos que hasta ahora, quienes no pagarán por estos oficios pensión alguna, ni exigirán a las partes otros derechos que los de su actuación por arancel y las tiras de lo que ante ellos se actuare.

Artículo 13.- Habrá un portero dotado, sin que exija derechos algunos a los litigantes, ni de los permitidos hasta lo presente.

Artículo 14.- Habrá seis procuradores de número, seis escribanos públicos, y otros tantos receptores; y los archivos se distribuirán entre aquéllos proporcionalmente, y se arreglarán los aranceles por el vocal menos antiguo de la Cámara, a quien del propio modo corresponde la visita anual de estos oficios, cuyo cumplimiento se encarga a los Tribunales de Justicia.

Artículo 15.- La Cámara conocerá, como hasta aquí, de todo juicio entre partes, aunque sea gubernativo, siempre que se haga contencioso, arreglándose en todo a lo dispuesto por el derecho común y leyes que actualmente rigen, ínterin se establece un nuevo Código.

Artículo 16.- Conocerá en los recursos de fuerza como lo hacen las Audiencias, y despachará los votos consultivos del Gobierno.

Artículo 17.- Queda abolido el juzgado de provincia, que turnaba entre los camaristas; y en los juicios civiles de menor cuantía no habrá apelación de las providencias.

Artículo 18.- En los pleitos de menor cantidad de un mil pesos, dos sentencias conformes de grado en grado, se ejecutarán sin recurso.

Artículo 19.- Las sentencias de jueces ordinarios inferiores, en causas criminales, que sean de muerte o aflictivas, no podrán ejecutarse sin aprobación de la Cámara.

Artículo 20.- Ningún ciudadano podrá ser preso sin precedente semiplena probanza de su delito, y antes de ocho días debe hacérsele saber la causa de su prisión, tomársele su confesión y ponerse comunicado si no es que lo embarace alguna justa causa; y en este caso debe ponerse en su noticia este motivo.

Artículo 21.- No deberá esta inmunidad tener lugar cuando haya algún peligro inminente de la Patria.

Artículo 22.- Ningún ciudadano ha de ser asegurado con prisiones, si no se recela su fuga.

Artículo 23.- Tampoco podrán embargársele más bienes que los precisos para responder por el delito, y si fuere de calidad, que exija alguna pena pecuniaria.

Artículo 24.- Se formarán como hasta aquí se ha observado las causas criminales; a excepción que no se recibirá juramento a los reos para sus confesiones y cargos, careos ni otras diligencias que tengan tendencia a indagar de ellos mismos sus delitos; y la pena infame aplicada a un delincuente, no será trascendental a su familia o descendencia.

Artículo 25.- Deberá establecerse un juzgado de paz, y en el ínterin lo será todo juez de primera instancia, que antes de darle curso, llamará a las partes y tratará de reducirlas a una transacción o compromiso extrajudicial; y poniéndose constancia de no haber tenido efecto esta diligencia, sólo correrá la demanda.

Artículo 26.- Todo decreto que se notifique a las partes, se suscribirá por ellas mismas, a excepción de los que se publicaren en los Tribunales Superiores.

ADVERTENCIA

Esta Constitución provisoria se sancionará por todos los Cabildos del Estado, las autoridades, corporaciones, jefes y cuerpos militares, y se jurará en la forma siguiente: Juro por Dios Nuestro Señor, y estos Santos Evangelios, que cumpliré y observaré fiel y legalmente en la parte que me toca, todo cuanto se contiene y ordena en esta Constitución provisoria. Si así lo hiciere, Dios me ayude, y si no, El y la Patria me hagan cargo.

Esto mismo se practicará en todas las ciudades y villas del Estado; para cuyo efecto se mandará imprimir y archivar en todos los Cabildos, oficinas y departamentos; y se remitirá a los pueblos y parroquias un número de ejemplares, para que llegue a noticia de todos.

Pero si el Supremo Director hallase otro medio por donde mejor pueda explicarse la voluntad general de los pueblos, para modificar, alterar o probar esta Constitución provisoria, podrá practicarlo así, conforme a los principios liberales que deben animarle.-

Santiago de Chile y 8 de agosto de 1818.- José Antonio Cienfuegos.-Francisco Antonio Pérez.-Lorenzo José de Villalón.-José María de Rozas.-José María Villarreal.

1818: Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile.

(*) Gaceta Ministerial de Chile Nº 57, de fecha 12 de septiembre de 1818, se publica Bando en que se anuncia suscripción de Proyecto Constitucional.

(**) Gaceta Ministerial de Chile Nº 63, de fecha 24 de octubre de 1818, se publica Nota informativa sobre la Jura de la Constitución.

LA CONVENCIÓN A LOS HABITANTES DE CHILE, AÑO 1822

Chile

Año 1822

(SANCIONADO EL 30 de octubre de 1822) (*)

Ciudadanos:

Veis aquí la ley fundamental de nuestra Patria, la Constitución que ha de regirnos, cuyas bases orgánicas hemos establecido en la forma que juzgamos más oportuna.

El Código que os presentamos contiene dos partes. La una abraza los principios fundamentales e invariables, proclamados desde el nacimiento de la revolución, tal es: la división e independencia de los poderes políticos, el sistema representativo, la elección del primer Magistrado, la responsabilidad de los funcionarios, las garantías individuales. La segunda comprende la parte reglamentaria, de que no pudimos prescindir por las variaciones que indujo el tiempo en los Reglamentos provisorios anteriores, y que en lo sucesivo se podrá mejorar.

En esta última parte es donde la Comisión de Legislación trabajó más, y donde la Convención ha pensado y meditado más seriamente. Tuvo a la vista los mejores modelos, principalmente los del país clásico de la libertad, los Estados Unidos, y juzgó que era de su deber modificarlos a las circunstancias actuales del país. Pesó con detención reflexiva este conjunto de circunstancias y halló que los planes más perfectos de legislación no podían transplantarse, sin inconveniente, a un país en que difieren tanto la población, la extensión, las opiniones, el clima, la cultura, las artes, las ciencias, el comercio, las habitudes y el carácter.

No aspiramos a una perfección abstracta; preciso es unir la práctica a la teoría: ni cerramos la puerta a las mejoras sucesivas, que traerán los progresos de la civilización, el comercio con los pueblos cultos, la difusión de obras luminosas y los adelantos futuros en los estudios de la política, y en la riqueza nacional.

El curso de estos manantiales de prosperidad y mejoramiento es lento, pero no demasiado tardío en un siglo en que marchan a su perfección las instituciones sociales, a la par de la razón humana.

Las disposiciones reglamentarias y orgánicas aseguran convenientemente los derechos civiles y populares con firmes garantías.

No echamos en olvido las garantías públicas en orden a afianzar por medios prudentes e indirectos la paz, la seguridad, la quietud interior.

¡Ciudadanos! La felicidad general se cifra en la observancia de las leyes, y éstas son vanas sin costumbres y espíritu público. Las mejoras en la educación doméstica y en la moral, fundada en la base sólida de la pura religión, preparan la perfección ulterior de las leyes y de las instituciones.

Santiago de Chile, octubre 23 de 1822.

Francisco Ruiz Tagle, Presidente. José Antonio Bustamante, Vicepresidente. Camilo Henríquez, Diputado Secretario. Dr. José Gabriel Palma, Secretario.

LA CONVENCIÓN PREPARATORIA

Congregada para organizar la Corte de Representantes y para consultar y resolver en las mejoras y providencias que propusiese el Gobierno:

Considerando que el fin de la sociedad es la felicidad común; que el gobierno se establece para garantir al hombre en el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles, la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad: ha formado y discutido la Constitución Política de Chile, poniendo a la vista de los hombres libres sus derechos, para que formen el justo concepto de su grandeza, y resistan toda opresión y tiranía: al magistrado sus deberes para que, llenándolos, merezca el aprecio y consideración de sus conciudadanos: al legislador sus augustas atribuciones para que, dictando leyes justas y útiles a la Nación, le bendigan las generaciones futuras.

En esta virtud, y consiguiente al voto de los pueblos, al objeto de su misión, y a las iniciativas del Poder Ejecutivo en la convocatoria y sus mensajes, la Convención decreta ante el Supremo Legislador del Universo la siguiente: Constitución Política del Estado de Chile.

Título I

De la Nación chilena y de los chilenos

Capítulo I

De la Nación chilena

Artículo 1.- La Nación Chilena es la unión de todos los chilenos: en ella reside esencialmente la soberanía, cuyo ejercicio delega conforme a esta Constitución.

Artículo 2.- La Nación Chilena es libre e independiente de la Monarquía española y de cualquiera otra potencia extranjera: pertenecerá sólo a sí misma, y jamás a ninguna persona ni familia.

Artículo 3.- El territorio de Chile conoce por límites naturales: al sur, el Cabo de Hornos; al norte, el despoblado de Atacama; al oriente, los Andes; al occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del Archipiélago de Chiloé, las de la Mocha, las de Juan Fernández, la de Santa María y demás adyacentes.

Capítulo II

De los chilenos

Artículo 4.- Son chilenos:

1. Los nacidos en el territorio de Chile;

2. Los hijos de chileno y de chilena, aunque hayan nacido fuera del Estado;

3. Los extranjeros casados con chilena, a los tres años de residencia en el país;

4. Los extranjeros casados con extranjera, a los cinco años de residencia en el país, si ejercen la agricultura o la industria, con un capital propio, que no baje de dos mil pesos; o el comercio, con tal que posean bienes raíces de su dominio, cuyo valor exceda de cuatro mil pesos.

Artículo 5.- El Poder Legislativo, a propuesta del Ejecutivo, puede dispensar las calidades del Artículo anterior en favor de los extranjeros que han hecho o hicieren servicios importantes al Estado.

Artículo 6.- Todos los chilenos son iguales ante la ley, sin distinción de rango ni privilegio.

Artículo 7.- Todos pueden ser llamados a los empleos con las condiciones de la ley.

Artículo 8.- Todos deben contribuir para los gastos del Estado en proporción de sus haberes.

Artículo 9.- Todo chileno debe llenar las obligaciones que tiene para con Dios y los hombres, siendo virtuoso, honrado, benéfico, buen padre de familia, buen hijo, buen amigo, buen soldado, obediente a la Constitución y a la ley, y funcionario fiel, desinteresado y celoso.

Título II

De la religión de Estado

Capítulo único

Artículo 10.- La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión de cualquiera otra. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad es uno de los primeros deberes de los jefes del Estado, como el de los habitantes del territorio su mayor respeto y veneración, cualquiera que sean sus opiniones privadas.

Artículo 11.- Toda violación del Artículo anterior será un delito contra las leyes fundamentales del país.

Título III

Del Gobierno y de los ciudadanos

Capítulo I

Del Gobierno

Artículo 12.- El Gobierno de Chile será siempre representativo, compuesto de tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Artículo 13.- El Poder Legislativo reside en un Congreso, el Ejecutivo en un Director, y el Judicial en los Tribunales de Justicia.

Capítulo II

De los ciudadanos

Artículo 14.- Son ciudadanos todos los que tienen las calidades contenidas en el Artículo 4º. con tal que sean mayores de veinticinco años o casados y que sepan leer y escribir; pero esta última calidad no tendrá lugar hasta el año de 1833.

Artículo 15.- Pierden la ciudadanía:

1. Los que adquieran naturaleza en país extranjero;

2. Los que admitan empleo de otro Gobierno;

3. Los que son condenados a pena aflictiva o infamante, si no obtienen rehabilitación;

4. Los que residiesen cinco años continuos fuera de Chile, sin licencia del Gobierno.

Artículo 16.- La ciudadanía se suspende:

1. En virtud de interdicción judicial, por incapacidad moral o física;

2. En el deudor quebrado;

3. En el deudor a los caudales públicos;

4. En el sirviente doméstico asalariado;

5. En el que no tiene modo de vivir conocido;

6. En el que se halla procesado criminalmente.

Título IV

Del Congreso

Capítulo I

De su formación

Artículo 17.- El Congreso se compone de dos Cámaras, la del Senado, y la de los Diputados: se reunirá cada dos años el 18 de septiembre, teniéndose por primera época la de la actual legislatura de 1822.

Artículo 18.- La Cámara del Senado se formará:

1. De los individuos de la Corte de Representantes elegidos por la Cámara de los Diputados en la forma que se dirá, y de los ex-Directores;

2. De los Ministros de Estado,

3. De los Obispos con jurisdicción dentro del territorio, y en su defecto, del Dignidad que presida el Cabildo Eclesiástico;

4. De un Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, nombrado por el mismo Tribunal;

5. De tres jefes del Ejército, de la clase de brigadier inclusive arriba, nombrados por el Poder Ejecutivo;

6. Del Delegado Directoral del departamento en que abra sus sesiones el Congreso;

7. De un Doctor de cada Universidad nombrado por su claustro;

8. De dos comerciantes y de dos hacendados, cuyo capital no baje de treinta mil pesos, nombrados por la Cámara de Diputados.

Artículo 19.- La Cámara del Senado abrirá y cerrará sus sesiones en el mismo día que la de los Diputados.

Artículo 20.- Cada una de las Cámaras tendrá el tratamiento de Excelencia Suprema.

Artículo 21.- Cada una de ellas arreglará su policía y gobierno interior.

Artículo 22.- La Cámara de los Diputados se formará del modo siguiente:

En la fiesta cívica del 5 de abril se expedirá una convocatoria, pidiéndose por los Cabildos a los inspectores, alcaldes de barrio y jueces de distrito, listas de los ciudadanos elegibles para electores, prefijándoles el perentorio término de quince días para que las remitan.

Artículo 23.- El 1º de mayo se fijarán copias de estas listas por el término de quince días en los ángulos de la plaza mayor de cada departamento, excluyéndose de ellas al Delegado Directoral durante su mando.

Artículo 24.- Dentro de este término se oirán los reclamos de los que hayan sido omitidos, y sobre los inscriptos indebidamente, decidiéndose en el acto por los mismos Cabildos, sin apelación a otro Tribunal.

Artículo 25.- El 15 de mayo se procederá por los Cabildos y vecinos, que quisieren concurrir, a un sorteo de un elector por cada mil almas.

Artículo 26.- En los departamentos, donde no haya Cabildo, el Delegado Directoral, el párroco y el procurador general nombrarán seis vecinos de los principales, que uniéndose con ellos, hagan las funciones del Cabildo.

Artículo 27.- En las subsecuentes elecciones harán las veces del Cabildo, si no lo hubiere, los electores anteriores: y si estuviesen reducidos a menor número de siete, elegirán ellos mismos los que llenen el de nueve.

Artículo 28.- Verificado el sorteo y publicada la elección, se avisará a los electos concurran a la ciudad cabecera del departamento para el día 1º de junio, en que indefectiblemente debe procederse a la elección de Diputados, por los electores que concurrieron.

Artículo 29.- En el mismo día 1º de junio, reunidos los electores en las casas de Cabildo, sacarán a la suerte de entre sí mismos un presidente de la junta electoral, y acto continuo procederá ésta a elegir por votos secretos los Diputados que correspondan al departamento, e igual número de suplentes.

Artículo 30.- La base de la elección para el número de Diputados y sus suplentes, será uno por cada quince mil almas.

Artículo 31.- En los departamentos donde sólo llegue al número de siete mil, se elegirá un Diputado y su suplente; pero si bajase de este número, se reunirá al más inmediato, y se verificará la elección en éste por la base antedicha.

Artículo 32.- Si en algún departamento sobrare un número de almas, que no llegue a quince mil, pero que pase de siete mil, elegirá un Diputado más.

Artículo 33.- Si alguno fuese elegido en dos o más departamentos, representará por el primero que acepte, y por los demás entrarán los suplentes.

Artículo 34.- Se tendrá por electo para Diputado el que obtenga la pluralidad absoluta de sufragios, y en igualdad de votos, decidirá la suerte.

Artículo 35.- Podrá recaer la elección en uno de los mismos electores, si reúne las dos terceras partes de sufragios.

Artículo 36.- Concluida la elección, se avisará inmediatamente a los Diputados electos, para que concurran a la capital del Estado, y se abran las sesiones en la fiesta cívica del 18 de septiembre.

Capítulo II

De las calidades de los electores

Artículo 37.- Podrán ser electores:

1. Todos los ciudadanos, que no hayan perdido la ciudadanía, o no tengan suspenso su ejercicio;

2. Los militares que tengan bienes raíces, y no manden tropa de línea.

Artículo 38.- Hasta pasados doce años no podrán ser electores, ni puestos en la lista de elegibles, los que cometieron soborno después del sorteo; y si concluido éste, se justificare el delito, se reemplazará el elector por otro sorteo hecho en la forma que queda prevenida: lo mismo se practicará, si la suerte hubiere recaído en los exceptuados por el Artículo anterior.

Capítulo III

De las calidades de los Diputados

Artículo 39.- Para ser Diputado se requiere:

1. Tener las calidades que deben concurrir en los electores;

2. Tener en el departamento que lo elige, alguna propiedad raíz, cuyo valor no baje de dos mil pesos, o ser oriundo del departamento;

3. Saber leer y escribir;

4. No podrán ser Diputados los militares que tengan a su mando tropa de línea, ni los Delegados Directorales podrán ser elegidos por el departamento en que gobiernen.

Artículo 40.- Electo el Diputado, a pluralidad de votos, y extendiéndose una acta del nombramiento, se otorgarán los poderes inmediatamente por los electores en la forma siguiente: ‘‘En la ciudad o villa de ..., ..., a... días... del mes de..., del año de..., estando congregados en la sala de Cabildo los señores electores de este departamento, (aquí los nombres de los electores) dijeron ante mí el infrascrito escribano y testigos: que, después de haber procedido en la forma prescrita en la Constitución al sorteo de electores, para nombrar Diputados de este departamento, habían tenido a bien elegir por sus representantes a don N. y don N., etc., según aparece de la acta firmada en este día, y en su consecuencia les otorgan cuantos poderes sean necesarios para que, en unión de los demás representantes de la Nación, acuerden y determinen cuanto estimen necesario al bien común de ella, aprobando y ratificando desde ahora cuanto hagan a nombre del departamento por quien representan, y obligando a sus vecinos al cumplimiento, sin que por falta de poder dejen de hacer cuanto entiende útil, sin salir de los límites del Poder Legislativo expresados en la Constitución. Así lo otorgaron y firmaron en el citado día, mes y año de que doy fe.’’

Artículo 41.- Las actas y poderes se examinarán por la Corte de Representantes dos meses antes del dieciocho de septiembre; y estando conformes, le pondrán visto bueno, firmándose por todos y el Secretario. Si fueren reprobados por falta de las calidades dispuestas en la Constitución, darán inmediatamente aviso a los departamentos, expresando el vicio, para que se haga nueva elección.

Artículo 42.- Los Diputados, el día en que se abra el Congreso, jurarán ante la Corte de Representantes, el Director Supremo y el Supremo Tribunal de Justicia en la forma siguiente: ‘‘¿Juráis por Dios y por vuestro honor proceder fielmente en el desempeño de vuestras augustas funciones, dictando las leyes que mejor convengan al bien de la Nación, a la libertad política y civil, a la seguridad individual, y de propiedades de sus individuos, y a los demás fines para que os habéis congregado, explicados en nuestra Constitución? -Sí, juro. -Sí así lo hiciereis, Dios os alumbre y defienda; y si no, responderéis a Dios y a la Nación’’.

Artículo 43.- Hecho el juramento, se procederá inmediatamente por la Cámara de Diputados a la elección de un Presidente, Vicepresidente y Secretarios, y acto continuo nombrará la misma Cámara los dos comerciantes y dos hacendados para la Cámara del Senado, conforme al Artículo 18.

Artículo 44.- Las sesiones durarán sólo tres meses; pero podrán prorrogarse un mes más, si el Poder Ejecutivo lo pide, o las dos terceras partes del Congreso.

Artículo 45.- En ningún caso, ni por autoridad alguna se reconvendrá a los Diputados por sus opiniones: no podrán demandarse por deudas, mientras duren las sesiones, y si dieren mérito para alguna causa criminal, serán jueces cinco abogados sorteados de veinte, que nombrará la misma Cámara de los Diputados; pudiendo recusarse cinco sin causa, y con ella los demás. Conocerá de la recusación la misma Cámara en el término de ocho días perentorios.

Artículo 46.- En el tiempo de las sesiones y dos meses después de concluidas, no podrán los Diputados pretender para sí, ni para otro, ni admitir del Poder Ejecutivo comisión lucrativa o empleo, que no sea de inmediata escala.

Capítulo IV

De las facultades del Congreso

Artículo 47.- Corresponde al Congreso:

1. Dictar todas las leyes convenientes al bien del Estado;

2. Fijar las contribuciones directas e indirectas, y aprobar su repartimiento;

3. Declarar la guerra, a propuesta del Poder Ejecutivo;

4. Procurar la paz y aprobar sus tratados;

5. Ratificar los tratados de alianza, comercio y neutralidad, que proponga el Ejecutivo;

6. Cuidar de la civilización de los indios del territorio;

7. Disponer que se manden agentes diplomáticos, u otros Ministros a potencias extranjeras;

8. Establecer la fuerza que necesite la nación en mar y tierra;

9. Dar las ordenanzas para el Ejército, Milicia y Armada;

10. Levantar nuevas tropas;

11. Mandarlas fuera del Estado;

12. Recibir tropas extranjeras, o permitirles tránsito;

13. Crear nuevas autoridades o empleos, y suprimir los establecidos;

14. Examinar la inversión de los gastos públicos;

15. Reglar el comercio, las aduanas y aranceles;

16. Decretar la adquisición o enajenación de bienes nacionales;

17. Hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos;

18. Aprobar los reglamentos para la administración en todos ramos;

19. Dar el plan general de educación pública;

20. Determinar el valor, espesor, tipo y peso de las monedas;

21. Fijar los pesos y medidas;

22. Recibir empréstitos en casos muy urgentes;

23. Proteger la libertad de la imprenta;

24. Procurar se generalice la ilustración;

25. Hacer todos los establecimientos, que conduzcan al bien de la Nación;

26. Proteger el fomento de la agricultura, de la industria, del comercio y de la minería;

27. Amparar la libertad civil y de las propiedades;

28. Demarcar el territorio del Estado, los límites de los departamentos, situar las poblaciones y titularlas;

29. Conceder, en casos muy útiles a la Nación, privilegios exclusivos por tiempo determinado;

30. Señalar pensiones, gratificaciones y sueldos, a propuesta del Ejecutivo;

31. Nombrar el Director del Estado en los casos de nueva elección, y poder reelegirlo una sola vez;

32. Interpretar, adicionar, derogar, proponer y decretar las leyes en caso necesario.

Capítulo V

Modo de formar las Leyes, sancionarse y promulgarse

Artículo 48.- Las leyes pueden tener principio en la Cámara del Senado, o en la de Diputados.

Artículo 49.- Se exceptúan del Artículo anterior las que se dirijan a imponer contribuciones, cuya iniciativa es peculiar a la Cámara de Diputados, quedando sólo a la del Senado la facultad de admitirlas, repulsarlas o modificarlas.

Artículo 50.- Todo proyecto de ley se discutirá en tres distintas sesiones, antes de su deliberación.

Artículo 51.- Podrá discutirse y aprobarse en una sola sesión, si las dos terceras partes de los votos así lo acordasen previamente.

Artículo 52.- La Cámara que dio origen a la ley que se halle en el caso del Artículo anterior, deberá pasar con ella los fundamentos que tuvo para discutir y deliberar en una sola sesión; y si la Cámara, que reciba el proyecto de ley, no aprueba las causales, devolverá el proyecto para que se discuta en otras dos sesiones.

Artículo 53.- Aprobado el proyecto en la Cámara donde haya tenido principio, se pasará a la otra, para que discutido en ella del mismo modo que en la primera, lo reforme, apruebe o deseche.

Artículo 54.- Todo proyecto de ley desechado por una de las Cámaras, quedará a la siguiente legislatura.

Artículo 55.- El proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras pasará al Director del Estado, para que lo suscriba y publique.

Artículo 56.- Si el Director tuviere reparos que objeccionar, los expondrá dentro de quince días, devolviendo el proyecto a la Cámara de su origen, donde, discutido de nuevo en tres distintas sesiones, si resultase aprobado por mayoría absoluta de votos, se pasará a la otra Cámara, y si en ésta fuere también aprobado por pluralidad absoluta, tendrá fuerza de ley y será publicada por el Poder Ejecutivo.

Artículo 57.- Si dentro de quince días no devuelve el Poder Ejecutivo el proyecto de ley, se tendrá por suscrito y debe publicarse.

Artículo 58.- El Poder Ejecutivo podrá promover en cualquiera de las Cámaras la iniciativa de una ley; pero no presentará extendido el proyecto de ella.

Artículo 59.- La Cámara, donde la ley aprobada tuvo origen, la pasará al Poder Ejecutivo en la forma siguiente: ‘‘El Senado y la Cámara de Diputados del Estado de Chile, reunidos en Congreso, han decretado: (Aquí la ley)’’ y concluirá: ‘‘Pásese al Director del Estado para su cumplimiento’’.

Artículo 60.- El Poder Ejecutivo la publicará con esta fórmula: ‘‘El Director Supremo del Estado de Chile, etc.: Hago saber: que todos deben obedecer y cumplir el decreto siguiente: (Aquí la ley)’’ y concluirá: ‘‘Publíquese, imprímase y circúlese’’.

Capítulo VI

De la corte de Representantes

Artículo 61.- Habrá un cuerpo permanente con el nombre de Corte de Representantes.

Artículo 62.- Se compondrá de siete individuos electos por la Cámara de Diputados en votación secreta, y de los ex-Directores, que serán miembros vitalicios.

Artículo 63.- Cuatro, al menos, de los siete deberán elegirse de entre los mismos Diputados. Se hará la primera elección por la actual legislatura.

Artículo 64.- Los miembros de esta Corte deben tener las mismas calidades que exige la Constitución para ser Diputado.

Artículo 65.- Se renovará la Corte cuando se nombre nuevo Director, y si éste se reelige, podrá también ser reelecta.

Artículo 66.- Al abrir sus sesiones la Cámara de Diputados, tomará la Corte permanente el carácter de Senado, reuniéndosele los vocales que designa el Artículo 18.

Artículo 67.- Concluidas las sesiones de la Cámara del Senado, sólo quedará la Corte de Representantes investida de las atribuciones siguientes:

1. Cuidar del cumplimiento de la Constitución y de las leyes;

2. Convocar el Congreso en casos extraordinarios;

3. Recibir las actas y poderes de los Diputados, aprobarlos o reprobarlos, conforme al Artículo 39;

4. Ejercer provisoriamente y conforme a la Constitución, todo lo que corresponde al Poder Legislativo; pero sin que sus determinaciones tengan fuerza de ley permanente, hasta la aprobación del Congreso.

Artículo 68.- Cualquiera proyecto de ley provisoria puede iniciarse por la Corte de Representantes o por el poder Ejecutivo; y en uno y otro caso, aprobado el proyecto en la Corte de Representantes por cinco al menos, de sus miembros, y conformándose el Poder Ejecutivo, se publicará corno ley provisoria en la forma siguiente: ‘‘El Director Supremo del Estado, de acuerdo con la Suprema Corte de Representantes, decreto: (Aquí la ley)’’ y concluirá: ‘‘Publíquese, imprímase, circúlese y llévese al Congreso’’.

Artículo 69.- En el caso de estar disconformes el Ejecutivo y la Corte, repulsado por tres veces el proyecto, se archivará donde tuvo su origen.

Artículo 70.- Podrán removerse sus individuos por delito probado en juicio legal.

Artículo 71.- La formación de este juicio seguirá el orden prevenido para los Diputados.

Artículo 72.- En las causas civiles serán demandados ante los Tribunales establecidos por la ley.

Artículo 73.- En el caso de remoción, muerte, renuncia o de ausencia fuera del Estado de algunos de los siete electos, nombrará el Director Supremo, de acuerdo con la Corte, el que haya de reemplazarle hasta la reunión de la Cámara de Diputados.

Artículo 74.- En los casos de renuncia, o de pedir venia para salir fuera del Estado, se reunirá el Director con los demás vocales de la Corte, y otorgarán o no a pluralidad absoluta de sufragios.

Artículo 75.- Los electos para la Corte de Representantes, durante su cargo, retendrán sus anteriores empleos y no podrán obtener otros si no son de rigurosa escala; pero si el empleo es incompatible a juicio de la misma Corte, se nombrará para él un suplente.

Artículo 76.- El ex-Director más antiguo hará de Presidente, y no habiéndolo, el que eligiere la Corte de entre sus individuos.

Artículo 77.- En el plan general de sueldos, designará la ley los que deba gozar la Corte de Representantes, el Secretario y oficiales.

Artículo 78.- Será privativo de la Corte nombrar un Secretario, y a éste proponerle los oficiales necesarios para el despacho.

Artículo 79.- Tendrá tratamiento de Excelencia Suprema en cuerpo, y de Señoría sus individuos.

Título V

Del Poder Ejecutivo

Capítulo I

De su elección y duración

Artículo 80.- El Poder Ejecutivo se servirá por un solo individuo, que se denominará Director Supremo, con la renta anual que le señale la ley en el plan general de sueldos. Tendrá el tratamiento de Excelencia Suprema, y honores de capitán general de Ejército.

Artículo 81.- El Director Supremo será siempre electivo, y jamás hereditario: durará seis años, y podrá ser reelegido una sola vez por cuatro años más.

Artículo 82.- Para ser Director Supremo se requiere:

1. Haber nacido en Chile;

2. Haber residido en el territorio del Estado cinco años inmediatos a la elección, a no ser que hubiese estado fuera con carácter público en servicio del Gobierno;

3. Ser mayor de veinticinco años y de notoria virtud;

4. La elección y reelección se hará por el Congreso en sesión permanente, reuniéndose ambas Cámaras en la sala del Senado al siguiente día de su instalación. Hará de Presidente en esta sesión el que lo sea de la Cámara del Senado, y de Vice-Presidente el de la Cámara de Diputados.

Artículo 83.- Se procederá a la elección por votos secretos, y resultará electo el que obtenga los sufragios de las dos terceras partes de los Diputados y Senadores existentes y no licenciados, pudiendo recaer la elección en uno de ellos.

Artículo 84.- Se tendrá por primera elección la que ha hecho del actual Director la presente legislatura de 1822.

Artículo 85.- Hecha nueva elección, el ex-Director pasará a la Corte de Representantes de individuo nato, con una tercera parte del sueldo que gozaba como Director, si no lo tuviese mayor o igual por otro empleo.

Artículo 86.- Para los casos de muerte, si el Congreso no estuviese reunido, se observará lo siguiente. -Habrá una caja de tres llaves de distintas guardas, depositada en una pieza contigua a la Sala Directoral. En los aniversarios cívicos del 12 de febrero, 5 de abril y 18 de septiembre el Director llevará un pliego escrito y firmado de su letra y nombre, y sellado con el sello de la Nación, y a presencia de todas las autoridades, lo guardará en dicha caja, haciendo presente, que contiene el nombramiento de la Regencia que haya de sucederle hasta la reunión del Congreso, si fallece. Serán tres los nombrados que la compongan, si no hay guerra interior; en cuyo caso será Director interino el primero de los tres nombrados. Una de las llaves guardará el Supremo Director, otra el Presidente de la Corte de Representantes, y otra el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. El Director, cuando se sienta en peligro de muerte, avisará secretamente a su Ministro de Gobierno el lugar en que guarda la llave. Si llega el caso de fallecer, el Ministro de Gobierno citará inmediatamente a todas las autoridades, corporaciones, jefes militares y vecinos principales, y a las veinticuatro horas, llevando la llave del Director que acabó, abrirá en consorcio de los otros dos claveros la caja, y a presencia de todos, se sacará el pliego, se abrirá y leerá, y acto continuo se recibirán los nombrados, prestando juramento ante la Corte de Representantes.

Artículo 87.- En las horas que medien para este recibimiento, mandarán los Ministros de Estado en sus respectivos Departamentos.

Artículo 88.- Podrá en sana salud el Director mudar el pliego, citando a todas las autoridades y jefes militares; pero nunca podrá omitirlo en los aniversarios antedichos: y siempre que mude el pliego dará a las llamas el que se hallaba guardado, a presencia de todos los asistentes.

Artículo 89.- La Regencia o el Director interino, sólo durará hasta que se elija el propietario por el Congreso, si estuviese reunido o próximo a instalarse; pero si faltaren para la reunión más de seis meses, la Corte de Representantes convocará indefectiblemente los Diputados a Congreso extraordinario para hacer la elección; y verificada, se retirarán los Diputados.

Capítulo II

Facultades y límites del Poder Ejecutivo

Artículo 90.- Pertenece al Director el mando supremo, y la organización y dirección de los Ejércitos, Armada y Milicias; pero no podrá mandarlos en persona, sin el consentimiento del Poder Legislativo.

Artículo 91.- Dispondrá de toda la fuerza dentro del Estado, y consultará con el Poder Legislativo para mandar algunas fuera de él.

Artículo 92.- Nombrará por sí solo los generales en jefe de los Ejércitos.

Artículo 93.- Dará todos los empleos subalternos, a propuesta de los respectivos jefes, y en la forma que previenen las leyes.

Artículo 94.- Dará los de brigadier arriba, de acuerdo con el Poder Legislativo.

Artículo 95.- Por medio de ministros y agentes diplomáticos, etc., podrá entablar y seguir con potencias extranjeras, negociaciones, tener sesiones, hacer estipulaciones preliminares sobre tratados de treguas, paz, alianza, comercio, neutralidad y otras convenciones; pero para su aprobación deberá pasarlas al Legislativo, como se previene en la Atribución 5ª, Artículo 47, Capítulo IV, Título IV.

Artículo 96.- Nombrará por sí solo los empleados de nueva creación, y los suplentes e interinos, que no se exceptuaren en esta Constitución.

Artículo 97.- Presentará para los obispados de la Nación dignidades, beneficios eclesiásticos de patronato, a consulta del Senado, si estuviera reunido, o de la Corte de Representantes.

Artículo 98.- Concederá el pase, y retendrá los decretos conciliares y bulas pontificias, obrando de acuerdo con el Poder Legislativo, si fueren disposiciones generales o de asuntos gubernativos; y si de negocios de justicia o contenciosos, los pasará en consulta al Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo 99.- Él solo librará contra la caja nacional, y no se ejecutará sentencia alguna contra el Fisco, sin su ‘‘cúmplase’’.

Artículo 100.- Para proceder con arreglo en los antedichos libramientos, cada Ministerio, en lo sucesivo, arreglará sus gastos por un presupuesto anual, consiguiente a la suma líquida de las rentas y contribuciones y a las necesidades ciertas de la Nación.

Artículo 101.- Cuidará de que por ningún motivo se confundan los gastos de un Ministerio con los de otro. Todo cuanto tenga relación con el presupuesto de un Ministerio, se entenderá que le pertenece, no abonándose partida que deje de estar incluida en los presupuestos.

Artículo 102.- Con aprobación del Poder Legislativo dará los reglamentos que estime necesarios para la ejecución de las leyes.

Artículo 103.- Todas las provisiones de los Tribunales de Justicia se despacharán a nombre del Supremo Director.

Artículo 104.- Cuando se haya acordado por el Poder Legislativo la necesidad de mandar algún Enviado a países extranjeros, el Director elegirá las personas.

Artículo 105.- Nombrará los Secretarios de Estado y del Despacho y podrá separarlos a su arbitrio.

Artículo 106.- Cuidará de todo lo que conduzca a la conservación del orden público y seguridad del Estado.

Artículo 107.- Nombrará todos los años jueces visitadores de los departamentos, que observen el estado de los pueblos, oigan sus quejas e informen de las mejoras que puedan hacerse; autorizándoles para proveer de pronto remedio, en los casos y con las formalidades que la ley prescriba.

Artículo 108.- Podrá el Director suspender las ejecuciones capitales, y conmutar penas, si mediare algún grave motivo, obrando de acuerdo con el Supremo Tribunal de Justicia; pero no concederá indultos generales sin aprobación del Poder Legislativo.

Artículo 109.- Observará la más rigorosa economía de los fondos públicos, no aumentando gastos, sino en casos muy precisos, y con aprobación del Poder Legislativo.

Artículo 110.- Por ningún Ministerio dará ascensos civiles ni militares, cuando haya agregados, supernumerarios o sobrantes de las mismas clases, para que todas las escalas se pongan en el orden debido.

Artículo 111.- No creará nuevos empleos, juntas ni comisiones gravosas a la Hacienda, sin aprobación del Poder Legislativo.

Artículo 112.- No hará contrata de interés al Fisco, sin oír primero a las oficinas o juntas respectivas.

Artículo 113.- No podrá abrir empréstitos ni exigir nuevas contribuciones directas ni indirectas bajo de ningún pretexto, sin que se aprueben y fijen por el Poder Legislativo.

Artículo 114.- No puede por sí conceder privilegios exclusivos.

Artículo 115.- A nadie le privará de sus posesiones y propiedades; y cuando algún caso raro de utilidad o necesidad común lo exija, será indemnizado el valor, a justa tasación de hombres buenos.

Artículo 116.- La utilidad y necesidad común serán calificadas por los dos Supremos Poderes, Legislativo y Ejecutivo, y por el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 117.- A ninguno privará de su libertad ni le castigará con pena alguna por sí: el Ministro que firmase orden para esto y la autoridad que la ejecute, serán responsables a la Nación como de un grave atentado contra la seguridad individual.

Artículo 118.- Por ningún caso impedirá la reunión del Congreso en los tiempos señalados ni pondrá trabas a sus discusiones que deberán ser enteramente libres: si alguno le influyere lo contrario, será tenido por reo de alta traición a la Patria, sin que su delito prescriba en tiempo alguno.

Artículo 119.- No podrá salir fuera del departamento de la capital por más de quince días sin permiso del Congreso o de la Corte de Representantes, si éste no estuviere reunido; y cuando salga por mayor tiempo, obtenido el permiso, nombrará uno o más Delegados Supremos, y se publicará el nombramiento.

Artículo 120.- Necesita del mismo permiso para casarse, ser padrino y visitar con carácter público.

Artículo 121.- En un peligro inminente del Estado, que pida providencias muy prontas, el Poder Legislativo podrá concederle facultades extraordinarias por el tiempo que dure la necesidad, sin que por ningún motivo haya la menor prórroga.

Artículo 122.- Antes de tomar posesión de su destino, jurará en la Sala del Senado ante el Congreso, en la forma siguiente: Yo N., nombrado Para Director Supremo del Estado de Chile, juro por Dios, por los Santos Evangelios y por mi honor, que guardaré y haré guardar la Constitución y leyes del Estado: que procuraré la mayor felicidad de la Nación: que defenderé su libertad política, y la igualdad, la libertad, seguridad y propiedad de sus individuos: y que quiero desde ahora sea nulo y jamás obedecida cuanto hiciere en contrario. Dios me ayude si lo cumplo, y si no me lo demande.

Artículo 123.- La persona del Director es inviolable.

Capítulo III

De los Ministros de Estado

Artículo 124.- Habrá tres Ministros Secretarios de Estado para el despacho de los negocios, de Gobierno y Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Guerra y Marina.

Artículo 125.- Entenderán en todos los negocios peculiares a su despacho con aquella fidelidad, integridad, desinterés y prudencia que exige el bien de la Nación y el honor del Gobierno.

Artículo 126.- Sus atribuciones se fijarán por un reglamento separado, que presentará el Poder Ejecutivo al Legislativo para su aprobación.

Artículo 127.- El Director podrá reunir en un solo individuo dos Ministerios por tiempo determinado; pero para reunirlos todos en uno, o para subdividir los negocios en más de tres Ministros, deberá esperar el consentimiento del Congreso.

Artículo 128.- Los Ministros son responsables de todas las providencias, órdenes y decretos que suscriben; pero se exceptúan de la responsabilidad en aquellos casos en que obren conformes con el dictamen de otras autoridades, juntas u oficinas a quienes deban pedirlo: así es que sólo responderán cuando, separándose del informe, procedan arbitrariamente.

Artículo 129.- Los que dieren el parecer responderán en los casos exceptuados.

Artículo 130.- Prescribe la responsabilidad de los Ministros de legislatura en legislatura.

Artículo 131.- Para hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, puesta la acusación, declarará la Cámara de Diputados, si hay o no lugar a la formación de causa; y declarado por la afirmativa, quedará suspenso el Ministro hasta su conclusión, y se pasarán los antecedentes a la Cámara del Senado, que debe conocer y sentenciar según su conciencia, ejerciendo un poder racional y de discreción.

Artículo 132.- Los Ministros firmarán las órdenes del Director en sus respectivos Departamentos, sin que de otro modo sean obedecidas, a no ser que se indique en el decreto el motivo por qué no firma el Ministro a quien correspondía.

Artículo 133.- Cuando se resistiese a firmar el Ministro del despacho, podrá el Director consultarse con el de otro; y si éste se conviene en firmar, será la orden obedecida, y responsable el Ministro que la firma.

Artículo 134.- Si llegare el caso del Artículo anterior, deberá indicarse en el decreto la excusa del Ministro a quien correspondía firmar; y si hubiere de comunicarse por oficio, irá éste rubricado al margen por el Director.

Artículo 135.- A los Ministros en sus respectivos despachos, se dirigirán todas las comunicaciones y oficios, entendiéndose sólo directamente con el Director, las Cámaras del Congreso, la Corte de Representantes y el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 136.- Los Ministros propondrán al Director los oficiales de su despacho: pedirán también su remoción cuando lo estimen conveniente; pero si no fuere por delito probado en juicio legal, reasumirán los empleos que servían antes de ser llamados a los Ministerios, o se les dará otros equivalentes.

Artículo 137.- En cada uno de los Ministerios habrá un oficial mayor subsecretario con ejercicio de decretos.

Artículo 138.- Todo decreto de sustanciación se firmará solamente por el Ministro y el subsecretario respectivo; pero los decretos de pago, las resoluciones definitivas y cualquiera otras que lleven la calidad de tales, se firmarán por el Director.

Artículo 139.- El subsecretario podrá firmar por el Ministro en ausencias de éste, enfermedades u otro impedimento, expresando el motivo en la antefirma.

Artículo 140.- Los Ministros no son recusables; pero el Poder Ejecutivo podrá, en casos de notoria implicancia, hacer que se abstengan, y despachar con otro Ministro o con el subsecretario respectivo.

Artículo 141.- Los Ministros tendrán el tratamiento de Excelencia.

Título VI

Del Gobierno Interior de los Pueblos

Capítulo I

De los jueces mayores

Artículo 142.- Quedan abolidas las Intendencias, y el territorio se dividirá en Departamentos, y éstos en distritos.

Artículo 143.- Todo departamento tendrá un juez mayor con el nombre de Delegado Directoral, que mande en lo político y militar dentro de las demarcaciones que hoy tienen los partidos, u otras que señale el Congreso.

Artículo 144.- Los Delegados Directorales se nombrarán por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Legislativo. Se regirán por los reglamentos que se publiquen después, obrando por ahora conforme a la ordenanza de intendentes en lo adaptable.

Artículo 145.- En la capital habrá el mismo Delegado con igual jurisdicción dentro de los límites del departamento.

Artículo 146.- El de la capital tendrá el tratamiento de Señoría Ilustre, y los de fuera el de Señoría.

Artículo 147.- El Gobierno por sus respectivos Ministerios, y los Tribunales directamente, se entenderán con dichos magistrados.

Artículo 148.- Se tratará de rentarlos conforme las circunstancias lo permitan, acordando el Poder Ejecutivo con el Legislativo las asignaciones correspondientes.

Artículo 149.- Se les proveerá en igual forma de asesores rentados para cada departamento, o en oportunas localidades para dos o más.

Artículo 150.- Los Delegados Directorales y los asesores, antes de tomar posesión de sus empleos, darán fianza de residencia.

Artículo 151.- Durarán los Delegados asesores el término de tres años, y podrán reelegirse por otro igual, dando antes residencia conforme a las leyes.

Artículo 152.- Desde el día de la publicación de esta Constitución, hará el Director el nombramiento de todos los Delegados, pudiendo continuar a los que estime convenientes, dando fianzas, y mudar a otros aunque hayan servido un corto tiempo.

Artículo 153.- A estos Delegados corresponde privativamente el nombramiento de jueces de distrito, celadores, inspectores y alcaldes de barrio, dentro de los términos de su jurisdicción.

Artículo 154.- En cada capital de departamento habrá también un teniente de la Tesorería General, propuesto por ésta al Poder Ejecutivo que debe confirmarlo; y será de su cargo recaudar y responder de los intereses fiscales.

Capítulo II

De los cabildos

Artículo 155.- Subsistirán los Cabildos en la forma que hoy tienen, hasta que el Congreso determine su número y atribuciones.

Artículo 156.- Serán presididos por los Delegados Directorales, y, en su defecto por los alcaldes de primera elección.

Artículo 157.- Ninguno de sus individuos podrá ser arrestado o preso, sino por orden expresa del Supremo Director, quien sólo la podrá librar en materias de Estado, y en las de justicia la Cámara de Apelaciones; pero si la naturaleza de la causa exigiese un pronto remedio, se les arrestará por la autoridad competente en lugar decente y seguro, se avisará inmediatamente al Director.

Título VII

Del Poder Judicial

Capítulo I

De los Tribunales de Justicia

Artículo 158.- El Poder judicial reside en los Tribunales de Justicia. A ellos toca exclusivamente la potestad de aplicar las leyes, con total independencia del Legislativo y Ejecutivo, si no es en los casos exceptuados en esta Constitución: no ejercerán otras funciones que las de juzgar conforme a las leyes vigentes y hacer que se ejecute lo juzgado.

Artículo 159.- Para ser magistrado o juez, es necesario tener las mismas calidades que para ser Diputado en el Congreso: las de literatura, virtud y méritos, se determinarán por las leyes.

Artículo 160.- Habrá un Tribunal Supremo de Justicia, y de él dependerán la Cámara de Apelaciones, los Tribunales y empleados de justicia.

Artículo 161.- Se compondrá de cinco Ministros, de los cuales uno será Presidente, cuyo nombramiento ya está hecho en primera creación por el Supremo Poder Ejecutivo.

Artículo 162.- En las vacantes sucesivas se consultará en terna por el Supremo Tribunal, para que el Ejecutivo elija de acuerdo con el Legislativo,

Artículo 163.- Se entenderá con el Fiscal de lo civil.

Artículo 164.- Tendrá a su servicio un Relator Secretario, un oficial que subrogue a éste, un escribano y un portero dotados del tesoro público.

Artículo 165.- Su tratamiento en cuerpo es el de Excelencia Suprema, y Señoría el de sus miembros.

Artículo 166.- Sus atribuciones son:

1. Conocer en las causas de segunda suplicación y de injusticia notoria;

2. De las de nulidad de las sentencias dadas en última instancia, al solo efecto de reponer y devolver;

3. Conocer en los casos y circunstancias, que permite el derecho de gentes, en los negocios de embajadores, cónsules, agentes y demás ministros diplomáticos;

4. En las causas civiles y criminales de separación y suspensión de los funcionarios superiores no exceptuados en esta Constitución;

5. En las de residencia a los que deban darla;

6. En las de patronato;

7. En los recursos de fuerza y protección;

8. En dirimir las competencias entre los Tribunales superiores y entre los inferiores;

9. En oír las dudas sobre la inteligencia de la ley, para consultarlas al Supremo Poder Legislativo;

10. Proponer al mismo Poder las mejoras que crea útiles en la legislación;

11. Consultar y proponer al Ejecutivo todos los empleos de justicia que vacaren;

12. Nombrar letrados que diriman las discordias de la Cámara;

13. Presidir por turno las visitas de cárcel de cada semana;

14. Exigir y examinar mensualmente las listas de las causas civiles y criminales que pasarán la Cámara y juzgados, para activar el despacho;

15. Responder a las consultas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Artículo 167.- Las sentencias de muerte, de expatriación o destierro por más de un año, no podrán ejecutarse en todo el territorio de la Nación, sea cual fuere el Tribunal o juzgado que las pronuncie, sin la aprobación de este Supremo Tribunal, quien verá los autos en el término de tres días prorrogables hasta seis, y juzgará por sólo su mérito.

Artículo 168.- Podrán recusarse con causa los Ministros de este Tribunal, conociendo de la recusación el Senado, si estuviese reunido, o la Corte de Representantes, en el perentorio término de ocho días; y depositándose la multa de doscientos pesos aplicables al fondo público, si se declara no haber lugar a la recusación.

Artículo 169.- En los casos de implicancia, los que no la tengan, nombrarán abogados que llenen el Tribunal, prefiriendo a los Ministros no impedidos de la Cámara de Apelaciones.

Artículo 170.- La pena pecuniaria aplicada a favor de los jueces en los recursos en que se confirman sus sentencias, será toda del fondo público.

Artículo 171.- Quedan enteramente abolidos los recursos de gracia y de justicia, acabándose todos los juicios con la sentencia de este Tribunal.

Artículo 172.- Ningún empleado en él tendrá por las actuaciones otros emolumentos, a más del sueldo que se les señale.

Artículo 173.- Las causas de los Ministros de este Supremo Tribunal serán juzgadas en la misma forma que las de los individuos de la Cámara de Diputados.

Capítulo II

De la Cámara de apelaciones

Artículo 174.- Habrá una Cámara de Apelaciones con jurisdicción en todo el Estado, compuesta de cinco Ministros, de los cuales uno será Regente. Tendrá en cuerpo el tratamiento de Excelencia, y sus individuos el de Señoría.

Artículo 175.- Habrá también dos fiscales, uno de lo civil y criminal y otro de hacienda, iguales en tratamiento y sueldo a los camaristas.

Artículo 176.- Las atribuciones de la Cámara son conocer en las alzadas de las causas de los juzgados inferiores y de los negocios gubernativos, siempre que se hagan contenciosos.

Artículo 177.- La Junta Superior contenciosa de Hacienda residirá también en la Cámara de Apelaciones, y ésta podrá oír a la Gubernativa y Económica de Hacienda en los casos que sea necesario, para informarse mejor del hecho, prefiriendo en el despacho los asuntos de esta naturaleza, y asistiendo el Fiscal de Hacienda, que alegará en público, sin mezclarse en los acuerdos.

Artículo 178.- Habrá un agente fiscal, que despache con los Tribunales inferiores.

Artículo 179.- Tendrá la Cámara dos relatores y dos escribanos, cuyos destinos se proveerán por la misma Cámara, dotados del Tesoro Público y sin más emolumentos que sus sueldos.

Artículo 180.- En los pleitos que no pasen de quinientos pesos, la sentencia de vista será ejecutoriada. En los que sólo lleguen a mil, dos sentencias conformes de grado en grado harán ejecutoria. En estos dos casos se admitirá la súplica, si se presentan nuevos documentos con juramento de no haberlos tenido o sabido antes.

Artículo 181.- En las apelaciones de los departamentos de fuera de la capital, sólo se dejará testimonio de las sentencias, y cuando alguna de las partes lo pida de todo el proceso, ella sola lo pagará.

Artículo 182.- Los dos Ministros menos antiguos serán jueces del crimen.

Artículo 183.- Estos Ministros visitarán por turno cada seis meses los oficios de los escribanos, y darán parte a la Cámara de los defectos que adviertan. Si son de gravedad, los suspenderán, y la Cámara los separará del todo, y aplicará las penas a que hubiere lugar, si no se vindican.

Artículo 184.- La Cámara cuidará de que los jueces de los departamentos de fuera de la capital visiten semanalmente las cárceles, mandando razón mensual de las visitas, y pasándolas al Supremo Tribunal de justicia, con informe sobre los defectos y omisiones que observe.

Artículo 185.- El Ministro semanero asistirá todos los sábados a las visitas de cárcel con uno de sus escribanos, para dar cuenta de las causas del Tribunal.

Artículo 186.- Podrán ser recusados con causa, y, si no se aprobare el motivo, pagará el recusante la multa de cien pesos aplicados al fondo público.

Artículo 187.- Conocerá de la recusación el Supremo Tribunal de justicia, y determinará en el término de ocho días.

Artículo 188.- Recibirá a los abogados, escribanos, receptores y procuradores en la forma acostumbrada.

Artículo 189.- Las leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios, y arreglarán la forma de sus juicios y sus alzadas.

Capítulo III

De los Jueces de paz

Artículo 190.- Habrá en la capital un Tribunal de Concordia, el que, por ahora, se compondrá de uno de los Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, uno de la Cámara y un prebendado, que se nombrarán cada año por el Poder Ejecutivo, y pueden reelegirse.

Artículo 191.- Será su instituto conciliar y componer a los litigantes, y, no pudiéndolo conseguir, procurarán se comprometan en hombres buenos: nunca decidirán definitivamente, y suscribirán con las partes el resultado de la conferencia.

Artículo 192.- El escribano del Supremo Tribunal de justicia llevará un libro en que se asienten los convenios o negativas.

Artículo 193.- No habrá recurso ni apelación del convenio.

Artículo 194.- Ninguno se presentará en juicio sin acompañar un certificado de la comparecencia y de no haberse avenido.

Artículo 195.- Se exceptúan las acciones fiscales, las criminales graves, las de menores, las de ausentes, las de retracto, y cuando se tema la fuga de un deudor.

Artículo 196.- Los jueces no se implican por haber conocido en la avenencia, aun cuando no se verifique.

Artículo 197.- En los departamentos fuera de la capital, el Poder Ejecutivo, por ahora, nombrará tres individuos que ejerzan este cargo de legislatura en legislatura, y en lo sucesivo serán nombrados por los electores de Diputados en cada departamento.

Capítulo IV

De la Administración de Justicia y de las garantías individuales

Artículo 198.- Ningún funcionario público, temporal o perpetuo, si no es en los casos exceptuados por la Constitución o la ley, podrá ser depuesto sin causa legalmente probada y sentenciada por su juez competente.

Artículo 199.- Todos serán juzgados en causas civiles y criminales por sus jueces naturales, y nunca por comisiones particulares.

Artículo 200.- Siendo Chile un Estado independiente, ninguna causa criminal, civil ni eclesiástica de los chilenos, se juzgará por otras autoridades de distinto territorio.

Artículo 201.- Todo juez puede ser recusado según las leyes, y también acusado por cualesquiera del pueblo, en los casos de soborno, cohecho y prevaricación.

Artículo 202.- A nadie se pondrá preso por delito que no merezca pena corporal o de destierro, y sin que preceda mandamiento de prisión por escrito, que se notificará en el acto de ella.

Artículo 203.- Todos deben obedecer estos mandamientos, y se hacen culpables por su resistencia.

Artículo 204.- Los jueces sólo podrán detener en arresto veinticuatro horas al que les faltare al respeto.

Artículo 205.- Todo acto ejercido contra un hombre fuera del caso, y sin las formalidades que la ley prescribe, es arbitrario y tiránico.

Artículo 206.- Cuando el delincuente no sea sorprendido infraganti, debe preceder a su prisión la sumaria; si es infraganti, debe estar hecha a los dos días.

Artículo 207.- En cualquier estado de la causa, en que se advierta que el delito no merece penas corporal o de destierro, se pondrá libre al preso.

Artículo 208.- A todo preso antes de cuarenta y ocho horas de su prisión, se le hará saber el motivo de ella.

Artículo 209.- El alcaide llevará un libro en que asiente el día, hora y motivo de la prisión y el nombre del juez que la decretó.

Artículo 210.- Cuando las circunstancias del delito pidan el allanamiento de alguna casa, el juez lo hará por sí mismo.

Artículo 211.- Los jueces son responsables de la dilación de los términos prevenidos por las leyes.

Artículo 212.- A ningún reo se le recibirá juramento para dar su confesión, y en ésta no se hará cargo que no resulte del sumario, evitando siempre preguntas capciosas.

Artículo 213.- Siempre que los reos o sus procuradores y parientes quieran presenciar las declaraciones y ratificaciones, podrán hacerlo, repreguntando y replicando a los testigos.

Artículo 214.- Ninguna pena será transcendental al que no tuvo parte en el delito.

Artículo 215.- A ninguno se pondrá grillos sin orden del juez, por escrito, quien sólo podrá darla cuando se tema fuga.

Artículo 216.- Queda abolida la pena de confiscación de bienes.

Artículo 217.- Nunca se decretará embargo, si no es en los casos que piden restitución, multa o pago; pero ofreciéndose fianza abonada de juzgado y sentenciado, se suspenderá el embargo, que en ningún caso podrá exceder de la cantidad necesaria al cubierto de la deuda o pena.

Artículo 218.- Las penas serán siempre evidentemente necesarias, proporcionadas al delito y útiles a la sociedad: en lo posible correccionales y preventivas de los crímenes.

Artículo 219.- Toda sentencia civil y criminal deberá ser motivada.

Artículo 220.- Como el hombre antes de los veinticinco años no tenga un libre uso perfecto de sus derechos, y mucho menos en las materias que necesitan de más premeditación y deliberación, se prohíben enteramente en ambos sexos todos los votos solemnes antes de esta edad. Serán severamente castigados los que les inciten a ellos; y mucho más los que se los admitan.

Artículo 221.- Todo ciudadano tiene la libre disposición de sus bienes, rentas, trabajo e industria; así es, que no se podrán poner impuestos sino en los casos muy urgentes, para salvar con la Patria las vidas y el resto de la fortuna de cada uno.

Artículo 222.- La industria no conocerá trabas, y se irán aboliendo los impuestos sobre sus productos.

Artículo 223.- Sobre la libre manifestación de los pensamientos no se darán leyes por ahora; pero queden prohibidas la calumnia, las injurias y las excitaciones a los crímenes.

Artículo 224.- Es sagrada la inviolabilidad de las cartas, y la libertad de las conversaciones privadas.

Artículo 225.- Es libre la circulación de impresos en cualquiera idioma; pero no podrán introducirse obras obscenas, inmorales e incendiarias.

Artículo 226.- Siempre que alguno sea reconvenido por impresos que contengan una o más proposiciones de las prohibidas en el Artículo 223, se le citará y prevendrá, que en el término perentorio de doce horas nombre veinte literatos para que juzguen de la causa. De éstos se sacarán siete a la suerte, y serán los jueces.

Artículo 227.- Se le permite al acusado exponer libremente sus proposiciones y llevar a la presencia de los jueces todos los patronos que crea convenientes para su defensa.

Artículo 228.- Cualquiera que sea la sentencia, si contiene alguna pena, no se ejecutará sin la aprobación del Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo 229.- En ningún caso, ni por circunstancias sean cuales fueren, se establecerán en Chile las instituciones inquisitoriales.

Título VII (1)

Capítulo único

De la educación pública

Artículo 230.- La educación pública será uniforme en todas las escuelas, y se le dará toda la extensión posible en los ramos del saber, según lo permitan las circunstancias.

Artículo 231.- Se procurará poner escuelas públicas de primeras letras en todas las poblaciones: en las que, a más de enseñarse a la juventud los principios de la religión, leer, escribir y contar, se les instruya en los deberes del hombre en sociedad.

Artículo 232.- A este fin, el Director Supremo cuidará de que en todos los conventos de religiosos dentro y fuera de la capital, se fijen escuelas bajo el plan general de educación que dará el Congreso.

Artículo 233.- La misma disposición del Artículo anterior se observará en los monasterios de monjas para con las jóvenes que quieran concurrir a educarse en las escuelas públicas, que deben establecer.

Artículo 234.- Se procurará conservar y adelantar el Instituto Nacional, cuidando el Supremo Director de sus progresos y del mejor orden, por cuantos medios estime convenientes.

Título VIII

De la fuerza militar

Capítulo I

De la tropa de línea

Artículo 235.- Los Poderes Legislativo y Ejecutivo acordarán el número de tropas que se necesite para la defensa del Estado.

Artículo 236.- Determinarán también cuál deba ser la fuerza permanente en las fronteras y según lo exijan las circunstancias, ampliarán o restringirán el mando, término y tiempo de sus generales.

Artículo 237.- Determinarán la disciplina, escuelas militares, el orden en los ascensos y los sueldos.

Artículo 238.- Establecerán también del mismo modo las fuerzas marítimas.

Capítulo II

De las milicias

Artículo 239.- Todos los departamentos tendrán Milicias nacionales, compuestas de sus habitantes, en la forma que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Legislativo, prevenga su formación.

Artículo 240.- En los casos urgentes podrá disponerse de las Milicias, contribuyéndoseles con los sueldos de reglamento.

Artículo 241.- Nunca podrán mandarse fuera del Estado, si no es en un caso de gravedad, con aprobación del Congreso.

Artículo 242.- El Poder Ejecutivo dispondrá el modo más cómodo de disciplinar las Milicias, gravando a sus individuos cuanto menos sea posible, a fin de no distraerles de sus atenciones particulares.

Título IX

De la observancia de la Constitución y su publicación

Capítulo único

Artículo 243.- Todo chileno tiene derecho a pedir la observancia de la Constitución, y a que se castigue al infractor de ella, sea cual fuere su clase o investidura.

Artículo 244.- Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los Tribunales y demás autoridades mirarán este delito como uno de los de mayor gravedad.

Artículo 245.- El infractor perderá todos los derechos de ciudadano por diez años, sin perjuicio de las demás penas que señale la ley.

Artículo 246.- Las leyes fundamentales de esta Constitución no podrán variarse sin expresa orden de los pueblos, manifestada solemnemente a sus representantes.

Artículo 247.- Todo empleado político, eclesiástico y militar, al recibirse de su empleo, y los ya recibidos, jurarán su observancia y desempeñar fielmente su encargo.

Artículo 248.- El Poder Ejecutivo determinará el modo solemne con que debe prestarse por ahora este juramento en los departamentos, y cómo haya de publicarse, dando también las providencias necesarias para que circule por toda la Nación.

Dada en la sala de sesiones de la Convención, firmada por los Diputados presentes, sellada con el sello mayor del Estado, y refrendada por nuestros Secretarios en Santiago de Chile, a veintitrés días del mes de octubre de mil ochocientos veintidós años de la era vulgar, el décimo tercio de nuestra libertad, y el quinto de la independencia nacional.

Francisco Ruiz Tagle, Presidente. José Antonio Bustamante, Vicepresidente. Santiago Fernández. Felipe Francisco Acuña. Juan Manuel Arriagada y Bravo. Juan Antonio González. Domingo Urrutia. Agustín de Aldea. Francisco de Borja Valdés. José Nicolás de la Cerda. Juan Fermín Vidaurre. Francisco Antonio Valdivieso y Vargas. Manuel de Mata. Doctor Casimiro Albano. José Santiago Montt. José Miguel Yrarrázaval. Francisco Olmos. Doctor Pedro José Peña y Lillo. Juan de Dios de Urrutia. Pedro Ramón de Arriagada. Manuel José de Silva. Fray Celedonio Gallinato. Diego Donoso. José Antonio Rosales. Francisco Vargas. José Antonio Vera. Camilo Henríquez, Diputado Secretario. Doctor José Gabriel Palma, Secretario.

Palacio Directoral en Santiago de Chile, octubre 30 de 1822. Cúmplase, publíquese, imprímase y circúlese.

Bernardo O’Higgins. Joaquín de Echeverría, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores y de Marina. José Antonio Rodríguez, Ministro de Hacienda y de Guerra.

(*) Se publica en Gaceta Ministerial de Chile Nº 62 de fecha 4 de Noviembre de 1822, que concluyeron las sesiones de la Convención Preparatoria que redactó la Constitución y que se publicó por impresos.

(1) Tanto el original de la Convención como el texto promulgado, inciden en el error de numerar como VII este Título, y como VIII y IX los que siguen (N. del E.).

REGLAMENTO ORGANICO PROVISIONAL, AÑO 1823

Chile

Año 1823

ACORDADO EL 29 DE ENERO DE 1823(*)

La Comisión nombrada por los Diputados a quienes encomendó el pueblo la elección del Gobierno en que se consignase la autoridad abdicada por el Excmo. señor don Bernardo O’Higgins, procediendo al desempeño del urgente encargo de un Reglamento orgánico, lo acuerda por medio de los artículos siguientes:

Artículo 1º. El Gobierno se titulará Junta Gubernativa interina, cuyo tratamiento en cuerpo es el de Excelencia y de Señoría a sus individuos.

Artículo 2º. El orden de presidencia de la Junta será el de la mayoridad de los sufragios que en su elección tuvieron los individuos de ella, a saber: 1º, el señor don Agustín Eyzaguirre; 2º, el señor don José Miguel Infante; 3º, el señor don Fernando Errázuriz.

Artículo 3º. La duración de la Junta será por solo el término necesario para acordar con los representantes que remitan las provincias y en la forma que ellas determinen, la instalación del Gobierno General provisorio que debe convocar al Congreso y sólo durar hasta que éste se instale.

Artículo 4º. Si algunas ocurrencias imprevistas demorasen la instalación del Gobierno General provisorio hasta seis meses, cumplido este plazo cesará de hecho la presente Junta Gubernativa.

Artículo 5º. Entonces consignará la autoridad en los representantes de las provincias, si estuviesen reunidos, y si no lo estuviesen, en los procuradores generales de los Cabildos que se habrán llamado oportunamente a este objeto.

Artículo 6º. La Junta tiene todas las facultades necesarias para conservar el orden interior y la seguridad exterior.

Artículo 7º. A este propósito (que es el principal cargo del Gobierno) tiene la Junta el mando y disposición de las fuerzas y tesoros del Estado, y la facultad de imponer contribuciones, de la cual usará con acuerdo del Consejo de que se hablará en el artículo 17.

Artículo 8º. La Junta no podrá conocer de asunto alguno contencioso, civil ni criminal, de cualquier género que sea.

Artículo 9º. Si un inminente peligro de la seguridad pública le obligase a decretar el arresto de alguna persona, la pondrá al instante a disposición de las justicias respectivas con el parte necesario para la formación de su causa, quedando en el archivo secreto de la Junta la delación suscrita por el denunciante, cuyo nombre se reservará religiosamente, a menos y hasta que deba responder por las resultas del juicio.

Artículo 10. Son inviolables los papeles y correspondencia del ciudadano.

Artículo 11. Se hace efectiva la libertad de imprenta bajo el reglamento del año de 1813, que se reimprimirá en la Gaceta Ministerial, en lo adaptable al presente orden.

Artículo 12. La Junta Gubernativa y sus Ministros quedan sujetos a la residencia, que le tomará el Tribunal que nombrase el Congreso Nacional.

Artículo 13. Cuando por enfermedad u otro impedimento faltase alguno de los individuos de la Junta, bastarán los que estén hábiles para deliberar, expresándose el motivo de la inasistencia del que falta.

Artículo 14. Toda la correspondencia oficial girará por los Ministerios respectivos, cuyas órdenes serán obedecidas, rubricándose al margen por el Presidente, que llevará también la substanciación en los expedientes.

Artículo 15. Se llevará un libro en que se asienten los pareceres de los individuos que disientan.

Artículo 16. Si sucediere que los tres de la Junta discorden en algún negocio, se resolverá aquello a que adhiriese el Ministro a cuyo Departamento pertenezca; y si aún éste difiere, se decidirá por la pluralidad del Consejo.

Artículo 17. Para el mejor acierto de la Junta Gubernativa en los negocios generales y de arduidad, se establece un Consejo compuesto de los 13 ciudadanos que ella elija, y cuya duración será la misma de la Junta.

Artículo 18. Los individuos del Consejo no tendrán tratamiento ni sueldo, y sólo se reunirán cuando el Gobierno les llame para consultar.

Artículo 19. Para deliberar el Consejo, estarán reunidas a lo menos sus dos terceras partes y se decidirá a pluralidad de sufragios.

Artículo 20. La Junta Gubernativa consultará con el Consejo los negocios que se han indicado en otros artículos, el aumento o disminución de tropas y toda providencia relativa a la guerra de independencia.

Artículo 21. Se declaran en vigor todas las leyes existentes hasta la extinción del Senado; y si ocurriere la modificación de alguna, se hará con acuerdo del Consejo.

Artículo 22. La renta de cada uno de los individuos de la Junta será la que estaba asignada a los Ministros de Estado.

Artículo 23. La Junta despachará inmediatamente Diputados a las provincias del sur y norte del Estado, que, instruidos suficientemente, las impongan de la situación actual de las cosas con los documentos conducentes al logro de los objetos de este Reglamento, de que llevarán copias.

El patriotismo y probidad de los individuos de la Junta Gubernativa es la garantía en que más fía esta Comisión, y la que, a presencia también de las circunstancias, la hace abstenerse de entrar en un Reglamento más detallado.

Santiago, 29 de enero de 1823.- Juan Egaña.- Bernardo Vera.- Joaquín Campino.

REGLAMENTO ORGANICO Y ACTA DE UNION DEL PUEBLO DE CHILE, AÑO 1823

ACORDADO POR LOS PLENIPOTENCIARIOS DE LA REPUBLICA El 30 DE MARZO DE 1823(*)

En el nombre de Dios Todopoderoso

DISPOSICIONES GENERALES

La Nación Chilena reunida en Asambleas Provinciales y representada legalmente por el Congreso de sus Plenipotenciarios en la capital de Santiago, a fin de perfeccionar su pacto social, organizando algunas instituciones fundamentales y reglamentarias, establece lo siguiente:

Artículo 1º. El Estado de Chile es uno e indivisible, dirigido por un solo Gobierno y una sola legislación.

Del Gobierno

Artículo 2º. El Gobierno o Poder Ejecutivo se encarga a un solo Jefe Supremo del Estado.

Artículo 3º. Habrá un Senado Legislador y Conservador compuesto de representantes que nombren las Intendencias.

Artículo 4º. Las atribuciones del Poder Ejecutivo hasta la nueva Constitución que forme el Congreso serán las mismas de la Constitución provisoria del año de 1818, en todo lo que no contradigan estas instituciones.

Artículo 5º. El Jefe del Estado es inviolable en todo el tiempo que debe ejercer sus funciones. Los Ministros son responsables, y pueden ser acusados o denunciados en cualquiera época.

Artículo 6º. Ninguna orden del Poder Ejecutivo podrá cumplirse si no corre autorizada del Ministro de Estado del respectivo Departamento, y el que la cumpliere es responsable.

Del Senado

Artículo 7º. Las atribuciones provisorias del Senado serán las mismas de la Constitución de 1818, debiendo a más observar como conservador y protector las disposiciones siguientes.

Artículo 8º. Cuidará de la conducta ministerial de todos los funcionarios del Estado, siendo personalmente e in solidum responsable a indemnizar los perjuicios que sufran el Estado o sus individuos por los abusos de dichos funcionarios, si siendo éstos notorios o reclamados, no toman los medios de su corrección.

Artículo 9º. Se entienden por notorios o reclamados dichos abusos:

1º. Si se acusa o denuncia públicamente al funcionario.

2º. Si la denuncia es secreta, pero detallando hechos.

3º. Si son sindicados por medio de la imprenta.

4º. Si por informe de la mayor parte de los funcionarios, que residen en el lugar o provincia del indicado, se justifica que se habló con generalidad de sus abusos. Estos informes asertivos jamás serán menos de cuatro.

Artículo 10. La notoriedad o reclamación sólo sirven de auxilio al Senado, quien por su institución está obligado a cuidar de las transgresiones y abusos por todos medios y atenciones.

Artículo 11. En cualquiera de los casos expuestos debe pasar inmediatamente el Senado a los jueces respectivos una instrucción de los hechos o sospechas, para que proceda a una pesquisa secreta; y resultando de ella el abuso o fuertes indicios, pronunciará su veto o suspensión del funcionario, para que, siendo legalmente acusado por los ministros públicos, se purgue o condene.

Artículo 12. Los fiscales, o cualquier ministro a quien corresponda o se encargue la acusación de un funcionario quedan responsables a las mismas penas del Senado, si dentro de tercero día no ponen la acusación, o la verifican de un modo débil y de connivencia. Pierden, además, su ministerio, y el decreto de deposición se publicará impreso en todos los papeles que corran en un mes de aquella fecha.

Artículo 13. Ningún habitante de Chile podrá ser expatriado, ejecutado de muerte, mutilado o condenado a más de un año de prisión sin que se pase un boletín al Senado en que conste que ha sido juzgado en tribunales establecidos por la ley y anteriores al delito.

Artículo 14. El Senado queda con la misma responsabilidad del artículo 6º, si estando instruido de que algún habitante ha sufrido o va a sufrir alguna de las penas prevenidas en el anterior artículo, sin ser legalmente juzgado, no practica todas las gestiones y reclamaciones protectoras de su ministerio, haciéndolas manifiestas al público. Se supone suficientemente instruido por cualquiera de los medios que previene el artículo 7º u otros análogos.

Artículo 15. Todo ministro o soldado que se halle en la custodia inmediata del reo, es obligado, con pena de dos años de presidio, a presentar al Senado (luego que salga de facción) la reclamación del reo, sea verbal o por escrito. Y en caso de incomunicación, debe llamar a su jefe, para que éste lo verifique bajo de la misma pena. Ni la falta de licencia u orden contraria de los jefes militares o civiles excusarán de esta pena al que no cumpliese con el aviso del Senado. Y los que pretendiesen impedirlo, sufrirán la misma pena.

Artículo 16. Bajo de estos principios y los generales de las leyes, abrirá el Gobierno que se instale una residencia general a todos los funcionarios ante la magistratura que designe el Senado.

Artículo 17. Interin se establece el Senado en la forma que, previene este Reglamento, servirán de Senadores suplentes para entrar en posesión luego que se instale el Gobierno, dos o tres personas que nombren cada una de las plenipotencias de Coquimbo y Concepción, y dos o tres que nombrará la Asamblea de Santiago, respecto de hallarse reunida y presente; de suerte que por todos sean seis o nueve Senadores.

Artículo 18. Tendrá el Senado sus tenientes o censores en cada departamento.

De la potestad judiciaria

Artículo 19. El Poder Judiciario será absolutamente independiente del Ejecutivo, y éste, en ningún caso y por ningún hecho, podrá juzgar a ningún habitante de Chile, ni tenerle en prisión más de veinticuatro horas sin dar aviso a la magistratura judicial que corresponda, poniéndolo a su disposición.

Artículo 20. A ningún reo, aunque se halle en absoluta y estrictísima incomunicación, se le impedirá que escriba directamente al Senado, debiendo éste guardar secreto inviolable si lo exige el caso. La reclamación al Senado sólo puede hacerse por violencia o extorsiones ilegales padecidas en la prisión, o por ser condenado sin noticia de esta magistratura en las penas del artículo 13.

Artículo 21. Los jueces en lo civil y criminal serán propuestos por el Supremo Tribunal de Justicia o quien le represente, y aceptado por el Senado, quien podrá repeler la propuesta y exigir otra. Después de la aceptación recibirán sus títulos del Poder Ejecutivo, en cuyo nombre administrarán la justicia.

Artículo 22. Toda persona presa, a las cuarenta y ocho horas debe saber la causa de su prisión, y de los días que corriesen en adelante, será indemnizado por el juez de su causa, con dos pesos diarios cuando menos.

Artículo 23. Ninguna clase de fuero priva al reo de estas prerrogativas, ni de la protección y conservación del Senado en todos los casos de los artículos anteriores.

División política del Estado

Artículo 24. Chile en su estado actual se dividirá inmediatamente en seis departamentos, que cada uno comprenda la extensión que haya de mar a cordillera, limitándose de norte a sur en esta forma:

Primer departamento: desde el despoblado de Atacama, hasta el río de Choapa.

Segundo y tercer departamentos: desde Choapa hasta las riberas de Lontué.

Cuarto y quinto departamentos: desde Lontué hasta el Biobío, y sus fortalezas al sur y adyacencias.

Sexto departamento: de todas las poblaciones que posee o adquiera el Estado desde el Biobío hasta sus límites en el sur.

El Poder Ejecutivo de acuerdo con el Senado procederán inmediatamente a formar los deslindes topográficos de cada uno de estos departamentos.

Artículo 25. Si cumplidos sesenta días de la fecha de esta acta no están verificadas las demarcaciones de los departamentos, queda responsable el Senado de esta omisión.

Artículo 26. Mandará en cada departamento un jefe político con el título de Intendente, y con la jurisdicción que les ha correspondido hasta aquí.

Artículo 27. Los departamentos se dividirán en delegaciones, que comprenderán cada una el territorio que hoy se conoce con el nombre de partido. Estas delegaciones se subdividirán en distritos que hoy se dicen diputaciones.

Los Intendentes y delegados serán propuestos al Gobierno en ternas en la forma siguiente:

Cada tres años celebrarán las delegaciones asambleas electorales, nombrándose cinco electores por cada delegación.

Todos los electores se reunirán en la cabecera del departamento, donde procederán a elegir o continuar su Senador representante, para el Senado que residirá en Santiago.

Elegirán igualmente la terna de Intendentes, que han de proponer al Gobierno, para que éste elija y nombre uno de los tres.

Los delegados los propondrá el Intendente con acuerdo de los cinco electores de la delegación respectiva. Y los subdelegados o jefes de distrito los nombrará el delegado y confirmará el Intendente.

Artículo 28. En el Congreso se establecerán las calidades de los vocales de la asamblea electoral y de los electores: por ahora bastará que los vocales tengan las mismas que se designasen para los que deben votar por sus representantes al Congreso, y los electores las señalen en las convocatorias para estos representantes.

Artículo 29. Al siguiente día de recibir esta acta, las asambleas actuales nombrarán un Intendente para todo su distrito actual, y se disolverán. El Intendente mandará en todos los partidos de aquella Intendencia hasta la demarcación y nombramiento de electores de los departamentos.

Del Congreso General

Artículo 30. Desde el momento en que se nombre el Gobierno provisorio hasta treinta días perentorios, se formarán y despacharán por el mismo Gobierno las convocatorias para el Congreso General de la Nación.

Artículo 31. Desde el día que se despachen las convocatorias hasta dos meses perentorios, se verificarán las elecciones de representantes al Congreso en cada delegación.

Artículo 32. Cumplidos cuarenta días después de los dos meses, quedará instalado el Congreso, verificándose esta instalación en la capital de Santiago, designando el mismo Congreso el lugar de sus sesiones.

Artículo 33. No concurriendo accidentes, que físicamente impidan el verificativo de la convocación, elecciones e instalación, en los términos perentorios que aquí se señalan, se entiende que legalmente y de hecho pueden proceder los pueblos a dichas elecciones e instalación, por las bases establecidas en la presente acta.

Artículo 34. Por cada quince mil habitantes se elegirá un representante al Congreso, y en los partidos cuya fracción pase de nueve mil, elegirán un representante más.

En su consecuencia:

Valdivia y Osorno nombrarán un representante. Todo el distrito que hoy comprende la actual Intendencia de Concepción hasta Maule, nombrarán representantes por la base de población de doscientas cincuenta mil almas. Maule por la de veintiocho mil. Curicó por la de treinta y un mil. Colchagua por la de setenta mil. Rancagua por treinta y dos mil. Santiago y el distrito de San José por ciento catorce mil. Melipilla por trece mil. Valparaíso un representante. Quillota por veinticinco mil. Aconcagua por veintiséis mil. Casablanca un representante. Petorca un representante. La Ligua un representante. Andes por la base de doce mil. Toda la intendencia de Coquimbo por noventa mil.

Artículo 35. Las demás calidades y circunstancias para las elecciones se arreglarán en lo sustancial a las convocatorias del año de 1813, aceptadas por los pueblos, y por las cuales nombraron sus Diputados.

Artículo 36. Sin embargo, de la base anterior, por la que se hará precisamente la próxima convocatoria, a fin de que en lo sucesivo haya un conocimiento más exacto y seguro de la población, se verificará un nuevo recenso.

Artículo 37. Se encarga al Congreso:

1º. La elección en propiedad del Jefe Supremo del Estado, que verificará precisamente a los ocho días de su instalación.

2º. La del Senado, si por algún accidente, que no se espera, no estuviese verificada por los departamentos. En este caso se reunirán en sesiones separadas los representantes por cada departamento de los que se han demarcado en esta acta, y elegirán el Senador respectivo. Si aún no estuviesen hechas las demarcaciones de los departamentos en que se dividen las actuales provincias de Concepción y Santiago, el Congreso procederá a deslindarlas, y la elección de Senadores se verificará respectivamente por los representantes de cada departamento deslindado.

3º. Formará la Constitución permanente del Estado, organizando en ella la deferencia que en todo Estado bien reglado debe tener lo militar a lo civil.

4º. Dará los reglamentos de administración de justicia, hacienda, el modo de hacer efectiva la responsabilidad y residencia de todos los funcionarios y cuanto más halle por conveniente.

Artículo 38. El empréstito de cinco millones, tomado a nombre de Chile en Londres, será sagrado e inviolable hasta que disponga de él el Congreso; pero si una gravísima urgencia exigiese que se eche mano de alguna parte de este caudal, para el único y exclusivo caso de auxiliar al Perú, sólo podrá verificarlo el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y bajo la precisa y segura garantía de que el Perú quede responsable a la porción que se invirtiese en este objeto.

Artículo 39. Se encarga al Poder Ejecutivo los más prontos y copiosos socorros que puedan ministrarse al Perú; a cuyo efecto, desde el día de su instalación, nombrará una comisión que prepare lo conveniente y una persona bajo cuya superintendencia se agite y realice con la mayor celeridad dicha expedición, procediendo en el nombramiento de jefes y demás, conforme a la Constitución de 1818, que regirá hasta la que forme el Congreso, en cuanto no se oponga a esta acta.

Artículo 40. Siendo la presente transacción las bases de la estrecha unión de las provincias y la expresión de su voluntad uniforme, resultante de la experiencia, de los males que ha sufrido el Estado con los abusos que trata de moderar; se encarga al futuro Congreso que, sin que se entienda limitar sus absolutas facultades, tenga siempre en consideración estos males, para que sus disposiciones consoliden y mejoren las presentes instituciones, pero no destruyan sus fundamentos, que en el día se han creído como la principal garantía de la unión y tranquilidad pública, de la libertad civil y de la seguridad individual.

Artículo 41. Todas las dudas que ocurriesen sobre la presente acta se esclarecerán por el Senado, ciñéndose a la letra y espíritu.

Es fecha en la sala de sesiones del Congreso de Plenipotenciarios de las Asambleas Provinciales del Estado de Chile, en la capital de Santiago, a treinta de marzo de mil ochocientos veintitrés.

Al suscribir esta acta quiso el señor plenipotenciario de Coquimbo hacer presente, que aunque no reconocía en sus poderes la amplitud que contiene los de Santiago y Concepción; y por lo mismo ha pedido a su Asamblea que nombre otros dos colegas con bastantes facultades para transar cualesquiera diferencias; sin embargo, considerando la actual crisis de la Nación por los desgraciados acontecimientos del Perú, las disensiones públicas en los partidos, el avance de los enemigos en Concepción, y una multitud de males consiguientes a la espantosa anarquía en que nos vemos; creyendo que su Asamblea habría resuelto del mismo modo los artículos anteriores, justifica también sus procedimientos el ser un voto sólo en este Congreso. Y en el caso de ver dividida la Nación y muy próxima a su ruina total, o ceder un punto de sus solicitudes, ha elegido lo segundo; protestando que el interés general es el único norte de sus intenciones; y si el resultado no ha sido muy conforme a las ideas de su Asamblea, es a lo menos el voto general de las otras dos provincias y cuanto permite el actual estado de las cosas. Fecha ut supra.- Juan Egaña, plenipotenciario por Santiago.- Manuel Novoa, plenipotenciario por Concepción.- Manuel Antonio González, plenipotenciario por Coquimbo.

ADICION AL REGLAMENTO ORGANICO

Por cuanto el Congreso de Plenipotenciarios de la Nación, con fecha 6 del corriente, ha dictado un artículo adicional a la Acta de Unión acordada en 30 de marzo último, cuyo tenor es el siguiente:

‘‘En las elecciones de Diputados al Congreso General nombrarán también las delegaciones sus cinco electores respectivos con arreglo al artículo 28; y desde entonces los delegados serán nombrados por el Supremo Gobierno en la forma que se previene en el artículo 27 de la Acta de Unión. Entretanto, las delegaciones que se mantengan tranquilas y gustosas con sus actuales mandatarios, los conservarán, subrogándose el defecto de éstos conforme a las leyes generales; pero en las que se hayan reconocido, o se manifestasen facciones, desórdenes o algún género de innovación en las formas establecidas para los gobiernos de partido, el Supremo Director nombrará personas imparciales y de absoluta probidad, que manden provisoriamente hasta el nombramiento de electores y propuestas que deben hacerse. Contéstese la consulta de la Honorable Asamblea de Santiago con inserción de este decreto, y pásese al Gobierno Ejecutivo de la Nación, para que lo publique como una adición a la Acta de Unión.’’ Por tanto, insértese en el Boletín, con lo que se tendrá por bastantemente publicado y circulado. Santiago, 11 de abril de 1823.- Freire.- Egaña.

(*) Se publicó en la Gaceta Ministerial de Chile Nº 68 de fecha 5 de febrero de 1823, que concluyeron las sesiones de la Convención Preparatoria, que redactó el Reglamento Provisional, la que se publicó en impresos.

(*) Publicado en el Boletín de las Leyes Nº 3 Libro I de fecha 16 de abril de 1823.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHILE (*), AÑO 1823

(sancionada el 29 de diciembre de 1823)

El Director Supremo de Chile, a los que las presentes vieren y entendieren, sabed:

Que el Soberano Congreso Constituyente de la Nación ha decretado y sancionado la Constitución Política del Estado de Chile en el Código siguiente:

En el nombre de Dios Omnipotente, creador, conservador, remunerador, y Supremo Legislador del universo.

El Congreso Nacional Constituyente de Chile decreta y sanciona la Constitución Política y permanente del Estado en los Títulos siguientes:

Título I

De la Nación chilena y de los chilenos

Artículo 1.- El Estado de Chile es uno e indivisible; la representación nacional es solidariamente por toda la República.

Artículo 2.- Chile es nación independiente de la Monarquía española y de cualquier otra potencia.

Artículo 3.- La soberanía reside esencialmente en la Nación, y el ejercicio de ella en sus representantes.

Artículo 4.- El territorio de Chile comprende de norte a sur, desde el Cabo de Hornos hasta el despoblado de Atacama; y de oriente a poniente, desde las cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico, con todas las islas adyacentes, incluso el archipiélago de Chiloé, las de Juan Fernández, Mocha y Santa María.

Artículo 5.- Las garantías constitucionales y las leyes protegen a todo individuo que reside en Chile.

Artículo 6.- Son chilenos:

1. Los nacidos en Chile;

2. Los nacidos en otro país, si son hijos de padre o madre chilenos, y pasan a domiciliarse en Chile;

3. Los extranjeros residentes en Chile, casados con chilena y domiciliados conforme a las leyes, ejerciendo alguna profesión;

4. Los extranjeros casados con extranjera, después de un año de residencia, con domicilio legal y profesión de qué subsistir;

5. Los agraciados por el Poder Legislativo.

Artículo 7.- Todo chileno es igual delante de la ley: puede ser llamado a los empleos con las condiciones que ésta exige: todos contribuyen a las cargas del Estado en proporción de sus haberes: todos son sus defensores.

Artículo 8.- En Chile no hay esclavos: el que pise su territorio por un día natural será libre. El que tenga este comercio no puede habitar aquí más de un mes, ni naturalizarse jamás.

Artículo 9.- La defensa de la Patria, la administración pública y la instrucción de los ciudadanos, son gastos esencialmente nacionales. Las legislaturas sólo proveerán otros, cubiertos éstos.

Artículo 10.- La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana: con exclusión del culto y ejercicio de cualquiera otra.

Título II

De los ciudadanos activos

Artículo 11.- Es ciudadano chileno con ejercicio de sufragio en las asambleas electorales, todo chileno natural o legal que habiendo cumplido veintiún años, o contraído matrimonio tenga alguno de estos requisitos:

1. Una propiedad inmoble de doscientos pesos;

2. Un giro o comercio propio de quinientos pesos;

3. El dominio o profesión instruida en fábricas permanentes;

4. El que ha enseñado o traído al país alguna invención, industria, ciencia o arte, cuya utilidad apruebe el Gobierno;

5. El que hubiere cumplido su mérito cívico;

6. Todos deben ser católicos romanos, si no son agraciados por el Poder Legislativo; estar instruidos en la Constitución del Estado; hallarse inscritos en el gran libro nacional, y en posesión de su boletín de ciudadanía, al menos desde un mes antes de las elecciones: saber leer y escribir desde el año de mil ochocientos cuarenta.

Artículo 12.- Se pierde la ciudadanía:

1. Naturalizándose en países extranjeros;

2. Admitiendo empleo de otro Gobierno sin permiso del Senado;

3. Por excusarse sin causa suficiente al desempeño de alguna comisión encargada por los primeros poderes del Estado;

4. Por quiebra fraudulenta.

Artículo 13.- Se suspende la ciudadanía:

1. Por condenación a pena aflictiva, o infamante, ínterin no se obtenga rehabilitación;

2. Por ineptitud física o moral que impida obrar libre y reflexivamente;

3. Por ser deudor fiscal constituido en mora;

4. Por falta de empleo, o modo de vivir conocido;

5. Por la condición de sirviente doméstico;

6. Por hallarse procesado criminalmente;

7. Por habitud de ebriedad o juegos prohibidos: hecha la declaración de los defectos de éste y el anterior Artículo un mes antes de las elecciones y por autoridad competente.

Título III

Del Poder Ejecutivo

Artículo 14.- Un ciudadano con el título de Supremo Director administra el Estado con arreglo a las leyes y tiene exclusivamente el ejercicio del Poder Ejecutivo. Durará cuatro años: pudiendo reelegirse segunda vez por las dos tercias partes de sufragios.

Artículo 15.- Por enfermedad, muerte, renuncia, destitución, ausencia del Estado del Director, o cuando éste mande la fuerza armada, le subrogará el Presidente del Senado separado de su cuerpo y funciones. También le subrogará en las ausencias en lo interior, en aquella parte de administración que el Director le delegue.

Artículo 16.- Vestirá el traje peculiar de Director Supremo, sin algún distintivo de otros empleos civiles o militares.

Artículo 17.- Para ser Director Supremo se requiere:

1. Ser ciudadano por nacimiento; y si fuere extranjero, doce años de ciudadanía, y previa declaración de benemérito en grado heroico;

2. Cinco años para el natural, y doce para el ciudadano legal, de inmediata residencia en el país, si no estuvo ausente en formal servicio del Estado; y treinta años de edad.

Artículo 18.- Son facultades exclusivas del Director Supremo:

1. La administración del Estado, ejecutando y cumpliendo las leyes y reglamentos sancionados;

2. La promulgación de las leyes;

3. Proponer exclusivamente la iniciativa de las leyes; a excepción de la época constitucional, en que corresponde al Senado, y su sanción al Director;

4. Organizar y disponer de las fuerzas de mar y tierra, con arreglo a la ley;

5. Nombrar los generales en jefe con acuerdo del Senado;

6. Declarar la guerra en la forma constitucional;

7. Decretar la inversión de los caudales destinados legalmente a los ramos de administración pública;

8. Nombrar por sí los oficiales del ejército y armada, de teniente coronel exclusive para abajo;

9. En un ataque exterior o conmoción interior imprevistos, puede dictar providencias hostiles o defensivas de urgencia, pero consultando inmediatamente al Senado;

10. Proveer los empleos civiles y eclesiásticos de nominación o presentación civil, que no prohíbe la Constitución;

11. Nombrar los Ministros del Despacho a consulta de su Consejo de Estado y a sus Consejeros según la Constitución;

12. Velar sobre la conducta ministerial de los funcionarios de justicia y cumplimiento de las sentencias:

13. Remover sus Ministros sin expresión de causa;

14. Cuidar especialmente del cumplimiento de la Constitución en las elecciones y calificaciones;

15. Indultar y conmutar penas con acuerdo del Senado;

16. Retener o conceder el pase a las bulas y ordenanzas eclesiásticas, con acuerdo de su Consejo de Estado y sanción del Senado, siendo disposiciones gubernativas; y con acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, si se versan sobre materias contenciosas;

17. Suspender los empleados por ineptitud, omisiones o delitos. En el primer caso con acuerdo del Senado, y en los dos últimos pasando el expediente a los Tribunales de justicia para que sean juzgados;

18. Iniciar tratados de paz, alianza, comercio, subsidios y límites, con calidad de recibir la sanción del Senado;

19. Dar en cada año cuenta al Senado del estado de la Nación, en todos los ramos de administración pública;

20. Formar por sus Ministros el presupuesto de los gastos anuales y la inversión del presupuesto anterior.

Artículo 19.- Se prohíbe al Supremo Director:

1. Mandar la fuerza armada, o ausentarse del territorio de la República, sin permiso del Senado;

2. Nombrar por sí todo oficial que tenga mando efectivo de cuerpo, y desde teniente-coronel inclusive para arriba; en cuyo nombramiento y propuesta procederá con acuerdo del Senado;

3. Conocer en materias judiciales, ni a pretexto de policía, gobierno u otro motivo;

4. Privar de la libertad personal por más de veinticuatro horas; y jamás aplicar pena;

5. Suspender por ningún pretexto la reunión de la Cámara Nacional luego que se pronuncie el veto del Senado;

6. Conceder empleos sin el peculiar ejercicio de su ministerio detallado por la ley, o excediendo su número; y contribuir sueldo por otro título que el del actual servicio o jubilación legal;

7. Suspender las asambleas electorales;

8. Despachar agentes diplomáticos, o con poderes y carácter a países extranjeros sin acuerdo del Senado;

9. Crear comisiones con premio o renta sin la sanción senatoria;

10. Expedir alguna orden sin la suscripción de sus Ministros: siendo responsable el que la obedezca en otra forma.

Artículo 20.- Concluido su ministerio, pasará el Director Supremo al Senado una memoria de todas las gestiones de su administración, para que anotándose en ella por el Senado las observaciones y reparos convenientes, se imprima, e inscribiéndose el nombre del Director en las listas electorales, declaren las asambleas (en la misma forma que para las demás elecciones) si le nombran benemérito, y en qué grado.

Título IV

De los Ministros de Estado

Artículo 21.- Habrá por ahora tres Ministros Secretarios de Estado para el Despacho Directorial.

Artículo 22.- Cada Ministro responde personalmente de los actos que ha suscrito; e in solidum de los que acordaren en común.

Artículo 23.- Toda instrucción orgánica formada por el Directorio sobre los actos que ha sancionado el Senado para las relaciones extranjeras, se consultará con el Consejo de Estado y tendrá la suscripción del Ministro de Estado respectivo, sin cuyo requisito no se ejecutará. Si algún raro caso exigiese más alto secreto, responderá con particularidad el Ministro que la acordó y suscribió.

Artículo 24.- Para ser Ministro se exige ciudadanía, treinta años de edad, probidad y notoria suficiencia.

Artículo 25.- Concluido su ministerio, no puede ausentarse del país un Ministro hasta cuatro meses después.

Artículo 26.- Para hacer efectiva la responsabilidad de un Ministro actual, declara el Senado si ha lugar a la formación de causa, juzgándole después la Corte Suprema de Justicia bajo principios de prudencia y discreción, sobre lo puramente ministerial.

Artículo 27.- Los negocios y régimen interior de cada Departamento se fijarán por un reglamento, que formará el Gobierno y sancionará el Senado.

Título V

Del Consejo de Estado

Artículo 28.- Habrá un Consejo de Estado compuesto de dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia, una dignidad eclesiástica, un jefe militar, un Inspector de rentas fiscales y los dos Directores sedentarios de economía nacional: todos sin más gratificación que las rentas de sus destinos. Los ex-Directores son miembros natos de este Consejo.

Artículo 29.- Se consultará al Consejo de Estado:

1. En todos los proyectos de ley que no podrán pasarse a la sanción del Senado, sin el asenso suscrito por el Consejo de Estado;

2. En el nombramiento de Ministros de Estado, teniendo el Consejo el derecho de moción para su destitución;

3. En los presupuestos de gastos fiscales que han de pasarse anualmente al Senado;

4. En todos los negocios de gravedad.

Artículo 30.- El Consejo se reunirá en la habitación directorial dos días precisos en la semana, y extraordinariamente cuando le llame el Supremo Director, que siempre le presidirá.

Artículo 31.- El Consejo se divide en siete secciones, estando una a cargo de cada Consejero, que preparará e instruirá de los negocios consultados.

Artículo 32.- Las secciones son:

1. Gobierno interior, justicia, legislación y elecciones;

2. Comercio y relaciones exteriores;

3. Instrucción pública, moralidad, servicios, mérito nacional y negocios eclesiásticos;

4. Hacienda fiscal y pública;

5. Guerra y Marina;

6. Minas, agricultura, industria y artes;

7. Establecimientos públicos y policía en todas clases.

Artículo 33.- El Consejo de Estado llevará un libro en que se registren todos los dictámenes que ha dado al Directorio. En las consultas sobre nombramiento de Ministros de Estado, suscribirá en él cada Consejero su voto particular nominalmente.

Artículo 34.- Los Consejeros permanecen ínterin no los retira y subroga el Supremo Director.

Título VI

Del Senado

Artículo 35.- Habrá un cuerpo permanente con el título de Senado Conservador y Legislador.

Artículo 36.- Se compondrá de nueve individuos elegidos constitucionalmente por el término de seis años, que pueden reelegirse indefinidamente.

Artículo 37.- Para ser Senador se requiere:

1. Edad de treinta años;

2. Propiedad cuyo valor no baje de cinco mil pesos;

3. Residencia inmediata por tres años antes de la elección, si no estuvo ausente en servicio formal del Estado;

4. Ciudadanía elegible.

Artículo 38.- Son atribuciones del Senado:

1. Cuidar de la observancia de las leyes y del exacto desempeño de los funcionarios;

2. Sancionar las leyes que propone el Directorio, o suspender la sanción hasta oír el dictamen de la Cámara Nacional;

3. Suspender momentáneamente los actos ejecutivos del Directorio en que reconozca una grave y peligrosa resulta, o violación de las leyes;

4. Velar sobre las costumbres y la moralidad nacional, cuidando de la educación y de que las virtudes cívicas y morales se hallen siempre al alcance de los premios y de los honores;

5. Proteger y defender las garantías individuales, con especial responsabilidad;

6. Calificar el mérito, llevando un registro de los servicios y virtudes de cada ciudadano, para presentarlos y recomendarlos al Directorio, y proponerlos como beneméritos a la Cámara Nacional.

Artículo 39.- En virtud de los Artículos antecedentes debe sancionar el Senado:

1. Los reglamentos y ordenanzas de todo cuerpo o administración pública presentados por el Directorio;

2. La declaración de guerra o defensa de agresiones, con previo consentimiento de la Cámara Nacional;

3. Los tratados de paz, y todo convenio con las naciones extranjeras;

4. Los impuestos y contribuciones, con previo asenso de la Cámara Nacional;

5. El presupuesto de gastos públicos y fiscales que consulta el Ejecutivo;

6. Las deudas y empréstitos extranjeros, si se le proponen en algún rarísimo caso, con previo asenso de la Cámara Nacional;

7. La creación o supresión de empleos y su dotación;

8. La formación de ciudades, villas y demarcación de territorios;

9. El ceremonial, objetos, premios y honores de las fiestas nacionales;

10. Los establecimientos públicos de todas clases;

11. El ingreso o estación de tropas o escuadras extranjeras en la jurisdicción del Estado, y la forma en que debe hacerse;

12. La salida de tropas nacionales fuera del territorio del Estado;

13. Las fuerzas de mar y tierra para cada año, o urgencia pública;

14. Puede excitar al Directorio en todo tiempo para que negocie la paz;

15. Para que premie y honre a los ciudadanos beneméritos;

16. Arregla la ley, peso y tipo de las monedas;

17. Examina y aprueba cada año la inversión de los caudales públicos; y en cualquiera época si lo halla necesario;

18. Declara y registra el derecho de ciudadanía;

19. Propone a la Cámara Nacional los que han de declararse beneméritos para que ésta los confirme si son comunes, o los consulte a la Nación, si son en grado heroico;

20. Declara cuando halla justo, que ha lugar a formar causa a cualquier funcionario público, y entretanto queda éste suspenso;

21. Sanciona los privilegios que propone el Directorio para inventores o fomentadores de establecimientos útiles;

22. Sanciona la adquisición o enajenación de los bienes nacionales;

23. Aprueba la distribución de contribuciones entre los departamentos;

24. Tiene el derecho de policía y corrección en el lugar de sus sesiones, y en el recinto que determine cuando delibera;

25. Tiene el derecho de iniciativa para las leyes en cada año en dos épocas de a quince días cada una: la primera que deberá comenzar al mes cumplido de concluir sus visitas anuales el Senador visitador; y la segunda a los seis meses de la primera época. También puede invitar en todo tiempo al Directorio a que proponga alguna ley que crea necesaria o conveniente a los intereses del Estado;

26. En las acusaciones y causas criminales juzga a los Senadores la Suprema Corte de Justicia, declarando previamente la Cámara Nacional haber lugar a la formación de causa por consulta del Senado.

Artículo 40.- El Presidente del Senado se elige anualmente en las asambleas electorales sin previa calificación, y recayendo precisamente la elección en uno de los Senadores actuales.

Título VII

De la formación de las Leyes

Artículo 41.- El Supremo Director pasa al Senado la iniciativa de la ley, aprobada y suscrita por su Consejo de Estado.

Artículo 42.- Recibida la ley la sanciona el Senado, si la reputa útil y necesaria al bien público.

Artículo 43.- Si pertenece a guerra, contribuciones o empréstitos, pide previamente la reunión y consentimiento de la Cámara Nacional; y con su asenso la sanciona.

Artículo 44.- Juzgando el Senado que la ley propuesta es perjudicial o inútil, la devuelve al Director con sus observaciones; en cuyo caso, o retira el Director su iniciativa, o la remite segunda vez al Senado salvando las objeciones.

Artículo 45.- Si aún todavía la cree perjudicial el Senado, suspende la sanción, y declara su veto hasta consultar el dictamen de la Cámara Nacional.

Artículo 46.- Aprobada por la Cámara, sanciona necesariamente la ley el Senado; y si la reprueba se tiene por no propuesta.

Artículo 47.- En el caso del veto o suspensión del Senado, queda legalmente convocada la Cámara Nacional.

Artículo 48.- Ninguna ley se propone al Senado sin tres previas discusiones de ella en el Consejo de Estado, y sin que se imprima ocho días antes de discutirse. No la sanciona o devuelve al Senado, sin otras tres discusiones en distintas sesiones: ni pronuncia su veto, sin igual número de discusiones sobre las observaciones del Directorio.

Artículo 49.- En las dos épocas del año que obtiene el Senado la iniciativa, sanciona la ley el Director Supremo bajo los mismos requisitos y voto consultivo a la Cámara.

Artículo 50.- La ley propuesta se discute en el Consejo de Estado previas las observaciones de los Ministros, que en todos casos tienen el derecho de informar en dicho Consejo.

Artículo 51.- Suspende el Senado un acto ejecutivo o gravemente perjudicial o atentatorio, requiriendo al Directorio. Si éste contesta insistiendo sin satisfacer a los inconvenientes, o demora su contestación a más del término que fija el Senado, pronuncia el veto y convoca a la Cámara Nacional para la aprobación o suspensión.

Título VIII

Del modo de hacer efectivas otras atribuciones del Senado

Artículo 52.- Cada Senador es inspector por el término de un año de algún tribunal, magistratura, administración, corporación o establecimiento público (excepto el Directorio y la Cámara Nacional); preside a sus gestiones uno o más días del mes, y jamás en épocas ciertas o prevenidas; arregla el orden, y forma sus observaciones para dar cuenta al Senado o al Gobierno.

Artículo 53.- Para la calificación del mérito de los Ciudadanos se designan tres Senadores, con el cargo especial de tomar y arreglar las instrucciones y justificaciones sobre este particular, para dar cuenta al Senado, y pasarlo al gran registro del mérito cívico que estará dividido por provincias. Habrá un Secretario especial para este departamento.

Artículo 54.- Todo funcionario de cualquier clase o fuero que sea, está obligado a instruir justificadamente a las Municipalidades del mérito y servicio de cada ciudadano, y éstas a sus respectivos jefes políticos, para que den cuenta documentada al Senado y también al Directorio. Lo mismo pueden hacer los ciudadanos particulares.

Artículo 55.- Es un delito de acusación pública la omisión de los funcionarios en no dar esta cuenta, y de las autoridades intermediarias si no la pasan al Senado.

Artículo 56.- El Senado con previo informe del Directorio, o por excitación de éste, propone los ciudadanos beneméritos.

Artículo 57.- Para declarar los beneméritos en grado heroico, después de consultar a la Cámara Nacional y obtener el asenso de ésta, los remite a la aprobación o denegación de las asambleas electorales en sus reuniones periódicas.

Artículo 58.- Cada año visita un Senador algunas provincias del Estado, de modo que cada tres años, queda todo él reconocido. Allí examina presencialmente:

1. El mérito y servicio de los ciudadanos;

2. La moralidad y civismo de las costumbres;

3. La observancia de las leyes;

4. El desempeño de los funcionarios;

5. La educación e instrucción pública;

6. La administración de justicia;

7. La inversión de caudales fiscales y municipales;

8. La instrucción de milicias;

9. La policía de comodidad, socorro y beneficencia;

10. La moralidad religiosa;

11. Todos los demás objetos que crea de su instituto.

Artículo 59.- Procederá según las instrucciones del Senado en lo respectivo a las atribuciones de esta magistratura: y como delegado del Directorio en lo que corresponda al Poder Ejecutivo: siendo sus gestiones en esta parte para prevenir, requerir y dar cuenta a las autoridades respectivas o declarar que ha lugar a abrirles juicio, remitiendo el decreto documentado a los tribunales que señalen la Constitución o la ley, y suspendiendo entretanto al funcionario.

Título IX

De la Cámara Nacional

Artículo 60.- La Cámara Nacional es la reunión de consultores nacionales en una asamblea momentánea.

Artículo 61.- Para ser consultor nacional se exige:

1. Ciudadanía elegible;

2. Edad de treinta años;

3. Propiedad del valor de mil pesos al menos.

Artículo 62.- Los consultores son inviolables por sus opiniones. Duran ocho años, renovándose por octavas partes en cada uno. En los primeros siete años se sortean los que han de ser subrogados. Los muertos, impedidos o destituidos, se suponen como sorteados, y se subrogan en todo el número que falta.

Artículo 63.- Jamás bajarán de cincuenta los consultores, ni pasarán de doscientos aunque progrese la población.

Artículo 64.- Los consultores existen donde residen el Senado y Directorio. Los que habitan otras Provincias entrarán en sorteo para las sesiones cuando se hallen en la capital.

Artículo 65.- La Cámara Nacional es convocada legalmente y de hecho en el acto de un veto suspensivo del Senado o del Supremo Director, cuando le corresponda la sanción.

Artículo 66.- Un Ministro de Estado, un Secretario del Senado, y el Procurador General citan a la Cámara en virtud del veto o decreto sanatorio, y presiden el mero acto de su sorteo y reunión. Para ello colocan en una urna los nombres de todos los consultores existentes en la capital, y de ellos sortean veinticinco que se reunirán inmediatamente en el lugar de las sesiones, y eligiendo los convocados su presidente se retiran los convocantes. En defecto de algunos de los funcionarios convocantes, quedan hábiles los otros para la convocatoria.

Artículo 67.- No se formará Cámara Nacional sin la reunión de las cuatro quintas partes de los sorteados; y faltando este número, la misma Cámara hará nuevo sorteo en sesión permanente, hasta que por lo menos se complete.

Artículo 68.- Jamás pasará un día natural del pronunciamiento del veto al sorteo y reunión de la Cámara.

Artículo 69.- Son atribuciones de la Cámara Nacional:

1. Aprobar o reprobar las leyes que se proponen por estas únicas fórmulas: Debe sancionarse; No debe sancionarse;

2. Aprobar o reprobar la declaración de guerra, la de mera defensa, las contribuciones y empréstitos, aunque no preceda veto, y bajo las mismas fórmulas de las demás leyes;

3. Aprobar en la misma forma la propuesta de beneméritos comunes, y en grado heroico;

4. Nombrar el tribunal protector de libertad de imprenta, los revisores y la comisión que ha de juzgar a estos individuos.

Artículo 70.- La Cámara Nacional tiene tres sesiones en las consultas legislativas, con intermisión de tres días para cada una. En la primera se le presenta la ley y escucha los oradores del Senado y Directorio, que serán un Ministro o Consejero de Estado y un Secretario del Senado. En la segunda y tercera discute la materia; y resuelve precisamente en esta última. Los oradores no se hallan presentes a la discusión y resolución.

Artículo 71.- Para los actos ejecutivos celebra dos sesiones en dos días consecutivos. En el primero se le presenta el veto y escucha los oradores; en el segundo resuelve: en ambos discute.

Artículo 72.- En un caso urgentísimo, la Cámara declara previamente si hay urgencia; resuelve en el término que se fije, pero jamás sin dos sesiones, aunque sea con el intersticio de horas.

Artículo 73.- Los Ministros de Estado, Secretario del Senado y procurador nacional, no ejercen el ministerio de consultores durante sus funciones peculiares.

Artículo 74.- La Cámara Nacional es nula de hecho:

1. Si se reúne sin preceder un veto, o para otro objeto que los que clara y literalmente previene la Constitución;

2. Si después de reunida, pretende ser corporación permanente;

3. Si extiende sus deliberaciones a más del único objeto que propone el veto o designa la Constitución;

4. Si trata de alterar; modificar o adicionar la proposición consultada, extendiéndose a más términos, que los de aprobar o reprobar una ley, un acto ejecutivo, o la declaración y consulta de beneméritos.

Título X

De las Asambleas Electorales

Artículo 75.- Los ciudadanos chilenos se reúnen en Asambleas Electorales para proceder a las elecciones, nominaciones y censuras establecidas por la Constitución.

Artículo 76.- La reunión de ciudadanos en el número y forma constitucional que elige, censura o nombra beneméritos a los ciudadanos que le proponen y califican las magistraturas del Estado designadas por la ley, es una Asamblea Electoral.

Artículo 77.- Por ahora se formará una Asamblea Electoral en cada Distrito, Parroquia o Cuartel de las Municipalidades, que comprenda doscientos ciudadanos sufragantes; y progresando la población sólo podrán aumentarse hasta cuatrocientos.

Artículo 78.- Aunque exceda o falte una cuarta parte del número de ciudadanos en toda la Municipalidad, o en sus respectivos Distritos, Parroquias o Cuarteles, siempre forman una Asamblea Electoral, pero si es mayor el exceso o falta, se agrega a otro distrito de la misma Municipalidad. Una Municipalidad tiene derecho de formar asamblea electoral, aunque el número de sus ciudadanos sea menor que el que se requiere para las asambleas ordinarias.

Artículo 79.- La Asamblea procede como Electoral Nacional, cuando elige o censura funcionarios generales para toda la Nación; y es Provincial cuando corresponde a un Departamento de ella.

Artículo 80.- Son individuos de las Asambleas Electorales todos los chilenos que se presentan con boletín legal de ciudadanía sin otra calificación.

Artículo 81.- Un Regidor, y faltando éstos un Prefecto o Inspector, convoca al lugar designado la Asamblea Electoral.

Artículo 82.- En la mesa de cada Asamblea habrá una lista de los ciudadanos que ésta comprende, y que deben estar matriculados en el registro general de su Municipalidad.

Artículo 83.- Allí, a presencia de los que concurran a la hora y día señalados por la ley, se incluyen en la urna los nombres de los ciudadanos de aquella Asamblea con arreglo al registro municipal. Se hará el sorteo hasta que salgan doce individuos que sepan leer y escribir, de los cuales los seis primeros forman la mesa de escrutinio, y los últimos son suplentes.

Artículo 84.- Posesionados los escrutadores, el funcionario convocante sólo tiene la mera inspección de policía.

Artículo 85.- Los escrutadores eligen un Presidente y Secretario de su seno, a quien el funcionario convocante entrega las listas de elecciones y censuras nacionales y provinciales, con arreglo al número de los individuos que deben sortearse.

Artículo 86.- Debe salir en el sorteo la mitad de los individuos que componen la Asamblea, sin que rebajen su número los ausentes o impedidos.

Artículo 87.- La lista del sorteo se fijará inmediatamente en los puntos más públicos del distrito; y al otro día desde las seis de la mañana, hasta las seis de la tarde, se admitirán los sufragios a cada ciudadano, que recibirá al tiempo de votar la respectiva lista, y en un lugar reservado para él solo, o acompañado del Secretario (si no sabe leer) cortará el piquete para cada persona que quiera elegir o censurar. El Secretario jura el secreto y fiel desempeño de su encargo.

Artículo 88.- Las listas electorales contienen los nombres de las personas legalmente calificadas para cada uno de los empleos que han de proveerse en aquellas elecciones; los nombres de los funcionarios sujetos a la censura, y los nombres de los propuestos para beneméritos en grado heroico, con un piquete al margen de cada nombre.

Artículo 89.- En cualquier número que concurran a sufragar los ciudadanos después de sorteados y fijados, forman legítima Asamblea.

Artículo 90.- Todas las dudas las resuelven los escrutadores el primer día sin ulterior recurso (salvo el de su responsabilidad personal). En empate de votos es decisivo el del Presidente.

Artículo 91.- Concluida la votación, se califica públicamente; y se forman cuatro copias legalizadas para pasarlas a la Municipalidad, al Jefe del Departamento, al Directorio y al Senado. La urna que contiene la votación se mantendrá en lugar seguro cerrada con dos llaves, de las cuales guardará una el Presidente del escrutinio, y otra el Jefe Político hasta la promulgación de la votación por el Directorio.

Título XI

Calificación y censura de los funcionarios

Artículo 92.- La Constitución dispone que la porción principal de sus funcionarios sea elegida directamente por la Nación, precediendo instrucción de su idoneidad.

Artículo 93.- La idoneidad del funcionario debe resultar de la calificación que verifican las magistraturas constitucionales.

Artículo 94.- Por consiguiente, las Asambleas Electorales sólo pueden elegir en cada empleo vacante, alguna de las personas que se le propongan como calificadas para el mismo empleo.

Artículo 95.- Los consejeros departamentales únicamente son elegidos por las delegaciones sin precedente calificación.

Artículo 96.- También tiene derecho la Nación para destituir a los funcionarios, si cree que no cumplen sus deberes, o que abusan de su ministerio.

Artículo 97.- El ejercicio de esta facultad nacional se nombra censura; y la verifica el pueblo cada dos años (por ahora) en sus Asambleas Electorales periódicas. Al efecto, se entrega al tiempo de las votaciones una lista a cada ciudadano, de las personas que la Constitución sujeta a la censura.

Artículo 98.- Censurado un funcionario por la mayoría de votos de la Nación o Provincias respectivas, queda destituido de su empleo. No se le reputa delincuente, si no es legalmente juzgado: pero aunque se declare inocente, no se le restituye en el periodo de aquellas elecciones.

Artículo 99.- Las Asambleas Electorales Nacionales tienen derecho para elegir y censurar al Supremo Director, a los Senadores, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los militares de coronel arriba inclusive, a los Inspectores Fiscales, a los Directores de Economía Nacional, al Procurador General, a los Consultores de la Cámara Nacional, y por ahora a los Ministros de la Corte de Apelaciones.

Artículo 100.- También tienen derecho únicamente para censurar a los Ministros y Consejeros de Estado, y a los individuos del Tribunal de Libertad de Imprenta.

Artículo 101.- Las Asambleas Electorales Provinciales en sus respectivos Distritos, tienen derecho para elegir y censurar a los Ministros de la Corte de Apelaciones, cuando progresando su población tuviese varias cortes el Estado, y a los Consejeros Departamentales.

Artículo 102.- Tienen derecho de censurar únicamente a los Gobernadores Intendentes y a los Jueces de Letras.

Artículo 103.- Tienen derecho de presentar para los arzobispados y obispados.

Artículo 104.- Cada elección o censura provincial se practicará únicamente por las Asambleas comprendidas en los Distritos de la jurisdicción del funcionario, o de toda la corporación, cuyo miembro se elige o censura.

Artículo 105.- Los Delegados y Regidores sólo pueden censurarse por los Consejos Departamentales en concurrencia del Jefe del Departamento, y por las dos terceras partes conformes del total de los vocales.

Artículo 106.- La calificación de personas para empleos elegibles se hace en esta forma: el Senado, el Supremo Director y los Consejos Departamentales; cada magistratura de éstas en particular, califica desde una hasta tres personas para cada empleo vacante de los que contiene el Artículo 99.

Artículo 107.- Los Consejos Departamentales pueden calificar en toda su terna personas de otras Provincias para los empleos generales; pero jamás podrán calificar más de una persona de su Provincia. Para los empleos provinciales pueden calificar indistintamente de la propia Provincia o de otra. La calificación de una misma persona por varias autoridades no obsta y es legal.

Artículo 108.- Los empleos provinciales se proponen en terna o menos, por el Supremo Director, el Senado y el Consejo Departamental de la provincia. Estos empleos son los que comprenden los Artículos 101 y 103.

Artículo 109.- Cada autoridad calificadora remite sus propuestas por duplicado al Senado y Directorio, donde deben hallarse todas las de la Nación, publicadas e impresas para el día ocho de septiembre.

Artículo 110.- Los calificados que quieran renunciar a su elección, lo verificarán dentro de cuarenta días perentorios que correrán desde el ocho de septiembre, para que se les suprima de las listas elegibles. No son empleos renunciables los de consultores, consejeros departamentales, ni los municipales.

Artículo 111.- El diez de diciembre se forman en toda la Nación las Asambleas Electorales, hallándose con anticipación las listas elegibles en todas las Municipalidades.

Artículo 112.- Los empleos vacantes hasta las elecciones periódicas, si son generales, los provee el Director consultando a su Consejo de Estado; y el Gobernador Intendente si son provinciales, confirmándolos el Director Supremo.

Artículo 113.- El que resulta electo para dos empleos elige el que quiere, y en el que renuncia le subroga el que obtuvo el accésit de la votación. En igualdad de votos para sin empleo, se sortean los nombrados.

Artículo 114.- Ni en los empleos electorales, ni en otro alguno que sea honroso, jurisdiccional, o que se premie con sueldo, o emolumentos del Estado que pasen de quinientos pesos en cualquier fuero o clase que sea, podrá nombrarse algún ciudadano que no haya cumplido con su mérito cívico, o lo contraiga legalmente en aquel mismo destino sirviéndolo sin sueldo.

Artículo 115.- El mérito cívico, es un servicio particular a la Patria que protege los derechos, y cuya prosperidad está identificada con la del ciudadano. El Senado formará un reglamento calificando los servicios que forman el mérito cívico, cuyas bases sean:

1. El servicio por cinco años en las milicias nacionales;

2. La mejora de una posesión rural en los objetos útiles al Estado que señale la ley;

3. Ser maestro u oficial examinado en arte o industria útil, y cuyas primeras materias produzca el país;

4. Ocuparse por algún tiempo en la instrucción gratuita, moral, científica o industrial;

5. Desempeñar gratuitamente comisiones laboriosas, encargadas por las autoridades públicas;

6. Concurrir con sus talentos, caudales o trabajo personal a una obra pública;

7. Servir útil y graciosamente en las administraciones del Estado;

8. Trabajar un escrito, o hacer un descubrimiento que contribuya a la prosperidad nacional;

9. Proporcionar ocupación útil a las mujeres y mendigos;

10. Concurrir al establecimiento de fábricas;

11. Poner caudales en fondos o compañías dirigidas a fomentar la agricultura, minas y comercio;

12. Concurrir de algún modo gratuito y considerable al establecimiento y adelantamiento de cárceles, correccionales, hospicios y demás institutos de caridad y beneficencia, y a las obras de policía de comodidad, aseo y ornato;

13. Tener alguna parte graciosa y, considerable en los caminos públicos, puentes, canales y demás obras que faciliten el tráfico;

14. Haber hecho alguna campaña en servicio del Estado y sin nota personal; o servicios distinguidos en guarnición;

15. Desempeñar gratuitamente las funciones municipales, o de los consejos departamentales;

16. Ocuparse en el servicio de personas miserables, enfermos e impedidos;

17. Dedicarse especialmente a mejorar la moralidad religiosa y el culto sagrado;

18. Dedicarse al estudio de la medicina, de la filosofía moral y de las ciencias naturales;

19. Ser declarado benemérito por sus costumbres en los institutos y departamentos de educación;

20. Contribuir graciosamente a cualquier gasto fiscal o público;

21. Ser padre de más de seis hijos legítimos;

22. Los servicios que califican a los beneméritos, forman proporcionalmente el mérito cívico a discreción de la legislatura.

Título XII

Del Poder Judicial

Artículo 116.- El Poder Judicial protege los derechos individuales conforme a los principios siguientes.

Artículo 117.- A ninguno puede privarse de su propiedad, sino por necesidad pública, calificada por el Senado de notoriamente grave, y con previa indemnización.

Artículo 118.- Es libre el derecho individual de presentar peticiones ante las autoridades constituidas, sin que puedan limitarse ni modificarse, procediendo legal y respetuosamente.

Artículo 119.- Ninguna reunión parcial de ciudadanos puede atribuirse la soberanía o derechos del pueblo, ni ejercer autoridad o función pública sin una delegación formal.

Artículo 120.- La casa del ciudadano es inviolable, y sólo puede examinarse en virtud de un decreto especial de autoridad competente, y manifestado previamente al dueño.

Artículo 121.- Todo juez responde de las dilaciones y abusos de las formas judiciales.

Artículo 122.- Ninguno puede ser condenado si no es juzgado legalmente y en virtud de una ley promulgada antes del hecho.

Artículo 123.- Nadie puede ser preso sino en los casos que determina la ley y según sus formas. Se castiga gravemente al que decreta o ejecuta una prisión arbitraria.

Artículo 124.- Nadie puede ser preso o detenido sino en su casa o en lugares públicos y destinados a este objeto.

Artículo 125.- El encargado de la custodia de presos o detenidos, no puede recibir alguno sino después de copiado en su registro el decreto que ordena la arrestación, y constarle por él que se ha procedido por autoridad competente.

Artículo 126.- Ninguna incomunicación puede impedir que un Senador y el magistrado encargado de la prisión visiten al reo.

Artículo 127.- Toda persona en el acto de ponerse en arresto o prisión, recibirá un certificado en que conste que queda por orden de determinado juez. Los oficiales de la prisión están obligados a dar parte al Senado o a quien le represente en las Provincias, si el reo se lo encarga; y a conducir sus comunicaciones oficiales a su juez o a la estafeta.

Artículo 128.- Nadie puede estar preso más de cuarenta y ocho horas sin saber la causa de su prisión y constarle las gestiones que sobre ella se han practicado.

Artículo 129.- En toda causa deben confrontarse los testigos después de sus declaraciones, si lo pide alguna parte. El juez debe examinar los testigos en materias criminales.

Artículo 130.- El acusado se defiende por sí o sus consejeros. En cualquier tiempo puede llamar a sus jueces a la prisión o escribirles si están distantes, y lo mismo a las autoridades superiores al juez. Las cartas en materias criminales serán fiel y graciosamente conducidas.

Artículo 131.- Los que ministerialmente visitan las prisiones son responsables de las arbitrarias si no las reclaman.

Artículo 132.- Se prohíbe toda pena de confiscación o infamia trascendental.

Artículo 133.- El juez y todo funcionario recusado lo queda de hecho y sin acompañarse jamás; pero el recusante sufre una pena si recusó sin causa y sin concedérselo la ley. Esta pondrá muy pocas trabas a la recusación, que es una de las garantías más principales.

Artículo 134.- Afianzada suficientemente la persona o los bienes, no debe ser preso ni embargado el que no es responsable a pena corporal.

Artículo 135.- La pronta aplicación de la pena, la honestidad de las costumbres, y la certidumbre de ser premiada la virtud, son los principios con que la ley evitará los delitos.

Artículo 136.- Nadie puede ser juzgado sino en tribunales establecidos con anterioridad por la ley, y jamás por comisiones particulares. En toda demanda se permite a las partes el acceso a sus jueces por juicios y procesos verbales.

Artículo 137.- Ningún pleito tiene más recursos que primera instancia y apelación. El recurso de nulidad sólo será admisible faltándose a las formas esenciales de la ritualidad de los juicios, determinadas literalmente por la ley: reteniendo y conociendo en estos casos el Tribunal que declara la nulidad sobre el negocio principal.

Artículo 138.- El ciudadano que reclama un atropellamiento o violencia de las autoridades constituidas, en que no se guardaron las formas esenciales, o voluntariamente no se obedeció al decreto superior que mandaba proteger sus derechos, será servido en su reclamación por todos los funcionarios judiciales gratuitamente, afianzando las expensas para el caso de declararse injusto su reclamo.

Artículo 139.- En el estado civil sólo hay un fuero para todos los ciudadanos. La clase veterana del ejército conservará por ahora su fuero militar con arreglo a las leyes actuales.

Artículo 140.- Los escritos sin comunicarse apenas exceden la responsabilidad de los pensamientos, y por ellos sólo pueden tomarse providencias de seguridad que no sean aflictivas.

Artículo 141.- Todo delincuente infraganti puede ser arrestado sin decreto y por cualquiera persona para el único objeto de conducirlo al juez competente.

Artículo 142.- No pueden exigirse prorratas, servicios, personales, ni algún género de pensión o contribución, sino en virtud de un reglamento público aprobado legalmente y en fuerza del decreto de autoridad competente, deducido de aquel reglamento que se manifestará al ciudadano en el acto de pensionarle.

Título XIII

De la Suprema Corte de Justicia

Artículo 143.- La primera magistratura judicial del Estado es la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 144.- Se compone de cuatro Ministros, un Presidente y el Procurador Nacional, en quienes deben concurrir las mismas calidades que para Ministro de Estado; y a más la profesión y ejercicio de abogado por diez años.

Artículo 145.- Su tratamiento en cuerpo así como el del Senado y Supremo Director será de Excelencia, y el de Señoría a cada uno de sus miembros.

Artículo 146.- Sus atribuciones son:

1. Proteger, hacer cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales y judiciales;

2. Conocer de las nulidades de sentencias de las Cortes de Apelaciones, en el único caso y forma que señala la Constitución;

3. Conocer en las materias judiciales que permite el derecho natural y de gentes, en los negocios de Embajadores y de otros Ministros diplomáticos;

4. En las materias de jurisdicción local, y otras de los diocesanos y altas dignidades eclesiásticas que, según las leyes, regalías, patronato e independencia nacional, pertenecen a la soberanía judicial de la Nación;

5. En las causas civiles y criminales del Supremo Director, de los Senadores, de los Ministros y Consejeros de Estado, y de los Ministros de las Cortes de Apelaciones;

6. En las residencias de todo jefe de administración general o gobierno departamental;

7. En las causas de patronato nacional;

8. En los recursos de fuerza en toda la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de la capital;

9. En las competencias entre tribunales superiores.

Artículo 147.- En todos los anteriores negocios que legalmente admitan apelación, conocerán las Cortes de Apelaciones en primera instancia, y en apelación la Corte Suprema de Justicia. En las causas de los Ministros de las Cortes de Apelaciones, conocen los jueces de letras en primera instancia y la Corte Suprema en apelación.

Artículo 148.- Tiene la Suprema Corte la superintendencia directiva, correccional, económica y moral ministerial, sobre los tribunales y juzgados de la Nación. Tiene también la de la policía criminal conforme al reglamento que se formará sobre estas atribuciones.

Artículo 149.- En consecuencia del Artículo anterior conoce en única instancia:

1. De las vejaciones, dilaciones y otros crímenes y perjuicios cansados por los jueces de apelaciones en la secuela de los juicios, procediendo sumariamente, sin alterar lo juzgado, y para sólo declarar la responsabilidad personal del juez y después de concluido el proceso. Si durante el pleito se interpusiesen recursos sobre estos abusos, deberán concluirse en ocho días perentorios;

2. En las dudas sobre la inteligencia de una ley para consultar al Senado, proponiendo su dictamen;

3. Pasa cada año una memoria al Senado sobre las mejoras que crea convenientes en la administración de justicia;

4. Propone en terna los jueces de letras al Supremo Director, para que éste elija y nombre de la terna;

5. Nombra los letrados que diriman las discordias en la Corte de Apelaciones, y los suplentes de sus Ministros;

6. Un Ministro visita mensualmente todas las cárceles y lugares de detención que existen en la capital, sin excepción de algunas o alguna clase de fuero;

7. Toma una razón bimestre de los negocios que se despachan en los tribunales para activarlos;

8. En los negocios contenciosos que puedan ocasionar escandalosas disensiones y ruinas a las familias o al Estado, puede obligar a las partes a compromisos presenciados por un Ministro;

9. Cada Ministro es juez conciliador en la capital: siendo ésta una de sus principales atribuciones;

10. Queda a su cargo el trabajo consultivo y preparativo sobre los Códigos legales del Estado, que concluirá en el término y forma que prefije el Senado.

Artículo 150.- Sus Ministros son vitalicios si no desmerecen o son censurados.

Artículo 151.- Son atribuciones del procurador general:

1. Representar en todos los negocios públicos;

2. Defender las garantías constitucionales violadas por las primeras magistraturas del Estado;

3. Sostener los derechos nacionales respecto de todo fuero nación; y los de los pueblos entre sí o con respecto al Directorio;

4. Acusar a todos los funcionarios públicos, de oficio o en virtud de denuncias legales, públicas o secretas, siendo personalmente responsable de toda omisión o connivencia;

5. Reclamar al Senado por la declaración o propuesta de beneméritos a favor de los que han servido al Estado; sin costo de los interesados;

6. Finalmente, es parte en todos los negocios públicos y fiscales, en la moralidad nacional; en la policía moral de la jerarquía eclesiástica; en la reclamación sobre los abusos respecto de los pueblos y personas; y en cuanto pertenezca al mejor orden público, teniendo el derecho de petición y consulta ante todos los poderes supremos y ante todos los tribunales del Estado.

Artículo 152.- El Procurador General tiene dos vice-procuradores para su ministerio.

Título XIV

De las Cortes de Apelaciones

Artículo 153.- Por ahora habrá una Corte de Apelaciones para todo el Estado, compuesta de cuatro Ministros y un Regente. Su tratamiento en cuerpo será de Ilustrísima, y en particular el de Señoría cuando se les hable de oficio.

Artículo 154.- Para ser Ministro de la Corte de Apelaciones se exige ciudadanía elegible, treinta años de edad, y profesión pública de abogado por ocho años.

Artículo 155.- Progresando la población y recursos, se establecerán Cortes de Apelaciones en los puntos convenientes a la cómoda administración de justicia.

Artículo 156.- Son atribuciones de esta Corte:

1. Conocer en las apelaciones de todos los negocios civiles y criminales del Estado, sin exclusión de algún ramo que no exprese la Constitución;

2. De los procederes de los jueces de primera instancia en la forma del número 1 del Artículo 149;

3. En materias que exijan conocimientos prácticos o técnicos, llamará a su seno facultativos en clase de conjueces, teniendo desde ahora nombrados un comerciante, un minero y dos empleados de hacienda para estos respectivos juicios, y sustanciando siempre las materias fiscales con informe del jefe del ramo a que pertenece el objeto de aquel juicio.

Artículo 157.- Un reglamento de administración de justicia designará las cantidades y materias apelables a esta Corte.

Artículo 158.- Un Ministro por turno visita cada dos meses los oficios públicos de escribanos, para corregir los defectos que advierta, por sí o con previo aviso a la misma Corte.

Artículo 159.- La Corte de Apelaciones cuida de que los jueces en todos los Departamentos visiten las cárceles y lugares de detención, arreglen su policía y le remitan razones circunstanciadas de todas las causas criminales con expresión de su estado, y número de presos y destinados, para proveer lo conveniente y pasar estas razones con sus observaciones a la Suprema Corte.

Artículo 160.- Visita cada semana uno de sus Ministros las prisiones y lugares de detención: oye personalmente a los reos y a los jueces, y provee sobre todas las ocurrencias expeditivas y de policía.

Artículo 161.- Si la prisión de un reo ha excedido de seis meses, pasa semanalmente a la Corte Suprema un boletín separado de los progresos de su causa y motivos de su detención.

Artículo 162.- Los abogados, escribanos y procuradores serán examinados y admitidos a su ministerio en la Corte de Apelaciones, pudiendo ésta destituir según su prudencia los Ministros ineptos en estas dos últimas clases, sin expresión de causa.

Artículo 163.- La Corte de Apelaciones tendrá delegados en las provincias, que sustancien los recursos de apelación hasta el estado de sentencia, en que se remitirá el proceso a su Tribunal. Si ambas partes se convienen, pueden pasar a la misma Corte a sustanciarlos y oír sentencia.

Artículo 164.- La Corte de Apelaciones podrá también nombrar por ahora para delegados a los Secretarios de las Intendencias, hasta que se proporcionen otros letrados y recursos.

Artículo 165.- De la recusación de un Ministro de esta Corte, conoce el Presidente de la Suprema; y de la recusación de todo el Tribunal, toda la Corte Suprema. La recusación de un Ministro de la Corte Suprema la decide la de Apelaciones; y la recusación de toda la Corte Suprema la declara el Senado.

Artículo 166.- Los Ministros de la Corte de Apelaciones son vitalicios, si no desmerecen o resultan censurados.

Título XV

De los Jueces de Conciliación

Artículo 167.- Ninguno puede presentarse a los tribunales ordinarios con demanda judicial, sin haber ocurrido a los de conciliación.

Artículo 168.- Debe llamarse a conciliación toda demanda civil y las criminales que admitan transacción sin perjuicio de la causa pública. Pueden llamarse también las eclesiásticas sobre derechos personales y acciones civiles.

Artículo 169.- El ministerio de los conciliadores, es oír la solicitud de las partes con los justificativos que basten a dar alguna noción del asunto y excitar o proponer medios de conciliación, instruyéndolas de sus derechos.

Artículo 170.- Si ambas partes se resisten, se les da un boletín para que ocurran a los tribunales. Asintiendo alguna a la concordia, se expresarán los términos en que convino; y si la sentencia judicial resulta la misma sustancialmente, se condenará precisamente en costas al disensiente.

Artículo 171.- En los negocios de menores y personas sin deliberación legal, se tratará con sus representantes, y confirmará la conciliación la Corte de Apelaciones en materias de considerable gravedad; y los Jueces de Letras en las menores.

Artículo 172.- Las acciones fiscales no admiten conciliación.

Artículo 173.- Cuando hay presunción de fuga, puede pedirse previamente fianza de seguridad.

Artículo 174.- En la capital son jueces de conciliación cada uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, y en las Provincias que tengan Jueces de Letras, los Alcaldes de la Municipalidad. Donde no existan Jueces de Letras, los alcaldes conocerán en primera instancia; y uno o dos regidores serán Jueces de Conciliación. En materias de comercio lo serán en las grandes capitales dos comerciantes con el título de Cónsules; y uno en las Delegaciones o ciudades menores.

Artículo 175.- Los negocios de menor cuantía se conciliarán por los prefectos y otros regidores do la Municipalidad.

Título XVI

Juicios Prácticos

Artículo 176.- Cuando se disputen deslindes, direcciones, localidades, giros de aguas, internaciones, pertenencias de minas y demás objetos que esencialmente exigen conocimientos locales, se procederá por jueces que reconozcan el objeto disputado, y resuelvan prontamente por este examen justificado.

Artículo 177.- Estos jueces deben ser una o dos personas que nombren a su satisfacción las mismas partes ante el Juez Conciliador o un tribunal ordinario: a lo que serán necesariamente compelidas, en un término perentorio.

Artículo 178.- Si se nombran como arbitradores, su sentencia es inapelable. Si proceden ordinariamente, se verificará la apelación ante uno o dos jueces nombrados en la misma forma.

Artículo 179.- Ellos mismos harán cumplir sus sentencias, auxiliados por el Jefe Político.

Título XVII

Dirección de economía nacional

Artículo 180.- Existirá en el Estado una magistratura con el título de Dirección de Economía Nacional.

Artículo 181.- Se compondrá al menos de seis Directores de la mayor actividad, luces y probidad. Para su destitución, basta un carácter inerte y pasivo. Tendrán un Secretario.

Artículo 182.- Se pone a cargo de esta magistratura, la inspección y dirección del comercio, industria, agricultura, navegación mercantil, oficios, minas, pesca, caminos, canales, policía de salubridad, ornato y comodidad, bosques y plantíos, la estadística general y particular, la beneficencia pública, y en cuanto pertenezca a los progresos industriales, rurales y mercantiles.

Artículo 183.- Dos directores se mantendrán sedentarios en las funciones ordinarias de la Dirección. Dos ocuparán el término de cuatro años en examinar todas las localidades marítimas y continentales del Estado para establecer o dirigir en ellas los objetos de su instituto ya decretados. Los otros dos o más directores serán precisamente los enviados a países extranjeros que ocuparán cuando más cinco años en su misión diplomática y económica, destinándose por todo lo perteneciente a este ramo en examinar los objetos adaptables al país y proporcionarle los profesores útiles y auxilios necesarios.

Artículo 184.- Entrarán todos por ahora en sus respectivos ejercicios, turnándose en lo sucesivo a disposición del Gobierno que consultará su Consejo.

Artículo 185.- Consultarán al Gobierno en todos los artículos de su instituto, procediendo con su aprobación.

Artículo 186.- Los proventos gremiales de comercio, minas, propios de villas, derechos y fondos municipales o públicos, y cuantos existan o se creasen en el Estado para su prosperidad o comodidad interior, estarán separados del Tesoro Fiscal y a cargo de esta Dirección.

Artículo 187.- Se entenderán con los consejos departamentales y las Municipalidades, para las instrucciones, necesidades y empresas de las provincias.

Artículo 188.- Los Directores durarán a voluntad del Gobierno de acuerdo con el Senado.

Artículo 189.- El Senado procede de acuerdo con el Director Supremo, cuando sanciona sus propuestas.

Título XVIII

Del Régimen Interior

Artículo 190.- El Estado se divide gradualmente en Gobiernos Departamentales, Delegaciones, Subdelegaciones, Prefecturas e Inspecciones.

Artículo 191.- En cada Departamento habrá un solo Gobierno político y militar que nombrará el Director Supremo con acuerdo del Senado. Su duración será a voluntad del Director, pero sujeto a la censura de la Provincia.

Artículo 192.- En las Delegaciones mandará un Delegado dependiente del Gobierno Departamental.

Artículo 193.- El Delegado es propuesto en terna que forma el Consejo Departamental, y aprueba o repele por una vez su gobernador, y el Supremo Director elige. Queda sujeto a la censura del Consejo Departamental, conformándose en ella los dos tercios y obteniendo la aprobación directorial. Dura cuatro años. Puede reelegirse por dos tercios de votos en las Asambleas Electorales.

Artículo 194.- El Delegado nombrará los Subdelegados, Prefectos e Inspectores que aprueba o repulsa el Gobernador. En los distritos que sólo admiten una prefectura, será ésta la subdelegación.

Artículo 195.- Diez casas habitadas en la población o en los campos, forman una Comunidad bajo de su Inspector; y diez Comunidades una Prefectura.

Artículo 196.- Las Prefecturas son la base política de las costumbres, virtudes, policía y estadística. Forman una familia regulada por ciertos deberes de mutua beneficencia; cuidan y responden de los viciosos, vagos o pobres de su prefectura; se auxilian mutuamente y con especialidad en los casos de estar ocupados los Jefes de las familias en la defensa del Estado. Sus Prefectos son jueces ordinarios de ciertas demandas; y en otras, conciliadores según el reglamento que se formará para todas estas jerarquías.

Artículo 197.- Los Inspectores son subalternos de los Prefectos, y encargados más en detalle de las atenciones de éstos.

Artículo 198.- Las Prefecturas de un Distrito dependen de su respectiva Subdelegación y éstas del Delegado.

Artículo 199.- Jamás necesitará la policía, el Senado, el Directorio, los Gobernadores, ni alguna autoridad pública, noticias de una persona, de un delito, de una orden o de la aptitud, calidades y existencia de cualquier individuo que no puedan presentarse por el órgano gradual de estas jerarquías y según el reglamento prevenido.

Artículo 200.- Los Inspectores, Prefectos y Subdelegados, están exentos de toda carga municipal o contribución extraordinaria, y en su oficio cumplen el mérito cívico.

Artículo 201.- Son atribuciones de los Gobernadores Departamentales:

1. Mantener el orden y seguridad pública;

2. Corregir y velar sobre el desempeño de los funcionarios, como representantes directoriales;

3. Tienen la intendencia económica sobre la Hacienda fiscal y pública;

4. Promulgan las leyes y las ejecutan en sus distritos;

5. Finalmente, son los subalternos del Directorio en todo lo gubernativo, económico y militar de su jurisdicción.

Artículo 202.- Les está prohibido el conocimiento judicial y la prisión de los ciudadanos, si no es momentáneamente y hasta remitirlos a los jueces respectivos.

Artículo 203.- Para ser Gobernador o Delegado se requiere ciudadanía con sufragio, veinticinco años de edad y mérito cívico.

Artículo 204.- Los Delegados y Subdelegados son subalternos del Gobernador en sus respectivas atribuciones.

Artículo 205.- Por ahora habrá dos Jueces de Letras en la capital y uno en cada Departamento (y en las Delegaciones cuando se aumenten la población y los recursos). Éste conoce en primera instancia de todos los juicios que no excluye la Constitución, sin que haya causas privilegiadas.

Artículo 206.- Es asesor en todas las causas por escrito que por ahora se promuevan en las Delegaciones; y está a su cargo cuanto pertenece al Poder Judicial departamental.

Artículo 207.- El Juez de Letras en los Departamentos y un Alcalde en las Delegaciones, subroga a los Jefes Políticos.

Artículo 208.- En la capital de cada Departamento habrá un Consejo Departamental, compuesto de un vocal o del suplente que nombrará cada Delegación en las Asambleas Electorales. Se renueva cada tres años, pudiendo ser reelectos sus individuos.

Artículo 209.- Para todas sus gestiones, a excepción de la calificación de funcionarios, le preside el Gobernador; y sólo se reúne en las épocas constitucionales. Sus facultades son consultivas en todo lo que la Constitución no le concede otra prerrogativa.

Artículo 210.- Sus atribuciones son:

1. Ser el consejo del Gobernador en los negocios graves que éste les consulte;

2. Ser censor de las Municipalidades y Delegados, para instruir de su omisión o exactitud a los respectivos poderes; y aún para destituirles, si se conforman los dos tercios;

3. Representar en su Departamento a la Dirección Económica Nacional;

4. Velar sobre la instrucción pública y los establecimientos de misericordia y beneficencia;

5. Velar sobre la inversión legal de los caudales públicos;

6. Arreglar con el Gobernador el cupo de cada Delegación en las contribuciones y pensiones que se impongan al Departamento, decidiendo el Gobernador en caso de discordia.

Artículo 211.- El Consejo Departamental nombra las Municipalidades de cada Distrito con previo informe del respectivo Delegado: y propone al Directorio los Delegados en terna y según la Constitución.

Artículo 212.- Califica también este Consejo las personas para los empleos nacionales y provinciales, elegibles en las Asambleas Electorales.

Artículo 213.- Se reúne ordinariamente en dos épocas del año, cada una de un mes. La primera al tiempo de las calificaciones de funcionarios; la segunda en el mes de julio; y extraordinariamente siempre que es llamado por el Gobernador en casos de gravedad.

Artículo 214.- El Gobernador es jefe y miembro del Consejo, excepto en las calificaciones.

Título XIX

De las Municipalidades

Artículo 215.- Habrá Municipalidades en todas las Delegaciones, y también en las Subdelegaciones que se hallare por conveniente, compuestas de Regidores, que jamás excederán de doce, y en donde sea exequible no bajarán de siete, con dos Alcaldes o uno al menos.

Artículo 216.- Los individuos de las Municipalidades, son nombrados por los respectivos Consejos Departamentales y los confirma aquel gobierno. Su censura corresponde únicamente al Consejo Departamental; y su suspensión a los Jefes Políticos con remisión de la causa a los Tribunales.

Artículo 217.- Para ser Regidor se requiere ciudadanía y veinticinco años de edad.

Artículo 218.- Corresponde a las Municipalidades en sus respectivos Distritos: cuidar de la policía, instrucción, costumbres, cupo de contribuciones, formar sus ordenanzas municipales sujetas a la aprobación del Senado, y atender a todos los objetos encargados en general al Consejo Departamental: entendiéndose con estos consejos y la Dirección de Economía.

Artículo 219.- Ninguno podrá excusarse de las cargas municipales, a excepción de los empleados de hacienda y ejército permanente.

Artículo 220.- Las funciones peculiares de sus individuos son las siguientes:

1. Los Alcaldes son conciliadores donde hay Jueces de Letras; y donde éstos faltan, son jueces ordinarios, nombrándose allí dos Regidores para la conciliación. En la capital no hay Alcaldes;

2. El Regidor Decano cuida: del mérito cívico, y de los demás servicios de los ciudadanos, para dar cuenta al Senado y autoridades respectivas; del cumplimiento de los funcionarios; y de la moralidad pública;

3. El segundo, de la educación científica e industrial;

4. El tercero, de la policía de salubridad, seguridad, ornato, comodidad y recreo: de las cárceles y abastos;

5. El cuarto, de la policía, seguridad y arreglo rural;

6. El quinto, de las artes, oficios, fábrica y de todo género de industria;

7. El sexto, es el defensor y protector general de huérfanos y demás personas sin representación civil, ausentes o impedidos. Cuida de los hospitales, hospicios, casas correccionales, y de todos los institutos de beneficencia y misericordia;

8. El séptimo es el síndico o procurador municipal, a cuyo cargo corre la defensa y recaudación de caudales públicos, y la dirección y personería en todas las solicitudes y agencias sobre objetos de prosperidad territorial, ya sea por su oficio, ya por encargo de la Municipalidad.

Artículo 221.- Los Regidores restantes suplen las faltas, o dividen los ramos que están atribuidos a uno solo.

Artículo 222.- Cada Regidor será premiado con algunos emolumentos, deducidos de los objetos de su instituto, cuyo pago resulte del acto o ejercicio de la misma función que verifica; y también será penado si no desempeña graciosamente su servicio en personas u objetos inhábiles para satisfacer.

Artículo 223.- Las comisiones particulares no impiden el conocimiento y deliberación general de toda la Municipalidad en los negocios encargados a los Regidores.

Artículo 224.- Las Municipalidades y sus Regidores están subordinados al Jefe Político, y éste las preside.

Título XX

De la fuerza pública

Artículo 225.- La fuerza del Estado se compone de todos los chilenos capaces de tomar las armas: mantiene la seguridad interior y la defensa exterior.

Artículo 226.- La fuerza pública es esencialmente obediente: ningún cuerpo armado puede deliberar.

Artículo 227.- Cada año decreta el Senado la fuerza del ejército permanente, y ésta es la única del Estado.

Artículo 228.- La fuerza pública no puede pasar de un Departamento a otro sino en virtud de un decreto directorial: salvo el caso de invasión extranjera.

Artículo 229.- No puede hacer requisiciones ni exigir alguna clase de auxilios, sino por medio de las autoridades civiles y con expreso decreto de éstas.

Artículo 230.- Todo chileno, para gozar de los derechos de tal, debe estar inscrito o dispensado en los registros de milicias nacionales desde la edad de dieciocho años.

Artículo 231.- La Nación chilena jamás se declara en estado de guerra sin convidar previa y públicamente a sus enemigos a la conciliación, por medio de plenipotenciarios o por el arbitraje de alguna potencia. Desde el momento que reconozca alguna intención hostil, o acto agresivo, hace esta invitación; y entretanto el Director toma las medidas de defensa con consulta del Senado, procediendo después a la declaración de agresión o guerra en la forma constitucional cuando ésta se verifique.

Artículo 232.- La fuerza pública se divide en Milicia Veterana y Nacional.

Artículo 233.- En todo Departamento y en cada Delegación, se formarán cuerpos de Milicias Nacionales de infantería y caballería.

Artículo 234.- Un reglamento particular organizará todo lo relativo a Milicias Nacionales.

Título XXI

De la Hacienda Pública

Artículo 235.- Sólo el Cuerpo Legislativo impone contribuciones directas o indirectas; y es prohibido a toda porción del Estado imponerlas en su territorio sin autoridad de la Legislatura, ni bajo de pretexto precario, voluntario, o de alguna clase.

Artículo 236.- Cada año y después de la aprobación del Senado, se publicará un estado de las entradas y gastos de aquel año, dividiéndose éstos por los ramos de cada Ministerio de Estado.

Artículo 237.- No se puede librar contra el Tesoro público, sino con expresión de la ley que faculta aquel gasto, y hasta la cantidad que ella determina. El Tesorero que cubra libranzas excedentes a esta cantidad es responsable.

Artículo 238.- La Hacienda Pública se deposita en la Tesorería Central y sus subalternas. Toda libranza directorial se registra en la Contaduría Mayor y Tesorería Central.

Artículo 239.- Habrá una contaduría mayor donde se liquiden y juzguen las cuentas de todos los ramos y departamentos fiscales. Por ahora tendrá un solo jefe con el título de Contador Mayor.

Artículo 240.- Allí también se liquidarán y juzgarán las rentas municipales, y todas las que pertenezcan a la Dirección de Economía del Estado.

Artículo 241.- Habrá una inspección general de rentas fiscales, públicas y municipales de todo el Estado.

Artículo 242.- Sus jefes serán dos Inspectores Fiscales con su respectivo Departamento.

Artículo 243.- Son atribuciones de los Inspectores:

1. Reclamar de toda libranza directorial que no se incluya o exceda del presupuesto legal;

2. Registrar las libranzas legales, y las sentencias que contengan pago, o liberación fiscal;

3. Disponer que se interpongan o prosigan los recursos legales a favor del Fisco, si conocen omisión en sus agentes;

4. Residenciar todas las gestiones de la contaduría mayor y confirmar sus juicios;

5. Satisfacer las dudas y consultas legales o reglamentarias de las administraciones generales;

6. Informar al Senado sobre los presupuestos anuales que le pasan los Ministros, y sobre la razón de las inversiones que se les deben presentar;

7. Tomar razón y rendirla al Directorio, del cumplimiento de todas las leyes fiscales;

8. Velar sobre la organización legal y buen manejo de todas las administraciones y tesorerías fiscales, públicas y municipales del Estado;

9. Informar anualmente al Senado y Directorio sobre los abusos y mejoras que exige la administración de estos ramos; y especialmente sobre la economía que puede guardarse en cada uno de los objetos de gastos públicos.

10. Poner las notas a las hojas de los Jefes de Rentas, dando razón precisamente con ellas al Directorio;

11. Satisfacer las consultas del Gobierno y Senado sobre objetos fiscales, y presentarle los proyectos orgánicos.

Artículo 244.- De los dos Inspectores, uno se mantendrá en la capital cumpliendo con las funciones antedichas, y visitando detenidamente cada tres meses todas las administraciones de su instituto.

Artículo 245.- El otro ocupará parte del año en visitar todas las administraciones del Estado, sin que en el periodo de cuatro años continuos quede alguna sin visitar.

Artículo 246.- En estas visitas se corregirán abusos, se establecerán las disposiciones fiscales: se examinará la conducta, actividad y actitud de los funcionarios: se suspenderán provisoriamente; y en fin, se practicarán cuantas gestiones parezcan convenientes al arreglo y mejoras de las administraciones de su instituto.

Artículo 247.- La ley determinará el orden de turnos, o forma de servicio de cada uno de los Inspectores.

Artículo 248.- Habrá también cada semana juntas económicas de hacienda en la capital y Provincias, compuestas de los Jefes principales de cada ramo y un Inspector Fiscal, y presididas en la capital por el Ministro de Hacienda, y en las Provincias por el Jefe del Departamento para consultar los negocios graves u orgánicos relativos al Fisco y sus Departamentos.

Título XXII

Moralidad nacional

Artículo 249.- En la legislación del Estado, se formará el código moral que detalle los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de la vida social, formándole hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales. Los Artículos siguientes son las bases de este código, que se ejecutarán desde ahora.

Artículo 250.- En el registro que lleva el Senado de la moralidad nacional o mérito de los ciudadanos, se reputan como virtudes principales para la declaración de beneméritos, las siguientes:

1. El adelantamiento que deban las Provincias, Delegaciones y demás territorios del Estado, a la actividad y celo de sus respectivos Jefes;

2. El progreso de los establecimientos públicos y ramos civiles y fiscales por sus funcionarios;

3. La particular reputación que adquieran los jueces por su integridad y celo por la justicia;

4. Los actos heroicos y distinguidos de respeto a la ley, los magistrados, o a los padres;

5. El valor, la singular actividad y desempeño en los cargos militares, y los grandes peligros arrastrados por la defensa de la Patria;

6. La magnanimidad en proclamar, defender, proteger el mérito ajeno;

7. El celo y sacrificios hechos por la defensa de los oprimidos o por la justa salvación de un ciudadano;

8. Las erogaciones o gestiones personales extraordinarias a favor de la industria, y todo género de beneficencia y adelantamiento público;

9. Las erogaciones y sacrificios por la instrucción moral, industrial, religiosa o científica.

Artículo 251.- Habrá un Montepío, formado de una corta pensión impuesta a todos los que perciben rentas o emolumentos públicos y fiscales de cualquier clase y fuero. Se aumentará este fondo:

1. Con un tanto por ciento sobre todos los ramos gremiales;

2. Con las multas y penas pecuniarias aplicadas en todos los tribunales y fueros;

3. Con una pensión sobre herencias transversales y extrañas;

4. Sobre todas las licencias y establecimientos que se permitan para el honesto recreo de los ciudadanos.

Artículo 252.- Este fondo se destinará únicamente para premios de los ciudadanos que se declaren beneméritos en todo fuero y clase; siendo su asignación:

1. Para alimento de sus viudas, hijos o padres;

2. Para alimentar al mismo benemérito, llegando a estado de notoria pobreza;

3. Un reglamento organizará las circunstancias, forma y cuanto de estas contribuciones, y el doble o triple de pensión a favor de los beneméritos en grado heroico.

Artículo 253.- La sabiduría y los talentos literarios útiles a la Patria, serán premiados de este fondo, pero con la precisa y notoria calidad de probidad de costumbres y moralidad de opiniones.

Artículo 254.- La Patria se encarga de la educación graciosa de los hijos de los beneméritos, en todo o parte, según las circunstancias de los establecimientos.

Artículo 255.- Se encarga en la misma forma de la educación de los jóvenes en quienes se conozcan singulares talentos para las artes o ciencias.

Artículo 256.- Todo educando que se declare benemérito en los institutos por su singular probidad, gozará la misma educación y la segura expectativa en los empleos de su profesión, si no desmerece.

Artículo 257.- La instrucción pública, industrial y científica, es uno de los primeros deberes del Estado. Habrá en la capital dos institutos normales: uno industrial y otro científico, que sirvan de modelo y seminario para los institutos de los departamentos. Habrá escuelas primarias en todas las poblaciones y parroquias. El código moral, y entre tanto un reglamento, organizará la educación de los institutos.

Artículo 258.- Se establecerán cuatro fiestas cívicas en el año, decoradas de toda la pompa exterior e incentivos heroicos posibles; en cuyos días serán también honrados y premiados los que se hayan distinguido en las virtudes análogas a aquella fiesta. Ellas se dedicarán:

1. A la beneficencia pública y prosperidad nacional;

2. A la justicia, al amor y respeto filial, y a la sumisión a los magistrados;

3. A la agricultura y artes;

4. A la gratitud nacional y memoria de los beneméritos en grado heroico, y defensores de la Patria.

Artículo 259.- Por trimestres publicará la Secretaría del Senado el Mercurio cívico, o extracto de los servicios distinguidos y extraordinarios de los pueblos, corporaciones, magistrados, cuerpos militares, funcionarios y ciudadanos particulares en todos los fueros y clases del Estado; y de los premios concedidos a las virtudes.

Artículo 260.- Del fondo del Montepío, y con preferencia, se establecerán ocho premios anuales en esta forma: dos a los Jefes de Departamentos o territorios, que más han contribuido a la prosperidad y moralidad de sus jurisdicciones: dos a los agricultores más dignos: dos a los empresarios o fomentadores de alguna industria útil al país en sus primeras materias: dos a los ciudadanos y funcionarios más distinguidos en la beneficencia pública o servicios de su instituto.

Artículo 261.- Los Inspectores y Prefectos, y los Regidores de Educación y policía en los respectivos distritos, son responsables:

1. De los vagos y viciosos;

2. De la falta de educación e instrucción de todos los chilenos que pasen de diez años.

Título XXIII

Del uso de la imprenta

Artículo 262.- La imprenta será libre, protegida y premiada en cuanto contribuya a formar la moral y buenas costumbres; al examen, y descubrimientos útiles de cuantos objetos pueden estar al alcance humano; a manifestar de un modo fundado las virtudes cívicas y defectos de los funcionarios en ejercicio; y a los placeres honestos y decorosos.

Artículo 263.- Se le prohíbe:

1. Sindicar las acciones de algún ciudadano particular, ni las privadas de los funcionarios públicos;

2. Entrometerse en los misterios, dogmas y disciplina religiosa, y la moral que generalmente aprueba la Iglesia Católica.

Artículo 264.- Habrá un Tribunal de Libertad de Imprenta, compuesto de siete individuos entre veintiuno, recusables y subrogables. Habrá también consejeros literatos; y una comisión judicial para juzgar los negocios particulares de todos estos individuos, a quienes nombrará la Cámara Nacional: formándose un reglamento que detalle sus respectivas atribuciones.

Artículo 265.- Todo escrito que ha de imprimirse, está sujeto al Consejo de Hombres Buenos, para el simple y mero acto de advertir a su autor las proposiciones censurables.

Artículo 266.- Hecha la advertencia, puede el autor corregirlas por sí, o vindicarlas en un juicio público en el Tribunal de Libertad de Imprenta, sin costos, sumarísimo, y sujeto a la mera inspección de las proposiciones censuradas; y no queda responsable después de la publicación. Si no quiere corregir ni vindicar sus proposiciones en este juicio, puede publicarlas sujeto a la pena legal establecida para aquel abuso de imprenta, si se juzgase tal; y en este caso sólo debe imprimirse, si el autor es persona de abono o afianza la responsabilidad civil.

Artículo 267.- Un escrito puede presentarse anónimo a la revisión; y el consejero debe guardar secreto si se le encarga.

Artículo 268.- Ningún escrito puede demorarse en poder del consejero a más del término que establezca el reglamento; y pasado éste puede imprimirse bajo la responsabilidad de dicho consejero.

Título XXIV

De la tranquilidad, permanencia de la Constitución, y juramento de los funcionarios

Artículo 269.- Presentándose alguna grave discordia civil o insurrección de alguna Provincia, al momento el Senado, el Gobierno, la Suprema Corte de Justicia, o el Consejo Departamental de la capital (cada cuerpo en defecto de otro), declara la convocación de la Cámara Nacional, para el único objeto de elegir la Comisión de Conciliación Nacional.

Artículo 270.- Esta Comisión se compone de tres Consultores Nacionales elegidos a pluralidad. Pueden elegirse los que no son Consultores, si lo exigen graves circunstancias.

Artículo 271.- Desde el momento de su elección, son inviolables. Tienen libertad de presentarse en todos los ejércitos o reuniones del Estado: tratar con los jefes o personas que conviniera: franquearles salvo conducto para que concurran a cualquier punto y conferencia.

Artículo 272.- El que atentare contra la vida o libertad de los Conciliadores Nacionales, o de las personas que obtienen su salvo conducto, se declarará fuera de la ley, y con pena de muerte de hecho. Este delito jamás se indultará, y el jefe en cuya jurisdicción se cometiese, no podrá obtener empleo en el Estado, si no le castiga.

Artículo 273.- Los Conciliadores Nacionales no podrán mandar algún cuerpo armado, ni incorporarse a algún partido bajo pena de muerte.

Artículo 274.- Se encargan de tratar con los Jefes de las Provincias o partidos disidentes, y practicar cuantas gestiones estén a sus alcances, para restablecer el orden, la conciliación y el imperio de las leyes.

Artículo 275.- El presente Código es la Constitución permanente del Estado. El Senado por sí, ni con el voto de la Cámara Nacional, podrá derogar sus leyes o suspender su cumplimiento.

Artículo 276.- En el caso que las circunstancias y los prolongados y justificados conatos, manifiesten el perjuicio o inexequibilidad de alguna ley; puesta la iniciativa para su derogación, se discutirá su sanción en tres sesiones celebradas cada mes, y por tres días cada una. Pasará después en consulta a la Cámara Nacional que la discutirá en dos sesiones mensuales, y dos días cada una; y aprobada la derogación por la Cámara, se remitirá, a la confirmación de las asambleas periódicas electorales, reducida al sí o al no en sus respectivos piquetes.

Artículo 277.- Todos los funcionarios de todas las clases y fueros del Estado, harán el siguiente juramento al posesionarse de sus empleos: Que obedecerán y defenderán la Constitución y las leyes del Estado; el veto suspensivo del Senado; las resoluciones de la Cámara Nacional; y las órdenes y decretos del Directorio. Que obedecerán y reconocerán como funcionarios a los nombrados por el pueblo en las asambleas electorales; y que en cuanto sea posible, castigarán con pena de muerte a los que atentaren a la inviolabilidad de los Conciliadores Nacionales, o de los que han obtenido su salvo conducto. El Supremo Director, los Senadores y Ministros de Estado, el Procurador General, los Gobernadores Intendentes y Delegados, los Consejeros Departamentales, y los Ministros de las Cortes de Justicia y Apelaciones, jurarán también su profesión de católicos romanos.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Constituyente, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Estado, y refrendada por nuestros secretarios en veintiocho de diciembre de mil ochocientos veintitrés, sexto de la independencia. Fernando Errázuriz, diputado por Rancagua, Presidente. José Ignacio Eyzaguirre, diputado por Valdivia, Vicepresidente. José Bernardo Cáceres, diputado por Los Ángeles. José María Rozas, diputado por Chiloé. Fernando Urízar, diputado por Los Ángeles. Melchor de Santiago Concha, diputado por Chiloé. José Gregorio Argomedo, diputado por Colchagua. Agustín de Vial, diputado por Santiago. Francisco Calderón, diputado por Quirihue. Joaquín Prieto, diputado por Rere. José Manuel Borgoño, diputado por Santiago. Juan Bautista Zúñiga, diputado por Chillán. Antonio Ruiz, diputado por Lautaro. Carlos Olmos de Aguilera, diputado por La Florida. Pedro Ovalle, diputado por Valparaíso. Juan Garcés, diputado por Curicó. José Manuel Rivero, diputado por Rancagua. Bernardo Osorio, diputado por Chillán. Santiago de Echeverz, diputado por Aconcagua. Fray Antonino Gutiérrez, diputado por Copiapó. José Tomás de Ovalle, diputado por Santiago. Fray Tadeo Silva, diputado por Melipilla. Diego Antonio Elizondo, diputado por Petorca. Juan de Dios Vial del Río, diputado por Cauquenes. José Antonio Ovalle, diputado por Quillota. Francisco Ramón de Vicuña, diputado por Elqui. Diego Donoso, diputado por Curicó. José Vicente Orrego, diputado por Quillota. Gregorio de Echaurren, diputado por Santiago. José Miguel Yrarrázaval, diputado por Illapel. Agustín de Orrego y Zamora, diputado por La Ligua. José Miguel León de la Barra, diputado por Osorno. José Alejo Eyzaguirre, diputado por Santiago. José María Silva, diputado por Talca. Doctor Miguel Eduardo Baquedano, diputado por Colchagua. Juan de Dios Antonio Tirapegui, diputado por Linares. Bernardino Bilbao, diputado por Talca. Juan Egaña, diputado por Santiago. Pedro Arce, diputado por San Carlos. Joaquín Gandarillas, diputado por Santiago. Francisco Javier de Urmeneta, diputado por Coquimbo. Francisco de Borja Fontecilla, diputado por Colchagua. Juan Buena Ventura de Ojeda, diputado por San Carlos. Manuel Ortúzar, diputado por Chiloé. Joaquín Larraín, diputado por Aconcagua. Juan Agustín Lavín, diputado por Linares. Manuel Cortés, diputado por Los Andes. José Manuel Barros, diputado por Coquimbo. Doctor Gabriel Ocampo, diputado por Colchagua, secretario. Miguel Riesco y Puente, prosecretario.

Por tanto, mando a todos los chilenos súbditos del Gobierno de cualquier clase y condición que sean, que hayan y guarden la Constitución inserta como Ley Fundamental del Estado. Y ordeno asimismo a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades así civiles como militares y eclesiásticas de cualesquiera clase o dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la misma Constitución en todas sus partes; imprimiéndose, publicándose, y circulándose.

Dada en el Palacio Directorial de Santiago, a 29 de diciembre de 1823. Ramón Freire. Mariano de Egaña.

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes, Libro I Nº 20, de fecha 1º de enero de 1824, Decreto que en su Nº 4 establece que los Jefes de las Delegaciones y los Gobiernos promulgarán solemnemente la Constitución y con la pompa posible remitiéndose dos ejemplares a lo menos, de la Constitución, que se establezcan en sus respectivos distritos.

DISOLUCION DEL CONGRESO Y PROMULGACION DE LA CONSTITUCION(*), AÑO 1823

Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido expedir el decreto siguiente:

El Congreso Constituyente decreta:

Artículo 1º El Congreso se declara legalmente disuelto, y el domingo 4 de enero se procederá a dar gracias al Ser Supremo e implorar su omnipotente protección a favor de la Nación, y sus instituciones en una misa solemne a que concurrirán todos los principales funcionarios.

Artículo 2º El Senado abrirá precisamente sus sesiones el 7 de enero y su primera jestión será designar los Senadores que según la adición constitucional deben ocuparse en los proyectos de leyes, reglamentos orgánicos, y demás instituciones necesarias para hacer efectiva la Constitución en todos sus ramos en su curso político o la instrucción a los pueblos sobre los fundamentos que han influido en la que acaba de sancionarse. Encargará también según lo acordado en acta ordinaria de 27 del corriente a los funcionarios que allí se expresarán y a los demás que hallare por conveniente los proyectos reglamentarios análogos a su instituto, distribuyendo estos trabajos el Presidente accidental con consulta de los Senadores comisionados para los proyectos reglamentarios. El Senado in solidam y cada comisionado individualmente son responsables a la Nación de toda omisión que pudiere influir en que no estuvieren realizadas las disposiciones preliminares y necesarias para las elecciones nacionales próximas y los demás ramos que deben dirijir la administración moral, economía, política, y judicial del Estado.

Artículo 3º Concluida esta jestión procederá el Senado a sancionar el plan orgánico militar presentado por la comisión de este título, los reglamentos de justicia y hacienda, los tratados con las Naciones aliadas y todos los demás negocios que hoi se hallan pendientes en el Congreso; todo el modo constitucional que dispone la formación de las leyes y reglamentos. El plan orgánico militar deberá ser sancionado en el perentorio término de un mes despachándose con preferencia los negocios que se hallan llamados a discusión.

Artículo 4º Los Jefes de todas las Delegaciones y gobiernos promulgarán solemnemente la Constitución y con la pompa posible [remitiendo dos ejemplares al menos] establecerán en sus distritos memorias y monumentos que conserven en la posteridad la solemnidad de este acto, a cuyo efecto la calle y plaza principal donde se promulgue se nombrarán de la Constitución. Se remitirán también algunas medallas de las acuñadas para esta solemnidad, que conservarán en sus respectivas Municipalidades.

Artículo 5º Despúes del Catecismo será el primer libro en que se aprenda la lectura en todas las escuelas de la Nación la Constitución política y en los Institutos de educación se establecerán cátedras, lecciones, o instrucciones públicas de Constitución.

Artículo 6º Pásese copia testimoniada de este decreto al Directorio y al Presidente accidental del Senado para su promulgación, impresión, y cumplimiento en la parte que a cada uno corresponda según sus respectivas atribuciones.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el Boletín. Dado en el Palacio Directorial de Santiago a 1º de enero de 1824.

Lastra. Mariano de Egaña

MONUMENTO PUBLICO A LA MEMORIA DE LA CONSTITUCION (*), AÑO 1823

Santiago, diciembre 29 de 1823.

Deseando consagrar a la memoria de la Constitución política del Estado, que ha sancionado el Congreso Constituyente de la Nación, un monumento público y permanente que hasta los tiempos más remotos recuerde a los Chilenos el día en que se promulgó el pacto social que la jeneración presente lega a su posteridad, he acordado:

1º El paseo público que se está formando en la cañada de esta capital se denominará paseo de la Constitución.

2º La calle principal que desde la plaza mayor conduce a aquel paseo, y que se conocía en lo antiguo con el nombre de calle del rei, se denominará también calle de la Constitución.

3º La Constitución se jurará solemnemente por todos los funcionarios públicos en la parte de la cañada que hace frente a la calle de la Constitución; y en el mismo sitio se construirá un arco triunfal de mármol, sobre cuya cima se eleve la estatua de la Libertad coronada de laureles, teniendo en sus manos la Constitución política de Chile promulgada en 29 de diciembre de 1823.

4º En la fachada del arco hacia el oriente se leerá la inscripción siguiente:

A LA MEMORIA DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO EN 1823 EL PUEBLO CHILENO

y se inscribirán en seguida los nombres de los Diputados que han compuesto el Congreso Constituyente, y aparecen firmados en la misma Constitución.

5º En la fachada que mira al occidente se inscribirá el tít. 22 de la misma Constitución que lleva por epígrafe -De la moralidad Nacional.

6º El Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno queda encargado de la ejecución de este decreto, comunicando por sí todas las órdenes necesarias, e insértese en el Boletín.

Freire.

Egaña.

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 20, Libro I, de fecha 7 de enero de 1824

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 20, Libro I, de fecha 7 de enero de 1824

CHILE RÉGIMEN FEDERAL 1826-1827

LeI de 8 de julio de 1826:(*)

Presidente i vice-Presidente de la República. Se da aquel título al jefe del Poder Ejecutivo i éste al que lo debe subrogar, nombrándose Presidente a don Manuel Blanco Encalada i Vice a don Agustin de Eyzaguirre.

El Director Supremo de la República, etc.

Por cuanto el Congreso Nacional se ha servido decretar lo siguiente:

‘‘El Congreso Nacional ha sancionado i decreta:

1º. La persona que administre el Poder Ejecutivo nacional se titulará en adelante Presidente de la República.

2º. Habrá un vice-Presidente que subrogue al Presidente en los casos de muerte, ausencia o enfermedad grave.

3º. Teniendo en consideracion las reiteradas instancias del Director Supremo para que desde luego se elija la persona que haya de sucederle, en atencion a las actuales circunstancias del pais, se nombra para Presidente de la República hasta la promulgacion de la Constitucion, al Teniente Jeneral don Manuel Blanco Encalada, i para vice-Presidente a don Agustin Eyzaguirre.

4º. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion, cumplimiento i circulacion’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio Directorial de Santiago, a 8 de julio de 1826. Freire.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en Boletín de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájinas 46 i 47.

LeI de 13 de julio de 1826:(*)

Presidente de la República.- Condiciones en que debe hacerse su

eleccion provisional

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘1º. El Director o Presidente que se elija será provisorio.

2º. El tiempo de su duracion i demas arbitrios que deban adoptarse para el caso de disolverse repentinamente el Congreso, serán dados por una lei posterior, que presentará la Comision de Constitucion.

3º. La mayoría de un voto sobre la mitad de los diputados presentes en la Sala hará la eleccion, i si ésta no resultase, se repetirá nuevamente la votacion, entrando solamente a ella los dos que obtuvieron mayor sufrajio.

4º. La eleccion será por votacion libre.

5º. La persona electa será condecorada con el título de Presidente de la República: tendrá el tratamiento de Excelencia, i los honores correspondientes al Jefe Supremo del Estado.

6º. En su recepcion prestará el juramento ante el Presidente del Congreso por la fórmula prescrita en el artículo 78, capítulo 9º del Reglamento Interior.

7º. Las facultades del Presidente serán las que corresponden al Poder Ejecutivo por las leyes preexistentes, i las que ulteriormente acuerde esta i las subsiguientes lejislaturas.

8º. Se elejirá igualmente, i en la forma del artículo 2º un vice-Presidente que sustituya al Presidente en los casos de enfermedad, ausencia u otros’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 13 de julio de 1826.- Blanco.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájinas 47 i 48.

LeI de 13 de julio de 1826:(*)

Presidente i vice-Presidente de la República. Se dispone que durarán en sus funciones hasta que se elijan los propietarios.

El Presidente de la República de Chile, etc. Por cuanto el Soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘1º. El Presidente i vice-Presidente interino de la República durarán en sus empleos hasta que se elijan los propietarios constitucionalmente.

2º. Si acaeciere, lo que no se espera, que el Congreso se disuelva violentamente ántes de formar la Constitucion, caduca por la lei la autoridad del Presidente interino i vice-Presidente.

3º. En el caso del anterior artículo en que cada provincia reasume su soberanía, nombrará inmediatamente tres diputados que pasarán a reunirse en la villa de Melipilla, si no hai inconveniente grave para que sea en dicho punto, a solo el efecto de nombrar un Presidente nacional interino, o llamar los disueltos para que se reuna nuevamente, o espedir la convocatoria para la eleccion de otros a Congreso jeneral’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 13 de julio de 1826. Blanco.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájinas 48 i 49.

LeI de 14 de julio de 1826:(*)

Constitucion Política.- Se declara que la República se constituye por el sistema federal

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘La República de Chile se constituye por el sistema federal; cuya Constitucion se presentará a los pueblos para su aceptacion’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 14 de julio de 1826. Blanco.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájina 49.

LeI de 20 de julio de 1826:(*)

Diputados.- Se declara que los empleados públicos que fueren elejidos diputados quedan exentos de servir sus destinos por el tiempo de la lejislatura.

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘1º. Los empleados civiles, militares i eclesiásticos que sean elejidos por los pueblos para representar sus derechos en el Congreso Nacional, quedan exentos durante el período de la lejislatura del servicio de sus particulares destinos.

2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 20 de julio de 1826. Blanco.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájina 50.

LeI de 24 de julio de 1826:(*)

Diputados.- Tribunales que deben conocer de las causas en que tengan interes o sean parte

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘1º. Las causas civiles de los diputados serán juzgadas en primera instancia por la Corte de Apelaciones i en segunda por la Suprema de Justicia.

2º. Las criminales, declaradas previamente por el Congreso si há lugar a su formacion, serán juzgadas por los mismos Tribunales, i en la forma del artículo anterior.

3º. En los juicios de conciliacion de los diputados, será el juez el vice-presidente del Congreso’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 24 de julio de 1826. Blanco.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájina 50.

LeI de 26 de julio de 1826:(*)

Gobernadores.- Se da este nombre a los antiguos delegados,

determinándose la forma en que deben elejirse i la duracion de sus funciones.

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘1º. Quedan separados los delegados de los partidos, quienes entregarán el mando interinamente al alcalde de primer voto, i en las villas donde no hubieren alcaldes, a los que se hallen ejerciendo el cargo de procuradores.

2º. Los cabildos de dichos partidos convocarán a los ciudadanos para la eleccion popular de sus gobernantes a los ocho dias de recibida la lei, i en su defecto el procurador, o uno o dos de los jueces territoriales mas próximos.

3º. La eleccion se practicará en la misma forma que se practicó la de diputados al actual Congreso; cuya convocatoria se tendrá presente sin mas diferencia de que los electores, a mas de las calidades prescritas en ella, tengan la de saber leer i escribir, lo que acreditarán firmando sus nombres a presencia de la mesa de elecciones, o la de poseer un capital de mil pesos, en cuyo caso votarán verbalmente.

4º. Queda abolido el nombre de delegados, i en lo sucesivo se titularán gobernadores.

5º. La duracion de cada Gobernador será hasta el 1º de enero de 1828; i en lo sucesivo por un año, si la Constitucion o las asambleas no disponen otra cosa.

6º. El Gobernador electo no podrá ser removido de su destino durante el período de su administracion, si no es con causa, i por sentencia pronunciada por el poder judiciario.

7º. En los gobernadores-intendentes de provincia no se hará por ahora novedad, hasta que el Congreso espida la lei que regle su eleccion, que será a la mayor brevedad.

8º. Los pueblos en que residan los actuales gobernadores-intendentes nombrarán como los demas sus particulares gobernadores.

9º. Los jueces territoriales o de distrito no podrán ser removidos durante el período de esta eleccion bajo pretesto alguno.

10. Esta disposicion que es provisoria hasta la promulgacion de la Constitucion, se comunicará al Poder Ejecutivo para su cumplimiento’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago, a 26 de julio de 1826. Blanco - Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájinas 51 i 52.

LeI de 27 de julio de 1826:(*)

Cabildos.- Cómo deben elejirse

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘1º. Los pueblos elejirán popularmente sus cabildos.

2º. La eleccion se hará el mismo dia que la de los gobernadores, i en la misma forma’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 27 de julio de 1826. Blanco.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájina 52.

LeI de 29 de julio de 1826:(*)

Párrocos.- Forma en que deben elejirse i ser separados de sus puestos

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el soberano Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘1º. En las parroquias que actualmente están vacantes por falta de cura propietario, i que vacaren en lo sucesivo, se reunirán los habitantes de la parroquia dentro de ocho dias a la puerta de ella, i elejirán dos sacerdotes domiciliarios del obispado que estimen mas de su confianza, i en quienes adviertan mejores aptitudes, celo i aplicacion al desempeño pastoral.

2º. La eleccion la practicarán por votacion i en la misma forma que la de diputados al Congreso Nacional, sin mas diferencia que la de saber leer i escribir los electores, i en su defecto tener un capital de mil pesos.

3º. Los dos que resultaren electos por pluralidad serán presentados con la acta de su eleccion al Presidente o Gobernador de su provincia.

4º. El Presidente o Gobernador lo presentará al prelado eclesiástico, para que precedido el exámen sinodal, i advirtiendo en ellos las cualidades de derecho, con arreglo a lo dispuesto en el Tridentino, capítulo 18, seccion 24, de reformatione, proceda a dar colacion i canónica institucion.

5º. El párroco que a mas de presentado sea canónicamente instituido, no podrá destituirse sino por causas de gravedad, i por el concurso de autoridades, segun lo dispuesto en la lei de Indias’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago, a 29 de julio de 1826. Blanco.- Ventura Blanco Encalada.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 5 Libro III, de fecha 16 de septiembre de 1826, pájinas 53 i 54.

LeI de 26 de agosto de 1826:(*)

Diputados.- Se declara que no pueden dejar de ser tales miéntras no se haya elejido otro en su reemplazo.

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘El Congreso Nacional en sesion del 23 del corriente ha sancionado i decretado lo siguiente:

Artículo 1º. Todo pueblo que retire los poderes a sus diputados no lo hará sin que anteceda el nombramiento de otro funcionario en el destino.

Artículo 2º. No se admitirá renuncia alguna de diputado, i si alguna circunstancia gravísima obligase a la Sala a admitirla, el diputado renunciante no dejará su asistencia hasta que sea cubierto por un sucesor en la representacion.

Artículo 3º. Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo para su publicacion i demas efectos consiguientes’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 26 de agosto de 1826.- Blanco.- Blanco.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 6 Libro III, de fecha 4 de abril de 1827, pájina 61.

LeI de 30 de agosto de 1826:(*)

Asambleas provinciales.- Eleccion, instalacion i atribuciones de estos cuerpos

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘El Congreso Nacional ha sancionado lo siguiente:

Artículo 1º. Las provincias instituirán sus asambleas: el local en que se reunan será el que la lei de demarcacion designe por capital.

Artículo 2º. En cada curato de la provincia se elejirá un diputado para la asamblea. La eleccion se practicará en la misma forma, i exijiendo en los electores i elijiendo las mismas calidades que previene la convocatoria al presente Congreso Nacional sin otras diferencias que las siguientes:

1º. Que los electores han de saber leer i escribir, lo que acreditarán a presencia de la mesa de eleccion, i en su defecto, la de tener un capital de mil pesos;

2º. Que pueden ser elejidos naturales o vecinos de la provincia;

3º. La de no nombrar suplentes.

Artículo 3º. El local en que haya de hacerse la eleccion lo designará el juez o jueces del distrito del curato.

Artículo 4º. Ninguna asamblea se compondrá de mas de veinticuatro diputados, ni de ménos de doce. En la provincia en que hayan mas de veinticuatro curatos los dos de ménos poblacion reunirán sus votos para la eleccion de un solo diputado. En los de ménos de doce los de mas poblacion elejirán dos, i así progresivamente.

Artículo 5º. La instalacion de las asambleas se verificará en todas las provincias el dia dieciocho de setiembre si fuese posible.

Artículo 6º. El Congreso constituyente dictará con oportunidad las reglas convenientes para evitar los embarazos que la falta de práctica pueda producir en sus primeras funciones.

Artículo 7º. La comision de constitucion se contraerá desde el dia con asiduidad a la formacion de ésta a fin de presentarla al Congreso a la mayor brevedad.

Artículo 8º. Las asambleas luego que reciban la Constitucion que el Congreso sancionare procederán a su reconocimiento i exámen, i le avisarán en el preciso término de un mes si la admiten o nó.

Artículo 9º. Si la instalacion de las asambleas se verificase ántes que el Congreso haya sancionado la Constitucion, i remitídoseles para su aceptacion, podrán contraerse entre tanto a su organizacion interior.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 30 de agosto de 1826.- Blanco.- Blanco.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 6 Libro III, de fecha 4 de abril de 1827, pájinas 62 i 63.

LeI de 30 de agosto de 1826:(*)

Territorio nacional.- Se le divide en ocho provincias

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Congreso Nacional ha decretado lo siguiente:

‘‘El Congreso Nacional con fecha 28 ha sancionado lo siguiente:

Artículo 1º. El territorio de la República se divide en las ocho provincias siguientes:

1ª. Desde el despoblado de Atacama hasta la orilla norte del rio de Choapa. Esta provincia se denominará la provincia de Coquimbo, su capital la ciudad de la Serena;

2ª. Desde la orilla sur del rio Choapa hasta la cuesta de Chacabuco i su cordon de montañas hasta el mar. Esta provincia se denominará la provincia de Aconcagua, su capital la ciudad de San Felipe;

3ª. Desde Chacabuco hasta la orilla norte del rio Cachapoal. Esta provincia se denominará la provincia de Santiago, su capital la ciudad de este nombre;

4ª. Desde la orilla sur del rio Cachapoal hasta el rio de Maule. Esta provincia se denominará la provincia de Colchagua, su capital la villa de Curicó;

5ª. Desde la orilla sur del rio de Maule hasta el rio Ñuble en su nacimiento de la cordillera, siguiendo su curso hasta su confluencia con el Itata, i desde aquí el de este rio hasta su embocadura en el mar. Esta provincia se denominará la provincia de Maule, su capital la villa de Cauquénes;

6ª. Desde los límites indicados a la anterior, hasta los que hoi reconoce con el gobierno de Valdivia. Esta provincia se denominará la provincia de Concepcion, su capital la ciudad de este nombre;

7ª. Todo el territorio que hoi se reconoce bajo la direccion del gobierno de Valdivia. Esta provincia se denominará la provincia de Valdivia, su capital la ciudad del mismo nombre,

8ª. El Archipiélago de Chiloé. Esta provincia conservará su mismo nombre, su capital la ciudad de Castro.

Artículo 2º. Si la esperiencia demostrase que esta demarcacion no es perfecta, i que es susceptible de mejora, la siguiente lejislatura nacional, en la forma que prevenga la Constitucion, la alterará segun por entonces convenga.

Artículo 3º. Las capitales señaladas a las provincias podrán ser variadas por sus asambleas cuando se hayan constituido i sancionado sus respectivas constituciones.

Artículo 4º. Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo para su cumplimiento i publicacion.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago, a 30 de agosto de 1826.- Blanco.- Blanco.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 6 Libro III, de fecha 4 de abril de 1827, pájinas 64 i 65.

LeI de 2 de septiembre de 1826:(*)

Vales.- Prohibicion de crear i emitir nuevos

El Presidente de la República de Chile, etc.

Por cuanto el Congreso Nacional, con fecha de este mes, ha decretado lo siguiente:

‘‘Artículo 1º. Queda desde esta fecha prohibida la creacion i emision de nuevos vales.

Artículo 2º. Los que actualmente se hallen en circulacion se recibirán en pago de una tercera parte de las deudas fiscales, debiendo las otras dos pagarse en numerario con escepcion de las contratas particulares.

Artículo 3º. Se tomará una razon de los vales que se hallan en el dia en circulacion, i se publicará en el rejistro de documentos del Gobierno para conocimiento de la lejislatura i del público.

Artículo 4º. En el estado que deberá publicarse en principio de cada mes de las entradas i gastos del Erario en el mes que ha precedido se comprenderá tambien la razon de las cantidades en vales que se vayan amortizando.

Artículo 5º. El Poder Ejecutivo dispondrá el cumplimiento de esta lei, haciéndola imprimir, circular i publicar por bando’’.

Por tanto, ordeno que se publique por leí, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago de Chile, a 2, de setiembre de 1826.- Eyzaguirre.- Vial.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 6 Libro III, de fecha 4 de abril de 1827, pájinas 82 i 83.

LeI de 12 de octubre de 1826:(*)

Intendentes.- Se da este nombre a los antiguos gobernadores-intendentes,

indicándose la forma en que deben elejirse.

Por cuanto el Congreso, con fecha 11 de este mes, ha decretado lo siguiente:

1º. Queda abolido el nombre de gobernadores-intendentes: en lo sucesivo se llamarán Intendentes de la provincia a que pertenecen.

2º. Estos majistrados arreglarán su conducta a las leyes existentes o que en adelante se dictaren.

3º. Las elecciones de los intendentes de provincia se harán en la forma siguiente: Los individuos de cada municipalidad de las que contienen la provincia i estén ya elejidas popularmente votarán por dos personas de las cuales una al ménos no sea habitante del mismo partido, pero sí natural o avecindado en la misma provincia.

4º. Si algunas municipalidades, tuvieren mas de siete individuos, se reducirán a este número los sufragantes, sacándose a la suerte los que hayan de ser, sin que en ésta se incluya el Gobernador local, el que en ningun caso tendrá voto.

5º. En los partidos en que no hubiese Municipalidad se reunirán a votar el procurador actual i seis individuos de los que en los años anteriores hayan obtenido este mismo cargo. Si los ex procuradores no llegaren al número de seis se integrará éste con los que hubiesen sido jueces de distrito. Si el número de aquéllos o éstos excediesen al de seis se sacarán los seis a la suerte, i éstos en union con el procurador serán los sufragantes.

6º. Las municipalidades despues de hecha la eleccion formarán lista de todas las personas por quienes hayan votado, i número de votos de cada una, cuya lista firmarán i remitirán sellada a la asamblea provincial por la que se abrirá i contarán los votos. La persona que tuviere el mayor número de votos, será el Intendente si el tal número fuere una mayoría del número total de los electores municipales.

7º. Si hubiere mas de una persona que tenga dicha mayoría absoluta o igual número de votos, la asamblea elejirá de entre ellas el Intendente, i si ninguna tiene la tal mayoría, entónces de las tres que por las listas tengan mas votos, se elejirá tambien por la misma asamblea al Intendente.

8º Despues de hecha la eleccion de Intendente la persona que tuviere mas votos en las listas municipales, será vice-Intendente de la provincia, i en el caso de empate o defecto de mayoría absoluta, rejirán las prevenciones hechas en los artículos 6 i 7 en cuanto a la eleccion de Intendente.

9º. Por remocion, muerte, renuncia o imposibilidad del Intendente, le subrogará el vice-Intendente hasta enterar el tiempo prefijado a la Intendencia.

10. Si por algun accidente se retardara la formacion de constituciones provinciales que den la forma de eleccion, i prefijen el tiempo de la duracion de cada Intendente en el mando, durarán entretanto por solo dos años, practicándose las votaciones sucesivas por las municipalidades al dia siguiente de estar elejidas.

11. Ningun Intendente podrá ser reelejido hasta no pasar el bienio del que le suceda inmediatamente en la Intendencia.

12. Dentro de tres días de recibida esta lei provisoria por los intendentes, i en su defecto por los gobernadores locales de las capitales de provincia, la circularán a los cabildos, fijándoles un mismo dia en que todos procedan a realizar las votaciones prevenidas, no excediendo este término de quince días.

13. El Poder Ejecutivo dispondrá la publicacion de esta lei cuyo cumplimiento se verificará desde luego en las provincias que tengan instaladas sus asambleas i sucesivamente respecto de las que las fueren instalando.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago de Chile, a 12 de octubre de 1826.- Eyzaguirre.- Astorga.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 6 Libro III, de fecha 4 de abril de 1827, pájinas 78 a 80.

LeI de 16 de diciembre de 1826:(*)

Municipios.- Se declara que los cargos de rejidores u otros pertenecientes a los cabildos son irrenunciables.

Por cuanto el Congreso Nacional con fecha 15 de este mes ha decretado lo siguiente:

‘‘Artículo 1º. Todo empleo fiscal de nominacion directa o indirecta es irrenunciable.

Artículo 2º. Por muerte, ausencia, enfermedad u otro lejítimo impedimento del Gobernador del partido le subrogará el alcalde o rejidor decano, i en defecto de éstos el que sigue i así sucesivamente.

Artículo 3º. Las vacantes de rejidores por cualquiera de las causas espresadas en el anterior artículo, no se proveerán hasta la eleccion del año siguiente.

Artículo 4º. El Gobernador o rejidores que se escusasen al desempeño del destino que se les haya conferido, podrán ser compelidos por medio de la correspondiente multa, a juicio de los mismos cabildos.

Artículo 5º. El Poder Ejecutivo dispondrá el cumplimiento de esta lei provisoria hasta la formacion de las constituciones provinciales i la publicará en la forma de estilo’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno, en Santiago de Chile, a 16 de diciembre de 1826.- Eyzaguirre.-Gandarillas.

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 7 Libro III, de fecha 19 de julio de 1827, pájinas 88 i 89.

LeI de 16 de diciembre de 1826:(*)

Municipios.- Intendentes.- Eleccion de electores que deben reemplazar a aquéllos i elejir a éstos en los pueblos en que no haya cabildos

Por cuanto el Congreso Nacional con fecha 15 de este mes ha decretado lo siguiente:

‘‘Artículo 1º. En los pueblos que no hayan cabildos ni se encuentren los individuos a quienes en defecto de rejidores llama la lei a elejir el Intendente de provincia, se juntarán los vecinos del mismo modo que para la eleccion de diputados al Congreso, i elejirán siete electores, los que suplirán en defecto de los llamados.

Artículo 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su cumplimiento’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en la Sala de Gobierno, en Santiago de Chile, a 16 de diciembre de 1826.- Eyzaguirre.- Gandarillas.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 7 Libro III, de fecha 19 de julio de 1827, pájina 89.

LeI de 14 de febrero de 1827:(*)

Poderes públicos.- Atribuciones, deberes i prohibiciones a que están sujetos

Por cuanto el Congreso Nacional con fecha 14 de este mes ha decretado lo siguiente:

Artículo 1º. Las atribuciones del Poder Ejecutivo son provisoriamente, e ínterin se sanciona la Constitucion:

1.ª Nombrar los secretarios del despacho con acuerdo de la Lejislatura i removerlos a su voluntad.

2.ª Hacer ejecutar i cumplir las leyes preexistentes i que despues se dictaren por el Poder Lejislativo nacional.

3.ª Velar sobre la recaudacion de las rentas nacionales i decretar su inversion con arreglo a las leyes.

4.ª Nombrar los empleados nacionales en el ramo de administracion de justicia a propuesta de la Suprema Corte.

5.ª Nombrar con acuerdo de la Lejislatura los jefes de oficinas jenerales, de hacienda, los de comisarías jenerales, los enviados diplomáticos, cónsules, los coroneles i demas oficiales superiores del Ejército permanente i de la Armada.

6.ª Los demas empleados subalternos serán nombrados segun las leyes vijentes.

7.ª Suspender por mala versacion o ineptitud a cualquier funcionario público, pasando inmediatamente los motivos que orijinan la suspension al tribunal respectivo para la formacion de causa.

8.ª Declarar la guerra previa una lei del Congreso a este efecto.

9.ª Disponer de la fuerza permanente de mar i tierra como mejor convenga a la defensa esterior, i a la seguridad i tranquilidad interior.

10. Disponer de las milicias locales para los mismos objetos, pero no podrá sacarlas del territorio de su respectiva provincia sin el previo consentimiento del Congreso Nacional, quien autorizará la fuerza necesaria.

11. Dirijir todas las negociaciones diplomáticas, entrar en tratados de paz, amistad, alianza, federacion, comercio, treguas i de cualquiera otra clase para cuya ratificacion necesita la autorizacion de la Lejislatura Nacional.

12. Velar sobre la pronta i recta administracion de justicia por los tribunales competentes, i que sus sentencias sean ejecutadas conforme a la lei.

13. Promulgar las leyes con facultad de observarlas una sola vez en el término de ocho dias continuos.

14. Proponer al Poder Lejislativo proyectos de lei en cualesquiera ramo de la admimstracion pública, procurar su adelanto i mejora, reglamentarlos i hacer a este respecto todo lo que crea conveniente.

Artículo 2º. Todos los decretos i órdenes del Poder Ejecutivo serán firmados por el Secretario del despacho a que corresponde el asunto, i sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 3º. El Presidente i vice-Presidente de la República pueden ser acusados durante el tiempo de su ejercicio, i por un año despues, de cualquiera infraccion de las leyes o deber de su empleo que resulte en perjuicio manifiesto del bien jeneral de la nacion.

Artículo 4º. Del mismo modo i por las mismas causas podrán ser acusados los Secretarios del despacho.

Artículo 5º. Las personas espresadas en los dos artículos anteriores solo podrán ser acusadas ante la Lejislatura Nacional; si ésta declarare haber lugar a formacion de causa quedará suspenso el acusado, juzgándose por el Supremo Poder Judiciario.

Artículo 6º. Se prohibe al Poder Ejecutivo:

1º Mandar por sí la fuerza armada de mar i tierra sin previo permiso del Congreso Nacional, i obtenido éste, presidirá la República el vicePresidente.

2º Conocer en materias judiciales bajo ningun pretesto.

3º Privar a ciudadano alguno de su libertad, pero si lo exije fundadamente el bien jeneral, podrá arrestar, con tal que dentro del perentorio término, de veinticuatro horas ponga al arrestado a disposicion del juez competente.

4º Crear empleos o comisiones con premio o renta sin aprobacion del Congreso, conceder empleos sin el preciso ejercicio que le sea anexo, ni permitir goce de sueldo por otro título que el del actual servicio o jubilacion legal.

Artículo 7º. Se prohibe al Congreso, a las Asambleas i a todas las demas autoridades:

1º Coartar en ningun caso ni por pretesto alguno la libertad del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura i la de la prensa, procediéndose conforme con las leyes.

2º Suspender el derecho de peticion de palabra o por escrito.

3º Prohibir a los ciudadanos o habitantes de la República, libres de responsabilidad; la emigracion a otro pais.

4º Tomar la propiedad de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso de sus bienes, si no es en favor del público, en cuyo caso será justamente recompensado.

5º Privar a alguno de su vida, libertad, papeles i bienes sin un proceso regular en las formas prescriptas por las leyes.

6º Aplicar por un delito dos penas, ni compeler en un caso criminal a delatarse a sí mismo.

7º Dar a las leyes efecto retroactivo, restablecer las leyes de proscripcion, ni que hagan trascendental la infamia.

8º Permitir el uso del tormento, imponer confiscacion de bienes, ni crueles e inusitadas penas.

9º Juzgar por comisiones especiales, ni privar de consiguiente de esta atribucion a los tribunales establecidos con anterioridad por la lei.

10. Allanar la casa de algun ciudadano o habitante, rejistrar su correspondencia privada, ni reducirlo a prision o detencion sino en virtud de un decreto especial de autoridad competente manifestado previamente a su dueño.

11. Embargar ni mantener en prision al que no es responsable a pena corporal, si afianza suficientemente la persona i bienes.

12. Conceder por tiempo ilimitado privilejios esclusivos a compañías de comercio o corporaciones industriales.

13. Establecer vinculaciones: dar títulos de nobleza, ni pensiones, condecoraciones o distintivos que sean hereditarios; ni consentir sean admitidos por ciudadano alguno de la República los que otras naciones pudieran concederle.

14. Acuartelar soldados en ninguna casa particular en tiempo de paz sin el consentimiento de su dueño, ni en tiempo de guerra, sino en la manera que se prescriba por una lei.

Artículo 8º. Las autoridades i cualquiera habitante que prive de algunos de los goces que declara el artículo anterior o contraviniere a alguna de sus disposiciones, son estrictamente responsables i serán castigados como a infractores de las leyes fundamentales de la nacion en el modo que señale una lei particular.

Artículo 9º. Solo en el caso de rebelion, tumulto o invasion esterior podrán ser por el Congreso suspendidas las leyes que asegurar la propiedad i el individuo por tiempo señalado i bajo las precauciones necesarias para que no se abuse de esta peligrosa facultad.

Artículo 10. Todo funcionario público, de cualquiera clase i condicion que sea, está sujeto a residencia i deberá presentarse a ella inmediatamente que haya concluido su ejercicio. Sin perjuicio de esta disposicion, se abrirá juicio de residencia a los empleados en la administracion de justicia cada tres años, i a los de hacienda cada dos, aunque no haya quien la pida: se fijarán al efecto edictos jenerales i se procederá en la forma que detalle una lei particular.

Artículo 11. Se creará desde ahora una comision que presente a la Lejislatura Nacional un proyecto de lejislacion civil i criminal. Una lei especial designará el número de los individuos de que se ha de componer, su indemnizacion, términos de sus trabajos, forma que deben observar i demas circunstancias’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago de Chile, a 14 de febrero de 1827.- Freire.- Gandarillas.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 7 Libro III, de fecha 19 de julio de 1827, pájinas 90 a 94.

LeI de 14 de febrero de 1827:(*)

Amnistía.- Se concede a los ciudadanos comprometidos en el movimiento ocurrido en enero de 1827

Por cuanto el Congreso Nacional, con fecha 12 de este mes, ha decretado lo siguiente:

‘‘Artículo 1º. Se concede una amnistía a los ciudadanos comprendidos en el movimiento del 24 i siguientes.

Artículo 2º. En consecuencia, el Poder Ejecutivo decretará su libertad. Pero si por el estado de la causa puede fundadamente temerse exceso de algunos, los separará de la ciudad de Santiago por el tiempo que considere indispensablemente necesario, destinándolos al punto que los crea útiles’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en la Sala de Gobierno, en Santiago de Chile, a 14 de febrero de 1827.- Freire.- Obejero.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 7 Libro III, de fecha 19 de julio de 1827, pájina 117.

LeI de 22 de febrero de 1827:(*)

Empleos eclesiásticos.- Su provision

Por cuanto el Congreso Nacional, con fecha 21 de este mes, ha decretado lo siguiente:

‘‘El Poder Ejecutivo no proveerá las canonjías, dignidades i raciones actualmente vacantes; pero podrá hacerlo de las que en lo sucesivo vacaren a propuesta de los respectivos cabildos eclesiásticos, cuya nominacion será precisamente en personas de conocido patriotismo’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en la Sala de Gobierno, en Santiago de Chile, a 22 de febrero de 1827.- Freire.- Gandarillas.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 7 Libro III, de fecha 19 de julio de 1827, pájinas 107 i 108.

LeI de 22 de junio de 1827:(*)

Disolucion del Congreso Constituyente.- Nombramiento de una comision encargada de formar un nuevo proyecto de Constitucion i convocacion de

otro Congreso Constituyente para el 12 de febrero de 1828

Por cuanto el Congreso Nacional, con fecha 20 de este mes, ha decretado lo siguiente:

‘‘Artículo 1º. Consúltese a las provincias por medio de sus asambleas la forma de Gobierno porque debe constituirse la República.

Artículo 2º. Este voto se emitirá del modo siguiente: 1º Inmediatamente que las asambleas reciban esta resolucion la comunicarán por medio de los intendentes a las municipalidades; 2º Estas las publicarán en sus respectivos distritos previniendo que por el término de un mes, contado desde aquella fecha, oirá la Municipalidad de palabra i por escrito a los ciudadanos que quieran dar su opinion sobre la forma de Gobierno que les parezca convenir mas a la nacion con tal que no sea por medio de reuniones populares o de algun otro medio tumultuario; 3º Concluido el mes prefijado no se recibirán mas dictámenes i se destinarán ocho dias para que la Municipalidad discuta la materia, votándose al fin de ellos; en esta votacion que será nominal estampará cada miembro el suyo respectivo i se remitirán todos originales a las asambleas dejando archivada una copia autorizada; 4º En los pueblos cabeceras donde no haya Cabildo se formará del mismo modo que está prevenido para la eleccion de intendentes de provincia, i obrarán como disponen los anteriores artículos; 5º Inmediatamente que las asambleas hayan recibido los votos de todas las municipalidades, darán el suyo en la misma forma que éstas; dejarán copia autorizada de todos i los remitirán orijinales al Intendente i éste al Poder Ejecutivo, quien, habiendo reunido los de toda la nacion, los remitirá orijinales a la Comision del Congreso.

Artículo 3º. Luego que la comision reciba estos votos hará su escrutinio público i se imprimirá en un papel separado con el título de voto de la nacion sobre la forma de Gobierno por que quiere constituirse.

Artículo 4º. Disuélvase el actual Congreso i nómbrese una comision autorizada para remitir la consulta a las provincias i aprobar o reprobar las proposiciones que le presente el Poder Ejecutivo.

Artículo 5º. Esta comision será compuesta de un individuo por cada provincia de dentro o fuera de la Sala hasta el nombramiento en propiedad por las asambleas.

Artículo 6º. Esta comision organizará un proyecto de Constitucion sobre la base que dé la mayoría de votos de las asambleas i municipalidades en el perentorio término de tres meses.

Artículo 7º. Queda convocado el Congreso Constituyente para el 12 de febrero de 1828 cuya elección se hará en la forma ántes establecida.

Artículo 8º. Las asambleas provinciales se pondrán en receso después de haber emitido el voto sobre la forma de Gobierno, i elejido senador.

Artículo 9º. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecucion i cumplimiento’’.

Por tanto, ordeno que se publique por lei, insertándose en el ‘‘Boletin’’.- Dado en la Sala de Gobierno, en Santiago de Chile, a 22 de junio de 1827.- Pinto.- Ramos, pro-secretario.-

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 7 Libro III, de fecha 19 de julio de 1827, pájinas 114 a 115.

LeI de 6 de agosto de 1827:(*)

Suspende Leyes que rigen la elección de Magistrados Provinciales

Suspende las leyes que rigen la elección de magistrados provinciales, hasta la resolución del próximo Congreso, llenándose provisionalmente las vacantes por el Presidente de la República; las Asambleas determinarán la suspensión o continuación de los Gobernadores en lugares donde hay Intendente o Gobernador militar; los diocesanos proveerán interinamente los curatos vacantes.

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 10 Libro III, de fecha 31 de diciembre de 1827.

LeI de 5 de noviembre de 1827:(*)

Prorroga Mandato de Gobernadores

Los actuales Gobernadores prorrogarán sus mandatos por todo el año de 1828, si no resolviese otra cosa el Congreso Nacional; los pueblos renovarán sus Cabildos conforme a la ley de 27 de julio de 1826, fijándose la elección para el 15 de diciembre.

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 10 Libro III, de fecha 31 de diciembre de 1827.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE, AÑO 1828

Chile

Año 1828

(sancionado el 8 de agosto de 1828) (*)

El Vicepresidente de la República, a la nación

Chilenos: Ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestra libertad. Ella no puede existir ni jamás ha existido sin leyes fundamentales. Ya las tenemos. Los depositarios de vuestra voluntad, en desempeño del cargo sublime que les habéis conferido, han sancionado la Constitución chilena, que de ahora en adelante debemos mirar como el principal elemento de nuestra existencia política.

Al anunciaros la promulgación de la Constitución que habéis deseado con tanto anhelo, y de la que os han hecho dignos vuestras virtudes, no creáis que se os imponen obligaciones penosas y coartaciones violentas, indignas de la calidad de hombres libres. Las leyes que vais a recibir no son obra tan sólo del poder; lo son principalmente de la razón. Cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenaba a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Entre nosotros las leyes son pactos fundados en el libre uso de nuestras prerrogativas. Su objeto no es tan sólo restringirlas, exigiendo de los pueblos deberes e imponiéndoles cargas. Con mucho más rigor tratan a los depositarios de la autoridad. Ellas les señalan un espacio limitado, les exigen un respeto inviolable a la voluntad de la Nación y a los derechos de los individuos; los convierten en verdaderos servidores de la causa pública, del pueblo mismo; en depositarios de su seguridad; en administradores de su riqueza; en barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones, y todas las injusticias.

La Constitución asegura a la santa religión que profesáis una eficaz protección, colocándola por medio de este privilegio al frente de todas las instituciones.

Ella establece las más formidables garantías contra los abusos de toda especie de autoridad; de todo exceso de poder. La libertad, la igualdad, la propiedad, la facultad de publicar vuestras opiniones, la de presentar vuestras reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la Soberanía Nacional, están al abrigo de todo ataque. Leed con atención, meditad profundamente el Capítulo que afianza el uso de estos preciosos dones, y os penetraréis de gratitud para con la mano sabia y benéfica que os asegura su completo goce.

El sistema representativo, base de nuestra organización social, combinación la más prudente que los hombres han imaginado para mantener el orden, sin caer en el extremo de una sumisión maquinal y estúpida; este sistema perfeccionado por tantos siglos de experiencia y por los trabajos de tantos hombres ilustres, se halla establecido en nuestra Carta Fundamental, con las precauciones que bastan a conservarlo en toda su pureza, y a dar a nuestra opinión y a nuestras necesidades intérpretes legítimos, imparciales y puros. Tenéis asegurado el inapreciable bien de la elección directa; calculada la representación con arreglo a la población de nuestro territorio; removido todo temor de engrandecimiento, de perpetuidad, de transgresión en el Cuerpo Legislativo, organizada la grande obra de la legislación, de modo que sus resultados presenten la mayor probabilidad de acierto; asegurada la inviolabilidad de vuestros representantes, sin que ella preserve de un justo castigo al que osase profanar su ministerio y violar el santuario de la ley: en fin, el Poder Supremo de la Nación, el que reúne en sí la plenitud de la Soberanía, está tan lejos de la nulidad a que lo condenan en otras partes las aspiraciones del Gobierno, como de la omnipotencia parlamentaria, que rompiendo el equilibrio de las fuerzas políticas ha sido siempre el azote de los pueblos.

Nuestros legisladores han dado al Poder Ejecutivo todo el vigor que necesita para obrar el bien, privándolo de las armas que pudiera emplear en sentido contrario. El Gobierno no puede ser de ahora en adelante en Chile, sino el tutor solícito de los intereses generales; el fiel administrador de todo lo que constituye la ventura de las masas; el servidor fiel y exacto de la Nación; el observador escrupuloso de las leyes, y el órgano de nuestras relaciones externas. Posee bastante dignidad para hacer respetable el nombre de Chile en la escena de la política, bastante energía para poner freno al crimen y dar recompensa a la virtud; bastante estabilidad para hacer frente por sí solo a las maniobras de la rebeldía, y a los desórdenes de la inobediencia. La dichosa imposibilidad en que se halla colocado, de injuriar en lo más pequeño los derechos que forman la ciudadanía, disipará a vuestros ojos el temor que en naciones menos felices infunde su nombre.

El Poder Judicial recibirá su última perfección cuando el tiempo haya preparado los elementos de que necesita. Su estructura infinitamente más complicada que la de los otros poderes; la multiplicidad y diversidad de intereses que se someten a su acción, la variedad de funciones que entran en su ejercicio, alejan la posibilidad de reforzar de un golpe sus defectos. Semejante reforma no es tan sólo obra de la legislatura; los Congresos futuros nos darán sin duda códigos análogos a las instituciones políticas de nuestro país. Veremos entonces desaparecer esa monstruosa disparidad que se observa entre las necesidades de una República y las leyes anticuadas de una Monarquía: pero esto no basta. Es indispensable que nuestras costumbres se pongan al nivel de los altos destinos que nos aguardan. Nuestra reorganización alcanzará su verdadero complemento, cuando la justicia sea entre nosotros tan popular como lo es la legislación; cuando la institución de jurados restituya al pueblo una de sus más importantes facultades, y queden colocadas a la misma altura todas las delegaciones que hemos hecho de las que la Providencia nos ha concedido. Apresuremos este momento venturoso, fomentando el progreso de las cualidades requeridas para tan saludable innovación.

Las Provincias no fluctuarán en lo sucesivo entre turbulencias peligrosas y una dependencia ilimitada del Gobierno. La Constitución ha modelado su mecanismo, conforme lo aconsejaban las lecciones de la experiencia, y las circunstancias peculiares al país. Ellas no harán el sacrificio de su individualidad, ni se verán segregadas del cuerpo respetable a que pertenecen. La prudente determinación de sus facultades y atribuciones impondrá perpetuo silencio a quejas infundadas, y a reclamaciones imprudentes; y seguras del bien que pueden hacer, sin exceder aquellos límites, la ventura que ellas mismas se fabricarán, formará la ventura de la Nación entera, y contribuirá esencialmente a su reposo y a su armonía.

Reducida a dimensiones más pequeñas, la autoridad municipal está dotada de las mismas ventajas. Desde estos primeros eslabones de la cadena social hasta los más eminentes, la Constitución ha sabido graduar el ejercicio del mando y de la subordinación con la más sabia economía.

Chilenos: Los legisladores han cumplido su deber: cumplamos nosotros el que nos incumbe. Observemos no sólo con exactitud y con fidelidad, sino con celo y entusiasmo la Constitución que de sus manos hemos recibido. Esta observancia es lo único que puede salvarnos. Ella debe ser la ocupación de nuestra vida, el objeto de nuestros estudios, la calidad que nos distinga, y la garantía que nos afiance el más sólido y lisonjero porvenir. Observemos la Constitución como el pacto más sagrado que pueden estipular los hombres; como el vínculo más estrecho que puede unirnos con nuestros hermanos; como el antemural más formidable que podamos oponer a nuestros enemigos. La Constitución que participa de un carácter religioso y moral, el más conforme a nuestros hábitos y deseos, encierra en sí el germen de una perfección indefinida. Observémosla, considerándola como parte integrante, no sólo de nuestra nacionalidad, sino de nuestra vida. Es nuestra propiedad. Es un tesoro que no podemos perder ni menoscabar sin degradarnos ni envilecernos; es, en fin, el término de tantos sacrificios, la indemnización de tantas pérdidas y el complemento de tantas esperanzas, cuantas han sido nuestras vicisitudes domésticas, desde que rompimos el yugo colonial que nos afrentaba.

Chilenos: Consagremos un recuerdo eterno de gratitud a nuestros representantes: ellos son acreedores a que sus nombres se conserven indelebles en la posteridad. Considerad las amargas inquietudes que ha disipado este admirable fruto de sus tareas.

Si en medio de estas grandes escenas, si en esta época la más memorable y augusta de la vida de una Nación, me es lícito introducir un recuerdo personal, permitidme la débil expresión del júbilo que penetra mi alma, viéndome destinado por la Providencia para presentaros la Constitución que va a regir vuestros destinos. Sed dichosos bajo sus auspicios; tal es el más vivo de mis deseos.

Santiago, 9 de agosto de 1828. Francisco Antonio Pinto.

El Vicepresidente de la República

Por cuanto el Congreso General Constituyente ha decretado y sancionado la Constitución Política de Chile en el Código siguiente: Constitución Política de la República de Chile.

Capítulo I

De la Nación

Artículo 1.- La Nación chilena es la reunión política de todos los chilenos naturales y legales. Es libre e independiente de todo poder extranjero. En ella reside esencialmente la Soberanía, y el ejercicio de ésta en los poderes supremos con arreglo a las leyes. No puede ser el patrimonio de ninguna persona o familia.

Artículo 2.- Su territorio comprende de Norte a Sur, desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y de Oriente a Occidente, desde las Cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico, con las islas de Juan Fernández y demás adyacentes. Se divide en ocho Provincias, que son: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé.

Artículo 3.- Su religión es la Católica Apostólica Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra.

Artículo 4.- Nadie será perseguido ni molestado por sus opiniones privadas.

Capítulo II

De los chilenos

Artículo 5.- Son chilenos naturales todos los nacidos en el territorio de la República.

Artículo 6.- Son chilenos legales:

1. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos fuera del territorio de la República, en el acto de avecindarse en ella;

2. Los extranjeros casados con chilena, que profesando alguna ciencia, arte o industria, o poseyendo un capital en giro o propiedad raíz, tengan dos años de residencia en el territorio de la República;

3. Los extranjeros casados con extranjera que tengan alguna de las calidades mencionadas en el Artículo precedente, y seis años de residencia;

4. Los extranjeros solteros que tengan alguna de las calidades antes expresadas, y ocho años de residencia;

5. Los que obtengan especial gracia del Congreso. Una ley particular designará la autoridad de que haya de solicitarse la declaración que exigen los casos anteriores.

Artículo 7.- Son ciudadanos activos:

1. Los chilenos naturales que, habiendo cumplido veintiún años, o antes si fueren casados, o sirvieron en la milicia, profesen alguna ciencia, arte o industria, o ejerzan un empleo, o posean un capital en giro, o propiedad raíz de qué vivir;

2. Los chilenos legales, o los que hayan servido cuatro años en clase de oficiales en los ejércitos de la República.

Artículo 8.- Se suspende la ciudadanía:

1. Por ineptitud física o moral, que impida obrar libre y reflexivamente;

2. Por la condición de sirviente doméstico;

3. Por deudor del Fisco declarado en mora.

Artículo 9.- Se pierde la ciudadanía:

1. Por condena a pena infamante;

2. Por quiebra fraudulenta;

3. Por naturalizarse en otro país;

4. Por admitir empleos, distinciones o títulos de otro Gobierno sin especial permiso del Congreso. Los que, por alguna de las causas comprendidas en los cuatro números anteriores, hubiesen perdido la ciudadanía, podrán obtener rehabilitación.

Capítulo III

Derechos individuales

Artículo 10.- La Nación asegura a todo hombre, como derechos imprescriptibles e inviolables, la libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho de petición, y la facultad de Publicar sus opiniones.

Artículo 11.- En Chile no hay esclavos; si alguno pisase el territorio de la República, recobra por este hecho su libertad.

Artículo 12.- Toda acción que no ataque directa o indirectamente a la sociedad, o perjudique a un tercero, está exenta de la jurisdicción del magistrado y reservada sólo a Dios.

Artículo 13.- Ningún habitante del territorio puede ser preso ni detenido, sino en virtud de mandamiento escrito de juez competente, previa la respectiva sumaria, excepto el caso de delito in fraganti, o fundado recelo de fuga.

Artículo 14.- Todo individuo preso o detenido conforme a lo dispuesto en el Artículo precedente, y por delito en que no recaiga pena corporal, será puesto en libertad, inmediatamente que dé fianza en los términos requeridos por la ley.

Artículo 15.- Ninguno podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por los tribunales establecidos por la ley. Ésta, en ningún caso, podrá tener efecto retroactivo.

Artículo 16.- Ninguna casa podrá ser allanada, sino en caso de resistencia a la autoridad legítima, y en virtud de mandato escrito de ella.

Artículo 17.- Ningún ciudadano podrá ser privado de los bienes que posee, o de aquellos a que tiene legítimo derecho, ni de una parte de ellos por pequeña que sea, sino en virtud de sentencia judicial. Cuando el servicio público exigiese la propiedad de alguno, será justamente pagado de su valor, e indemnizado de los perjuicios en caso de retenérsela.

Artículo 18.- Todo hombre puede publicar por la imprenta sus pensamientos y opiniones. Los abusos cometidos por este medio, serán juzgados en virtud de una ley particular y calificados por un tribunal de jurados.

Artículo 19.- La ley declara inviolable toda correspondencia epistolar; nadie podrá interceptarla ni abrirla, sin hacerse reo de ataque a la seguridad personal.

Artículo 20.- La ley declara culpable a todo individuo o corporación que viole cualquiera de los derechos mencionados en este Capítulo. Las leyes determinarán las penas correspondientes a semejantes atentados.

Capítulo IV

De la forma de Gobierno

Artículo 21.- La Nación chilena adopta para su gobierno la forma de República representativa popular, en el modo que señala esta Constitución.

Capítulo V

De la división de poderes

Artículo 22.- El ejercicio de la Soberanía, delegado por la Nación en las autoridades que ella constituye, se divide en tres poderes, que son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales se ejercerán separadamente, no debiendo reunirse en ningún caso.

Capítulo VI

Del Poder Legislativo

Artículo 23.- El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, el cual constará de dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

De la Cámara de Diputados

Artículo 24.- La Cámara de Diputados se compondrá de miembros elegidos, directamente por el pueblo, en el modo que determinará la ley de elecciones.

Artículo 25.- Se elegirá un Diputado por cada quince mil almas, y por una fracción que no baje de siete mil.

Artículo 26.- En todo el territorio de la República se harán las elecciones de Diputados el primer domingo de marzo.

Artículo 27.- Las funciones de los Diputados durarán dos años.

Artículo 28.- Para ser elegido Diputado se necesita:

1. Ciudadanía en ejercicio;

2. Veinticinco años cumplidos, siendo soltero, o antes siendo casado;

3. Una propiedad, profesión u oficio de qué vivir decentemente.

Artículo 29.- No pueden ser Diputados:

Los individuos del clero regular, ni los del secular que obtengan algún beneficio curado.

De la Cámara de Senadores

Artículo 30.- La Cámara de Senadores se compondrá de miembros elegidos por las Asambleas Provinciales, a pluralidad absoluta de votos, a razón de dos Senadores por cada Provincia.

Artículo 31.- La elección de los Senadores se hará en todas las Provincias el segundo domingo de marzo.

Artículo 32.- Las funciones de los Senadores durarán cuatro años, debiendo renovarse por mitad en cada bienio. En el primero saldrá de la Cámara la mitad de los Senadores a la suerte, y en lo sucesivo los más antiguos.

Artículo 33.- Las vacantes que ocurran en el Senado se llenarán por la Asamblea Provincial a que corresponda, si estuviera reunida, o luego que se reúna si estuviera en receso.

Artículo 34.- Para ser elegido Senador se necesita:

1. Ciudadanía en ejercicio;

2. Treinta años cumplidos;

3. Una propiedad o profesión científica productiva, al menos de la cantidad de quinientos pesos al año.

Artículo 35.- Las condiciones exclusivas que se han impuesto a los Diputados en el Artículo 29, comprenden también a los Senadores.

Artículo 36.- Elegido un mismo sujeto para Senador y Diputado, escogerá de las dos elecciones la que más le convenga.

Del Gobierno interior de las Cámaras

Artículo 37.- Las Cámaras se regirán por el reglamento que cada una acuerde.

Artículo 38.- Cada Cámara elegirá su Presidente, Vicepresidente y Secretarios.

Artículo 39.- Cada Cámara fijará sus gastos respectivos, poniéndolo en noticia del Gobierno, para que se incluyan en los presupuestos de gastos generales de la Nación.

Artículo 40.- Ninguna Cámara abrirá sus sesiones sin que se haya reunido más de la mitad del número total de sus miembros; mas si no se llenase éste el día señalado por la Constitución, deberán reunirse los presentes, y compeler a los ausentes por medio de multas u otras penas.

Artículo 41.- Las Cámaras se comunicarán por escrito entre sí, y con el Presidente de la República por medio de sus respectivos Presidentes, con la autorización de un Secretario.

Artículo 42.- Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus encargos. No hay autoridad que pueda procesarlos, ni aún reconvenirlos en ningún tiempo por ellos.

Artículo 43.- Ningún Diputado o Senador podrá ser arrestado durante sus funciones en la Legislatura, y mientras vaya o vuelva de ella, excepto el caso de delito in fraganti.

Artículo 44.- Ningún Diputado o Senador podrá ser acusado criminalmente desde el día de su elección, sino ante su respectiva Cámara, o la Comisión Permanente, si aquélla estuviera en receso. Si el voto de las dos terceras partes de ella declarase haber lugar a la formación de causa quedará el acusado suspenso de sus funciones legislativas, y sujeto al tribunal competente.

Artículo 45.- En caso de ser arrestado algún Diputado o Senador por delito in fraganti, será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva, con la información sumaria. La Cámara procederá entonces conforme a lo dispuesto en la segunda parte del Artículo precedente.

Atribuciones del Congreso y especiales de cada Cámara

Artículo 46.- Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1. Hacer y mandar promulgar los códigos, arreglar el orden de los Tribunales y de la administración de justicia;

2. Hacer leyes generales en todo lo relativo a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales enumerados en el Capítulo Tercero de esta Constitución, y fomento de la ilustración, agricultura, industria y comercio exterior e interior;

3. Aprobar o reprobar, aumentar o disminuir los presupuestos de gastos que el Gobierno presente; establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, su distribución en las Provincias, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir o reformar las existentes;

4. Aprobar o reprobar en todo o en parte las cuentas que el Gobierno presente anualmente a las Cámaras;

5. Contraer la deuda nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público;

6. Aprobar o reprobar la declaración de guerra que el Poder Ejecutivo haga, y los tratados que celebre con potencias extranjeras;

7. Designar anualmente la fuerza armada necesaria en tiempo de paz y de guerra;

8. Crear nuevas Provincias, arreglar sus límites, habilitar puertos, establecer aduanas y derechos de importación y exportación;

9. Fijar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas, y arreglar el sistema de pesos y medidas;

10. Permitir o prohibir la admisión de tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando el tiempo de su permanencia en él;

11. Permitir o prohibir la salida de las tropas nacionales fuera del territorio de la República, determinando el tiempo de su regreso;

12. Crear o suprimir empleos públicos, determinar o modificar sus atribuciones, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones o retiros; dar pensiones o recompensas pecuniarias o de otra clase, y decretar honores públicos a los grandes servicios;

13. Conceder indultos en casos extraordinarios;

14. Hacer los reglamentos de milicias, y determinar el tiempo y número en que deben reunirse;

15. Elegir el lugar en que deban residir los supremos poderes nacionales;

16. Aprobar o reprobar la erección y reglamentos de los bancos de descuento, Hipotecarios, o de cualquiera otra clase;

17. Nombrar, reunidas las Cámaras, los miembros de la Corte Suprema;

18. Nombrar, al día siguiente de su instalación, veinticuatro individuos que tengan las calidades requeridas para Ministros de la Suprema Corte y elegir de éstos a la suerte cinco y un Fiscal, los cuales conocerán en primera instancia de las causas de dichos Ministros en aquellos asuntos que no estén comprendidos en la segunda parte del Artículo 47. En segunda instancia conocerá igual número, elegido del mismo modo. Una ley particular designará el modo y forma de proceder.

Artículo 47.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1. Proponer las leyes relativas a impuestos y contribuciones, tomando en consideración las modificaciones con que el Senado las devuelva;

2. Conocer a petición de parte, o proposición de alguno de sus miembros, sobre las acusaciones contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros, miembros de ambas Cámaras y de la Corte Suprema de justicia, por delitos de traición, malversación de fondos públicos, infracción de la Constitución, y violación de los derechos individuales; declarar si hay lugar a la formación de causa, y en caso de haberlo, formalizar la acusación ante el Senado.

Artículo 48.- Es atribución exclusiva del Senado:

Abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, y pronunciar sentencia con la concurrencia, a lo menos, de las dos terceras partes de votos.

De la formación de las Leyes

Artículo 49.- Todo proyecto de ley, excepto los relativos a contribuciones e impuestos, puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras, a proposición de uno de sus miembros, o por proyectos presentados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 50.- Aprobado un proyecto de ley en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra Cámara para su discusión y aprobación.

Artículo 51.- El proyecto de ley desechado por una de las Cámaras, no podrá ser presentado de nuevo hasta el siguiente periodo de la legislatura.

Artículo 52.- El proyecto de ley adicionado, o corregido por la Cámara a que haya sido enviado, volverá a la de su origen, y quedará sometido a las reglas contenidas en los dos Artículos precedentes.

Artículo 53.- Aprobado un proyecto de ley por las dos Cámaras, será remitido al Poder Ejecutivo, el cual ordenará su promulgación, o lo devolverá a la de su origen con sus objeciones u observaciones.

Artículo 54.- Si la devolución de que habla el Artículo anterior no se verifica en los diez días siguientes al de la remisión del proyecto al Poder Ejecutivo, tendrá fuerza de ley y se promulgará como tal.

Artículo 55.- Si la devolución se verifica en el término legal, el proyecto será reconsiderado en ambas Cámaras, tendrá fuerza de ley, y se promulgará inmediatamente por el Ejecutivo, si en cada una de las Cámaras se aprueba.

Artículo 56.- No verificándose la aprobación del proyecto devuelto por el Ejecutivo, quedará suprimido por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta el siguiente periodo de la legislatura.

Artículo 57.- No haciéndose la devolución en el término legal, por haber suspendido o terminado sus sesiones el Congreso, deberá verificarse en el primer día de su reunión.

De las sesiones del Congreso

Artículo 58.- El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 1 de junio de cada año, y las cerrará el 18 de septiembre. Si algún motivo particular exige prorrogar este término, no pasará nunca de un mes.

Artículo 59.- Convocado extraordinariamente el Congreso, se ocupará exclusivamente de los negocios que motivaron la convocatoria.

Capítulo VII

Del Poder Ejecutivo

Artículo 60.- El Supremo Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano chileno de nacimiento, de edad de más de treinta años, con la denominación de Presidente de la República de Chile.

Artículo 61.- Habrá un Vicepresidente que en casos de muerte o imposibilidad física o moral del Presidente desempeñará su cargo. Sus calidades serán las mismas que se requieren para Presidente.

Artículo 62.- Las funciones del Presidente y Vicepresidente durarán cinco años. No podrán ser reelegidos, sino mediando el tiempo antes señalado, entre la primera y segunda elección.

Artículo 63.- El Presidente y Vicepresidente serán elegidos el día 5 de abril del año en que expire el término que señala la ley a la duración de uno y otro.

Artículo 64.- Elegirán al Presidente y Vicepresidente los electores que las Provincias nombren en votación popular y directa, cuyo número será triple del total de Diputados y Senadores que corresponde a cada Provincia.

Artículo 65.- El nombramiento de electores se hará el día 15 de marzo. Las calidades de éstos serán las que se exigen para Diputados en el Artículo 28.

Artículo 66.- Los electores reunidos el día señalado en el Artículo 63, y con las formalidades que designe la ley de elecciones, votarán indistintamente por dos personas, una de las cuales, por lo menos, no será natural ni avecindada en la Provincia que la elija.

Artículo 67.- La mesa electoral formará listas dobles de las personas elegidas, cuyas listas firmadas por todos los electores, y selladas, se remitirán, una a la Asamblea Provincial, en cuyo archivo quedará depositada y cerrada, y la otra a la Comisión Permanente, que la conservará del mismo modo hasta la reunión de las Cámaras.

Artículo 68.- El día siguiente al de la instalación del Congreso, se abrirán y leerán dichas listas en sesión pública de las dos Cámaras, reunidas en el sitio de las sesiones del Senado, haciendo de Presidente el que lo sea de este cuerpo, y colocándose a su derecha el de la Cámara de Diputados. Los Secretarios de ambas Cámaras ejercerán en esta reunión las funciones de tales.

Artículo 69.- Leídas las listas, el Presidente del Senado nombrará una comisión compuesta de un número igual de Senadores y Diputados para que las revisen, y en la misma sesión den cuenta del resultado.

Artículo 70.- Acto continuo las Cámaras calificarán las elecciones, según las reglas que se establecerán en los Artículos siguientes, y uno de los Secretarios leerá públicamente el resultado.

Artículo 71.- El que hubiere reunido mayoría absoluta de votos cotejados con el número de electores, será declarado Presidente de la República; mas si se hallasen dos con dicha mayoría, será Presidente el que tuviese mayor número, y el del accésit será declarado Vicepresidente. Si dos se hallasen con igual número, pertenece a las Cámaras nombrar uno de ellos Presidente, y otro Vicepresidente.

Artículo 72.- En caso que ninguno obtuviese mayoría absoluta de votos, las Cámaras elegirán, entre los que obtengan mayoría respectiva, el Presidente de República, y después el Vicepresidente entre los de la mayoría inmediata.

Artículo 73.- Si uno solo tuviese mayoría respectiva, y dos o más de los inmediatos en número de votos se hallasen iguales, las Cámaras elegirán entre éstos el que deba competir con el primero, sea para la elección de Presidente, o Vicepresidente, según ocurriese el caso.

Artículo 74.- Si todos los candidatos se hallasen con igual número de votos, las Cámaras elegirán entre todos ellos, primero al Presidente, y luego al Vicepresidente en votación separada.

Artículo 75.- No podrá hacerse la calificación de estas elecciones, si no están presentes las tres cuartas partes de los miembros de ambas Cámaras. Si verificada la votación resultase igualdad de votos, se hará segunda vez, y si no resultase mayoría absoluta, se decidirá por la suerte.

Artículo 76.- El mismo día en que se completen los cinco años que debe durar el ejercicio de la presidencia y de la vicepresidencia, cesarán de hecho los que lo desempeñen, y serán reemplazados por los nuevamente elegidos. Mas si por algún motivo extraordinario no se hubiesen hecho o publicado las elecciones, cesarán, sin embargo, el Presidente y Vicepresidente, y el Poder Ejecutivo se depositará en el Presidente del Senado, o de la Comisión permanente, si estuvieren las Cámaras en receso.

Artículo 77.- Si el Presidente y Vicepresidente se hallasen imposibilitados de ejercer sus destinos, el Presidente del Senado, o el de la Comisión Permanente, si las Cámaras en receso, avisará inmediatamente a los pueblos por medio de los Intendentes, para que se hagan las elecciones de electores el día 15 de marzo, continuando los demás periodos señalados para la elección de Presidente y Vicepresidente, conforme a los Artículos 63, 68 y 78, y entre tanto se ejercerá el Poder Ejecutivo según lo dispuesto en el Artículo anterior.

Artículo 78.- El día 18 de septiembre tomarán posesión de sus destinos el Presidente y Vicepresidente de la República, y el día que terminen sus funciones, deberán hallarse presentes los nuevamente electos, para prestar el juramento de estilo; mas si algún accidente impidiese la presencia del primero, el Vicepresidente se recibirá provisoriamente del Gobierno.

Artículo 79.- Dicho juramento se prestará ante las Cámaras reunidas. Lo mismo se observará respecto del que por impedimento del Presidente y Vicepresidente le sustituya, debiendo prestarse ante la Comisión Permanente, si estuviesen las Cámaras en receso.

Artículo 80.- El año anterior a cada elección de Presidente y Vicepresidente, el Congreso señalará el sueldo de que han de gozar uno y otro, sin que pueda aumentarse ni disminuirse durante los años que la ley, señala a la duración de sus empleos.

Privilegios y facultades del Poder Ejecutivo

Artículo 81.- El Presidente y Vicepresidente no podrán ser acusados durante el tiempo de su gobierno, sino ante la Cámara de Diputados, por los delitos señalados en la parte segunda del Artículo 47, Capítulo VI de esta Constitución. La acusación puede hacerse en el tiempo de su gobierno, o un año después.

Artículo 82.- Pasado este año, que es el término designado a su residencia, ya nadie podrá acusarlos por delito alguno cometido durante el periodo de su gobierno.

Artículo 83.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo:

1. Hacer observaciones u objeciones sobre los proyectos de ley remitidos por las Cámaras, y suspender su promulgación dentro de los diez días inmediatos a aquél en que se le presenten;

2. Proponer leyes a las Cámaras, o modificaciones y reformas a las dictadas anteriormente, en los términos que previene esta Constitución;

3. Pedir al Congreso la prorrogación de sus sesiones ordinarias por treinta días, y convocarlo a extraordinarias;

4. Nombrar y remover sin expresión de causa a los Ministros Secretarios del Despacho, y a los oficiales de las secretarías;

5. Proveer los empleos civiles, militares y eclesiásticos conforme a la Constitución y a las leyes, necesitando del acuerdo del Senado, o del de la Comisión Permanente en su receso, para los enviados diplomáticos, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército permanente;

6. Destituir los empleados por ineptitud, omisión o cualquiera otro delito. En los dos primeros casos con acuerdo del Senado, o en su receso con el de la Comisión Permanente, y en el último pasando el expediente a los tribunales de Justicia para que sean juzgados legalmente;

7. Iniciar y concluir tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cualesquiera otros, necesitando para la ratificación la aprobación del Congreso. Celebrar, en la misma forma, concordatos con la Silla Apostólica, y retener o conceder pase a sus bulas y diplomas;

8. Ejercer, conforme a las leyes, las atribuciones del patronato; pero no presentará obispos sino con aprobación de la Cámara de Diputados;

9. Declarar la guerra, previa la resolución del Congreso, y después de emplear los medios de evitarla sin menoscabo del honor e independencia nacional;

10. Disponer de la fuerza de mar y tierra y de la milicia activa, para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación, y emplear en los mismos objetos la milicia local, previa la aprobación del Congreso, o en su receso, de la Comisión Permanente;

11. Dar retiros, conceder licencias, y arreglar las pensiones de los militares conforme a las leyes;

12. En casos de ataque exterior o conmoción interior, graves e imprevistos, tomar medidas prontas de seguridad, dando cuenta inmediatamente al Congreso, o en su receso, a la Comisión Permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estando a su resolución.

Deberes del Poder Ejecutivo

Artículo 84.- Son deberes del Poder Ejecutivo:

1. Publicar y circular todas las leyes que el Congreso sancione, ejecutarlas y hacerlas ejecutar por medio de providencias oportunas;

2. Cuidar de la recaudación de las contribuciones generales, y decretar su inversión con arreglo a las leyes;

3. Presentar cada año al Congreso el presupuesto de los gastos necesarios, y dar cuenta instruida de la inversión del presupuesto anterior;

4. Dar anualmente al Congreso, luego que abra sus sesiones, razón del estado de la Nación en todos los ramos del Gobierno;

5. Velar sobre la conducta funcionaria de los empleados en el ramo judicial, y sobre la ejecución de las sentencias;

6. Tomar las providencias necesarias para que las elecciones se hagan en la época señalada en esta Constitución, y para que se observe en ellas lo que disponga la ley electoral.

De lo que se prohíbe al Poder Ejecutivo

Artículo 85.- Se prohíbe al Poder Ejecutivo:

1. Mandar personalmente la fuerza armada de mar o tierra, sin previo permiso del Congreso, o en su receso, de las dos terceras partes de la Comisión Permanente. Obtenido éste, mandará la República el Vicepresidente;

2. Salir del territorio de la República durante su gobierno, y un año después de haber concluido;

3. Conocer en materias judiciales bajo ningún pretexto;

4. Privar a nadie de su libertad personal, y en caso de hacerlo, por exigirlo así el interés general, se limitará al simple arresto; y en el preciso término de veinticuatro horas pondrá el arrestado a disposición del juez;

5. Suspender por ningún motivo las elecciones nacionales, ni variar el tiempo que esta Constitución les designa;

6. Impedir la reunión de las Cámaras, o poner algún embarazo a sus sesiones;

7. Permitir goce de sueldo por otros títulos que el de actual servicio, jubilación o retiro conforme a las leyes;

8. Expedir órdenes sin rubricarlas y sin la firma del Ministro respectivo. Faltando este requisito, ningún individuo será obligado a obedecerlas.

De los Ministros Secretarios de Estado

Artículo 86.- Habrá tres Ministros Secretarios de Estado para el Despacho. Cada uno de ellos será responsable de los decretos que firme, y todos de los que firmaren en común.

Artículo 87.- Para ser Ministro se requiere ser ciudadano por nacimiento, y tener treinta años de edad.

Artículo 88.- Luego que las Cámaras abran sus sesiones anuales, darán cuenta los Ministros en particular a cada una de ellas, del estado de sus ramos respectivos.

Artículo 89.- Concluido su ministerio, no podrán salir del territorio de la República hasta pasados seis meses, durante los cuales estará abierto su juicio de residencia.

Capítulo VIII

De la Comisión Permanente

Artículo 90.- Durante el receso del Congreso, habrá una Comisión Permanente, compuesta de un Senador por cada Provincia.

Artículo 91.- En los dos primeros años serán miembros de la Comisión Permanente, los Senadores nombrados en primer lugar por las respectivas Asambleas Provinciales, y en lo sucesivo los más antiguos. Los miembros de la Comisión nombrarán de entre ellos mismos su Presidente a pluralidad de votos.

Artículo 92.- Son deberes de esta Comisión:

1. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes;

2. Hacer al Poder Ejecutivo las observaciones convenientes a este efecto, de cuya omisión será responsable al Congreso; y no bastando las primeras, las reiterará segunda vez;

3. Acordar por sí sola, en caso de insuficiencia del recurso antes señalado, la convocación del Congreso a sesiones extraordinarias;

4. Prestar o rehusar su consentimiento en todos los actos en que el Poder Ejecutivo lo necesite, según lo prevenido en esta Constitución.

Capítulo IX

Del Poder Judicial

Artículo 93.- El Poder Judicial reside en la Corte Suprema, Cortes de Apelación y juzgados de primera instancia.

Artículo 94.- La Corte Suprema se compondrá de cinco Ministros y un Fiscal. El Congreso aumentará este número según lo exijan las circunstancias.

Artículo 95.- Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere ciudadanía natural o legal, treinta años a lo menos de edad, y haber ejercido por seis años la profesión de abogado.

De las atribuciones de la Corte Suprema

Artículo 96.- Son atribuciones de la Corte Suprema:

1. Conocer y juzgar de las competencias entre los tribunales;

2. De los juicios contenciosos entre las Provincias;

3. De los que resulten de contratos celebrados por el Gobierno, o por los agentes de éste en su nombre;

4. De las causas civiles del Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros del Despacho y miembros de ambas Cámaras;

5. De las civiles y criminales de los empleados diplomáticos, cónsules e Intendentes de provincia;

6. De las de almirantazgo, presas de mar y tierra, y actos en alta mar;

7. De las de infracción de Constitución;

8. De las causas sobre suspensión o pérdida del derecho de ciudadanía, según lo dispuesto en esta Constitución;

9. De los demás recursos de que actualmente conoce, en el entretanto se reforma el sistema de administración de justicia;

10. Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre todos los tribunales y juzgados de la Nación;

11. Proponer en terna al Poder Ejecutivo los nombramientos de las Cortes de Apelación.

Artículo 97.- Se concede el recurso de súplica en todas las causas de que hablan las Partes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Artículo anterior. La Corte Suprema, para conocer, se compondrá entonces de los miembros natos y suplentes respectivos.

Parte. De las Cortes de Apelación

Artículo 98.- Las Cortes de Apelación se compondrán del número de jueces que designe una ley especial. Ésta designará también las Provincias que debe comprender cada una de ellas, y el modo, forma, grado y orden en que deban ejercer sus atribuciones.

Artículo 99.- Para ser miembro de las Cortes de Apelación se necesita la ciudadanía natural o legal, y haber ejercido cuatro años la profesión de abogado.

De los Juzgados de Paz y de Primera Instancia

Artículo 100.- Habrá juzgados de paz para conciliar los pleitos en la forma que designe una ley especial.

Artículo 101.- En cada Provincia habrá uno o más jueces de primera instancia, para conocer de las causas civiles y criminales que en ella se susciten, cuyo ministerio será ejercido por letrados según el modo que designe una ley particular.

Artículo 102.- Para ser juez letrado de primera instancia se necesita ciudadanía natural o legal, y haber ejercido por dos años la profesión de abogado.

Artículo 103.- Los empleos de miembros de la Corte Suprema, Cortes de Apelación y jueces letrados de primera instancia, serán por el tiempo que dure su buena comportación y servicios. Los que los desempeñen, no podrán ser privados de ellos sino por sentencia de tribunal competente.

Restricciones del Poder Judicial

Artículo 104.- Todo juez, autoridad o tribunal que, a cualquiera habitante preso o detenido conforme al Artículo 13 del Capítulo III, no le hace saber la causa de su prisión o detención en el preciso término de veinticuatro horas, o le niega o estorba los medios de defensa legal de que quiera hacer uso, es culpable de atentado a la seguridad personal. Produce, por tanto, acción popular; el hecho se justificará en sumario por la autoridad competente, y el reo, oído del mismo modo, será castigado con la pena de la ley.

Artículo 105.- Se prohíbe a todos los jueces, autoridades y Tribunales imponer la pena de confiscación de bienes, y la aplicación de toda clase de tormentos. La pena de infamia no pasará jamás de la persona del sentenciado.

Artículo 106.- Prohíbese igualmente ordenar y ejecutar el registro de casas, papeles, libros o efectos de cualquier habitante de la República, sino en los casos expresamente declarados por la ley, y en la forma que ésta determina.

Artículo 107.- A ningún reo se podrá exigir juramento sobre hecho propio en causas criminales.

Capítulo X

Del Gobierno y administración interior de las Provincias

Artículo 108.- El gobierno y administración interior de las Provincias se ejercerá en cada una por la Asamblea Provincial y por el Intendente.

De las Asambleas provinciales

Artículo 109.- La Asamblea Provincial se compondrá de miembros elegidos directamente por el pueblo, en el modo que prescribirá la ley general de elecciones.

Artículo 110.- Se elegirá un Diputado por cada siete mil quinientas almas.

Artículo 111.- En las Provincias que no se alcance, según esta base, o componer la Asamblea al menos de doce miembros, se completará este número, cualquiera que sea su Población.

Artículo 112.- Su duración será por dos años: y su instalación, que no podrá hacerse con menos de los dos tercios de sus miembros, será en la Capital de la Provincia.

Artículo 113.- Para ser Diputado de la Asamblea se requiere ciudadanía en ejercicio, y ser natural o avecindado en la Provincia.

Artículo 114.- Son atribuciones de las Asambleas Provinciales:

1. Calificar las elecciones de sus respectivos miembros;

2. Determinar el tiempo de sus sesiones, que nunca deben exceder del señalado por esta Constitución a la Legislatura Nacional;

3. Nombrar Senadores, y proponer en terna los nombramientos de Intendentes, vice-intendentes, jueces Letrados de primera instancia;

4. Establecer Municipalidades en aquellos lugares donde las crean convenientes;

5. Conocer y resolver sobre la legitimidad de las elecciones de estos cuerpos;

6. Aprobar o reprobar las medidas y planes que les propongan, conducentes al bien de su respectivo pueblo;

7. Autorizar, anualmente los presupuestos de las Municipalidades, aprobar o reprobar los gastos extraordinarios que éstas propongan, y los reglamentos que deban regirlas;

8. Tener bajo su inmediata inspección los establecimientos piadosos de corrección, educación, seguridad, policía, salubridad y ornato, y crear cualesquiera otros de conocida utilidad pública;

9. Examinar sus cuentas y corregir sus abusos, introducir mejoras en su administración y cuidar de que se hagan efectivas las leyes de su institución;

10. Proponer el Gobierno las medidas y planes conducentes al bien de la provincia en cualquiera ramo;

11. Darle cuenta anual del estado agrícola, industrial y comercial de la provincia, de los obstáculos que se oponen a su adelantamiento, y de los abusos que se noten en la administración de los fondos públicos;

12. Distribuir las contribuciones entre los pueblos de la Provincia;

13. Formar el censo estadístico de ella;

14. Velar sobre la observancia de la Constitución y de la ley electoral.

Artículo 115.- Las Asambleas Provinciales propondrán al Congreso los arbitrios que juzguen oportunos para ocurrir a los gastos de la administración de las Provincias.

De los Intendentes

Artículo 116.- Los Intendentes y vice-intendentes serán nombrados por el Poder Ejecutivo, en virtud de la propuesta de que se habla en el Número 3 del Artículo 114. Su duración será de tres años. No podrán ser reelegidos, sino mediando el tiempo antes señalado entre la primera y segunda elección.

Artículo 117.- Son atribuciones de los Intendentes:

1. Ejecutar y hacer ejecutar la Constitución, leyes, órdenes del Poder Ejecutivo, y las resoluciones de la Asamblea Provincial que no se opongan a la Constitución y leyes generales;

2. Ejercer la subinspección general de las Milicias de su respectiva Provincia: proponer los jefes de acuerdo con la Asamblea, y por sí solos los oficiales subalternos, en ambos casos conforme a las leyes.

Del Gobierno y Municipalidad de los Pueblos

Artículo 118.- En cada ciudad o villa que tenga Municipalidad habrá un Gobernador local. Su nombramiento se hará a pluralidad absoluta de sufragios por la Municipalidad. Su duración será por dos años.

Artículo 119.- Son atribuciones de los Gobernadores locales:

1. Citar a los habitantes de su distrito a las elecciones determinadas por la ley en los términos señalados por ella;

2. Mantener el orden en su territorio;

3. Nombrar y remover con acuerdo de las Municipalidades a sus subalternos;

4. Ejecutar las órdenes relativas a la policía y estadística de su territorio, y en cualquiera otro ramo que sus Municipalidades, en virtud de sus atribuciones, le remitan;

5. Ejecutar igualmente todas las que recibiera del Intendente de la Provincia;

6. Observar y hacer observar la Constitución, leyes preexistentes y que en adelante se dictaren;

7. Presidir a las Municipalidades. En su defecto corresponde la presidencia al Municipal que haya tenido mayor número de sufragios.

Artículo 120.- En falta del Gobernador local le sustituirá el Municipal de que habla la Parte última del anterior Artículo.

De las Municipalidades

Artículo 121.- El nombramiento de las Municipalidades se hará directamente por el pueblo conforme a la ley de elecciones. Su número no podrá pasar de doce, ni bajar de siete. Su duración será por dos años.

Artículo 122.- Son atribuciones de las Municipalidades:

1. Dar dictamen al Gobernador local en las materias que lo pida;

2. Promover y ejecutar mejoras sobre la policía de salubridad y comodidad;

3. Sobre la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme al reglamento que aprobare la Asamblea Provincial;

4. Hacer el repartimiento de las contribuciones que hayan cabido a su distrito;

5. Establecer, cuidar y proteger las escuelas de primeras letras, y la educación pública en todos sus ramos;

6. Los hospitales, hospicios, panteones, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban;

7. La construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes, cárceles, y todas las obras públicas de seguridad, comodidad y ornato;

8. Formar los reglamentos municipales sobre estos objetos, y pasarlos a la Asamblea Provincial para su aprobación;

9. Promover la agricultura, la industria y el comercio según lo permitan las circunstancias de sus pueblos;

10. Arreglar su orden interior, y nombrar los empleados necesarios para su correspondencia y demás servicios;

11. Disponer la celebración de las fiestas cívicas en su distrito.

Capítulo XI

De la fuerza armada

Artículo 123.- La Fuerza Armada se compondrá del Ejército de mar y tierra, y de la Milicia activa y pasiva. El Congreso, en virtud de sus atribuciones, reglará el número, orden, disciplina y reemplazo, tanto del Ejército como de la Milicia, cuyo régimen debe ser uniforme.

Artículo 124.- Todo chileno en estado de cargar armas, debe estar inscrito en los registros de la Milicia activa o pasiva, conforme al reglamento.

Capítulo XII

Disposiciones generales

Artículo 125.- Todo hombre es igual delante de la ley.

Artículo 126.- Todo chileno puede ser llamado a los empleos. Todos deben contribuir a las cargas del Estado en proporción de sus haberes. No hay clase privilegiada. Quedan abolidos para siempre los mayorazgos, y todas las vinculaciones que impidan el enajenamiento libre de los fundos. Sus actuales poseedores dispondrán de ellos libremente, excepto la tercera parte de su valor que se reserva a los inmediatos sucesores, quienes dispondrán de ella con la misma libertad.

Artículo 127.- Los actuales poseedores que no tengan herederos forzosos, dispondrán precisamente de los dos tercios que les han sido reservados, en favor de los parientes más inmediatos.

Artículo 128.- Todo funcionario público está sujeto a juicio de residencia. Una ley especial reglará el modo de proceder en él.

Artículo 129.- La República no reconoce fuera de su territorio tribunal alguno. Una ley especial designará el modo y forma en que hayan de terminarse los juicios que antes salían de ella.

Capítulo XIII

De la observancia, interpretación y reforma de la Constitución

Artículo 130.- Todo funcionario público sin excepción de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino, prestará juramento de guardar esta Constitución.

Artículo 131.- El Congreso, en virtud de sus atribuciones, dictará todas las leyes y decretos que crea convenientes, a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que la quebranten.

Artículo 132.- Sólo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de sus artículos.

Artículo 133.- El año de 1836 se convocará por el Congreso una gran Convención, con el único y exclusivo objeto de reformar o adicionar esta Constitución, la cual se disolverá inmediatamente que lo haya desempeñado. Una ley particular determinará el modo de proceder, número de que se componga, y demás circunstancias.

Artículo 134.- Inmediatamente después de firmada esta Constitución, el actual Congreso Constituyente se dividirá en dos Cámaras, debiendo nombrarse los Senadores a pluralidad de votos. En este estado se ocupará exclusivamente en formar la ley de elecciones, y demás necesarias para poner en ejecución esta Constitución, debiendo separarse antes del 1 de febrero de 1829.

Sala de sesiones en Valparaíso, agosto 6 de 1828. Manuel Novoa, diputado por Concepción, Presidente. Francisco Calderón, diputado por Puchacay, Vicepresidente. Francisco Ramón Vicuña, diputado por Osorno. Julián Navarro, diputado por San Isidro de Vicuña. Pedro José Prado Montaner, diputado por Santiago. Enrique Campino, diputado por Santiago. Miguel Callao, diputado por Los Angeles. Casimiro Albano, diputado por Talca. José Antonio Valdés, diputado por Rancagua. Manuel Echeverría, diputado por Quillota. Manuel Gormaz, diputado por Quillota. Manuel Sotomayor, diputado por San Felipe de Aconcagua. Martín de Orjera, diputado por La Ligua. Elías Guerrero, diputado por San Carlos de Chiloé. José María Novoa, diputado por Cauquenes. Juan Cortés, diputado por Castro de Chiloé. Manuel de Araoz, diputado por Cauquenes. José Antonio del Villar, diputado por San Felipe. Melchor de Santiago Concha, diputado por Santa Rosa de los Andes. Melchor José Ramos, diputado por San Fernando. Miguel de Ureta, diputado por Melipilla. Santiago Muñoz de Bezanilla, diputado por Santa Bárbara de Casa Blanca. Blas Reyes, diputado por Santiago. Pedro F. Lira y Argomedo, diputado por San Fernando. José Gaspar Marín, diputado por Illapel. José Tomás Argomedo y González, diputado por San Fernando. Joaquín Prieto, diputado por el Parral. Ángel Argüelles, diputado por Santiago. José Francisco Gana, diputado por Talca. Juan José Gutiérrez Palacios, diputado por Chillán. José Ignacio Sánchez, diputado por Santiago. Manuel Antonio Recabarren, diputado por Rere. Fernando Antonio Elizalde, diputado por San Carlos. Juan de Dios Vial del Río, diputado por Rancagua. Buenaventura Marín, diputado por Coquimbo. Rafael Bilbao, diputado por Vallenar. Francisco de Borja Orihuela, diputado por Curicó. Antonio del Castillo, diputado por Curicó. Ignacio Molina, diputado por Linares. Fernando Urízar, diputado por Linares. Francisco Fernández, diputado por Valparaíso, Secretario. Bruno Larraín, diputado por Santiago, Secretario.

Por tanto, mando a todos los habitantes y súbditos de la República hayan y guarden la Constitución inserta como ley fundamental; y asimismo ordeno a las autoridades, bien sean civiles, militares o eclesiásticas que la guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes, imprimiéndose, publicándose y circulándose. Dado en la Sala principal de mi despacho en Santiago de Chile, el día ocho de agosto del año de mil ochocientos veintiocho. Francisco Antonio Pinto, Vicepresidente de la República. Carlos Rodríguez, Ministro de Estado en los departamentos del Interior y Relaciones Exteriores. Francisco Ruiz Tagle, Ministro de Estado en los departamentos de Hacienda. José M. Borgoño, Ministro de Estado en los departamentos de Guerra y Marina.

Constitución Política de la República de Chile: promulgada en 8 de agosto de 1828.

(*) Se publica aviso en el Boletin de las Leyes Nº 1 Libro IV de fecha 11 de abril de 1828, que se publicará impreso por la Imprenta de propiedad de don Ramón Rengifo, con la autorización expresa del Congreso Nacional.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA CHILENA, AÑO 1833

Chile

Año 1833

JURADA Y PROMULGADA EL 25 DE MAYO DE 1833(*)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

A LOS PUEBLOS

Conciudadanos:

Acaba de ser jurada por todos los magistrados la Constitución reformada por la Gran Convención; y al ejecutar el cargo de promulgarla, debo preveniros que seré el más severo observador de sus disposiciones, y el más cuidadoso centinela de su cumplimiento. No me corresponde hacer el análisis de la reforma: mi obligación es guardarla y hacerla guardar; mas, como encargado de vigilar sobre la conducta de vuestros funcionarios y daros cuenta de ella, me es muy satisfactorio recomendar a vuestra gratitud la constancia y empeño con que los ciudadanos elegidos por la ley para corregir nuestro código político, han procurado desempeñar esta interesante empresa. No han tenido presente más que vuestros intereses; y por esto, su único objeto ha sido dar a la administración reglas adecuadas a vuestras circunstancias. Despreciando teorías tan alucinadoras como impracticables, sólo han fijado su atención en los medios de asegurar para siempre el orden y tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes de partidos a que han estado expuestos. La reforma no es más que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios, a que daba origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la independencia. Es el medio de hacer efectiva la libertad nacional, que jamás podríamos obtener en su estado verdadero, mientras no estuviesen deslindadas con exactitud las facultades del Gobierno, y se hubiesen opuesto diques a la licencia.

Conciudadanos: si por una imprevisión inculpable no se encuentran en el código las reglas precisas para proveer a todos los casos que pueden presentar las contingencias y vicisitudes de las cosas humanas, vuestra moral y la estricta sumisión del Gobierno al espíritu de la ley constitucional, allanarán todos los obstáculos que puedan embarazar su observancia. No omitiré género alguno de sacrificios para hacerla respetar, porque con su veneración considero que se destruirá para siempre el móvil de las variaciones que hasta ahora os ha mantenido en inquietudes. Como custodio de vuestros derechos os protesto del modo más solemne, que cumpliré las disposiciones del código que se acaba de jurar con toda religiosidad, y que las haré cumplir valiéndome de todos los medios que él me proporciona, por rigorosos que parezcan.- Joaquín Prieto.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto la Gran Convención ha sancionado idecretado la siguiente reforma de la Constitución Política de Chile, promulgada en 1828, que ha jurado el Congreso Nacional, en los términos siguientes:

En el nombre de Dios Todopoderoso, Creador i Supremo

Legislador del Universo

La Gran Convención de Chile llamada por la lei de 1º de octubre de 1831 a reformar o adicionar la Constitución Política de la Nación, promulgada en 8 de agosto de 1828, después de haber examinado este Código, i adoptado de sus instituciones las que ha creído convenientes para la prosperidad i buena administración del Estado, modificando i suprimiendo otras, i añadiendo las que ha juzgado asimismo oportunas para promover tan importante fin, decreta: que quedando sin efecto todas las disposiciones allí contenidas, sólo la siguiente es la

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE

CAPITULO I

Del territorio

Artículo 1°. El territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, i desde las cordilleras de los Andes hasta el mar Pacífico, comprendiendo el Archipiélago de Chiloé, todas las islas adiacentes, i las de Juan Fernández.

CAPITULO II

De la forma de Gobierno

Artículo 2º. El Gobierno de Chile es popular representativo.

Artículo 3º. La República de Chile es una e indivisible.

Artículo 4º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, que delega su ejercicio en las autoridades que establece esta Constitución.

CAPITULO III

De la relijión

Artículo 5º. La relijión de la República de Chile es la Católica, Apostólica, Romana; con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra.

CAPITULO IV

De los chilenos

Artículo 6º. Son chilenos:

1º Los nacidos en el territorio de Chile;

2º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio estranjero, por el sólo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en territorio estranjero, hallándose el padre en actual servicio de la República, son chilenos aun para los efectos en que las leies fundamentales, o cualesquiera otras, requieran nacimiento en el territorio chileno;

3º Los estranjeros que profesando alguna ciencia, arte o industria, o poseiendo alguna propiedad raíz, o capital en jiro, declaren ante la Municipalidad del territorio en que residan, su intención de avecindarse en Chile, i hayan cumplido diez años de residencia en el territorio de la República. Bastarán seis años de residencia, si son casados i tienen familia en Chile; i tres años si son casados con chilena;

4º Los que obtengan especial gracia de naturalización por el Congreso.

Artículo 7º. Al Senado corresponde declarar respecto de los que no haian nacido en el territorio chileno, si están o no, en el caso de obtener naturalización con arreglo al artículo anterior, i el Presidente de la República espedirá a consecuencia la correspondiente carta de naturaleza.

Artículo 8º. Son ciudadanos activos con derecho a sufrajio: Los chilenos que habiendo cumplido veinticinco años, si son solteros, i veintiuno, si son casados, i sabiendo leer i escribir tengan alguno de los siguientes requisitos:

1º Una propiedad inmoble, o un capital invertido en alguna especie de jiro o industria. El valor de la propiedad inmoble, o del capital, se fijará para cada provincia de diez en diez años por una lei especial;

2º El ejercicio de una industria o arte, el goce de algún empleo, renta o usufructo, cuios emolumentos o productos guarden proporción con la propiedad inmoble, o capital de que se habla en el número anterior.

Artículo 9º. Nadie podrá gozar del derecho de sufragio sin estar inscrito en el rejistro de electores de la Municipalidad a que pertenezca, i sin tener en su poder el boleto de calificación tres meses antes de las elecciones.

Artículo 10. Se suspende la calidad de ciudadano activo con derecho de sufrajio:

1º Por ineptitud física o moral que impida obrar libre i reflexivamente;

2º Por la condición de sirviente doméstico.

3º Por la calidad de deudor al Fisco constituido en mora.

4º Por hallarse procesado como reo de delito que merezca pena aflictiva o infamante.

Artículo 11. Se pierde la ciudadanía:

1º Por condena a pena aflictiva o infamante;

2º Por quiebra fraudulenta;

3º Por naturalización en país extranjero;

4º Por admitir empleos, funciones, distinciones o pensiones de un Gobierno estranjero sin especial permiso del Congreso.

5º Por haber residido en país estranjero más de diez años sin permiso del Presidente de la República.

Los que por una de las causas mencionadas en este artículo hubieren perdido la calidad de ciudadanos, podrán impetrar rehabilitación del Senado.

CAPITULO V

Derecho público de Chile

Artículo 12. La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:

1º La igualdad ante la lei. En Chile no hai clase privilegiada;

2º La admisión a todos los empleos i funciones públicas, sin otras condiciones que las que impongan las leyes,.

3º La igual repartición de los impuestos i contribuciones a proporción de los haberes, i la igual repartición de las demás cargas públicas. Una lei particular determinará el método de reclutas i reemplazos para las fuerzas de mar i tierra;

4º La libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro, o salir de su territorio, guardándose los reglamentos de policía, i salvo siempre el perjuicio de tercero; sin que nadie pueda ser preso, detenido o desterrado, sino en la forma determinada por las leyes;

5º La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades, i sin que nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial; salvo el caso en que la utilidad del Estado, calificada por una lei, exija el uso o enajenación de alguna; lo que tendrá lugar dándose previamente al dueño la indemnización que se ajustare con él, o se avaluare a juicio de hombres buenos;

6º El derecho de presentar peticiones a todas las autoridades constituidas, ya sea por motivos de interés jeneral del Estado, o de interés individual, procediendo legal i respetuosamente;

7º La libertad de publicar sus opiniones por la imprenta, sin censura previa, i el derecho de no poder ser condenado por el abuso de esta libertad, sino en virtud de un juicio en que se califique previamente el abuso por jurados, i se siga i sentencie la causa con arreglo a la lei.

CAPITULO VI

Del Congreso Nacional

Artículo 13. El Poder Lejislativo reside en el Congreso Nacional compuesto de dos Cámaras, una de Diputados i otra de Senadores.

Artículo 14. Los Diputados i Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten i votos que emitan en el desempeño de sus cargos.

Artículo 15. Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección, podrá ser acusado, perseguido o arrestado, salvo en el caso de delito in fraganti, si la Cámara a que pertenece no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a formación de causa.

Artículo 16. Ningún Diputado o Senador será acusado desde el día de su elección, sino ante su respectiva Cámara, o ante la Comisión Conservadora, si aquélla estuviere en receso. Si se declara haber lugar a formación de causa, queda el acusado suspendido de sus funciones lejislativas i sujeto al juez competente.

Artículo 17. En caso de ser arrestado algún Diputado o Senador por delito in fraganti, será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva o de la Comisión Conservadora, con la información sumaria. La Cámara o la Comisión procederá entonces conforme a lo dispuesto en la segunda parte del artículo precedente.

De la Cámara de Diputados

Artículo 18. La Cámara de Diputados se compone de miembros elejidos por los departamentos en votación directa i en la forma que determinare la lei de elecciones.

Artículo 19. Se elejirá un Diputado por cada veinte mil almas, i por una fracción que no baje de diez mil.

Artículo 20. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años.

Artículo 21. Para ser elejido Diputado se necesita:

1º Estar en posesión de los derechos de ciudadano elector;

2º Una renta de quinientos pesos, a lo menos.

Artículo 22. Los Diputados son reelejibles indefinidamente.

Artículo 23. No pueden ser Diputados los eclesiásticos regulares; ni los eclesiásticos seculares que tengan cura de almas; ni los jueces letrados de primera instancia; ni los Intendentes i Gobernadores por la provincia o departamento que manden; ni los individuos que no hayan nacido en Chile, si no han estado en posesión de su carta de naturaleza, a lo menos seis años antes de su elección.

De la Cámara de Senadores

Artículo 24. El Senado se compone de veinte Senadores.

Artículo 25. Los Senadores son elejidos por electores especiales, que se nombran por departamentos en número triple del de Diputados al Congreso que corresponde a cada uno i en la forma que prevendrá la lei de elecciones.

Artículo 26. Los electores deberán tener las calidades que se requieren para ser Diputados al Congreso.

Artículo 27. El día señalado por la lei se reunirán los electores en la capital de su respectiva provincia, i sufragará cada uno por tantos individuos cuantos Senadores corresponda nombrar en aquel período.

Artículo 28. Acto continuo se practicará el escrutinio, i se estenderán dos actas de su resultado, suscritas por los electores, las cuales se remitirán cerradas i selladas, una al Cabildo de la capital de la misma provincia para que la deposite en su archivo, i otra a la Comisión Conservadora.

Artículo 29. La Comisión Conservadora pasará oportunamente todas las actas al Senado, para que el 15 de maio inmediato, antes de la primera reunión ordinaria de las Cámaras, verifique el escrutinio jeneral o haga la elección en caso necesario, i la comunique a los electores.

Artículo 30. Los individuos que por el resultado de la votación jeneral obtuvieren mayoría. absoluta, serán proclamados Senadores.

Artículo 31. No resultando mayoría absoluta el Senado rectificará la elección, guardando las reglas establecidas en los artículos 68, 69, 70, 71, 72 i 73.

Artículo 32. Para ser Senador se necesita:

1º Ciudadanía en ejercicio;

2º Treinta i seis años cumplidos;

3º No haber sido condenado jamás por delito;

4º Una renta de dos mil pesos a lo menos.

La condición esclusiva impuesta a los Diputados en el artículo 23, comprende también a los Senadores.

Artículo 33. El Senado se renovará por tercias partes, elijiéndose en los dos primeros trienios siete Senadores i seis en el tercero.

Artículo 34. Los Senadores permanecerán en el ejercicio de sus funciones por nueve años, i podrán ser reelejidos indefinidamente.

Artículo 35. Cuando falleciere algún Senador o se imposibilitare por cualquier motivo para desempeñar sus funciones, se elejirá en la primera renovación otro que le subrogue por el tiempo que le faltase para llenar su período constitucional.

Atribuciones del Congreso i especiales de cada Cámara

Artículo 36. Son atribuciones esclusivas del Congreso:

1ª Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversión de los fondos destinados para los gastos de la administración pública que debe presentar el Gobierno;

2ª Aprobar o reprobar la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República;

3ª Declarar, cuando el Presidente de la República hace dimisión de su cargo, si los motivos en que la funda le imposibilitan o no para su ejercicio, i en su consecuencia admitirla o desecharla;

4ª Declarar, cuando en los casos de los artículos 74 i 78 hubiere lugar a duda, si el impedimento que priva al Presidente del ejercicio de sus funciones es de tal naturaleza que deba procederse a nueva elección;

5ª Hacer el escrutinio i rectificar la elección de Presidente de la República, conforme a los artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72 i 73;

6ª Autorizar al Presidente de la República para que use de facultades extraordinarias, debiendo siempre señalarse expresamente las facultades que se le conceden, i fijar un tiempo determinado a la duración de esta lei.

Artículo 37. Sólo en virtud de una lei se puede:

1º Imponer contribuciones de cualquiera clase o naturaleza, suprimir las existentes i determinar en caso necesario su repartimiento entre las provincias o departamentos;

2º Fijar anualmente los gastos de la administración pública;

3º Fijar igualmente en cada año las fuerzas de mar i tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra.

Las contribuciones se decretan por sólo el tiempo de dieciocho meses, i las fuerzas de mar i tierra se fijan sólo por igual término.

4º Contraer deudas, reconocer las contraidas hasta el día i designar fondos para cubrirlas.

5º Crear nuevas provincias o departamentos; arreglar sus límites; habilitar puertos maiores i establecer aduanas.

6º Fijar el peso, lei, valor, tipo i denominación de las monedas i arreglar el sistema de pesos i medidas.

7º Permitir la introducción de tropas estranjeras en el territorio de la República, determinando el tiempo de su permanencia en él.

8º Permitir que residan cuerpos del Ejército permanente en el lugar de las sesiones del Congreso, i diez leguas a su circunferencia.

9º Permitir la salida de tropas nacionales fuera de la República, señalando el tiempo de su regreso.

10. Crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones, i decretar honores públicos a los grandes servicios.

11. Conceder indultos jenerales o amnistías.

12. Señalar el lugar en que debe residir la representación nacional i tener sus sesiones el Congreso.

Artículo 38. Son atribuciones esclusivas de la Cámara de Diputados:

1ª Calificar las elecciones de sus miembros; conocer sobre los reclamos de nulidad que ocurran cerca de ellas, i admitir su dimisión, si los motivos en que la fundaren, fueren de tal naturaleza que los imposibilitaren física i moralmente para el ejercicio de sus funciones. Para calificar los motivos deben concurrir las tres cuartas partes de los Diputados presentes.

2ª Acusar ante el Senado, cuando hallare por conveniente hacer efectiva la responsabilidad de los siguientes funcionarios:

A los Ministros del Despacho, i a los Consejeros de Estado en la forma, i por los crímenes señalados en los artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97 i 107.

A los jenerales de Ejército o Armada por haber comprometido gravemente la seguridad i el honor de la Nación; i en la misma forma que a los Ministros del Despacho i Consejeros de Estado.

A los miembros de la Comisión Conservadora, por grave omisión en el cumplimiento del deber que le impone la parte segunda del artículo 58.

A los Intendentes de las provincias por los crímenes de traición, sedición, infracción de la Constitución, malversación de los fondos públicos i concusión.

A los majistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes.

En los tres últimos casos la Cámara de Diputados declara primeramente si ha lugar o no a admitir la proposición de acusación, i después, con intervalo de seis días, si ha lugar a la acusación, oyendo previamente el informe de una comisión de cinco individuos de su seno elejida a la suerte. Si resultare la afirmativa, nombrará dos Diputados que la formalicen i prosigan ante el Senado.

Artículo 39. Son atribuciones de la Cámara de Senadores:

1ª Calificar las elecciones de sus miembros; conocer en los reclamos de nulidad que se interpusieren acerca de ellas, i admitir su dimisión, si los motivos en que la fundaren fueren de tal naturaleza que los imposibilitaren física o moralmente para el desempeño de estos cargos. No podrán calificarse los motivos sin que concurran las tres cuartas partes de los Senadores presentes.

2ª Juzgar a los funcionarios que acusare la Cámara de Diputados con arreglo a lo prevenido en los artículos 38 i 98.

3ª Aprobar las personas que el Presidente de la República presentare para los arzobispados i obispados.

4ª Prestar o negar su consentimiento a los actos del Gobierno en los casos en que la Constitución lo requiere.

De la formación de las leyes

Artículo 40. Las leyes pueden tener principio en el Senado o en la Cámara de Diputados a proposición de uno de sus miembros, o por mensaje que dirija el Presidente de la República. Las leyes sobre contribuciones de cualquiera naturaleza que sean, i sobre reclutamientos, sólo pueden tener principio en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre reforma de la Constitución i sobre amnistía sólo pueden tener principio en el Senado.

Artículo 41. Aprobado un proyecto de lei en la Cámara de su orijen, pasará inmediatamente a la otra Cámara para su discusión i aprobación en el período de aquella sesión.

Artículo 42. El proyecto de lei que fuere desechado en la Cámara de su orijen, no podrá proponerse en ella hasta la sesión del año siguiente.

Artículo 43. Aprobado un proyecto de lei por ambas Cámaras, será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como lei.

Artículo 44. Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto de lei, lo devolverá a la Cámara de su orijen, haciendo las observaciones convenientes dentro del término de quince días.

Artículo 45. Si el Presidente de la República devolviere el proyecto de lei desechándolo en el todo, se tendrá por no propuesto, ni se podrá proponer en la sesión de aquel año.

Artículo 46. Si el Presidente de la República devolviere el proyecto de lei, corrijiéndolo o modificándolo, se reconsiderará en una i otra Cámara, i si por ambas resultare aprobado, según ha sido remitido por el Presidente de la República, tendrá fuerza de lei, i se devolverá para su promulgación.

Si no fueren aprobadas en ambas Cámaras las modificaciones i correcciones, se tendrá como no propuesto, ni se podrá proponer en la sesión de aquel año.

Artículo 47. Si en alguna de las sesiones de los dos años siguientes se propusiere nuevamente, i aprobare por ambas Cámaras el mismo proyecto de lei, i pasado al Presidente de la República, lo devolviere desechándolo en el todo, las Cámaras volverán a tomarlo en consideración, i tendrá fuerza de lei, si cada una de ellas lo aprobare por una mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes. Lo mismo sucederá si el Presidente lo devolviere modificándolo o corrigiéndolo, i si cada Cámara lo aprobare sin estas modificaciones o correcciones por las mismas dos terceras partes de sus miembros presentes.

Artículo 48. Si el proyecto de lei, una vez devuelto por el Presidente de la República, no se propusiere i aprobare por las Cámaras en los dos años inmediatos siguientes, cuando quiera que se proponga después, se tendrá como nuevo proyecto en cuanto a los efectos del artículo anterior.

Artículo 49. Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto de lei dentro de quince días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba, i se promulgará como lei. Si las Cámaras cerrasen sus sesiones antes de cumplirse los quince días en que ha de verificarse la devolución, el Presidente de la República la hará dentro de los seis primeros días de la sesión ordinaria del año siguiente.

Artículo 50. El proyecto de lei que aprobado por una Cámara fuere desechado en su totalidad por la otra, volverá a la de su orijen, donde se tomará nuevamente en consideración, i si fuere en ella aprobado por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasará segunda vez a la Cámara que lo desechó, i no se entenderá que ésta lo reprueba, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Artículo 51. El proyecto de lei que fuere adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen: i si en ésta fueren aprobadas las adiciones o correcciones por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, pasará al Presidente de la República.

Pero si las adiciones o correcciones fuesen reprobadas, volverá el proyecto segunda vez a la Cámara revisora, donde, si fuesen nuevamente aprobadas las adiciones o correcciones por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes, volverá el proyecto a la otra Cámara, i no se entenderá que ésta reprueba las adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

De las sesiones del Congreso

Artículo 52. El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 1º de junio de cada año, i las cerrará el 1º de setiembre.

Artículo 53. Convocado estraordinariamente el Congreso, se ocupará en los negocios que hubieren motivado la convocatorias, con esclusión de todo otro.

Artículo 54. Ninguna de las Cámaras puede entrar en sesión sin la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros de que debe componerse.

Artículo 55. Si el día señalado por la Constitución para abrir las sesiones ordinarias, se hallase el Congreso en sesiones estraordinarias, cesarán éstas, i continuará tratando en sesiones ordinarias de los negocios para que había sido convocado.

Artículo 56. El Senado i la Cámara de Diputados abrirán i cerrarán sus sesiones ordinarias i estraordinarias a un mismo tiempo. El Senado, sin embargo, puede reunirse sin presencia de la Cámara de Diputados para el ejercicio de las funciones judiciales que disponen los artículos 29, 30 i 31, i la parte 2ª del artículo 39.

La Cámara de Diputados continuará sus sesiones sin presencia del Senado, si concluido el período ordinario hubieren quedado pendientes algunas acusaciones contra los funcionarios que designa la parte 2ª del artículo 38, con el exclusivo objeto de declarar si ha lugar, o no, a la acusación.

De la Comisión Conservadora

Artículo 57. El día antes de cerrar el Congreso sus sesiones ordinarias, elejirá el Senado siete Senadores que, hasta la siguiente reunión ordinaria del Congreso, compongan la Comisión Conservadora.

Artículo 58. Son deberes de la Comisión Conservadora:

1º Velar sobre la observancia de la Constitución i de las leyes.

2º Dirijir al Presidente de la República las representaciones convenientes a este efecto; i no bastando las primeras, las reiterará segunda vez, de cuya omisión será responsable al Congreso.

3º Prestar o rehusar su consentimiento a todos los actos en que el Presidente de la República lo pidiere, según lo prevenido en esta Constitución.

CAPITULO VII

Del Presidente de la República

Artículo 59. Un ciudadano con el título de Presidente de la República de Chile administra el Estado, i es el jefe Supremo de la Nación.

Artículo 60. Para ser Presidente de la República se requiere:

1º Haber nacido en el territorio de Chile.

2º Tener las calidades necesarias para ser miembro de la Cámara de Diputados.

3º Treinta años de edad a lo menos.

Artículo 61. Las funciones del Presidente de la República durarán por cinco años; i podrá ser reelejido para el período siguiente.

Artículo 62. Para ser elejido tercera vez, deberá mediar entre ésta i la segunda elección el espacio de cinco años.

Artículo 63. El Presidente de la República será elejido por electores que los pueblos nombrarán en votación directa. Su número será triple del total de Diputados que corresponda a cada departamento.

Artículo 64. El nombramiento de electores se hará por departamentos el día 25 de junio del año en que espire la Presidencia. Las calidades de los electores son las mismas que se requieren para ser Diputados.

Artículo 65. Los electores reunidos el día 25 de julio del año en que espire la Presidencia, procederán a la elección de Presidente, conforme a la lei jeneral de elecciones.

Artículo 66. Las mesas electorales formarán dos listas de todos los individuos que resultaren elejidos, i después de firmadas por todos los electores, las remitirán cerradas i selladas, una al Cabildo de la capital de la provincia, en cuyo archivo quedará depositada i cerrada, i la otra al Senado que la mantendrá del mismo modo hasta el día 30 de agosto.

Artículo 67. Llegado este día se abrirán i leerán dichas listas en sesión pública de las dos Cámaras reunidas en la Sala del Senado, haciendo de Presidente el que lo sea de este cuerpo, i se procederá al escrutinio, i en caso, necesario a rectificar la elección.

Artículo 68. El que hubiere reunido mayoría absoluta de votos será proclamado Presidente de la República.

Artículo 69. En el caso de que por dividirse la votación no hubiere mayoría absoluta, elejirá el Congreso entre las dos personas que hubieren obtenido mayor número de sufrajios.

Artículo 70. Si la primera mayoría que resultare, hubiere cabido a más de dos personas, elejirá el Congreso entre todas éstas.

Artículo 71. Si la primera mayoría de votos hubiere cabido a una sola persona, i la segunda a dos o más, elejirá el Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera i segunda mayoría.

Artículo 72. Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufrajios, i por votación secreta. Si verificada la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose la votación a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufrajios. En caso de empate, se repetirá la votación, i si resultare nuevo empate, decidirá el Presidente del Senado.

Artículo 73. No podrá hacerse el escrutinio ni la rectificación de estas elecciones, sin que estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros de cada una de las Cámaras.

Artículo 74. Cuando el Presidente de la República mandare personalmente la fuerza armada, o cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo no pudiere ejercitar su cargo, le subrogará el Ministro del Despacho del Interior con el título de Vice-presidente de la República. Si el impedimento del Presidente fuese temporal, continuará subrogándole el Ministro hasta que el Presidente se halle en estado de desempeñar sus funciones. En los casos de muerte, declaración de haber lugar a su renuncia, u otra clase de imposibilidad absoluta, o que no pudiere cesar antes de cumplirse el tiempo que falta a los cinco años de su duración constitucional, el Ministro Vicepresidente, en los primeros diez días de su Gobierno espedirá las órdenes convenientes para que se proceda a nueva elección de Presidente en la forma prevenida por la Constitución.

Artículo 75. A falta del Ministro del Despacho del Interior, subrogará al Presidente el Ministro del Despacho más antiguo, i a falta de los Ministros del Despacho el Consejero de Estado más antiguo que no fuere eclesiástico.

Artículo 76. El Presidente de la República no puede salir del territorio del Estado durante el tiempo de su Gobierno, o un año después de haber concluido, sin acuerdo del Congreso.

Artículo 77. El Presidente de la República cesará el mismo día en que se completen los cinco años que debe durar el ejercicio de sus funciones, i le sucederá el nuevamente electo.

Artículo 78. Si éste se hallare impedido para tomar posesión de la Presidencia, le subrogará mientras tanto el Consejero de Estado más antiguo; pero si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, o por más tiempo del señalado al ejercicio de la Presidencia, se hará nueva elección en la forma constitucional, subrogándole mientras tanto el mismo Consejero de Estado más antiguo que no sea eclesiástico.

Artículo 79. Cuando en los casos de los artículos 74 i 78 hubiere de procederse a la elección de Presidente de la República fuera de la época constitucional; dada la orden para que se elijan los electores en un mismo día, se guardará entre la elección de éstos, la del Presidente i el escrutinio, o rectificación que deben verificar las Cámaras, el mismo intervalo de días i las mismas formas que disponen los artículos 65 i siguientes hasta el 73 inclusive.

Artículo 80. El Presidente electo, al tomar posesión del cargo, prestará en manos del Presidente del Senado, reunidas ambas Cámaras en la sala del Senado, el juramento siguiente:

‘‘Yo N. N. juro por Dios Nuestro Señor i estos Santos Evanjelios que desempeñaré fielmente el cargo de Presidente de la República; que observaré i protejeré la Relijión Católica, Apostólica, Romana; que conservaré la integridad e independencia de la República, i que guardaré i haré guardar la Constitución i las leyes. Así Dios me ayude, i sea en mi defensa, i si no, me lo demande’’.

Artículo 81. Al Presidente de la República está confiada la administración i gobierno del Estado; i su autoridad se estiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, i la seguridad esterior de la República, guardando i haciendo guardar la Constitución i las leyes.

Artículo 82. Son atribuciones especiales del Presidente:

1ª Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución; sancionarlas i promulgarlas;

2ª Espedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;

3ª Velar sobre la pronta i cumplida administración de justicia, i sobre la conducta ministerial de los jueces;

4ª Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso hasta cincuenta días;

5ª Convocarlo a sesiones estraordinarias con acuerdo del Consejo de Estado;

6ª Nombrar i remover a su voluntad a los Ministros del Despacho i oficiales de sus secretarías a los Consejeros de Estado a los Ministros diplomáticos a los cónsules i demás ajentes esteriores, i a los Intendentes de provincia i Gobernadores de plaza;

7ª Nombrar los majistrados de los Tribunales superiores de justicia, i los jueces letrados de primera instancia a propuesta del Consejo de Estado, conforme a la parte 2ª del artículo 104;

8ª Presentar para los arzobispados, obispados, dignidades i prebendas de las Iglesias catedrales, a propuesta en terna del Consejo de Estado. La persona en quien recayere la elección del Presidente para Arzobispo u Obispo, debe además obtener la aprobación del Senado;

9ª Proveer los demás empleos civiles i militares, procediendo con acuerdo del Senado, i en el receso de éste, con el de la Comisión Conservadora, para conferir los empleos o grados de coroneles, capitanes de navíos i demás oficiales superiores del Ejército i Armada. En el campo de batalla podrá conferir estos empleos militares superiores por sí solo;

10ª Destituir a los empleados por ineptitud, u otro motivo que haga inútil o perjudicial su servicio, pero con acuerdo del Senado i en su receso con el de la Comisión Conservadora, si son jefes de oficina o empleados superiores i con informe del respectivo jefe, si son empleados subalternos;

11ª Conceder jubilaciones, retiros, licencias i goce de montepío con arreglo a las leyes;

12ª Cuidar de la recaudación de las rentas públicas, i decretar su inversión con arreglo a la lei;

13ª Ejercer las atribuciones del patronato respecto de las iglesias, beneficios i personas eclesiásticas, con arreglo a las leyes;

14ª Conceder el pase, o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves i rescriptos con acuerdo del Consejo de Estado; pero, si contuviesen disposiciones jenerales, sólo podrá concederse el pase, o retenerse por medio de una lei;

15ª Conceder indultos particulares con acuerdo del Consejo de Estado. Los Ministros, Consejeros de Estado, miembros de la Comisión Conservadora, jenerales en jefe, e Intendentes de provincia, acusados por la Cámara de Diputados, i juzgados por el Senado, no pueden ser indultados sino por el Congreso;

16ª Disponer de la fuerza de mar i tierra, organizarla i distribuirla, según lo hallare por conveniente;

17ª Mandar personalmente las fuerzas de mar i tierra, con acuerdo del Senado, i en su receso con el de la Comisión Conservadora. En este caso, el Presidente de la República podrá residir en cualquiera parte del territorio ocupado por las armas chilenas;

18ª Declarar la guerra con previa aprobación del Congreso, i conceder patentes de corso i letras de represalia;

19ª Mantener las relaciones políticas con las naciones estranjeras, recibir sus Ministros, admitir sus cónsules, conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, concluir i firmar todos los tratados de paz, de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos i otras convenciones. Los tratados, antes de su ratificación, se presentarán a la aprobación del Congreso. Las discusiones i deliberaciones sobre estos objetos serán secretas, si así lo exije el Presidente de la República;

20ª Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque esterior, con acuerdo del Consejo de Estado, i por un determinado tiempo;

En caso de conmoción interior, la declaración de hallarse uno o varios puntos en estado de sitio, corresponde al Congreso; pero si éste no se hallare reunido, puede el Presidente hacerla con acuerdo del Consejo de Estado, por un determinado tiempo. Si a la reunión del Congreso no hubiese espirado el término señalado, la declaración que ha hecho el Presidente de la República, se tendrá por una proposición de lei.

21ª Todos los objetos de policía i todos los establecimientos públicos, están bajo la suprema inspección del Presidente de la República, conforme a las particulares ordenanzas que los rijan.

Artículo 83. El Presidente de la República puede ser acusado sólo en el año inmediato después de concluido el término de su Presidencia, por todos los actos de su administración, en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o infrinjido abiertamente la Constitución. Las fórmulas para la acusación del Presidente de la República serán las de los artículos 93 hasta 100 inclusive.

De los Ministros del Despacho

Artículo 84. El número de los Ministros i sus respectivos Departamentos serán determinados por la lei.

Artículo 85. Para ser Ministro se requiere:

1º Haber nacido en el territorio de la República.

2º Tener las calidades que se exijen para ser miembro de la Cámara de Diputados.

Artículo 86. Todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro del Departamento respectivo, i no podrán ser obedecidas sin este esencial requisito.

Artículo 87. Cada Ministro es responsable personalmente de los actos que firmare, e in solidum de los que suscribiere o acordare con los otros Ministros.

Artículo 88. Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los Ministros del Despacho darle cuenta del estado de la Nación, en lo relativo a los negocios del Departamento de cada uno de ellos.

Artículo 89. Deberán igualmente presentarle el presupuesto anual de los gastos que deben hacerse en sus respectivos Departamentos; i dar cuenta de la inversión de las sumas decretadas para llenar los gastos del año anterior.

Artículo 90. No son incompatibles las funciones de Ministros del Despacho con las de Senador o Diputado.

Artículo 91. Los Ministros, aun cuando no sean miembros del Senado o de la Cámara de Diputados, pueden concurrir a sus sesiones, i tomar parte en sus debates; pero no votar en ellas.

Artículo 92. Los Ministros del Despacho pueden ser acusados por la Cámara de Diputados por los crímenes de traición, concusión, malversación de los fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, por atropellamiento de las leyes, por haber dejado éstas sin ejecución, i por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

Artículo 93. La Cámara de Diputados, antes de acordar la acusación de un Ministro, debe declarar si ha lugar a examinar la proposición de acusación que se haya hecho.

Artículo 94. Esta declaración no puede votarse sino después de haber oído el dictamen de una comisión de la misma Cámara, compuesta de nueve individuos elejidos por sorteo. La comisión no puede presentar su informe, sino después de ocho días de su nombramiento.

Artículo 95. Si la Cámara declara que ha lugar a examinar la proposición de acusación, puede llamar al Ministro a su seno para pedirle explicaciones; pero esta comparecencia sólo tendrá lugar ocho días después de haberse admitido a examen la proposición de acusación.

Artículo 96. Declarándose haber lugar a admitir a examen la proposición de acusación, la Cámara oirá nuevamente el dictamen de una comisión de once individuos elejidos por sorteo, sobre si debe o no, hacerse la acusación. Esta comisión no podrá informar sino pasados ocho días de su nombramiento.

Artículo 97. Ocho días después de oído el informe de esta comisión, resolverá la Cámara si há o no, lugar a la acusación del Ministro; i si resulta la afirmativa, nombrará tres individuos de su seno para perseguir la acusación ante el Senado.

Artículo 98. El Senado juzgará al Ministro acusado ejerciendo un poder discrecional, ya sea para caracterizar el delito, ia para dictar la pena. De la sentencia que pronunciare el Senado no habrá apelación ni recurso alguno.

Artículo 99. Los Ministros pueden ser acusados por cualquier individuo particular, por razón de los perjuicios que éste pueda haber sufrido injustamente por algún acto del Ministerio: la queja debe dirijirse al Senado, i éste decide si ha lugar o no, a su admisión.

Artículo 100. Si el Senado declara haber lugar a ella, el reclamante demandará al Ministro ante el Tribunal de justicia competente.

Artículo 101. Un Ministro no puede ausentarse hasta seis meses después de separado del Ministerio.

Del Consejo de Estado

Artículo 102. Habrá un Consejo de Estado presidido por el Presidente de la República. Se compondrá:

De los Ministros del Despacho.

De los miembros de las Cortes Superiores de Justicia.

De un eclesiástico constituido en dignidad.

De un jeneral del Ejército o Armada.

De un jefe de alguna oficina de Hacienda.

De dos individuos que hayan servido los destinos de Ministros del Despacho, o Ministros Diplomáticos.

De dos individuos que hayan desempeñado los cargos de Intendentes, Gobernadores o miembros de las Municipalidades.

Artículo 103. Para ser Consejero de Estado se requieren las mismas calidades que para ser Senador.

Artículo 104. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1ª Dar su dictamen al Presidente de la República en todos los casos que lo consultare.

2ª Presentar al Presidente de la República en las vacantes de jueces letrados de primera instancia, i miembros de los Tribunales superiores de justicia, los individuos que juzgue más idóneos, previas las propuestas del tribunal superior que designe la lei, i en la forma que ella ordene.

3ª Proponer en terna para los arzobispados, obispados, dignidades i prebendas de las iglesias catedrales de la República.

4ª Conocer en todas las materias de patronato i protección que se redujeren a contenciosas, oyendo el dictamen del Tribunal superior de justicia que señale la lei.

5ª Conocer igualmente en las competencias entre las autoridades administrativas, i en las que ocurrieren entre éstas i los Tribunales de Justicia.

6ª Declarar si ha lugar, o no, a la formación de causa en materia criminal contra los Intendentes, Gobernadores de plaza i de departamento. Esceptúase el caso en que la acusación contra los Intendentes se intentare por la Cámara de Diputados.

7ª Resolver las disputas que se suscitaren sobre contratos o negociaciones celebradas por el Gobierno Supremo i sus ajentes.

8ª El Consejo de Estado tiene derecho de moción para la destitución de los Ministros del Despacho, Intendentes, Gobernadores i otros empleados delincuentes, ineptos o neglijentes.

Artículo 105. El Presidente de la República propondrá a la deliberación del Consejo de Estado:

1º Todos los proyectos de lei que juzgare conveniente pasar al Congreso.

2º Todos los proyectos de lei que aprobados por el Senado i la Cámara de Diputados pasaren al Presidente de la República para su aprobación.

3º Todos los negocios en que la Constitución exija señaladamente que se oiga al Consejo de Estado.

4º Los presupuestos anuales de gastos que han de pasarse al Congreso. 5º Todos los negocios en que el Presidente juzgue conveniente oír el dictamen del Consejo.

Artículo 106. El dictamen del Consejo de Estado es puramente consultivo; salvo en los especiales casos en que la Constitución requiere que el Presidente de la República proceda con su acuerdo.

Artículo 107. Los Consejeros de Estado son responsables de los dictámenes que presten al Presidente de la República contrarios a las leyes, i manifiestamente mal intencionados; i podrán ser acusados i juzgados en la forma que previenen los artículos 93 hasta 98 inclusive.

CAPITULO VIII

De la administración de justicia

Artículo 108. La facultad de juzgar las causas civiles i criminales pertenece esclusivamente a los Tribunales establecidos por la lei. Ni el Congreso, ni el Presidente de la República pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales, o avocarse causas pendientes, o hacer revivir procesos fenecidos.

Artículo 109. Sólo en virtud de una lei podrá hacerse innovación en las atribuciones de los Tribunales, o en el número de sus individuos.

Artículo 110. Los majistrados de los Tribunales superiores i los jueces letrados de primera instancia permanecerán durante su buena comportación. Los jueces de comercio, los alcaldes ordinarios i otros jueces inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. Los jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente sentenciada.

Artículo 111. Los jueces son personalmente responsables por los crímenes de cohecho, falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, i en jeneral por toda prevaricación o torcida administración de justicia. La lei determinará los casos i el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.

Artículo 112. La lei determinará las calidades que respectivamente deban tener los jueces, i los años que deban haber ejercido la profesión de abogado los que fueron nombrados majistrados de los Tribunales superiores o jueces letrados.

Artículo 113. Habrá en la República una majistratura a cuyo cargo esté la superintendencia directiva, correccional i económica sobre todos los Tribunales i juzgados de la Nación, con arreglo a la lei que determine su organización i atribuciones.

Artículo 114. Una lei especial determinará la organización i atribuciones de todos los Tribunales i juzgados que fueren necesarios para la pronta i cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.

CAPITULO IX

Del gobierno i administración interior

Artículo 115. El territorio de la República se divide en provincias, las provincias en departamentos, los departamentos en subdelegaciones i las subdelegaciones en distritos.

De los Intendentes

Artículo 116. El Gobierno superior de cada provincia, en todos los ramos de la administración, residirá en un Intendente, quien lo ejercerá con arreglo a las leyes i a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República, de quien es ajente natural e inmediato. Su duración es por tres años; pero puede repetirse su nombramiento indefinidamente.

De los Gobernadores

Artículo 117. El gobierno de cada departamento reside en un Gobernador subordinado al Intendente de la provincia. Su duración es por tres años.

Artículo 118. Los Gobernadores son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del respectivo Intendente, i pueden ser removidos por éste, con aprobación del Presidente de la República.

Artículo 119. El Intendente de la provincia es también Gobernador del departamento en cuya capital resida.

De los subdelegados

Artículo 120. Las subdelegaciones son rejidas por un subdelegado subordinado al Gobernador del departamento, i nombrado por él. Los subdelegados durarán en este cargo por dos años; pero pueden ser removidos por el Gobernador, dando cuenta motivada al Intendente; pueden también ser nombrados indefinidamente.

De los inspectores

Artículo 121. Los distritos son rejidos por un inspector bajo las órdenes del subdelegado, que éste nombra i remueve dando cuenta al Gobernador.

De las Municipalidades

Artículo 122. Habrá una Municipalidad en todas las capitales de departamento i en las demás poblaciones en que el Presidente de la República, oyendo a su Consejo de Estado, tuviere por conveniente establecerla.

Artículo 123. Las Municipalidades se compondrán del número de alcaldes i rejidores que determine la lei con arreglo a la población del departamento, o del territorio señalado a cada una.

Artículo 124. La elección de los rejidores se hará por los ciudadanos en votación directa, i en la forma que prevenga la lei de elecciones. La duración de estos destinos es por tres años.

Artículo 125. La lei determinará la forma de la elección de los alcaldes, i el tiempo de su duración.

Artículo 126. Para ser alcalde o rejidor, se requiere:

1º Ciudadanía en ejercicio.

2º Cinco años, a lo menos, de vecindad en el territorio de la Municipalidad.

Artículo 127. El Gobernador es jefe superior de las Municipalidades del departamento, i presidente de la que existe en la capital. El subdelegado es presidente de la Municipalidad de su respectiva subdelegación.

Artículo 128. Corresponde a las Municipalidades en su territorio:

1º Cuidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato i recreo.

2º Promover la educación, la agricultura, la industria i el comercio.

3º Cuidar de las escuelas primarias i demás establecimientos de educación que se paguen de fondos municipales.

4º Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de espósitos, cárceles, casas de corrección i demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.

5º Cuidar de la construcción i reparación de los caminos, calzadas, puentes i de todas las obras públicas de necesidad, utilidad i ornato que se costeen con fondos municipales.

6º Administrar e invertir los caudales de propios i arbitrios, conforme a las reglas que dictare la lei.

7º Hacer el repartimiento de las contribuciones, reclutas i reemplazos que hubiesen cabido al territorio de la Municipalidad, en los casos en que la lei no lo haya cometido a otra autoridad o personas.

8º Dirijir al Congreso en cada año, por el conducto del Intendente i del Presidente de la República, las peticiones que tuvieren por conveniente, ya sea sobre objetos relativos al bien jeneral del Estado, o al particular del departamento, especialmente para establecer propios, i ocurrir a los gastos estraordinarios que exijiesen las obras nuevas de utilidad común del departamento, o la reparación de las antiguas.

9º Proponer al Gobierno Supremo, o al superior de la provincia, o al del departamento, las medidas administrativas conducentes al bien jeneral del mismo departamento.

10º Formar las ordenanzas municipales sobre estos objetos i presentarlas por el conducto del Intendente al Presidente de la República para su aprobación, con audiencia del Consejo de Estado.

Artículo 129. Ningún acuerdo o resolución de la Municipalidad que no sea observancia de las reglas establecidas, podrá llevarse a efecto, sin ponerse en noticia del Gobernador, o del subdelegado en su caso, quien podrá suspender su ejecución, si encontrare que ella perjudica al orden público.

Artículo 130. Todos los empleos municipales son cargas concejiles, de que nadie podrá escusarse sin tener causa señalada por la lei.

Artículo 131. Una lei especial arreglará el gobierno interior, señalando las atribuciones de todos los encargados de la administración provincial, i el modo de ejercer sus funciones.

CAPITULO X

De las garantías de la seguridad i propiedad

Artículo 132. En Chile no hai esclavos, i el que pise su territorio queda libre. No puede hacerse este tráfico por chilenos. El estranjero que lo hiciere, no puede habitar en Chile, ni naturalizarse en la República.

Artículo 133. Ninguno puede ser condenado, si no es juzgado legalmente, i en virtud de una lei promulgada antes del hecho sobre que recae el juicio.

Artículo 134. Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que le señale la lei, i que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Artículo 135. Para que una orden de arresto pueda ejecutarse, se requiere que emane de una autoridad que tenga facultad de arrestar, i que se intime al arrestado al tiempo de la aprehensión.

Artículo 136. Todo delincuente in fraganti puede ser arrestado sin decreto, i por cualquiera persona, para el único objeto de conducirle ante el juez competente.

Artículo 137. Ninguno puede ser preso o detenido sino en su casa o en los lugares públicos destinados a este objeto.

Artículo 138. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de preso sin copiar en su rejistro la orden de arresto emanada de autoridad que tenga facultad de arrestar. Pueden sin embargo recibir en el recinto de la prisión, en clase de detenidos, a los que fueren conducidos con el objeto de ser presentados al juez competente; pero con la obligación de dar cuenta a éste dentro de veinticuatro horas.

Artículo 139. Si en algunas circunstancias la autoridad pública hiciere arrestar a algún habitante de la República, el funcionario que hubiere decretado el arresto deberá dentro de las cuarenta i ocho horas siguientes dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al arrestado.

Artículo 140. Ninguna incomunicación puede impedir que el majistrado encargado de la casa de detención en que se halle el preso le visite.

Artículo 141. Este majistrado es obligado, siempre que el preso le requiera, a transmitir al juez competente la copia del decreto de prisión que se hubiere dado al reo, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse preso aquel individuo, si al tiempo de su arresto se hubiese omitido este requisito.

Artículo 142. Afianzada suficientemente la persona o el saneamiento de la acción en la forma que según la naturaleza de los casos determine la lei, no debe ser preso, embargado, el que no es responsable a pena aflictiva o infamante.

Artículo 143. Todo individuo que se hallase preso o detenido ilegalmente por haberse faltado a lo dispuesto en los artículos 135, 137, 138 i 139, podrá ocurrir por sí o cualquiera a su nombre, a la majistratura que señale la lei, reclamando que se guarden las formas legales. Esta majistratura decretará que el reo sea traído a su presencia, i su decreto será precisamente obedecido por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, hará que se reparen los defectos legales i pondrá al reo a disposición del juez competente, procediendo en todo, breve i sumariamente, corrijiendo por sí, o dando cuenta a quien corresponda correjir los abusos.

Artículo 144. En las causas criminales no se podrá obligar al reo a que declare bajo de juramento sobre hecho propio, así como tampoco a sus descendientes, marido o mujer, i parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, i segundo de afinidad inclusive.

Artículo 145. No podrá aplicarse tormento ni imponerse en caso alguno la pena de confiscación de bienes. Ninguna pena infamante pasará jamás de la persona del condenado.

Artículo 146. La casa de toda persona que habite el territorio chileno es un asilo inviolable, i sólo puede ser allanada por un motivo especial determinado por la lei i en virtud de orden de autoridad competente.

Artículo 147. La correspondencia epistolar es inviolable. No podrán abrirse, ni interceptarse, ni rejistrarse los papeles o efectos, sino en los casos espresamente señalados por la lei.

Artículo 148. Sólo el Congreso puede imponer contribuciones directas o indirectas, i sin su especial autorización es prohibido a toda autoridad del Estado i a todo individuo imponerlas, aunque sea bajo pretesto precario voluntario, o de cualquiera otra clase.

Artículo 149. No puede exijirse ninguna especie de servicio personal o de contribución, sino en virtud de un decreto de autoridad competente, deducido de la lei que autoriza aquella exacción, i manifestándose el decreto al contribuyente en el acto de imponerle el gravamen.

Artículo 150. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exijir clase alguna de ausilios, sino por medio de las autoridades civiles, i con decreto de éstas.

Artículo 151. Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo esija el interés nacional, i una lei lo declare así.

Artículo 152. Todo autor o inventor tendrá la propiedad esclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la lei; i si ésta exijiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente.

CAPITULO XI

Disposiciones jenerales

Artículo 153. La educación pública es una atención preferente del Gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional; i el Ministro del Despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República.

Artículo 154. Habrá una superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional, i su dirección bajo la autoridad del Gobierno.

Artículo 155. Ningún pago se admitirá en cuenta a las tesorerías del Estado, si no se hiciese a virtud de un decreto en que se esprese la lei, o la parte del presupuesto aprobado por las Cámaras, en que se autoriza aquel gasto.

Artículo 156. Todos los chilenos en estado de cargar armas deben hallarse inscritos en los rejistros de las milicias, si no están especialmente esceptuados por la lei.

Artículo 157. La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar.

Artículo 158. Toda resolución que acordare el Presidente de la República, el Senado o la Cámara de Diputados a presencia o requisición de un ejército, de un jeneral al frente de fuerza armada, o de alguna reunión de pueblo, que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las autoridades, es nula de derecho, i no puede producir efecto alguno.

Artículo 159. Ninguna persona o reunión de personas puede tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos ni hacer peticiones a su nombre. La infracción de este artículo es sedición.

Artículo 160. Ninguna majistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretesto de circunstancias estraordinarias, otra autoridad o derechos que los que espresamente se les haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo.

Artículo 161. Declarado algún punto de la República en estado de sitio, se suspende el imperio de la Constitución en el territorio comprendido en la declaración; pero durante esta suspensión, i en el caso en que usase el Presidente de la República de facultades estraordinarias especiales, concedidas por el Congreso, no podrá la autoridad pública condenar por sí ni aplicar penas. Las medidas que tomare en estos casos contra las personas, no pueden esceder de un arresto o traslación a cualquier punto de la República.

Artículo 162. Las vinculaciones de cualquiera clase que sean, tanto las establecidas hasta aquí como las que en adelante se establecieren, no impiden la libre enajenación de las propiedades sobre que descansan, asegurándose a los sucesores llamados por la respectiva institución el valor de las que se enajenaren. Una lei particular arreglará el modo de hacer efectiva esta disposición.

CAPITULO XII

De la observancia i reforma de la Constitución

Artículo 163. Todo funcionario público debe, al tomar posesión de su destino, prestar juramento de guardar la Constitución.

Artículo 164. Sólo el Congreso, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 i siguientes, podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de sus artículos.

Artículo 165. Ninguna moción para reforma de uno o más artículos de esta Constitución, podrá admitirse sin que sea apoyada a lo menos por la cuarta parte de los miembros presentes de la Cámara en que se proponga.

Artículo 166. Admitida la moción a discusión, deliberará la Cámara si exijen o no reforma el artículo o artículos en cuestión.

Artículo 167. Si ambas Cámaras resolviesen por las dos tercias partes de sufrajios en cada una, que el artículo o artículos propuestos exijen reforma, pasará esta resolución al Presidente de la República para los efectos de los artículos 43, 44, 45, 46 i 47.

Artículo 168. Establecida por la lei la necesidad de la reforma, se aguardará la prósima renovación de la Cámara de Diputados, i en la primera sesión que tenga el Congreso, después de esta renovación, se discutirá i deliberará sobre la reforma que haya de hacerse, debiendo tener origen la lei en el Senado, conforme a lo prevenido en el artículo 40; i procediéndose según lo dispone la Constitución para la formación de las demás leves.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1°. La calidad de saber leer i escribir que requiere el artículo 8º, sólo tendrá efecto después de cumplido el año 1840.

Artículo 2º Para hacer efectiva esta Constitución, se dictarán con preferencia las leyes siguientes:

1ª La lei jeneral de elecciones.

2ª La de arreglo del réjimen interior.

3ª La de organización de Tribunales i administración de justicia.

4ª La del tiempo que los ciudadanos deben servir en las milicias i en el ejército, i la de reemplazos.

5ª La del plan jeneral de educación pública.

Artículo 3º Interin no se dicte la lei de organización de tribunales i juzgados, subsistirá el actual orden de administración de justicia.

Artículo 4º Publicada esta Constitución, quedarán sin ejercicio los empleos que en ella hayan sido suprimidos.

Artículo 5º Los empleos que hayan sido conservados, se desempeñarán en adelante con arreglo a lo que previene la misma Constitución.

Artículo 6º En el año de 1834 se harán las elecciones constitucionales para renovar en su totalidad las Cámaras lejislativas i Municipalidades, i hasta entonces durarán los actuales individuos en sus funciones.

Artículo 7º La renovación de Senadores se hará en los primeros trienios, por suerte, entre los nombrados el año de 1834.

Sala de sesiones en Santiago de Chile, a 22 de mayo de 1833.- Santiago Echeverz, Presidente.- Juan de Dios Vial del Río, Vice-presidente.- Manuel, Obispo i Vicario Apostólico.- José Antonio de Huici.- José María de Rozas.- José Miguel Irarrázaval.- Diego Antonio Barros.- Juan Manuel Carrasco.- Estanislao de Arce.- Manuel J. Gandarillas.- Miguel del Fierro.- Mariano de Egaña.- Fernando Antonio Elizalde.- Manuel Camilo Vial.- Gabriel José de Tocornal.- Agustín Vial Santelices.- José Manuel de Astorga.- Enrique Campino.- Estanislao Portales.- José Antonio Rosales.- José Vicente Bustillos.- Francisco Javier Errázuriz.- Ramón Rengifo.- José Gaspar Marín.- Ambrosio de Aldunate.- Diego Arriarán.- José Puga.- Juan de Dios Correa de Saa.- Juan Francisco de Larraín.- José Vicente Izquierdo.- Juan Agustín Alcalde.- Juan Francisco Meneses, Secretario.

Por tanto, mando a todos los habitantes de la República tengan i guarden la Constitución inserta como lei fundamental; i asimismo ordeno a las autoridades, bien sean civiles, militares o eclesiásticas, que la guarden i hagan guardar, cumplir i ejecutar en todas sus partes; imprimiéndose, publicándose i circulándose.- Dado en la sala principal de mi despacho en Santiago de Chile, a veinticinco de mayo del año de mil ochocientos treinta i tres.- Joaquín Prieto, Presidente de la República.- Joaquín Tocornal, Ministro de Estado en los Departamentos del Interior i Relaciones Esteriores.- Manuel Rengifo, Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda.- Ramón de la Cavareda, Ministro de Estado en los Departamentos de Guerra i Marina.

(*) Publicado en Boletin de Leyes Nº 2 Libro VI, de fecha 30 de agosto de 1834 Juramento de la Constitución efectuado en todo el país, el día 29 de mayo de 1833, en su Nº 11 se establece que los Intendentes de Capital de provincia y los Gobernadores en sus respectivos pueblos distribuirán un ejemplar de la Constitución a cada uno de los funcionarios públicos.

CONSEJO DE ESTADO, AÑO 1833

Santiago de Chile, agosto 30 de 1834

MINISTERIO DEL INTERIOR

Santiago, mayo 29 de 1833(*)

2. En uso de las facultades que me concede la parte 6. a del art. 82 de la Constitucion reformada, y en conformidad del art. 102 de la misma; nombro para consejeros del Estado-

Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia D. Juan de Dios Vial del Rio.

Al Ministro decano de la Ilustrísima Corte de Apelaciones D. Santiago Echeverz.

Al Reverendo Obispo de Ceran y Vicario Apostólico D. Manuel Vicuña.

Al Jeneral D. Manuel Blanco Encalada.

Al Factor jeneral D. José Ignacio Eyzaguirre.

El ex-Ministro del interior y de la guerra D. Diego Portales.

Al ex-Ministro del interior y de hacienda D. Manuel J. Gandarillas.

Y a los ex-Rejidores D. Juan Egaña y don Juan Agustin Alcalde.

Comuníquese a los nombrados y publíquese.

Prieto —— Joaquín Tocornal.

JURA DE LA CONSTITUCION

A los Intendentes

de las Provincias

Santiago, mayo 29 de 1833(*)

3 Los Representantes de la Nacion, el Gobierno y todas las Autoridades civiles, eclesiásticas y militares de esta capital, bando jurado sucesivamente en los dias 25, 26 y 27 del corriente la Constitucion política de la República reformada por la Gran Convención. El mas vivo entusiasmo y el júbilo mas jeneral han selemnizado este acto augusto que van a fijar para siempre la ventura de Chile.

De orden suprema remito a Us. ejemplares de la expresada Constitucion reformada, para que Us. la hága promulgar y circular en la capital de su provincia y en todas las cabeceras de los departamentos de su mando con las formalidades prescritas en los artículos siguientes.

1.º Al recibirse la Constitucion en los pueblos de la República, el Intendente en las capitales de las provincias, y los Gobernadores en las cabeceras de los departamentos, harán publicar un bando solemne, convocando al pueblo para que concurran el dia que se señale a tal paraje a fin de presenciar la promulgación de la Constitucion. Durante la publicacion del bando habrá repique jeneral de campanas y salvas de artillería, donde pudieren hacerse.

2.º El dia señalado en el bando, se reunirán en la sala de la intendencia, (ó en la del Cabildo) el Intendente (o el Gobernador) y todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares; y Despues de leerse en alta voz toda la Constitucion y el mandamiento del Gobierno para su observancia, la jurará el Intendente (o el Gobernador) bajo la fórmula siguiente -Juro por dios y estos Santos Evanjelios observar y hacer cumplir como lei fundamental de la República de Chile el Código reformado por la Gran Convensión. Si así no lo hicier, Dios y la Patria me lo demanden.

3.º En seguida el Intendente, (o el Gobernador) tomará el juramento a todas las autoridades, una por una, bajo la fórmula siguiente: ¿Jurais por Dios y por los Santos Evanjelios observar como eli fundamental de la República de Chile el Código reformado por la Convención? -Si juro- Si asi no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden.

4.º Concluido el juramento de las autoridades pasarán todas la a la plaza principal, donde habrá un tablado si es posible: se leerá en alta voz la Constitucion reformada: acabada la lectura el Intendente (o el Gobernador) se dirijirá al pueblo, haciéndole la pregunta del artículo anterior; y proclamada como lei fundamental de la República se tirarán al pueblo monedas y medallas.

5.º En el ejército y armada, asi como en las divisiones que se hallen separadas, señalarán los jefes el dia mas oportuno, Despues de recibida la Constitucion, para que formadas las tropas se publique esta, leyéndose en alta voz, y en seguida el jefe, oficialidad y tropa jurarán al frente de las banderas, bajo la fórmula espresada en el art. 3º.

6.º Al dia siguiente de la publicacion, se celebrará una misa de acción de gracias en la parróquia principal de cada cabecera de departamento, a la que concurrirán todas las autoridades.

7.º Los Intendentes y los Gobernadores dispondrán que las milicias residentes en las cabeceras de sus respectivos departamentos tengan formación y ejercicios militares estos dos dias.

8.º En estos dos dias, los vecinos del pueblo iluminarán sus casas y tremolarán sobre ellas la bandera nacional, si les es posible.

9.º Los actos solemnes de publicacion y juramento de la Constitucion reformada, se acompañarán de un repique jeneral de campañas y salvas de artillería.

10 Cada Municipalidad levantará acta de todo lo que se ejecutare en virtud de lo prevenido en los articulos anteriores, y la depositará en su archivo, pasando una copia de ella al Intendente de la Provincia, para que reunidas las de todos sus departamentos dé cuenta al Ministro del interior de la ejecución de este decreto.

11 El Intendente en la capital de la Provincia, los Gobernadores en sus respectivos pueblos distribuirán un ejemplar de la Constitucion reformada a cada uno de los funcionarios públicos.

12 En las subdelegaciones y distritos se jurará la Constitucion en las plazuelas de las parróquias el primer dia festivo despues de recibida, con la somennidad posible.

Lo comunico a Us. para su intelijencia y observancia.

Dios guarde a Us. Joaquín Tocornal.

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 2, Libro VI, de fecha 30 de agosto de 1834

(*) Publicado en el Boletin de las Leyes Nº 2, Libro VI, de fecha 30 de agosto de 1834

LEYES DE REFORMA DE LA CONSTITUCION DE 1833

I

Santiago, agosto 8 de 1871.

Publicado en el Boletin de las Leyes y Decretos de Gobierno Libro XXXIX, Nº 8, del mes de agosto de 1871

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado la reforma de los artículos 61 y 62 de la Constitución Política del Estado en los términos que indica el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo 61. El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cinco años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.(1)

Artículo 62. Para poder ser elegido segunda o más veces deberá siempre mediar entre cada elección el espacio de un período.(2)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.- JOSE JOAQUIN PEREZ.- Belisario Prats.

II

Santiago, septiembre 25 de 1873.

Publicado en el Boletin de las Leyes y Decretos de Gobierno Libro XLI, Nº 9 del mes de septiembre de 1873

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente proyecto de reforma del artículo 54 de la Constitución:

PROYECTO DE LEI:

Artículo 54. La Cámara de Senadores no podrá entrar en sesión ni continuar en ella sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros, ni la Cámara de Diputados sin la de la cuarta parte de los suyos.(3)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y cúmplase como disposición constitucional de la República y en reemplazo del artículo 54 de nuestra Constitución Política.- FEDERICO ERRAZURIZ.- Eulogio Altamirano.

III

Santiago, agosto 13 de 1874.

Publicado en el Boletin de las Leyes y Decretos de Gobierno Libro XLII, Nº 8 del mes de agosto de 1874

Por cuanto el Congreso Nacional ha suprimido el inciso 3º del artículo 10 y el inciso 5º del artículo 11 de la Constitución Política de la República, que dicen:

Inciso 3º del artículo 10: ‘‘Por la calidad de deudor al Fisco constituido en mora’’.(4)

Inciso 5º del artículo 11: ‘‘Por haber residido en país extranjero más de diez años sin permiso del Presidente de la República’’.(5)

Y por cuanto ha reformado el inciso 3° del artículo 6°, el artículo 7º y el inciso 6º del artículo 12 en los términos que expresa el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo 6º. Son chilenos:

3º Los extranjeros que, habiendo residido un año en la República, declaren ante la Municipalidad del territorio en que residen su deseo de avecindarse en Chile y soliciten carta de ciudadanía.(6)

Artículo 7º. A la Municipalidad del departamento de la residencia de los individuos que no hayan nacido en Chile corresponde declarar si están o no en el caso de obtener naturalización con arreglo al inciso 3° del artículo anterior. En vista de la declaración favorable de la Municipalidad respectiva, el Presidente de la República expedirá la correspondiente carta de naturaleza.(7)

Artículo 12. La Constitución asegura a todos los habitantes de la República:

6º El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas.

Las reuniones que se tengan en las plazas, calles y otros lugares de uso público serán siempre regidas por las disposiciones de policía.

El derecho de asociarse sin permiso previo.

El derecho de presentar peticiones a la autoridad constituida sobre cualquier asunto de interés público o privado no tiene otra limitación que la de proceder en su ejercicio en términos respetuosos y convenientes.

La libertad de enseñanza.(8)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, ténganse por suprimidos los referidos incisos 3° del artículo 10 y 5° del artículo 11 y promúlguense y cúmplanse las precedentes disposiciones como parte integrante de la Constitución Política del Estado.- FEDERICO ERRAZURIZ.- Eulogio Altamirano.

IV

Santiago, agosto 13 de 1874

Publicado en el Boletin de las Leyes y Decretos de Gobierno Libro XLII, Nº 8 del mes de agosto de 1874

Por cuanto el Congreso Nacional ha reformado los artículos 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Constitución Política de la República en los términos del siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo 19. Se elegirá un Diputado por cada veinte mil almas, y por una fracción que no baje de doce mil.

También se elegirán Diputados suplentes en el número que fije la ley.(9)

Artículo 23. No pueden ser elegidos Diputados los siguientes individuos:

Los eclesiásticos regulares;

Los párrocos y vice-párrocos;

Los jueces letrados de primera instancia;

Los Intendentes de provincia y Gobernadores de departamento;

Los chilenos a que se refiere el inciso 3° del artículo 6°, si no hubieren estado en posesión de su carta de naturalización a lo menos cinco años antes de su elección.

Pueden ser elegidos, pero deben optar entre el cargo de Diputado y sus respectivos empleos:

Los empleados con residencia fuera del lugar de las sesiones del Congreso;

Todo Diputado que desde el momento de su elección acepte empleo retribuido de nombramiento exclusivo del Presidente de la República, cesará en su representación, salvo la excepción consignada en el artículo 90 de esta Constitución.(10)

Artículo 24. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por provincias, correspondiendo a cada una elegir un Senador por cada tres Diputados y por una fracción de dos Diputados.

Se elegirá, en la misma forma, un Senador suplente por cada provincia para que reemplace a los propietarios que a ella correspondan.(11)

Artículo 25. Tanto los Senadores propietarios como los suplentes permanecerán en el ejercicio de sus funciones por seis años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.(12)

Artículo 26. Los Senadores propietarios se renovarán cada tres años en la forma siguiente:

Las provincias que elijan un número par de Senadores harán la renovación por mitad en la elección de cada trienio.

Las que elijan un número impar, la harán en el primer trienio, dejando para el trienio siguiente la del Senador impar que no se renovó en el anterior.

Las que elijan un solo Senador, lo renovarán cada seis años, aplicándose esta misma regla a los Senadores suplentes.(13)

Artículo 27. Cuando falleciere algún Senador o se imposibilitare, por cualquier motivo, para desempeñar sus funciones, la provincia respectiva elegirá en la primera renovación otro que le subrogue por el tiempo que le faltase para llenar su período constitucional.

Igual procedimiento se adoptará siempre que un Senador se encuentre en alguno de los casos del artículo 23.(14)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y cúmplase como disposición constitucional de la República y en reemplazo de los artículos mencionados de nuestra Constitución Política.- FEDERICO ERRAZURIZ.- Eulogio Altamirano.

V

Santiago, octubre 24 de 1874.

Publicado en el Boletin de las Leyes y Decretos de Gobierno Libro XLII, Nº 10 del mes de octubre de 1874

Por cuanto el Congreso Nacional ha reformado los artículos 36, inciso 6°; 57, 58, 82, incisos 3º y 6º; 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104, inciso 7º; 161 y transitorios de la Constitución Política de la República en los términos que expresa el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo 36. Son atribuciones exclusivas del Congreso:

6ª Dictar leyes excepcionales y de duración transitoria, que no podrá exceder de un año, para restringir la libertad personal y la libertad de imprenta, y para suspender o restringir el ejercicio de la libertad de reunión, cuando lo reclamare la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservación del régimen constitucional o de la paz interior.

Si dichas leyes señalaren penas, su aplicación se hará siempre por los tribunales establecidos.

Fuera de los casos prescritos en este inciso, ninguna ley podrá dictarse para suspender o restringir las libertades o derechos que asegura el artículo 12.(15)

Artículo 57. Antes de cerrar el Congreso sus sesiones ordinarias, elegirá todos los años cada Cámara siete de sus miembros que compongan la Comisión Conservadora, la cual formará un solo cuerpo y cuyas funciones expiran de hecho el día 31 de mayo siguiente.(16)

Artículo 58. La Comisión Conservadora, en representación del Congreso, ejerce la supervigilancia que a éste pertenece, sobre todos los ramos de la administración pública.

Le corresponde en consecuencia:

1.° Velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, y prestar protección a las garantías individuales.

2.º Dirigir al Presidente de la República las representaciones conducentes a los objetos indicados, y reiterarlas por segunda vez, si no hubieren bastado las primeras.

Cuando las representaciones tuvieren por fundamento abusos o atentados cometidos por autoridades que dependan del Presidente de la República, y éste no tomare las medidas que estén en sus facultades para poner término al abuso y para el castigo del funcionario culpable, se entenderá que el Presidente de la República y el Ministro del ramo respectivo, aceptan la responsabilidad de los actos de la autoridad subalterna, como si se hubiesen ejecutado por su orden o con su consentimiento.

3.º Prestar o rehusar su consentimiento a los actos del Presidente de la República a que, según lo prevenido en esta Constitución, debe proceder de acuerdo con la Comisión Conservadora.

4.º Pedir al Presidente de la República que convoque extraordinariamente al Congreso cuando, a su juicio, lo exigieren circunstancias extraordinarias y excepcionales.

5.° Dar cuenta al Congreso en su primera reunión, de las medidas que hubiere tomado en desempeño de su cargo.

La Comisión es responsable al Congreso de su omisión en el cumplimiento de los deberes que los incisos precedentes le imponen.(17)

Artículo 82. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 3.º Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del orden judicial, pudiendo, al efecto, requerir al ministerio público para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación.

6.º Nombrar y remover a su voluntad a los Ministros del despacho y oficiales de sus secretarías, a los Consejeros de Estado de su elección, a los Ministros diplomáticos, a los cónsules y demás agentes exteriores, a los Intendentes de provincia y a los Gobernadores de plaza.(18)

Artículo 92. Los Ministros del despacho pueden ser acusados por la Cámara de Diputados por los delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, por atropellamiento de las leyes, por haber dejado éstas sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación.(19)

Artículo 93. Presentada la proposición de acusación, se señalará uno de los ocho días siguientes para que el Ministro contra quien se dirige dé explicaciones sobre los hechos que se le imputan, y para deliberar sobre si la proposición de acusación se admite o no a examen.(20)

Artículo 94. Admitida a examen la proposición de acusación, se nombrará a la suerte, entre los Diputados presentes, una comisión de nueve individuos, para que dentro de los cinco días siguientes, dictamine sobre si hay o no mérito bastante para acusar.(21)

Artículo 95. Presentado el informe de la comisión, la Cámara procederá a discutirlo oyendo a los miembros de la comisión, al autor o autores de la proposición de acusación y al Ministro o Ministros y demás Diputados que quisieran tomar parte en la discusión.(22)

Artículo 96. Terminada la discusión, si la Cámara resolviese admitir la proposición de acusación, nombrará tres individuos de su seno para que en su representación la formalicen y prosigan ante el Senado.(23)

Artículo 97. Desde el momento en que la Cámara acuerde entablar la acusación ante el Senado, o declarar que ha lugar a formación de causa, quedará suspendido de sus funciones el Ministro acusado.

La suspensión cesará si el Senado no hubiere pronunciado su fallo dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Cámara de Diputados hubiere acordado entablar la acusación.(24)

Artículo 98. El Senado juzgará al Ministro, procediendo como jurado y se limitará a declarar si es o no culpable del delito o abuso de poder que se le imputa.

La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios del número de Senadores presentes a la sesión. Por la declaración de culpabilidad, queda el Ministro destituido de su cargo.

El Ministro declarado culpable por el Senado, será juzgado con arreglo a las leyes por el tribunal ordinario competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito cometido, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil, por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares.

Lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 y en el presente, se observará también respecto de las demás acusaciones que la Cámara de Diputados entablare en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° artículo 38 de esta Constitución.(25)

Artículo 101. La Cámara de Diputados puede acusar a un Ministro mientras funcione, y en los seis meses siguientes a su separación del cargo. Durante estos seis meses, no podrá ausentarse de la República sin permiso del Congreso, o en receso de éste, de la Comisión Conservadora.(26)

Artículo 102. Habrá un Consejo de Estado compuesto de la manera siguiente: De tres Consejeros elegidos por el Senado y tres por la Cámara de Diputados en la primera sesión ordinaria de cada renovación del Congreso, pudiendo ser reelegidos los mismos Consejeros cesantes. En caso de muerte o impedimento de alguno de ellos, procederá la Cámara respectiva a nombrar el que deba subrogarle hasta la próxima renovación.

De un miembro de las Cortes superiores de justicia, residente en Santiago.

De un eclesiástico constituido en dignidad.

De un general de ejército o armada.

De un jefe de alguna oficina de hacienda.

De un individuo que haya desempeñado los cargos de Ministro de Estado, agente diplomático, intendente, Gobernador o municipal.

Estos cinco últimos Consejeros serán nombrados por el Presidente de la República.

El Consejo será presidido por el Presidente de la República, y para reemplazar a éste, nombrará de su seno un Vice-presidente que se elegirá todos los años, pudiendo ser reelegido.

El Vice-presidente del Consejo se considerará como Consejero más antiguo para los efectos de los artículos 75 y 78 de esta Constitución. Los Ministros del despacho tendrán sólo voz en el Consejo, y si algún Consejero fuere nombrado Ministro, dejará vacante aquel puesto.(27)

Artículo 104. Son atribuciones del Consejo de Estado:

7ª Prestar su acuerdo para declarar en estado de asamblea una o más provincias invadidas o amenazadas en caso de guerra extranjera.(28)

Artículo 161. Cuando uno o varios puntos de la República fueren declarados en estado de sitio, en conformidad a lo dispuesto en la parte 20ª del artículo 82, por semejante declaración sólo se conceden al Presidente de la República las siguientes facultades:

1ª La de arrestar a las personas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes.

2ª La de trasladar a las personas de un departamento a otro de la República dentro del continente y en una área comprendida entre el puerto de Caldera al norte y la provincia de Llanquihue al sur.

Las medidas que tome el Presidente de la República en virtud del sitio no tendrán más duración que la de éste, sin que por ellas se puedan violar las garantías constitucionales concedidas a los Senadores y Diputados.(29)

Artículos transitorios

Artículo primero. En la próxima renovación del Congreso, después de promulgada la presente reforma, elegirá cada provincia sus Senadores propietarios y suplentes conforme al artículo 24, cesando los actuales en el ejercicio de sus funciones.

A la terminación del primer período, serán designados a la suerte los Senadores que deben cesar en el ejercicio de sus funciones, a fin de que se haga la renovación conforme al artículo 26.(30)

Artículo 2º. El número de Diputados se ajustará a la base fijada en el artículo 19, cuando se forme el próximo censo general de la República.(31)

Artículo 3º. Los actuales Consejeros de Estado cesarán en sus funciones desde que empiece a regir esta reforma.(32)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y cúmplase como disposición constitucional de la República y en reemplazo de los artículos mencionados de nuestra Constitución Política.- FEDERICO ERRAZURIZ.- Eulogio Altamirano.

VI

Ley publicada con fecha 15 de enero de 1882 en el núm. 1.435 del Diario Oficial.

Santiago, enero 12 de 1882.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo primero. Suprímense de la parte final del artículo 40 de la Constitución las siguientes palabras: ‘‘sobre reforma de la Constitución y’’(33)

Artículo 2º. Sustitúyense los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Constitución por los siguientes:

Artículo 165. La reforma de las disposiciones constitucionales podrá proponerse en cualquiera de las Cámaras, en conformidad a lo dispuesto en la primera parte del artículo 40.

No podrá votarse el proyecto de reforma en ninguna de las Cámaras sin la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se compone.

Para la aprobación del proyecto de reforma, las Cámaras se sujetarán a las reglas establecidas en los artículos 41, 59 y 51.(34)

Artículo 166. El proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras que en conformidad de lo dispuesto en el artículo 43, se pasare al Presidente de la República, sólo podrá ser observado por éste para proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el Congreso.

Si las modificaciones que el Presidente de la República propusiere fueren aprobadas en cada Cámara por la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo anterior, se devolverá el proyecto al Presidente de la República en la forma que la ha presentado para su promulgación.

Si las Cámaras aprobaren sólo en parte las modificaciones o correcciones hechas por el Presidente de la República y no insistieren por mayoría de los dos tercios en las otras reformas aprobadas por el Congreso y que el Presidente modifica, se tendrán por aprobadas las reformas en que el Presidente de la República y las Cámaras están de acuerdo, y se devolverá el proyecto en esta forma para su promulgación.

Cuando las Cámaras no aprobaren las modificaciones propuestas por el Presidente de la República e insistieren, por la mayoría de los dos tercios presentes en cada una de ellas, en las reformas antes aprobadas por el Congreso, se devolverá el proyecto en su forma primitiva al Presidente de la República para que la promulgue.(35)

Artículo 167. Las reformas aprobadas y publicadas a que se refieren los dos artículos anteriores se someterán a la ratificación del Congreso que se elija o renueve inmediatamente después de publicado el proyecto de reforma.

Este Congreso se pronunciará sobre la ratificación de las reformas en los mismos términos en que han sido propuestas, sin hacer en ellas alteración alguna.

La deliberación sobre la aceptación y ratificación principiará en la Cámara en que tuvo origen el proyecto de reforma, y cada Cámara se pronunciará por la mayoría absoluta del número de los miembros presentes, que no podrá ser menor que la mayoría absoluta del número de miembros de que cada una se compone.

Ratificado el proyecto de reforma por cada una de las Cámaras, se pasará al Presidente de la República para su promulgación.

Una vez promulgado el proyecto, sus disposiciones formarán parte de esta Constitución y se tendrán por incorporadas en ella.

Las reformas que hubieren de someterse a la ratificación del Congreso inmediato, se publicarán por el Presidente de la República dentro de los seis meses que precedan a la renovación de dicho Congreso, y por lo menos tres meses antes de la fecha en que hayan de verificarse las elecciones. Al hacer esta publicación, el Presidente de la República anunciará al país que el Congreso que se va a elegir tiene el encargo de aceptar y ratificar las reformas propuestas.

Cuando el Congreso llamado a ratificar las reformas dejare trascurrir su período constitucional sin hacerlo, las reformas se tendrán por no propuestas.(36)

Artículo 168. Convocado el Congreso a sesiones extraordinarias, podrán proponerse, discutirse y votarse en cualquiera de las Cámaras los proyectos de reformas a que se refiere el artículo 165, aun cuando no fueren incluidos en la convocatoria por el Presidente de la República.

El Congreso llamado a deliberar sobre la ratificación de las reformas propuestas podrá, si así lo acordaren ambas Cámaras por mayoría absoluta de votos en sesiones que deberán celebrar con la concurrencia también de la mayoría absoluta de los miembros de que se componen, continuar funcionando en sesiones extraordinarias hasta por noventa días, sin necesidad de convocatoria del Presidente de la República para ocuparse exclusivamente de la ratificación.

En todo caso, las Cámaras podrán deliberar sobre la ratificación de las reformas propuestas en las sesiones extraordinarias a que hubieren sido convocadas por el Presidente de la República, aun cuando ese negocio no hubiere sido incluido en la convocatoria.(37)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.- DOMINGO SANTA MARIA.- José Francisco Vergara.

VII

Ley publicada con fecha 9 de agosto de 1888 en el núm. 3.370 del Diario Oficial

Santiago, agosto 9 de 1888.

Por cuanto el Congreso Nacional ha ratificado el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

El Congreso Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 167 de la Constitución Política, ratifica las proposiciones de reforma contenidas en el siguiente proyecto, publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de diciembre de 1887:

Artículo primero. Se suprimen los artículos 1º y 9º de la Constitución; la palabra ‘‘distinciones’’, del número 4º del artículo 11; el inciso 2º del artículo 24; la palabra ‘‘Tanto’’ y la frase ‘‘propietarios como los suplentes’’ del artículo 25; la palabra ‘‘propietarios’’ del inciso 1º del artículo 26; y la frase ‘‘aplicándose esta misma regla a los Senadores suplentes’’ del inciso último del mismo artículo.(38)

Artículo 2º. Se reemplaza el artículo 8º por el siguiente:

Artículo 8º. Son ciudadanos activos con derecho de sufragio los chilenos que hubieren cumplido veintiún años de edad, que sepan leer y escribir y estén inscritos en los registros electorales del departamento.

Estos registros serán públicos y durarán por el tiempo que determine la ley.

Las inscripciones serán continuas y no se suspenderán sino en el plazo que fije la ley de elecciones.(39)

Artículo 3º. Se sustituye el artículo 19 por el que sigue:

Artículo 19. Se elegirá un Diputado por cada treinta mil habitantes y por una fracción que no baje de quince mil.

Si un Diputado muere o deja de pertenecer a la Cámara por cualquiera causa dentro de los dos primeros años de su mandato, se procederá a su reemplazo por nueva elección en la forma y tiempo que la ley prescriba.

El Diputado que perdiere su representación por desempeñar o aceptar un empleo incompatible, no podrá ser reelegido hasta la próxima renovación de la Cámara.(40)

Artículo 4º. Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

Artículo 27. Si un Senador muere o deja de pertenecer a la Cámara por cualquier causa antes del último año de su mandato, se procederá a su reemplazo por nueva elección, por el tiempo que le falte, en la forma y plazo que la ley prescriba.

El Senador que perdiere su representación por desempeñar o aceptar un empleo incompatible, no podrá ser elegido antes del próximo trienio.(41)

Artículo 5º. Se sustituye el artículo 73 por el siguiente:

Artículo 73. No podrá hacerse el escrutinio, ni la rectificación de estas elecciones, sin que esté presente la mayoría absoluta del total de miembros de cada una de las Cámaras.(42)

Artículos transitorios

Artículo primero. Los Senadores y Diputados suplentes que sean elegidos con arreglo a las disposiciones constitucionales vigentes, durarán en sus funciones hasta la primera renovación de la Cámara de Diputados.

Si en este tiempo muriese o perdiere su mandato algún Senador o Diputado propietario, será reemplazado por el respectivo suplente.

Si el suplente estuviere ya haciendo las veces de propietario o hubiere fallecido o perdido su mandato, se procederá al reemplazo con arreglo a las disposiciones constitucionales reformadas.(43)

Artículo 2º. Ratificada esta reforma constitucional, una comisión compuesta de dos Senadores y dos Diputados procederá a hacer una nueva edición de la Constitución, modificando el orden de los capítulos, la numeración de los artículos e incisos, y las referencias que no guarden congruencia con sus disposiciones vigentes.(44)

Artículo 3º. Suprímense los artículos 2º y 3º de las antiguas disposiciones transitorias, y 1º y 2º de las nuevas de la Constitución.(45)

Por tanto, oído el Consejo de Estado, promúlguese y ténganse las precedentes disposiciones como parte integrante de la Constitución Política del Estado.- J.M. BALMACEDA.- P.L. Cuadra.

VIII

Ley publicada con fecha 12 de diciembre de 1891 en el núm. 4.101 del Diario Oficial.

Santiago, 12 de diciembre de 1891.

Por cuanto el Congreso Nacional ha ratificado el siguiente proyecto de reforma constitucional:

El Congreso Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 158 de la Constitución Política, ratifica la proposición de reforma publicada en el Diario Oficial de 24 de septiembre de 1890, cuyo tenor es como sigue:

PROPOSICION DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único.- Se substituye el número 4º del artículo 49 de la Constitución por el siguiente:

‘‘4º. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo estimare conveniente, o cuando la mayoría de ambas Cámaras lo pidiere por escrito’’.(46)

Agrégase al número 6º del artículo 73 de la Constitución el siguiente inciso:

‘‘El nombramiento de los Ministros Diplomáticos deberá someterse a la aprobación del Senado, o, en su receso, al de la Comisión Conservadora.’’(47)

Por tanto, oído el Consejo de Estado, promúlguese y ténganse las precedentes disposiciones como parte integrante de la Constitución Política del Estado.- JORGE MONTT.- M.J. Yrarrázaval.

IX

Ley publicada con fecha 9 de julio de 1892, en el núm. 4.268 del Diario Oficial.

Santiago, 7 de julio de 1892.

Por cuanto el Congreso Nacional ha ratificado el siguiente proyecto de reforma constitucional:

‘‘El Congreso Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 158 de la Constitución Política, ratifica la proposición de reforma publicada en el Diario Oficial de 14 de diciembre de 1888, cuyo tenor es como sigue:

PROPOSICION DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo primero. Se sustituye el artículo 21 de la Constitución Política por el siguiente:

Artículo 21. No pueden ser elegidos Diputados:

1º. Los eclesiásticos regulares, los párrocos y vice-párrocos;

2º. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces de letras y los funcionarios que ejercen el ministerio público;

3º. Los Intendentes de provincia y los Gobernadores de plaza o departamento;

4º. Las personas que tienen o caucionan contratos con el Estado sobre obras públicas o sobre provisión de cualquiera especie de artículos;

5º. Los chilenos a que se refiere el inciso tercero del artículo 5º, si no hubieren estado en posesión de su carta de naturalización, a lo menos, cinco años antes de ser elegidos.

El cargo de Diputado es gratuito e incompatible con el de municipal y con todo empleo público retribuido, y con toda función o comisión de la misma naturaleza. El electo debe optar entre el cargo de Diputado y el empleo, función o comisión que desempeñe, dentro de quince días, si se hallare en el territorio de la República, y dentro de ciento si estuviere ausente. Estos plazos se contarán desde la aprobación de la elección. A falta de opción declarada dentro del plazo, el electo cesará en su cargo de Diputado.

Ningún Diputado, desde el momento de su elección y hasta seis meses después de terminar su cargo, puede ser nombrado para función, comisión o empleos públicos retribuidos.

Esta disposición no rige en caso de guerra exterior ni se extiende a los cargos de Presidente de la República, Ministro del Despacho y Agente Diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra y los de Ministros del Despacho son compatibles con las funciones de Diputado.

El Diputado, durante el ejercicio de su cargo, no puede celebrar o caucionar los contratos indicados en el número 4º, y cesará en sus funciones si sobreviene la inhabilidad designada en el número 1º.’’(48)

Artículo 2º. Se sustituye el inciso final del artículo 26 por el siguiente:

‘‘Lo dispuesto en el artículo 21 respecto de los Diputados, comprende también a los Senadores’’.(49)

Por tanto, oído el Consejo de Estado, promúlguese y ténganse las precedentes disposiciones como parte integrante de la Constitución Política del Estado.- JORGE MONTT.- R. Barros Luco.

X

LEY NUM. 43

Publicada con fecha 26 de junio de 1893, en el núm. 4.554 del Diario Oficial.

Santiago, 26 de junio de 1893.

Por cuanto el Congreso Nacional ha ratificado el siguiente proyecto de reforma constitucional:

‘‘El Congreso Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 158 de la Constitución Política, ratifica la proposición de reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de 24 de septiembre de 1890, cuyo tenor es como sigue:

PROPOSICION DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo primero. Se sustituye el artículo 36 de la Constitución por el siguiente:

Artículo 36. Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones hechas por el Presidente de la República, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

Si las dos Cámaras no aceptaren las observaciones del Presidente de la República e insistieren por dos tercios de sus miembros presentes en el proyecto aprobado por ellas, tendrá éste fuerza de ley, y se devolverá al Presidente para su promulgación.

No podrán votarse las observaciones en ninguna de las dos Cámaras sin la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se compone.(50)

Artículo 2º. Se suprimen los artículos 37, 38 y 39 de la Constitución.(51)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, promúlguese y ténganse las precedentes disposiciones como parte integrante de la Constitución Política del Estado.- JORGE MONTT.- Pedro Montt.

XI

LEY NUM. 3.330

Publicada en el Diario Oficial núm. 11.936 de 1º de diciembre de 1917.

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo único.- Reemplázanse los artículos 55 (64), 56 (65), 57 (66) y 58 (67) de la Constitución Política, por los siguientes:

Artículo 55 (64). El nombramiento de electores se hará por departamentos noventa días antes de aquel en que expire la presidencia. Las calidades de los electores son las mismas que se requieren para ser Diputado.(52)

Artículo 56 (65). Los electores reunidos cincuenta días después de aquél en que hayan sido nombrados procederán a la elección de Presidente, conforme a la ley general de elecciones.(53)

Artículo 57 (66). Las mesas electorales formarán dos listas de todos los individuos que resultaren elegidos y después de firmadas por todos los electores, las remitirán firmadas y selladas, una al Cabildo de la capital de la provincia, en cuyo archivo quedará depositada y cerrada, y la otra al Senado.(54)

Artículo 58 (67). Veinte días antes de aquél en que expire la presidencia se abrirán y leerán dichas listas en sesión pública de las dos Cámaras reunidas, que se celebrará en la sala del Senado, a las 2 de la tarde, haciendo de presidente el que lo sea del Senado, y se procederá al escrutinio y en caso necesario a rectificar la elección.

Si por cualquiera causa no terminasen estos actos en la fecha indicada, continuarán en los días siguientes, constituyéndose el Congreso en sesión permanente’’.(55)

Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese, llévese a efecto como ley de la República, publíquese y anúnciese al país, que en conformidad al inciso sexto del artículo 158 (167) de la Constitución Política, el Congreso que se va a elegir tiene el encargo de aceptar y ratificar las reformas propuestas.

Santiago, a 30 de noviembre de 1917.- JUAN LUIS SANFUENTES.- Eliodoro Yáñez.

(1)-(2) I Reforma, modificada en Santiago, el 8 de agosto de 1871. Promulgada por Presidente José Joaquín Pérez y Ministro del Interior Belisario Prats.

(3) II Reforma, modificada en Santiago, el 25 de septiembre de 1873. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(4) III Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(5) III Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(6) III Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(7) III Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(8) III Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(9) IV Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(10) IV Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(11) IV Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(12) IV Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(13) IV Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(14) IV Reforma, modificada en Santiago, el 13 de agosto de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(15) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(16) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(17) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(18) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(19) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(20) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(21) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(22) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(23) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(24) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(25) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(26) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(27) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(28) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(29) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(30) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(31) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(32) V Reforma, modificada en Santiago, el 24 de octubre de 1874. Promulgada por el Presidente Federico Errázuriz y Ministro del Interior Eulogio Altamirano.

(33) VI Reforma, modificada en Santiago, el 12 de enero de 1882. Promulgada por el Presidente Domingo Santa María y Ministro del Interior José Francisco Vergara. Publicada en el Diario Oficial Nº 1.435, el 15 de enero de 1882.

(34) VI Reforma, modificada en Santiago, el 12 de enero de 1882. Promulgada por el Presidente Domingo Santa María y Ministro del Interior José Francisco Vergara. Publicada en el Diario Oficial Nº 1.435, el 15 de enero de 1882.

(35) VI Reforma, modificada en Santiago, el 12 de enero de 1882. Promulgada por el Presidente Domingo Santa María y Ministro del Interior José Francisco Vergara. Publicada en el Diario Oficial Nº 1.435, el 15 de enero de 1882.

(36) VI Reforma, modificada en Santiago, el 12 de enero de 1882. Promulgada por el Presidente Domingo Santa María y Ministro del Interior José Francisco Vergara. Publicada en el Diario Oficial Nº 1.435, el 15 de enero de 1882.

(37) VI Reforma, modificada en Santiago, el 12 de enero de 1882. Promulgada por el Presidente Domingo Santa María y Ministro del Interior José Francisco Vergara. Publicada en el Diario Oficial Nº 1.435, el 15 de enero de 1882.

(38) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(39) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(40) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(41) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(42) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(43) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(44) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(45) VII Reforma, modificada en Santiago, el 9 de agosto de 1888. Promulgada por el Presidente J. M. Balmaceda y Ministro del Interior P. L. Cuadra. Publicada en el Diario Oficial Nº 3.370, el 9 de agosto de 1888.

(46) VIII Reforma, modificada en Santiago, el 12 de diciembre de 1891. Promulgada por el Presidente Jorge Montt y Ministro del Interior M. J. Yrarrázaval. Publicada en el Diario Oficial Nº 4.101, el 12 de diciembre de 1891.

(47) VIII Reforma, modificada en Santiago, el 12 de diciembre de 1891. Promulgada por el Presidente Jorge Montt y Ministro del Interior M. J. Yrarrázaval. Publicada en el Diario Oficial Nº 4.101, el 12 de diciembre de 1891.

(48) IX Reforma, modificada en Santiago, el 7 de julio de 1892. Promulgada por el Presidente Jorge Montt y Ministro del Interior R. Barros Luco. Publicada en el Diario Oficial Nº 4.268, el 9 de julio de 1892.

(49) IX Reforma, modificada en Santiago, el 7 de julio de 1892. Promulgada por el Presidente Jorge Montt y Ministro del Interior R. Barros Luco. Publicada en el Diario Oficial Nº 4.268, el 9 de julio de 1892.

(50) X Reforma, modifica en Santiago, el 26 de junio de 1893. Promulgada por el Presidente Jorge Montt y Ministro del Interior Pedro Montt. Publicada en el Diario Oficial Nº 4.554, el 26 de junio de 1893. Ley número 43.

(51) X Reforma, modifica en Santiago, el 26 de junio de 1893. Promulgada por el Presidente Jorge Montt y Ministro del Interior Pedro Montt. Publicada en el Diario Oficial Nº 4.554, el 26 de junio de 1893. Ley número 43.

(52) XI Reforma, modificada en Santiago, el 30 de noviembre de 1917. Promulgada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes y Ministro del Interior Eliodoro Yáñez. Publicada en el Diario Oficial Nº 11.936, el 1º de diciembre de 1917. Ley número 3.330.

(53) XI Reforma, modificada en Santiago, el 30 de noviembre de 1917. Promulgada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes y Ministro del Interior Eliodoro Yáñez. Publicada en el Diario Oficial Nº 11.936, el 1º de diciembre de 1917. Ley número 3.330.

(54) XI Reforma, modificada en Santiago, el 30 de noviembre de 1917. Promulgada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes y Ministro del Interior Eliodoro Yáñez. Publicada en el Diario Oficial Nº 11.936, el 1º de diciembre de 1917. Ley número 3.330.

(55) XI Reforma, modificada en Santiago, el 30 de noviembre de 1917. Promulgada por el Presidente Juan Luis Sanfuentes y Ministro del Interior Eliodoro Yáñez. Publicada en el Diario Oficial Nº 11.936, el 1º de diciembre de 1917. Ley número 3.330.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE, AÑO 1925

Chile

Año 1925

SANCIONADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1925(*)

Santiago, 18 de setiembre de 1925.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto

la voluntad soberana de la Nación,

solemnemente manifestada en el plebiscito verificado el 30 de agosto último, ha acordado reformar la Constitución Política promulgada el 25 de mayo de 1833 y sus modificaciones posteriores e

INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO,

ordeno que se promulgue la siguiente, como la

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE

CAPITULO I

Estado, Gobierno y Soberanía

Artículo 1.- El Estado de Chile es unitario. Su Gobierno es republicano y democrático representativo.

Artículo 2.- La soberanía reside esencialmente en la Nacion, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitucion establece.

Artículo 3.- Ninguna persona o reunion de personas pueden tomar el título o representacion del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones en su nombre. La infraccion de este artículo es sedicion.

Artículo 4.- Ninguna majistratura, ninguna persona, ni reunion de personas pueden atribuirse, ni aún a pretesto de circunstancias estraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravencion a este artículo es nulo.

CAPITULO II

Nacionalidad y Ciudadanía

Artículo 5.- Son chilenos:

1.o Los nacidos en el territorio de Chile, con escepcion de los hijos de estranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeuntes, todos los que podrán optar entre la nacionalidad de sus padres y la chilena;

2.o Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio estranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Los hijos de chilenos nacidos en el estranjero, hallándose el padre o la madre en actual servicio de la República, son chilenos aun para los efectos en que las leyes fundamentales, o cualesquiera otras, requieran nacimiento en el territorio chileno;

3.o Los estranjeros que obtuvieren carta de nacionalizacion en conformidad a la lei, renunciando espresamente su nacionalidad anterior, y

4.o Los que obtuvieren especial gracia de nacionalizacion por lei.

Los nacionalizados tendrán opcion a cargos públicos de eleccion popular solo despues de cinco años de estar en posesion de sus cartas de nacionalizacion.

La lei reglamentará los procedimientos para la opcion entre la nacionalidad chilena y una estranjera; para el otorgamiento, la negativa y la cancelacion de las cartas de nacionalizacion, y para la formacion de un Registro de todos estos actos.

Artículo 6.- La nacionalidad chilena se pierde:

1.o Por nacionalizacion en país estranjero;

2.o Por cancelacion de la carta de nacionalizacion, y

3.o Por prestacion de servicios durante una guerra, a enemigos de Chile o de sus aliados.

Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, solo podrán ser rehabilitados por lei.

Artículo 7.- Son ciudadanos con derecho a sufrajio los chilenos que hayan cumplido veintiun años de edad, que sepan leer y escribir, y estén inscritos en los registros electorales.

Estos rejistros serán públicos y valdrán por el tiempo que determine la lei.

Las inscripciones serán continuas y solo se suspenderán en los plazos que la lei señale.

En las elecciones populares el sufrajio será siempre secreto.

Artículo 8.- Se suspende el ejercicio del derecho a sufrajio:

1.o Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexiblemente, y

2.o Por hallarse procesado el ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva.

Artículo 9.- Se pierde la calidad de ciudadano con derecho a sufrajio:

1.o Por haber perdido la nacionalidad chilena, y

2.o Por condena a pena aflictiva. Los que por esta causa hubieren perdido la calidad de ciudadanos, podrán solicitar su rehabilitacion del Senado.

CAPITULO III

Garantías Constitucionales

Artículo 10. La Constitucion asegura a todos los habitantes de la República:

1.o La igualdad ante la lei. En Chile no hai clase privilejiada.

En Chile no hai esclavos, y el que pise su territorio, queda libre. No puede hacerse este tráfico por chilenos. El estranjero que lo hiciere, no puede habitar en Chile, ni nacionalizarse en la República;

2.o La manifestacion de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al órden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones relijiosas erijir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e hijiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones relijiosas de cualquier culto, tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedarán sometidas, dentro de las garantías de esta Constitucion, al derecho comun para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros.

Los templos y sus dependencias, destinados al servicio de un culto, estarán exentos de contribuciones;

3.o La libertad de emitir, sin censura prévia, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad en la forma y casos determinados por la lei;

4.o El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demas lugares de uso público,(*) las reuniones se rejirán por las disposiciones jenerales de policía;

5.o El derecho de asociarse sin permiso prévio y en conformidad a la lei;

6.o El derecho de presentar peticiones a la autoridad constituida, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitacion que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;

7.o La libertad de enseñanza.

La educacion pública es una atencion preferente del Estado.

La educacion primaria es obligatoria.

Habrá una Superintendencia de educacion pública, a cuyo cargo estará la inspeccion de la enseñanza nacional y su direccion, bajo la autoridad del Gobierno;

8.o La admision a todos los empleos y funciones públicas, sin otras condiciones que las que impongan las leyes;

9.o La igual reparticion de los ímpuestos y contribuciones, en proporcion de los haberes o en la progresion o forma que fije la lei; y la igual reparticion de las demas cargas públicas.

Sólo por lei pueden imponerse contribuciones directas o indirectas, y, sin su especial autorizacion, es prohibido a toda autoridad del Estado y a todo individuo imponerlas, aunque sea bajo pretesto precario, en forma voluntaria, o de cualquier otra clase.

No puede exijirse ninguna especie de servicio personal, o de contribucion, sino en virtud de un decreto de autoridad competente, fundado en la lei que autoriza aquella exaccion.

Ningun cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir clase alguna de ausilios, sino por medio de las autoridades civiles y por decreto de éstas.

Una lei particular determinará el método de reclutas y reemplazos para las fuerzas de mar y tierra.

Todos los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los rejistros militares, si no están especialmente esceptuados por la lei;

10.o La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distincion alguna.

Nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de espropiacion por razon de utilidad pública, calificada por una lei. En este caso, se dará préviamente al dueño la indemnizacion que se ajuste con él o que se determine en el juicio correspondiente.

El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del órden social, y, en tal sentido, podrá la lei imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses jenerales del Estado, de la salud de los ciudadanos y de la salubridad pública;

11.o La propiedad exclusiva de todo descubrimiento o produccion, por el tiempo que concediere la lei. Si ésta exijiere su espropiacion, se dará al autor o inventor la indemnizacion competente;

12.o La inviolabilidad del hogar.

La casa de toda persona que habite el territorio chileno solo puede ser allanada por un motivo especial determinado por la lei, y en virtud de órden de autoridad competente;

13.o La inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica. No podrán abrirse, ni interceptarse, ni rejistrarse los papeles o efectos públicos, sino en los casos espresamente señalados por la lei;

14.o La proteccion al trabajo, a la industria, y a las obras de prevision social, especialmente en cuanto se refieren a la habitacion sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfaccion de sus necesidades personales y a las de su familia. La lei regulará esta organizacion.

El Estado propenderá a la conveniente division de la propiedad y a la constitucion de la propiedad familiar.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a ménos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una lei lo declare así.

Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar hijiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salubridad, y

15.° La libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, a condicion de que se guarden los reglamentos de policía y salvo siempre el perjuicio de tercero; sin que nadie pueda ser detenido, procesado, preso o desterrado, sino en la forma determinada por las leyes.

Artículo 11.- Nadie puede ser condenado, si no es juzgado legalmente y en virtud de una lei promulgada ántes del hecho sobre que recae el juicio.

Artículo 12.- Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, si no por el tribunal que le señale la lei y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Artículo 13.- Nadie puede ser detenido si no por órden de funcionario público espresamente facultado por la lei y despues de que dicha órden le sea intimada en forma legal, a ménos de ser sorprendido en delito flagrante y, en este caso, para el único objeto de ser conducido ante juez competente.

Artículo 14.- Nadie puede ser detenido, sujeto a prision preventiva o preso sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de detenido, procesado o preso, sin copiar en su registro la órden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal. Pueden, sin embargo, recibir en el recinto de la prision, en clase de detenidos, a los que fueren conducidos con el objeto de ser presentados al juez competente; pero con la obligacion de dar cuenta a éste dentro de las veinticuatro horas.

Artículo 15.- Si la autoridad hiciere detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposicion al detenido.

Artículo 16.- Todo individuo que se hallare detenido, procesado o preso, con infraccion de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la majistratura que señale la lei, en demanda de que se guarden las formalidades legales. Esta majistratura podrá decretar que el individuo sea traido a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detencion. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposicion del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

Artículo 17.- Ninguna incomunicacion puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detencion visite al detenido, procesado o preso que se encuentre en ella.

Este funcionario está obligado, siempre que el detenido le requiera, a transmitir al juez competente la copia del decreto de detencion; o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detencion se hubiere omitido este requisito.

Artículo 18.- En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio, así como tampoco a sus ascendientes, descendientes, conyuje y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusives.

No podrá aplicarse tormento, ni imponerse, en caso alguno, la pena de confiscacion de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes.

Artículo 19.- Afianzada suficientemente la persona o el saneamiento de la accion, en la forma que según la naturaleza de los casos determine la lei, no debe ser detenido, ni sujeto a prision preventiva, el que no sea responsable de un delito a que la lei señale pena aflictiva.

Artículo 20.- Todo individuo en favor de quien se dictare sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente, tendrá derecho a indemnizacion, en la forma que determine la lei, por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente.

Artículo 21.- Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto espedido por autoridad competente, en que se esprese la lei o la parte del Presupuesto que autorice aquel gasto.

Artículo 22.- La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar.

Artículo 23.- Toda resolucion que acordare el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Senado o los Tribunales de Justicia, a presencia o requisicion de un ejército, de un jefe al frente de fuerza armada o de alguna reunion del pueblo que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las autoridades, es nula de derecho y no puede producir efecto alguno.

CAPITULO IV

Congreso Nacional

Artículo 24.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado.

Artículo 25.- En las elecciones de Diputados y Senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representacion de las opiniones y de los partidos políticos.

Artículo 26.- La calificacion de las elecciones de Diputados y Senadores y el reconocimiento de las reclamaciones de nulidad que se interpongan contra ellas, corresponde al Tribunal Calificador.

Pero, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tienen atribuciones esclusivas para pronunciarse sobre la inhabilidad de sus miembros y para admitir su dimision, si los motivos en que la fundaren fueren de tal naturaleza que los imposibilitaren física o moralmente para el ejercicio de sus cargos. Para aceptar la dimision, deben concurrir las dos terceras partes de los Diputados o Senadores presentes.

Artículo 27.- Para ser elejido Diputado o Senador es necesario tener los requisitos de ciudadano con derecho a sufrajio y no haber sido condenado jamas por delito que merezca pena aflictiva.

Los Senadores deben, ademas, tener treinta y cinco años cumplidos.

Artículo 28.- No pueden ser elegidos Diputados ni Senadores:

1.o Los Ministros de Estado;

2.o Los Intendentes y Gobernadores;

3.o Los Majistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, los Jueces de Letras y los funcionarios que ejerzan el Ministerio Público, y

4.o Las personas naturales y los jerentes o administradores de personas jurídicas o de sociedades que tienen o caucionan contratos con el Estado.

Artículo 29.- Los cargos de Diputados y Senadores son incompatibles entre sí y con los de Representantes y Municipales. Son incompatibles también con todo empleo público retribuido con fondos fiscales o municipales y con toda funcion o comision de la misma naturaleza, a excepcion de los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza superior, secundaria y especial, con asiento en la ciudad en que tenga sus sesiones el Congreso. El electo debe optar entre el cargo de Diputado o Senador y el otro cargo, empleo, funcion o comision que desempeñe, dentro de quince dias si se hallare en el territorio de la República y dentro de ciento, si estuviere ausente. Estos plazos se contarán desde la aprobacion de la eleccion. A falta de opcion declarada dentro del plazo, el electo cesará en su cargo de Diputado o Senador.

Artículo 30.- Ningun Diputado o Senador, desde el momento de su eleccion y hasta seis meses despues de terminar su cargo, puede ser nombrado para funcion, comision o empleo público retribuidos con fondos fiscales o municipales.

Esta disposicion no rige en caso de guerra esterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministros de Estado y Ajente Diplomático; pero solo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de Diputado o Senador.

Artículo 31.- Cesará en el cargo el Diputado o Senador que se ausentare del país por mas de treinta dias, sin permiso de la Cámara a que pertenezca, o, en receso de ella, de su Presidente. Solo leyes especiales podrán autorizar la ausencia por mas de un año.

Cesará tambien en el cargo el Diputado o Senador que, durante su ejercicio, celebrare o caucionare contratos con el Estado; y el que actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicios pendientes contra el Fisco, o como procurador o ajente en jestiones particulares de carácter administrativo.

Artículo 32.- Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos.

Artículo 33.- Ningun Diputado o Senador, desde el dia de su eleccion, puede ser acusado, perseguido o arrestado, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdiccion respectiva, en Tribunal Pleno, no autoriza préviamente la acusacion declarando haber lugar la formacion de causa. De esta resolucion podrá recurrirse ante la Corte Suprema.

Artículo 34.- En caso de ser arrestado algun Diputado o Senador, por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposicion de la Corte de Apelaciones respectiva, con la informacion sumaria. La Corte procederá entónces conforme a lo dispuesto en el artículo precedente.

Artículo 35.- Desde el momento en que se declare, por resolucion firme, haber lugar la formacion de causa, queda el Diputado o Senador acusado, suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.

Artículo 36.- Si un Diputado o Senador muere o deja de pertenecer a la Cámara de Diputados o al Senado, por cualquier causa, ántes del último año de su mandato, se procederá a su reemplazo en la forma que determine la lei de elecciones, por el término que le falte de su período.

El Diputado o Senador que aceptare el cargo de Ministro de Estado, deberá ser reemplazado dentro del término de treinta dias.

CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 37.- La Cámara de Diputados se compone de miembros elejidos por los departamentos o por las agrupaciones de departamentos colindantes, dentro de cada provincia, que establezca la lei, en votacion directa y en la forma que determine la lei de elecciones.

Se elejirá un Diputado por cada treinta mil habitantes y por una fraccion que no baje de quince mil.

Artículo 38.- La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años.

Artículo 39.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1.a Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo ménos, de sus miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios:

a) Del Presidente de la República, por actos de su administracion en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o infrinjido abiertamente la Constitucion o las leyes. Esta acusacion podrá interponerse miéntras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a la espiracion de su cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara:

b) De los Ministros de Estado, por los delitos de traicion, concusion, malversacion de fondos públicos, soborno, infraccion de la Constitucion, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecucion y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nacion. Estas acusaciones podrán interponerse miéntras el Ministro estuviere en funciones y en los tres meses siguientes a la espiracion de su cargo. Durante ese tiempo, no podrá ausentarse de la República sin permiso de la Cámara, o, en receso de ésta, de su Presidente:

c) De los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, por notable abandono de sus deberes:

d) De los Jenerales o Almirantes de las fuerzas armadas por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nacion, y

e) De los Intendentes y Gobernadores, por los delitos de traicion, sedicion, infraccion de la Constitucion, malversacion de fondos públicos y concusion.

En todos estos casos, la Cámara declarará dentro del término de diez dias si ha o no lugar la acusacion, prévia audiencia del inculpado e informe de una Comision de cinco Diputados elegidos a la suerte con esclusion de los acusadores. Este informe deberá ser evacuado en el término de seis dias, pasados los cuales la Cámara procederá sin él. Si resultare la afirmativa, nombrará tres Diputados que la formalicen y prosigan ante el Senado. Si el inculpado no asistiere a la sesion a que se le cite, o no enviare defensa escrita, podrá la Cámara renovar la citacion o proceder sin su defensa.

Para declarar que ha lugar la acusacion en el caso de la letra a), se necesitará el voto de la mayoría de los Diputados en ejercicio.

En los demas casos, el acusado quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusacion. La suspension cesará si el Senado desestimare la acusacion o si no se pronunciare dentro de los treinta dias siguientes, y

2.a Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribucion, la Cámara puede, con el voto de la mayoría de los Diputados presentes, adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se trasmitirán por escrito al Presidente de la República. Los acuerdos u observaciones no afectarán la responsabilidad política de los Ministros y serán contestados por escrito por el Presidente de la República o verbalmente por el Ministro que corresponda.

SENADO

Artículo 40.- El Senado se compone de miembros elegidos en votacion directa por las nueve agrupaciones provinciales que fije la lei, en atencion a las características e intereses de las diversas rejiones del territorio de la República. A cada agrupacion corresponde elegir cinco Senadores.

Artículo 41.- El Senado se renovará cada cuatro años, por parcialidades, en la forma que determine la lei. Cada Senador durará ocho años en su cargo.

Artículo 42.- Son atribuciones esclusivas del Senado:

1.a Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo 39, prévia audiencia del acusado. Si éste no asistiere a la sesion a que se le cite, o no enviare defensa escrita, podrá el Senado renovar la citacion o proceder sin su defensa.

El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito o abuso de poder que se le imputa.

La declaracion de culpabilidad deberá ser pronunciada por las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, cuando se trate de una acusacion en contra del Presidente de la República y por la mayoría de los Senadores en ejercicio, en los demas casos.

Por la declaracion de culpabilidad, queda el acusado destituido de su cargo.

El funcionario declarado culpable será juzgado con arreglo a las leyes por el Tribunal ordinario competente, tanto para la aplicacion de la pena señalada al delito cometido, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;

2.a Decidir si ha o no lugar la admision de las acusaciones que cualquier individuo particular presente contra los Ministros con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por algún acto de éstos, según los mismos procedimientos del número anterior;

3.a Declarar si ha o no lugar la formacion de causa en materia criminal contra los Intendentes y Gobernadores. Esceptúase el caso en que la acusacion se intentare por la Cámara de Diputados;

4.a Conocer en las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales Superiores de Justicia;

5.a Otorgar las rehabilitaciones a que se refiere el artículo 9;

6.a Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República en los casos en que la Constitucion o la lei lo requiera.

Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta dias, después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su acuerdo, y

7.a Dar su dictámen al Presidente de la República en todos los casos en que lo consultare.

ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Artículo 43.- Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1.a Aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversion de los fondos destinados para los gastos de la administracion pública que debe presentar el Gobierno;

2.a Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda salir del territorio nacional;

3.a Declarar, cuando el Presidente de la República hace dimision de su cargo, si los motivos en que la funda le imposibilitan o no para su ejercicio, y, en consecuencia, admitirla o desecharla;

4.a Declarar, cuando hubiere lugar a dudas, si el impedimento que priva al Presidente del ejercicio de sus funciones, es de tal naturaleza, que debe procederse a nueva eleccion, y

5.a Aprobar o desechar los tratados que le presentare el Presidente de la República ántes de su ratificacion.

Todos estos acuerdos tendrán en el Congreso los mismos trámites de una lei.

Artículo 44.- Solo en virtud de una lei se puede:

1.o Imponer contribuciones de cualquiera clase o naturaleza, suprimir las existentes, señalar en caso necesario su repartimiento entre las provincias o comunas, y determinar su proporcionalidad o progresion;

2.o Autorizar la contratacion de empréstitos o de cualquiera otra clase de operaciones, que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado;

3.o Autorizar la enajenacion de bienes del Estado o de las Municipalidades, o su arrendamiento o concesion por mas de veinte años;

4.o Aprobar anualmente el cálculo de entradas y fijar en la misma lei los gastos de la administracion pública. La lei de Presupuestos no podrá alterar los gastos o contribuciones acordados en leyes generales o especiales. Sólo los gastos variables pueden ser modificados por ella; pero la iniciativa para su aumento o para alterar el cálculo de entradas corresponde esclusivamente al Presidente de la República. El proyecto de Lei de Presupuestos debe ser presentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si, a la espiracion de este plazo, no se hubiere aprobado, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República. En caso de no haberse presentado el proyecto oportunamente, el plazo de cuatro meses empezará a contarse desde la fecha de la presentacion.

No podrá el Congreso aprobar ningun nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nacion, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto;

5.o Crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones; dar pensiones, y decretar honores públicos a los grandes servidores. Las leyes que concedan pensiones deberán ser aprobadas por el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara;

6.o Fijar la remuneracion de que gozarán los Diputados y Senadores. Durante un período legislativo no podrá modificarse la remuneracion sino para que produzca efectos en el período siguiente;

7.o Establecer o modificar la division política o administrativa del país; habilitar puertos mayores, y establecer aduanas;

8.o Señalar el peso, lei, valor, tipo y denominacion de las monedas, y el sistema de pesos y medidas;

9.o Fijar las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra;

10.o Permitir la introduccion de tropas estranjeras en el territorio de la República, con fijacion del tiempo de su permanencia en él;

11.o Permitir la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República, señalando el tiempo de su regreso;

12.o Aprobar o reprobar la declaracion de guerra a propuesta del Presidente de la República;

13.o Restrinjir la libertad personal y la de imprenta, o suspender o restrinjir el ejercicio del derecho de reunion, cuando lo reclamare la necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de la conservacion del réjimen constitucional o de la paz interior, y solo por períodos que no podrán exceder de seis meses. Si estas leyes señalaren penas, su aplicacion se hará siempre por los Tribunales establecidos. Fuera de los casos prescritos en este número, ninguna lei podrá dictarse para suspender o restringir las libertades o derechos que la Constitucion asegura;

14.o Conceder indultos jenerales y amnistías, y

15.o Señalar la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema.

FORMACION DE LAS LEYES

Artículo 45.- Las leyes pueden tener principio en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por mocion de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por mas de diez Diputados ni por mas de cinco Senadores.

Los suplementos a partidas o ítem de la lei jeneral de Presupuestos, sólo podrán proponerse por el Presidente de la República.

Las leyes sobre contribuciones de cualquiera naturaleza que sean, sobre los Presupuestos de la administracion pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener principio en la Cámara de Diputados.

Las leyes sobre amnistía y sobre indultos jenerales, solo pueden tener principio en el Senado.

Artículo 46.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urjencia en el despacho de un proyecto y, en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta dias.

La manifestacion de urjencia puede repetirse en todos los trámites constitucionales del proyecto.

Artículo 47.- El proyecto que fuere desechado en la Cámara de su orígen, no podrá renovarse sino despues de un año.

Artículo 48.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su orígen, pasará inmediatamente a la otra para su discusion.

Artículo 49.- El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora, volverá a la de su orígen, donde se tomará nuevamente en consideracion y, si fuere en ella aprobado por las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasará por segunda vez a la que lo desechó. Se entenderá que ésta lo reprueba, si concurren para ello las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Artículo 50.- El proyecto que fuere adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su orígen; y en ésta se entenderán aprobadas las adiciones o correcciones con el voto de la mayoría de los miembros presentes.

Pero, si las adiciones o correcciones fueren reprobadas, volverá el proyecto por segunda vez a la Cámara revisora; de donde, si fueren nuevamente aprobadas las adiciones o correcciones por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes, volverá el proyecto a la otra Cámara. Se entenderá que ésta reprueba las adiciones o correcciones, si concurren para ello las dos terceras partes de los miembros presentes.

Artículo 51.- Cuando con motivo de las insistencias, no se produjere acuerdo en puntos fundamentales de un proyecto entre las dos Cámaras, o cuando una modificare substancialmente el proyecto de la otra, podrán designarse Comisiones Mixtas, de igual número de Diputados y Senadores, para que propongan la forma y modo de resolver las dificultades producidas.

Artículo 52.- Aprobado un proyecto por ámbas Cámaras, será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgacion como lei.

Artículo 53.- Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su orijen, con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta dias.

Artículo 54.- Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de lei y se devolverá al Presidente para su promulgacion.

Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgacion.

Artículo 55.- Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta dias, contados desde la fecha de su remision, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como lei. Si el Congreso cerrare sus sesiones antes de cumplirse los treinta dias en que ha de verificarse la devolucion, el Presidente lo hará dentro de los diez primeros dias de la lejislatura ordinaria o extraordinaria siguiente.

SESIONES DEL CONGRESO

Artículo 56.- El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el dia 21 de mayo de cada año, y las cerrará el 18 de setiembre.

Al inaugurarse cada lejislatura ordinaria, el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y político de la Nacion.

Artículo 57.- El Congreso tendrá sesiones estraordinarias cuando lo convoque el Presidente de la República, y cuando lo convoque el Presidente del Senado a solicitud escrita de la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado.

Convocado por el Presidente de la República, no podrá ocuparse en otros negocios legislativos que los señalados en la convocatoria; pero los proyectos de reforma constitucional podrán proponerse, discutirse y votarse aun cuando no figuren en ella.

Convocado por el Presidente del Senado, podrá ocuparse en todos los negocios de su incumbencia.

Artículo 58.- La Cámara de Diputados no podrá entrar en sesion, ni adoptar acuerdos, sin la concurencia de la quinta parte de sus miembros, ni el Senado, sin la concurrencia de la cuarta parte de los suyos.

Cada una de las Cámaras establecerá, en sus reglamentos internos, la clausura de los debates por simple mayoría.

Artículo 59.- La Cámara de Diputados y el Senado abrirán y cerrarán sus lejislaturas ordinarias y estraordinarias a un mismo tiempo. Sin embargo, pueden funcionar separadamente para asuntos de su exclusiva atribucion, caso en el cual hará la convocatoria el Presidente de la Cámara respectiva.

CAPITULO V

Presidente de la República

Artículo 60.- Un ciudadano con el título de Presidente de la República de Chile administra el Estado, y es el Jefe Supremo de la Nacion.

Artículo 61.- Para ser elegido Presidente de la República, se requiere haber nacido en el territorio de Chile; tener treinta años de edad, a lo ménos, y poseer las calidades necesarias para ser miembro de la Cámara de Diputados.

Artículo 62.- El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de seis años, y no podrá ser reelejido para el período siguiente.

Artículo 63.- El Presidente será elegido en votacion directa por los ciudadanos con derecho a sufrajio de toda la República, sesenta dias ántes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones, y en la forma que determine la lei.

El conocimiento de las reclamaciones que ocurrieren acerca de la votacion, las rectificaciones y el escrutinio jeneral de la eleccion, corresponderán al Tribunal Calificador.

Artículo 64.- Las dos ramas del Congreso, reunidas en sesion pública, cincuenta dias despues de la votacion, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros y bajo la direccion del Presidente del Senado, tomarán conocimiento del escrutinio jeneral practicado por el Tribunal Calificador, y procederán a proclamar Presidente de la República al ciudadano que hubiere obtenido mas de la mitad de los sufrajios válidamente emitidos.

Si del escrutinio no resultare esa mayoría, el Congreso Pleno elegirá entre los ciudadanos que hubieren obtenido las dos mas altas mayorías relativas; pero, si dos o mas ciudadanos hubieren obtenido en empate la mas alta mayoría relativa, la eleccion se hará sólo entre ellos.

Si en el dia señalado en este artículo no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesion se verificará al dia siguiente, con los Diputados y Senadores que asistan.

Artículo 65.- La eleccion que corresponda al Congreso Pleno se hará por mas de la mitad de los sufrajios, en votacion secreta.

Si verificada la primera votacion no resultare esa mayoría absoluta, se votará por segunda vez, y entónces la votacion se concretará a las dos personas que en la primera hubieren obtenido mayor número de sufrajios, y los votos en blanco se agregarán a la que haya obtenido la mas alta mayoría relativa.

En caso de empate, se votará por tercera vez al dia siguiente, en la misma forma.

Si resultare nuevo empate, decidirá en el acto el Presidente del Senado.

Artículo 66.- Cuando el Presidente de la República mandare personalmente la fuerza armada, o cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, no pudiere ejercitar su cargo, le subrogará, con el título de Vice-Presidente de la República, el Ministro a quien favorezca el órden de precedencia que señale la lei. A falta de éste, subrogará al Presidente el Ministro que siga en ese órden de precedencia, y a falta de todos los Ministros, sucesivamente, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados o el Presidente de la Corte Suprema.

En los casos de muerte, declaracion de haber lugar a su renuncia, u otra clase de imposibilidad absoluta, o que no pudiere cesar ántes de cumplirse el tiempo que falta del período constitucional, el Vice-Presidente, en los primeros diez dias de su gobierno, espedirá las órdenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta dias, a nueva eleccion de Presidente en la forma prevenida por la Constitucion y por la lei de elecciones.

Artículo 67.- El Presidente no puede salir del territorio de la República durante el tiempo de su Gobierno, sin acuerdo del Congreso.

Artículo 68.- El Presidente cesará el mismo dia en que se completen los seis años que debe durar el ejercicio de sus funciones, y le sucederá el recientemente elegido.

Artículo 69.- Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesion del cargo, le subrogará, miéntras tanto, con el título de Vice-Presidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema.

Pero, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, o por mas tiempo del señalado al ejercicio de la Presidencia, el Vice-Presidente, en los diez dias siguientes a la declaracion que debe hacer el Congreso, espedirá las órdenes convenientes para que se proceda dentro del plazo de sesenta dias, a nueva eleccion en la forma prevenida por la Constitucion y, por la lei de elecciones.

Artículo 70.- El Presidente electo, al tomar posesion del cargo, y en presencia de ámbas ramas del Congreso, prestará, ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la Nacion y guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes.

Artículo 71.- Al Presidente de la República está confiada la administracion y gobierno del Estado; y su autoridad se estiende a todo cuanto tiene por objeto la conservacion del órden público en el interior, y la seguridad esterior de la República, de acuerdo con la Constitucion y las leyes.

Artículo 72.- Son atribuciones especiales del Presidente:

1.a Concurrir a la formacion de las leyes con arreglo a la Constitucion, sancionarlas y promulgarlas;

2.a Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes;

3.a Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso y convocarlo a sesiones estraordinarias;

4.a Velar por la conducta ministerial de los jueces y demas empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del Tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusacion;

5.a Nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado y Oficiales de sus Secretarías, a los Ajentes diplomáticos, Intendentes y Gobernadores.

El nombramiento de los Embajadores y Ministros Diplomáticos se someterá a la aprobacion del Senado; pero éstos y los demas funcionarios señalados en el presente número, son de la confianza esclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;

6.a Nombrar a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los Jueces Letrados;

7.a Proveer los demas empleos civiles y militares que determinen las leyes, conforme al Estatuto Administrativo, y conferir, con acuerdo del Senado, los empleos o grados de coroneles, capitanes de navío y demas oficiales superiores del Ejército y Armada. En el campo de batalla, podrá conferir estos empleos militares por sí solo;

8.a Destituir a los empleados de su designacion, por ineptitud u otro motivo que haga inútil o perjudicial su servicio, con acuerdo del Senado, si son jefes de oficinas, o empleados superiores, y con informe de la autoridad respectiva, si son empleados subalternos, en conformidad a las leyes orgánicas de cada servicio;

9.a Conceder jubilaciones, retiros y goce de montepío con arreglo a las leyes;

10.a Cuidar de la recaudacion de las rentas públicas y decretar su inversion con arreglo a la lei;

11.a Conceder personalidades jurídicas a las corporaciones privadas, y cancelarlas; aprobar los estatutos por que deban regirse, rechazarlos y aceptar modificaciones;

12.a Conceder indultos particulares. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y juzgados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso;

13.a Disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarlas y distribuirlas según lo hallare por conveniente;

14.a Mandar personalmente las fuerzas de mar y tierra con acuerdo del Senado. En este caso, el Presidente de la República podrá residir en cualquier lugar ocupado por armas chilenas;

15.a Declarar la guerra, prévia autorizacion por lei;

16.a Mantener las relaciones políticas con las potencias estranjeras, recibir sus Ajentes, admitir sus Cónsules, conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, concluir y firmar todos los tratados de paz, de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos y otras convenciones. Los tratados, antes de su ratificacion, se presentarán a la aprobacion del Congreso. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretas si el Presidente de la República así lo exijiere, y

17.a Declarar en estado de asamblea una o mas provincias invadidas o amenazadas en caso de guerra estranjera, y en estado de sitio, uno o varios puntos de la República, en caso de ataque esterior.

En caso de conmocion interior, la declaracion de hallarse uno o varios puntos en estado de sitio; corresponde al Congreso; pero, si éste no se hallare reunido, puede el Presidente hacerlo por un determinado tiempo. Si a la reunion del Congreso no hubiere espirado el término señalado, la declaracion que ha hecho el Presidente de la República, se entenderá como una proposicion de lei.

Por la declaracion del estado de sitio, solo se conceden al Presidente de la República la facultad de trasladar las personas, de un departamento a otro y la de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detencion o prision de reos comunes.

Las medidas que se tomen a causa del estado de sitio, no tendrán mas duracion que la de éste, pero con ellas no se podrán violar las garantías constitucionales otorgadas a los Diputados y Senadores.

MINISTROS DE ESTADO

Artículo 73.- El número de los Ministros y sus respectivos departamentos serán determinados por la lei.

Artículo 74.- Para ser nombrado Ministro se requieren las calidades que se exijen para ser Diputado.

Artículo 75.- Todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro del departamento respectivo, y no serán obedecidas sin este esencial requisito.

Artículo 76.- Cada Ministro será responsable personalmente de los actos que firmare, y solidariamente, de los que suscribiere o acordare con los otros Ministros.

Artículo 77.- Luego que el Congreso abra sus sesiones ordinarias, deberán los Ministros dar cuenta al Presidente de la República del estado de la Nacion, en lo relativo a los negocios del departamento que cada uno tiene a su cargo, para que el Presidente la dé, a su vez, al Congreso.

Con el mismo objeto, estarán obligados a presentarle el presupuesto anual de los gastos que deben hacerse en sus respectivos departamentos, y a darle cuenta de la inversion de las sumas decretadas para llenar los gastos del año anterior.

Artículo 78.- Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto.

CAPITULO VI

Tribunal Calificador de Elecciones

Artículo 79.- Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador, conocerá de la calificacion de las elecciones de Presidente de la República, de Diputados y de Senadores.

Este Tribunal procederá como jurado en la apreciacion de los hechos, y sentenciará con arreglo a derecho.

Sus miembros serán cinco y se renovarán cada cuatro años, a lo ménos con quince dias de anterioridad a la fecha de la primera eleccion que deban calificar.

El mismo Tribunal calificará todas las elecciones que ocurran durante el cuadrienio.

Los cinco miembros del Tribunal Calificador se elegirán por sorteo entre las siguientes personas:

Uno, entre los individuos que hayan desempeñado los cargos de Presidentes o de Vicepresidentes de la Cámara de Díputados por mas de un año;

Uno, entre los individuos que hayan desempeñado los cargos de Presidentes o de Vicepresidentes del Senado, por igual período;

Dos, entre los individuos que desempeñen los cargos de Ministros de la Corte Suprema, y

Uno, entre los individuos que desempeñen los cargos de Ministros de la Corte de Apelaciones de la ciudad donde celebre sus sesiones el Congreso.

La lei regulará la organizacion y funcionamiento del Tribunal Calificador.

CAPITULO VII

Poder Judicial

Artículo 80.- La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece esclusivamente a los tribunales establecidos por la lei. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.

Artículo 81.- Una lei especial determinará la organizacion y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administracion de justicia en todo el territorio de la República.

Sólo en virtud de una lei podrá hacerse innovacion en las atribuciones de los Tribunales o en el número de sus individuos.

Artículo 82.- La lei determinará las calidades que respectivamente deban tener los jueces, y el número de años que deban haber ejercido la profesion de abogado las personas que fueren nombradas Ministros de Cortes o Jueces Letrados.

Artículo 83.- En cuanto al nombramiento de los jueces, la lei se ajustará a los siguientes preceptos jenerales:

Los Ministros y Fiscales de la Corte Suprema serán elejidos por el Presidente de la República de una lista de cinco individuos propuesta por la misma Corte. Los dos Ministros mas antiguos de Corte de Apelaciones, ocuparán lugares de la lista. Los otros tres lugares se llenarán en atencion a los méritos de los candidatos, pudiendo figurar personas estrañas a la administracion de justicia;

Los Ministros y Fiscales de Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema, y

Los Jueces Letrados serán designados por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdiccion respectiva. Para la formacion de estas ternas se abrirá concurso al cual deberán presentar los interesados sus títulos y antecedentes.

El Juez Letrado mas antiguo de asiento de Corte o el Juez Letrado mas antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trate de proveer, ocuparán, respectivamente, un lugar de la terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán en atencion al mérito de los candidatos.

Artículo 84.- Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, y, en jeneral, por toda prevaricacion o torcida administracion de justicia. La lei determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.

Artículo 85.- Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes.

Los jueces, sean temporales o perpetuos, solo podrán ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada.

No obstante, el Presidente de la República, a propuesta o con acuerdo de la Corte Suprema, podrá autorizar permutas, u ordenar el traslado de los jueces a otro cargo de igual categoría.

En todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento; y, prévio informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, acordar su remocion, por las dos terceras partes de sus miembros. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.

Artículo 86.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales de la Nacion, con arreglo a la lei que determine su organizacion y atribuciones.

La Corte Suprema, en los casos particulares de que conozca o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro Tribunal, podrá declarar inaplicable, para ese caso, cualquier precepto legal contrario a la Constitucion. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado del juicio, sin que se suspenda su tramitacion.

Conocerá, ademas, en las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales de Justicia que no correspondan al Senado.

Artículo 87.- Habrá Tribunales Administrativos, formados con miembros permanentes, para resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades políticas o administrativas y cuyo conocimiento no esté entregado a otros Tribunales por la Constitucion o las leyes. Su organizacion y atribuciones son materia de lei.

CAPITULO VIII

Gobierno Interior del Estado

Artículo 88.- Para el Gobierno Interior del Estado, el territorio de la República se divide en provincias, las provincias en departamentos, los departamentos en subdelegaciones y las subdelegaciones en distritos.

INTENDENTES

Artículo 89.- El Gobierno superior de cada provincia reside en un Intendente, quien lo ejercerá con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República, de quien es ajente natural e inmediato. Durará tres años en sus funciones.

El Intendente, dentro de la provincia de su mando, como representante del Presidente de la República, tendrá la fiscalizacion de todas las obras y los servicios públicos del territorio provincial.

GOBERNADORES

Artículo 90.- El Gobierno de cada departamento reside en un Gobernador, subordinado al Intendente de la provincia. Durará tres años en sus funciones.

El Intendente de la provincia es también Gobernador del departamento en cuya capital resida.

Los Gobernadores son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del respectivo Intendente, y pueden ser removidos por éste, con aprobacion del Presidente de la República.

SUBDELEGADOS

Artículo 91.- Las subdelegaciones son rejidas por un Subdelegado, subordinado al Gobernador del departamento, y nombrado por éste. Los Subdelegados durarán un año en su cargo y podrán ser removidos por el Gobernador, quien dará cuenta motivada al Intendente.

INSPECTORES

Artículo 92.- Los distritos son regidos por un Inspector, bajo las órdenes del Subdelegado, quien lo nombrará y removerá, prévia cuenta motivada al Gobernador.

CAPITULO IX

Réjimen Administrativo Interior

Artículo 93.- Para la Administracion Interior, el territorio nacional se divide en provincias y las provincias en comunas.

Habrá en cada provincia el número de comunas que determine la lei, y cada territorio comunal corresponderá a una subdelegacion completa.

La division administrativa denominada ‘‘provincia’’, equivaldrá a la division política del mismo nombre, y la division administrativa denominada ‘‘comuna’’ equivaldrá a la division política denominada ‘‘subdelegacion’’.

La lei, al crear nuevas comunas, cuidará siempre de establecer las respectivas subdelegaciones y de señalar, para unas y otras, los mismos límites.

ADMINISTRACION PROVINCIAL

Artículo 94.- La administracion de cada provincia reside en el Intendente, quien estará asesorado, en la forma que determine la lei, por una Asamblea Provincial, de la cual será Presidente.

Artículo 95.- Cada Asamblea Provincial se compondrá de Representantes designados por las Municipalidades de la provincia en su primera sesion, por voto acumulativo.

Estos cargos son concejiles y su duracion será por tres años. Las Municipalidades designarán el número de Representantes que para cada una determine la lei.

Artículo 96.- Para ser designado Representante, se requieren las mismas calidades que para ser Diputado y, ademas, tener residencia de mas de un año en la provincia.

Artículo 97.- Las Asambleas Provinciales funcionarán en la capital de la respectiva provincia, y designarán anualmente, en su primera sesion, por mayoría de los miembros presentes, a un individuo de su seno para que desempeñe el cargo de Vicepresidente de la Asamblea.

Artículo 98.- Las Asambleas Provinciales celebrarán sesion con la mayoría de sus miembros en actual ejercicio; tendrán las atribuciones administrativas y dispondrán de las rentas que determine la lei, la cual podrá autorizarlas para imponer contribuciones determinadas en beneficio local.

Podrán ser disueltas por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Disuelta una Asamblea Provincial, se procederá al reemplazo de sus miembros en la forma indicada en el artículo 95 por el tiempo que le faltare para completar su período.

Artículo 99.- Las Asambleas Provinciales deberán representar anualmente al Presidente de la República, por intermedio del Intendente, las necesidades de la provincia, e indicarán las cantidades que necesiten para atenderlas.

Artículo 100.- Las ordenanzas o resoluciones que dicte una Asamblea Provincial, deberán ser puestas en conocimiento del Intendente, quien podrá suspender su ejecucion dentro de diez dias, si las estimare contrarias a la Constitucion o a las leyes, o perjudiciales al interés de la provincia o del Estado.

La ordenanza o resolucion suspendida por el Intendente, volverá a ser considerada por la Asamblea Provincial.

Si ésta insistiere en su anterior acuerdo por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el Intendente la mandará promulgar y llevar a efecto.

Pero, cuando la suspension se hubiere fundado en que la ordenanza o resolucion es contraria a la Constitucion o a las leyes, el Intendente remitirá los antecedentes a la Corte Suprema para que resuelva en definitiva.

ADMINISTRACION COMUNAL

Artículo 101.- La administracion local de cada comuna o agrupacion de comunas establecida por lei, reside en una Municipalidad.

Cada Municipalidad, al constituirse, designará un Alcalde para que la presida y ejecute sus resoluciones.

En las ciudades de mas de cien mil habitantes y en las otras que determine la lei, el Alcalde será nombrado por el Presidente de la República y podrá ser remunerado. El Presidente de la República podrá removerlo con acuerdo de la respectiva Asamblea Provincial.

Artículo 102.- Las Municipalidades tendrán los Rejidores que para cada una de ellas fije la lei. Su número no bajará de cinco ni subirá de quince.

Estos cargos son concejiles y su duracion es por tres años.

Artículo 103.- Para ser elejido Rejidor se requieren las mismas calidades que para ser Diputado, y, ademas, tener residencia en la comuna por mas de un año.

Artículo 104.- La eleccion de Regidores se hará en votacion directa, y con arreglo a las disposiciones especiales que indique la lei de Organizacion y Atribuciones de las Municipalidades.

Habrá, para este efecto, registros particulares en cada comuna, y, para inscribirse en ellos, se exigirá haber cumplido veintiún años de edad y saber leer y escribir. Los extranjeros necesitarán, ademas, haber residido cinco años en el pais.

La calificacion de las elecciones de Regidores, el conocimiento de los reclamos de nulidad que ocurran acerca de ellas, y la resolucion de los casos que sobrevengan posteriormente, corresponderán a la autoridad que determine la lei.

Artículo 105.- Las Municipalidades celebrarán sesion, con la mayoría de sus Regidores en actual ejercicio, tendrán las atribuciones administrativas y dispondrán de las rentas que determine la lei.

Les corresponde especialmente:

1.o Cuidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato y recreo;

2.o Promover la educacion, la agricultura, la industria y el comercio;

3.o Cuidar de las escuelas primarias y demas servicios de educacion que se paguen con fondos municipales;

4.o Cuidar de la construccion y reparacion de los caminos, calzadas, puentes y de todas las obras de necesidad, utilidad y ornato que se costeen con fondos municipales;

5.o Administrar e invertir los caudales de propios y arbitrios, conforme a las reglas que dictare la lei, y

6.o Formar las ordenanzas municipales sobre estos objetos, sin perjuicio de las atribuciones que el artículo siguiente otorga a la respectiva Asamblea Provincial.

Podrá la lei imponer a cada Municipalidad una cuota proporcional a sus entradas anuales, para contribuir a los gastos jenerales de la provincia.

El nombramiento de los empleados municipales se hará conforme al Estatuto que establecerá la lei.

Artículo 106.- Las Municipalidades estarán sometidas a la vijilancia correccional y económica de la respectiva Asamblea Provincial, con arreglo a la lei.

Las facultades que el artículo 100, otorga al Intendente respecto de la Asamblea Provincial, corresponderán a ésta en lo relativo a las Municipalidades de su jurisdiccion.

Las Municipalidades podrán ser disueltas por la Asamblea Provincial, en virtud de las causales que la lei establezca, con el voto de la mayoría de los Representantes citados especialmente al efecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100.

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 107.- Las leyes confiarán paulatinamente a los organismos provinciales o comunales las atribuciones y facultades administrativas que ejerzan en la actualidad otras autoridades, con el fin de proceder a la descentralizacion del régimen administrativo interior.

Los servicios jenerales de la Nacion se descentralizarán mediante la formacion de las zonas que fijen las leyes.

En todo caso, la fiscalizacion de los servicios de una provincia corresponderá al Intendente, y la vigilancia superior de ellos, al Presidente de la República.

CAPITULO X

Reforma de la Constitucion

Artículo 108.- La reforma de las disposiciones constitucionales se someterá a las tramitaciones de un proyecto de lei, salvas las escepciones que a continuacion se indican:

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio.

Las dos Cámaras, reunidas en sesion pública, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros, sesenta dias despues de aprobado un proyecto en la forma señalada en el inciso anterior, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo, sin mayor debate.

El proyecto que apruebe la mayoría del Congreso Pleno, pasará al Presidente de la República.

Si en el dia señalado no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesion se verificará al siguiente, con los Diputados y Senadores que asistan.

Artículo 109.- El proyecto solo podrá ser observado por el Presidente de la República, para proponer modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el Congreso Pleno.

Si las modificaciones que el Presidente de la República propusiere, fueren aprobados por ámbas Cámaras, se devolverá el proyecto al Presidente para su promulgacion.

Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones del Presidente de la República e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgacion, o para que, si éste lo estima conveniente, consulte a la Nacion, dentro del término de treinta dias, los puntos en desacuerdo, por medio de un plebiscito. El proyecto que se apruebe en el plebiscito se promulgará como reforma constitucional.

Artículo 110.- Una vez promulgado el proyecto, sus disposiciones formarán parte de la Constitucion y se tendrán por incorporadas a ella.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera:

Quedan derogadas las leyes existentes sobre las materias de los artículos 30, número 3.o; 73, números 8.o, 13.o y 14.o y 95, número 3.o y 4.o de la Constitucion de 1833, suprimidos por la presente reforma.

Durante cinco años el Estado entregará al señor Arzobispo de Santiago la cantidad de dos millones quinientos mil pesos anuales para que se inviertan en el país en las necesidades del culto de la Iglesia Católica.

Segunda:

Las elecciones para designar al nuevo Presidente de la República, se verificarán el 24 de Octubre de 1925, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 y a fin de que el Presidente electo tome posesion del mando el 23 de diciembre del mismo año.

Tercera:

La proclamacion del nuevo Presidente de la República, o su eleccion, en caso que ningun ciudadano obtenga en las urnas la mayoría necesaria, será hecha por los Diputados y Senadores elejidos en conformidad a la disposicion siguiente. Para este solo efecto el Tribunal Calificador dará poderes especiales a los candidatos que estime con mejor derecho en vista de los antecedentes que alcance a conocer.

Cuarta:

Las elecciones jenerales para el nuevo Congreso se verificarán el domingo 22 de Noviembre de 1925.

Quinta:

Mientras la lei fija las agrupaciones provinciales a que se refiere el artículo 40, se establecen las siguientes:

1ª Tarapacá y Antofagasta;

2ª Atacama y Coquimbo;

3ª Aconcagua y Valparaíso;

4ª Santiago;

5ª O’Higgins, Colchagua y Curicó;

6ª Talca, Lináres y Maule;

7ª Ñuble, Concepcion y Bío-Bío;

8ª Arauco, Malleco y Cautín, y

9ª Valdivia, Llanquihue y Chiloé.

Las agrupaciones de departamentos colindantes que indica el artículo 37, se fijarán provisoriamente por el Presidente de la República, en atencion al Censo Jeneral levantado el 15 de diciembre de 1920.

Sesta:

La lei electoral para el nuevo Congreso dispondrá la manera de determinar los Senadores que en cada agrupacion de provincias gozarán de un período de ocho años, y los que sólo tendrán un período de cuatro años, a fin de regularizar la eleccion del Senado por parcialidades, en conformidad al artículo 41.

Sétima:

El período constitucional para el nuevo Congreso empezará a contarse desde el 21 de mayo de 1926, sin perjuicio de que sea convocado a sesiones estraordinarias apénas el Tribunal Calificador apruebe definitivamente los poderes de los Diputados y Senadores electos.

Octava:

Fíjase en dos mil pesos mensuales la dieta de que gozarán los Diputados y Senadores mientras se dicta la lei respectiva.

De esta suma se deducirá mensualmente la cantidad de cincuenta pesos por cada sesion de Cámara o de Comision que no se celebrare o que se levantare por inasistencia del Diputado o Senador, salvo el caso en que funcionaren dos o mas Comisiones al mismo tiempo y que hubiere concurrido a una de ellas.

Novena:

Para los efectos del artículo 79, se considerará que todos los individuos que hayan desempeñado los cargos de Presidentes o Vice-presidentes de la Cámara de Diputados o del Senado, ántes de la promulgacion de esta reforma de la Constitucion, tienen el año de permanencia en el cargo que ese artículo exige.

Décima:

La presente Reforma Constitucional empezará a regir treinta dias después de su publicacion en el Diario Oficial.

Por tanto, mando que se cumpla y respete en todas sus partes como la Lei Fundamental de la República.- ARTURO ALESSANDRI, Presidente de la República.- Francisco Mardones, Ministro del Interior.- Jorge Matte, Ministro de Relaciones Esteriores.- José Maza, Ministro de Justicia e Instruccion Pública.- Valentín Magallanes M., Ministro de Hacienda.- Cárlos Ibáñez C., Ministro de Guerra.- Braulio Bahamonde, Ministro de Marina.- Gustavo Lira, Ministro de Obras Públicas, Comercio y Vias de Comunicacion.- Claudio Vicuña, Ministro de Agricultura, Industria y Colonizacion.- José S. Salas, Ministro de Hijiene, Asistencia, Trabajo y Prevision Social.

(*) Publicada en el Diario Oficial Nº 14.276, de fecha viernes 18 de septiembre de 1925.

(*) El texto de esta Constitución Política de la República se publicó en el Diario Oficial número 14.276, de 18 de septiembre de 1925. En la citada edición, se incurrió en un error al trasponer en el Capítulo III, Garantías constitucionales, artículo 10, los textos entre los números 4° y 15°. La presente edición salva ese error.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 1925

LEY NÚM. 7.727

Publicada en el Diario Oficial Nº 19.715, de 23 de noviembre de 1943

LIMITA LA INICIATIVA PARLAMENTARIA EN LO RELATIVO A GASTOS PÚBLICOS

Por cuanto el Congreso Pleno ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo 1°.- Agréganse al artículo 21 de la Constitución Política del Estado los siguientes incisos:

‘‘Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley. Se exceptúan de esta disposición las cuentas del Congreso Nacional, que serán juzgadas de acuerdo con sus reglamentos internos.

‘‘La Contraloría no dará curso a los decretos que excedan el límite señalado en el número 10º del artículo 72 de la Constitución, y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la Cámara de Diputados.

‘‘También enviará copia a la misma Cámara de los decretos de que tome razón y que se dicten con la firma de todos los Ministros de Estado, conforme a lo dispuesto en el precepto citado en el inciso anterior’’.

Artículo 2°.- Intercálase a continuación del inciso segundo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado el siguiente:

‘‘Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa para alterar la división política o administrativa del país; para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, y para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública, de las empresas fiscales y de las instituciones semifiscales. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos o aumentos que se propongan. No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional ni a los servicios que de él dependan’’.

Artículo 3°.- Agrégase al N° 10° del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, en punto seguido, lo siguiente:

‘‘El Presidente de la República con la firma de todos los Ministros de Estado podrá decretar pagos no autorizados por la ley, sólo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin grave daño para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos, no podrá exceder anualmente del dos por ciento del monto de los gastos que autorice la Ley General de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos’’.

Artículo 4°.- Reemplázase la letra c) del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, por la siguiente:

‘‘c) De los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, a veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres.- JUAN ANTONIO RÍOS M., Presidente de la República.- Osvaldo Hiriart, Ministro del Interior.- Joaquín Fernández F., Ministro de Relaciones Exteriores.- Fernando Moller B., Ministro de Economía y Comercio.- Arturo Matte L., Ministro de Hacienda.- Benjamín Claro, Ministro de Educación Pública.- Óscar Gajardo V., Ministro de Justicia.- Óscar Escudero O., Ministro de Defensa Nacional.- A. Alcaído F., Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.- A. Quintana B., Ministro de Agricultura.- Osvaldo Vial, Ministro de Tierras y Colonización.- M. Bustos, Ministro del Trabajo.- S. del Río, Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.

LEY NÚM. 12.548

Publicada en el Diario Oficial Nº 23.858, de 30 de septiembre de 1957

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto el Congreso Pleno ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo primero. Introdúcense al artículo 5º de la Constitución Política del Estado las siguientes modificaciones:

Agrégase al Nº 3º, en punto seguido (.), suprimiendo la ‘‘y’’, la siguiente frase: ‘‘No se exigirá la renuncia de la nacionalidad española respecto de los nacidos en España, con más de diez años de residencia en Chile, siempre que en ese país se conceda este mismo beneficio a los chilenos, y’’.

Artículo segundo. Introdúcense al artículo 6º de la Constitución Política del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Agrégase al Nº 1º, substituyendo el punto y coma (;) por una coma (,), la siguiente frase: ‘‘salvo en el caso de aquellos chilenos comprendidos en los números 1º y 2º del artículo anterior que hubieren obtenido la nacionalidad en España sin renunciar a su nacionalidad chilena;’’;

b) Agrégase en el Nº 2º, a continuación de la palabra ‘‘nacionalización’’, suprimiendo la ‘‘y’’, la siguiente frase: ‘‘de la que podrá reclamarse dentro del plazo de diez días ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado. La interposición de este recurso suspenderá los efectos de la cancelación de la carta de nacionalización’’.

‘‘No podrá cancelarse la carta de nacionalización otorgada en favor de personas que desempeñen cargos de elección popular, y’’, y

c) Agrégase el siguiente inciso final:

‘‘La causal de pérdida de la nacionalidad chilena prevista en el Nº 1º del presente artículo no rige en los casos en que, a virtud de disposiciones legales o constitucionales de otros países, los chilenos residentes en ellos deban adoptar la nacionalidad del país en que residan como condición de su permanencia’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete.- CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.- Horacio Arce Fernández.- Osvaldo Sainte-Marie Soruco.- Arturo Zúñiga Latorre.

LEY NÚM. 13.296

Publicada en el Diario Oficial Nº 24.283, de 2 de marzo de 1959

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto el Congreso Pleno ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único. Introdúcense en la Constitución Política del Estado las siguientes modificaciones:

1º. En el inciso 2º del artículo 102º, se sustituyen las palabras: ‘‘su duración es por tres años’’ por las siguientes: ‘‘su duración es de cuatro años’’.

2º. En el mismo artículo 102º, se agrega como inciso final, el siguiente: ‘‘las elecciones generales de Regidores tendrán lugar en el año subsiguiente al de cada elección general de Diputados y Senadores’’.

3º. A continuación de la Décima Disposición Transitoria, que termina con las palabras ‘‘Diario Oficial’’, se agrega la siguiente:

Undécima:

‘‘Con arreglo a la modificación introducida en el artículo 102° de la Constitución Política del Estado, los Regidores que sean tales en la fecha en que dicha modificación entre en vigencia durarán en sus cargos hasta el tercer domingo de mayo de 1960, debiendo practicarse las próximas elecciones generales de Regidores el primer domingo de abril de ese año’’.

‘‘Los Regidores que cesen en sus cargos antes de las elecciones generales de 1960 no serán reemplazados, salvo que el número de Regidores de la respectiva Municipalidad quede reducido a menos de la mitad’’.

‘‘A fin de que en el futuro las elecciones generales de Regidores tengan lugar en el año subsiguiente al de cada elección general de Diputados y Senadores, los Regidores que sean elegidos en las elecciones generales de 1960 durarán en sus cargos por sólo tres años, debiendo practicarse las siguientes elecciones generales el primer domingo de abril de 1963’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.- JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ.- Sótero del Río G.

LEY NÚM. 15.295

Publicada en el Diario Oficial Nº 25.660, de 8 de octubre de 1963

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

‘‘Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado:

a) Agrégase en el inciso segundo la siguiente frase final:

‘‘El juez podrá autorizar la toma de posesión material del bien expropiado, después de dictada la sentencia de primera instancia, cuando se trate de expropiaciones para obras públicas de urgente realización o de predios rústicos, y siempre que sólo se hubiere reclamado del monto de la indemnización y se dé previamente al dueño el total o la parte de ella a que se refiere el inciso siguiente, ordenadas en dicha sentencia’’.

b) Intercálanse a continuación del inciso 2º los siguientes nuevos:

‘‘Sin embargo, si con el objeto de propender a la conveniente división de la propiedad rústica se expropiaren, por causa de utilidad pública, predios rústicos abandonados, o que estén manifiestamente mal explotados y por debajo de las condiciones normales predominantes en la región para tierras de análogas posibilidades, deberá darse previamente al propietario el diez por ciento de la indemnización y el saldo en cuotas anuales iguales dentro de un plazo que no exceda de quince años, con el interés que fijará la ley.

Esta forma de indemnización sólo podrá utilizarse en conformidad a la ley que permita reclamar de la expropiación ante un Tribunal Especial, cuya decisión sea apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva, y que establezca un sistema de reajuste anual del saldo de la indemnización, con el objeto de mantener su valor. No podrán iniciarse ni efectuarse nuevas expropiaciones indemnizables a plazo si existe retardo en el pago de los créditos provenientes de anteriores expropiaciones realizadas en conformidad al inciso anterior.

En la Ley de Presupuestos se entenderá siempre consultado el ítem necesario para el servicio de dichos créditos, y sus cuotas vencidas servirán para extinguir toda clase de obligaciones a favor del Fisco. La Tesorería General de la República pagará las cuotas vencidas más reajuste e intereses contra la presentación del título correspondiente.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, publíquese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, primero de octubre de mil novecientos sesenta y tres.- JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ.- Sótero del Río G.- E. Ortúzar E.- R. Barbosa P.

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Dios gue. a U.- Jaime Silva Silva, Subsecretario del Interior.

LEY NÚM. 16.615

Publicada en el Diario Oficial Nº 26.647, de 20 de enero de 1967

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto ha cumplido todos sus trámites legislativos el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo único.- Modifícase, en la forma que a continuación se indica, la Constitución Política del Estado de 25 de mayo de 1833, cuyo texto definitivo fue fijado por resolución de 18 de septiembre de 1925, y modificado por las leyes Nos 7.727, de 23 de noviembre de 1943, 12.548, de 30 de septiembre de 1957, 13.296, de 2 de mayo de 1959, y 15.295, de 8 de octubre de 1963:

Artículo 10.

Sustitúyese el Nº 10, por el siguiente:

10º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies.

La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.

Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Propenderá, asimismo, a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones de pago se determinarán equitativamente tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados. La ley determinará las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de las reclamaciones sobre su monto, el que en todo caso fallará conforme a derecho, la forma de extinguir esta obligación, y las oportunidades y modo en que el expropiador tomará posesión material del bien expropiado.

Cuando se trate de expropiación de predios rústicos, la indemnización será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas en dicho avalúo, y podrá pagarse con una parte al contado y el saldo en cuotas en un plazo no superior a treinta años, todo ello en la forma y condiciones que la ley determine.

La ley podrá reservar al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorporarlas a dicho dominio, las que sean de propiedad particular. En este caso, los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en calidad de concesionarios de un derecho de aprovechamiento y sólo tendrán derecho a la indemnización cuando, por la extinción total o parcial de ese derecho, sean efectivamente privados del agua suficiente para satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso, las mismas necesidades que satisfacían con anterioridad a la extinción.

La pequeña propiedad rústica trabajada por su dueño y la vivienda habitada por su propietario no podrán ser expropiadas sin previo pago de la indemnización.

Y por cuanto la observación del Presidente de la República no fue acogida y la Contraloría General de la República en dictamen N° 3.633 fechado el 14 del presente, coincidiendo con la opinión del Ejecutivo, concluye que corresponde promulgar el texto que antecede; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política del Estado, como lo manda el artículo 110 de este cuerpo legal.

Santiago, dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y siete.- EDUARDO FREI MONTALVA.- Pedro J. Rodríguez G.

Lo digo a U. para su conocimiento.- Dios guarde a U.- Alejandro González Poblete, Subsecretario de Justicia.

LEY NÚM. 16.672

Publicada en el Diario Oficial Nº 26.857, de 2 de octubre de 1967

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto ha cumplido todos sus trámites legislativos el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado:

a) En el artículo 40, reemplazar la palabra ‘‘nueve’’ por ‘‘diez’’.

b) Sustituir la quinta disposición transitoria por la siguiente:

‘‘Quinta:

Mientras la ley fija las agrupaciones provinciales a que se refiere el artículo 40, se establecen las siguientes:

1ª.- Tarapacá y Antofagasta;

2ª.- Atacama y Coquimbo;

3ª.- Aconcagua y Valparaíso;

4ª.- Santiago;

5ª.- O’Higgins y Colchagua;

6ª.- Curicó, Talca, Linares y Maule;

7ª.- Ñuble, Concepción y Arauco;

8ª.- Bío-Bío, Malleco y Cautín;

9ª.- Valdivia, Osorno y Llanquihue, y

10ª.- Chiloé, Aysén y Magallanes.

Los actuales Senadores de la novena agrupación representarán también a la décima hasta el 20 de mayo de 1969.

La primera elección de Senadores de la décima agrupación se verificará conjuntamente con la próxima elección general de Diputados y Senadores. El período de estos Senadores terminará el 20 de mayo de 1973, a fin de regularizar la elección del Senado por parcialidades en conformidad al artículo 41’’.

c) Sustituir la sexta disposición transitoria por la siguiente:

‘‘Sexta:

Mientras la ley no disponga otra cosa, las agrupaciones vigesimocuarta, vigesimosexta y vigesimoséptima estarán formadas por los siguientes departamentos, correspondiéndoles elegir el número de Diputados que en cada caso se indica:

24ª.- Puerto Varas, Maullín, Llanquihue y Calbuco: 3 Diputados.

26ª.- Aysén, Coyhaique y Chile Chico: 2 Diputados.

27ª.- Última Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego: 2 Diputados.

Los Diputados de las actuales vigésima cuarta y vigésimo sexta agrupaciones departamentales continuarán representándolas hasta el 20 de mayo de 1969.

La primera elección de Diputados de las nuevas agrupaciones vigésimo cuarta, vigésimo sexta y vigésimo séptima se efectuará conjuntamente con la próxima elección general de Diputados y Senadores.’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto publíquese y llévese a efecto como ley de la República y téngase por incorporadas a sus disposiciones a la Constitución Política del Estado, como lo manda el artículo 110 de este cuerpo legal (1).

Santiago, trece de septiembre de mil novecientos sesenta y siete.- EDUARDO FREI MONTALVA.- Pedro J. Rodríguez G.

Lo digo a U. para su conocimiento.- Dios guarde a U.- Alejandro González Poblete, Subsecretario de Justicia.

LEY NÚM. 17.284

Publicada en el Diario Oficial Nº 27.553, de 23 de enero de 1970

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto ha cumplido todos sus trámites legislativos el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL (2):

“Artículo 1°.- Introdúcense en la Constitución Política del Estado las siguientes modificaciones:

Artículo 7º

Reemplázase por el siguiente:

Artículo 7º.- Son ciudadanos con derecho a sufragio los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y estén inscritos en los registros electorales.

Estos registros serán públicos y las inscripciones continuas.

En las votaciones populares el sufragio será siempre secreto.

La ley regulará el régimen de las inscripciones electorales, la vigencia de los registros, la anticipación con que se deberá estar inscrito para tener derecho a sufragio y la forma en que se emitirá este último, como asimismo el sistema conforme al cual se realizarán los procesos eleccionarios.’’.

Artículo 10

Suprímese el inciso 2º del Nº 14.

Artículo 27º

Intercálase en el inciso 1º, a continuación de la frase ‘‘ciudadano con derecho a sufragio’’, la siguiente: ‘‘saber, leer y escribir’’.

Sustitúyese el inciso 2º por el siguiente:

‘‘Además, al momento de su elección, los Diputados deben tener 21 años cumplidos, y los Senadores, 35.’’.

Artículo 39

Redáctase la frase final de la letra b) de la atribución 1a, que comienza con las palabras ‘‘Durante ese tiempo’’, en la siguiente forma y como inciso 2º de esta letra: (3)

‘‘Durante ese tiempo, no podrá ausentarse de la República por más de diez días sin permiso de la Cámara, o, en receso de ésta, de su Presidente.’’.

Agréganse a la mencionada letra b) de la atribución 1a como incisos 3º y 4º, nuevos, los siguientes:

‘‘Interpuesta la acusación se requerirá siempre de permiso; pero en ningún caso podrá ausentarse de la República si la acusación ya estuviere aprobada por la Cámara.

En caso de ausentarse de la República, deberá previamente comunicar a la Cámara su decisión y los motivos que la justifican.’’.

Artículo 43º

Agréganse en la atribución 2a, a continuación de las palabras ‘‘territorio nacional’’, las siguientes: ‘‘por más de quince días o en los últimos noventa días de su mandato’’.

Artículo 44

Redáctase su Nº 3º en la siguiente forma:

‘‘3º.- Fijar las normas sobre la enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades, y sobre su arrendamiento o concesión;”.

Sustitúyese en el Nº 7º el punto y coma (;) escrito a continuación de la palabra ‘‘país’’ por la conjunción ‘‘y’’, precedida de una coma (,), y suprímense la frase ‘‘y establecer aduanas’’ y la coma (,) que la antecede.

Suprímense en el Nº 8º las palabras ‘‘peso, ley’’.

Intercálase en el Nº 9º, a continuación de las palabras ‘‘las fuerzas de’’, lo siguiente: ‘‘aire’’.

Refúndense los Nos 10º y 11º en el siguiente, signado con el Nº 10º:

‘‘10º Fijar las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él;’’.

Sustitúyense los guarismos ‘‘12’’ y ‘‘13’’ por ‘‘11’’ y ‘‘12’’, respectivamente.

Sustitúyense el guarismo ‘‘14’’ por ‘‘13’’ y la expresión ‘‘, y’’, escrita al final de aquél, por un punto y coma (;).

Sustitúyense el guarismo ‘‘15’’ por ‘‘14’’ y el punto final de aquel número por ‘‘, y’’.

Agrégase como Nº 15º el siguiente, nuevo:

‘‘15º Autorizar al Presidente de la República para que dicte disposiciones con fuerza de ley sobre creación, supresión, organización y atribuciones de los servicios del Estado y de las Municipalidades; sobre fijación de plantas, remuneraciones y demás derechos y obligaciones de los empleados u obreros de esos servicios; sobre regímenes previsionales del sector público; sobre materias determinadas de orden administrativo, económico y financiero y de las que señalan los Nos 1º, 2º, 3º, 8º y 9º del presente artículo.

Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones, ni el plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales, salvo en lo concerniente a la admisión a los empleos y funciones públicas, al modo de usar, gozar y disponer de la propiedad y a sus limitaciones y obligaciones, y a la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social.

Sin embargo, la autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional ni de la Contraloría General de la República.

La autorización a que se refiere este número sólo podrá darse por un tiempo limitado, no superior a un año. La ley que la otorgue señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.

A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización conferida.

Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.”.

Artículo 45º

Reemplázase en el inciso primero la palabra ‘‘principio’’ por el vocablo ‘‘origen’’.

Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes:

‘‘Corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para proponer suplementos a partidas o ítem de la ley general de Presupuestos; para alterar la división política o administrativa del país; para suprimir, reducir o condonar impuestos o contribuciones de cualquier clase, sus intereses o sanciones, postergar o consolidar su pago y establecer exenciones tributarias totales o parciales; para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados; para fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del personal de los servicios de la administración del Estado, tanto central como descentralizada; para fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; para establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social; para conceder o aumentar, por gracia, pensiones u otros beneficios pecuniarios, y para condonar las sumas percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones u otros beneficios económicos, pensiones de jubilación, retiro o montepío o pensiones de gracia. No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional y a los servicios que de él dependan (1).

El Congreso Nacional sólo podrá aprobar o rechazar, o disminuir en su caso, la modificación de la división política o administrativa, los servicios o empleos y los beneficios pecuniarios a que se refiere el inciso anterior.’’.

Reemplázase en los incisos cuarto y quinto la palabra ‘‘principio’’ por ‘‘origen’’.

Artículo 46º

Sustitúyese por el siguiente:

“Artículo 46.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara que haya recibido la manifestación de urgencia deberá pronunciarse dentro de treinta días si se trata del primero o segundo trámite, o dentro de quince, si de uno posterior.

No obstante, durante la legislatura ordinaria, cualquiera de las Cámaras podrá acordar que el plazo de la urgencia de un proyecto quede suspendido mientras estén pendientes, en la Comisión que deba informarlos, dos o más proyectos con urgencia.’’.

Artículo 48º

Agrégase, como inciso primero, el siguiente, nuevo:

Artículo 48.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.’’.

Artículo 51

Agréganse los siguientes incisos, nuevos:

‘‘Los Reglamentos de las Cámaras podrán establecer que se constituyan también Comisiones Mixtas de igual número de Diputados y Senadores, en cualquier trámite constitucional, para el estudio de proyectos de ley cuya complejidad o importancia haga necesario un sistema excepcional de discusión o aprobación.

Asimismo, podrán establecerse en dichos Reglamentos normas en virtud de las cuales la discusión y votación en particular de proyectos ya aprobados en general por la respectiva Cámara, queden entregadas a sus Comisiones, entendiéndose aprobados los acuerdos de las mismas por la respectiva Corporación luego de transcurridos cinco días de la fecha en que se dé cuenta del informe respectivo. Sin embargo, dichos proyectos volverán a la Sala para su discusión y votación en particular si, dentro del plazo que establece este inciso, lo solicitaren el Presidente de la República, o la quinta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, o la cuarta parte de los del Senado, en su caso.

No obstante, no podrá omitirse la discusión y votación particular en la Sala de los proyectos de reforma constitucional; los que reglamenten, restrinjan o suspendan los derechos constitucionales o sus garantías, salvo las excepciones señaladas en el inciso segundo del Nº 15º del artículo 44; los relativos a la nacionalidad, ciudadanía o elecciones; los que establezcan, modifiquen o supriman contribuciones; los que autoricen la declaración de guerra; los que se refieran a delegación de facultades legislativas y los que versen sobre tratados internacionales.’’.

Artículo 53

Agrégase el siguiente inciso final:

‘‘En ningún caso se admitirán las observaciones que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.’’.

Artículo 55

Agrégase como inciso segundo, el siguiente, nuevo:

‘‘La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contado desde que ella sea procedente. La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.’’.

Artículo 67

Sustitúyese la frase ‘‘durante el tiempo de su gobierno’’ por la siguiente: ‘‘por más de quince días ni en los últimos noventa días de su mandato’’ (1).

Agrégase el siguiente inciso final:

‘‘En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Congreso su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican.’’.

Agréganse en el epígrafe del Capítulo VI, antes de las palabras ‘‘Tribunal Calificador de Elecciones’’ las siguientes: ‘‘Tribunal Constitucional y’’.

Intercálanse, a continuación del epígrafe del Capítulo VI, los siguientes artículos, nuevos, signados con los números 78 a), 78 b) y 78 c):

“Artículo 78 a).- Habrá un Tribunal Constitucional, compuesto de cinco Ministros que durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Tres de ellos serán designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado y dos por la Corte Suprema de entre sus miembros (2).

Desempeñará las funciones de Secretario del Tribunal quien sirva el cargo de secretario de la Corte Suprema.

Los Ministros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado deberán ser abogados con un mínimo de doce años de ejercicio de la profesión y no podrán tener ninguno de los impedimentos que inhabiliten para ser designado juez, y uno de ellos deberá tener, además, el requisito de haber sido durante diez años titular de una cátedra universitaria de Derecho Constitucional o Administrativo en alguna de las escuelas de Derecho del país. Estos Ministros estarán sometidos a las normas que para los Diputados o Senadores establecen los artículos 29 y 30, pero sus cargos no serán incompatibles con los de Ministro, Fiscal o Abogado Integrante de los Tribunales Superiores de Justicia, y lo serán con los de Diputado, Senador y miembro del Tribunal Calificador de Elecciones.

Los Ministros de designación de la Corte Suprema serán elegidos por ésta en una sola votación secreta y unipersonal, resultando proclamados quienes obtengan las dos más altas mayorías. Los empates serán dirimidos por sorteo en la forma que determine esa Corte.

Los Ministros de que trata el inciso tercero cesarán en sus cargos por muerte, por interdicción, por renuncia aceptada por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, por remoción acordada por éste a proposición de aquél, y por aceptar alguno de los cargos a que se refiere el inciso segundo del artículo 30.

Los Ministros a que se refiere el inciso cuarto cesarán en sus cargos por expirar en sus funciones judiciales y por renuncia aceptada por la Corte Suprema.

En caso de que un Ministro cese en su cargo de acuerdo con cualquiera de los dos incisos anteriores, se procederá a su reemplazo por el tiempo que falte para completar su período. Habiendo cesado en el cargo uno solo de los Ministros designados por la Corte Suprema, la elección del reemplazante se efectuará por ese Tribunal de acuerdo con los dos primeros incisos del artículo 65, y los empates serán dirimidos en la forma que indica el inciso cuarto del presente artículo.

Los Ministros gozarán de las prerrogativas que los artículos 32 a 35 otorgan a los Diputados y Senadores.

El quórum para las reuniones del Tribunal será de tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de votos emitidos. El Tribunal elegirá de su seno un Presidente, que durará dos años en sus funciones.

Corresponderá al propio Tribunal, mediante autos acordados, dictar las demás normas sobre su organización y funcionamiento y las reglas de procedimiento aplicables ante él, como también fijar la planta, remuneraciones y estatutos de su personal y las asignaciones que correspondan a los Ministros del mismo.

Anualmente se destinarán en el Presupuesto de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento del Tribunal.

Artículo 78 b).- El Tribunal Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso (1);

b) Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;

c) Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten con relación a la convocatoria al plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;

d) Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designado Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;

e) Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda, y

f) Resolver las contiendas de competencia que determinen las leyes.

En el caso de la letra a), el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de más de un tercio de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta otros diez días por motivos graves y calificados.

El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate de las materias enunciadas en los Nos 4º, 11º y 12º del artículo 44.

En el caso de la letra b), la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de treinta días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por más de un tercio de sus miembros en ejercicio contra un decreto con fuerza de ley de que la Contraloría hubiere tomado razón y al cual se impugne de inconstitucional, dentro del plazo de treinta días contado desde su publicación.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo señalado en el inciso tercero.

En el caso de la letra c), la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro del plazo de diez días a contar desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria (1).

Una vez reclamada su intervención, el Tribunal deberá emitir pronunciamiento en el término de diez días, fijando en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuere procedente.

Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaren menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.

En el caso de la letra d), el Tribunal procederá a requerimiento de cualquiera de las Cámaras o de un tercio de sus miembros en ejercicio y deberá resolver dentro del plazo de treinta días, prorrogable en otros quince por resolución fundada.

En los casos de la letra e), la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras, y si se trata de la promulgación de un texto diverso del que constitucionalmente corresponda, el reclamo deberá formularse dentro de los treinta días siguientes a su publicación.

En ambos casos, el Tribunal resolverá en el término a que se refiere el inciso tercero, y si acogiere el reclamo promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.

Cuando el Tribunal no se pronuncie dentro de los plazos señalados en este artículo, salvo el de la letra d), los Ministros cesarán de pleno derecho en sus cargos.

En el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal actuará conforme a derecho; pero procederá como jurado respecto a la apreciación de los hechos cuando se trate de las inhabilidades de Ministros de Estado.

Si pendiente la decisión de un asunto sometido al conocimiento del Tribunal expirare el período para el que éste fue elegido, continuará conociendo de él hasta su total resolución.

Artículo 78 c).- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno.

Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.

Resuelto por el Tribunal que un precepto legal es constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia.’’.

Artículo 108

Agréganse, como incisos finales, los siguientes:

‘‘El proyecto aprobado por el Congreso Pleno no podrá ser rechazado totalmente por el Presidente de la República, quien sólo podrá proponer modificaciones o correcciones, o reiterar ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República.

Si las observaciones que formulare el Presidente de la República en conformidad al inciso anterior fueren aprobadas por la mayoría que establece el inciso segundo, se devolverá el proyecto al Presidente para su promulgación.’’.

Artículo 109

Reemplázase por el siguiente:

“Artículo 109.- El Presidente de la República podrá consultar a los ciudadanos, mediante un plebiscito, cuando un proyecto de reforma constitucional presentado por él sea rechazado totalmente por el Congreso, en cualquier estado de su tramitación. Igual convocatoria podrá efectuar cuando el Congreso haya rechazado total o parcialmente las observaciones que hubiere formulado, sea que el proyecto haya sido iniciado por mensaje o moción.

Sin embargo, esta facultad no podrá ejercerla respecto de reformas constitucionales que tengan por objeto modificar las normas sobre plebiscito prescritas en este artículo.

La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que una de las Cámaras o el Congreso Pleno deseche el proyecto de reforma o en que el Congreso rechace las observaciones y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la consulta plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta días ni después de sesenta contados desde la publicación de ese decreto. Transcurrido este plazo sin que se efectúe el plebiscito se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.

El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto del Presidente de la República rechazado por una de las Cámaras o por el Congreso Pleno, o las cuestiones en desacuerdo que aquél someta a la decisión de la ciudadanía. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en la consulta popular.

El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, especificando el texto del proyecto aprobado por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro del plazo que establece el inciso segundo del artículo 55. La misma comunicación deberá enviar si la ciudadanía rechazare las observaciones del Presidente de la República, caso en el cual éste promulgará, en el plazo antes indicado, el proyecto aprobado por el Congreso Pleno.

La ley establecerá normas que garanticen a los partidos políticos que apoyen o rechacen el proyecto o las cuestiones en desacuerdo sometidas a plebiscito, un acceso suficiente a los diferentes medios de publicidad, y dispondrá, en los casos y dentro de los límites que ella señale, la gratuidad de dicha publicidad.’’.

Artículo 110

Intercálase después de la expresión ‘‘proyecto,’’ lo siguiente: ‘‘y desde la fecha de su vigencia’’, seguida de una coma (,) (1).

Artículo 2º.- Las modificaciones introducidas por esta reforma constitucional empezarán a regir el 4 de noviembre de 1970.

ARTÍCULOS TRANSITORIOs

Artículo 1°- Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto de la Constitución Política del Estado de acuerdo con esta reforma y con las que anteriormente se le han introducido.

Artículo 2º- Dentro del plazo de 180 días contado desde la publicación de esta reforma constitucional, una ley especial reglamentará la inscripción de los analfabetos en los registros electorales y la forma en que emitirán su sufragio.

Artículo 3º- La ley podrá reglamentar la aplicación de las normas a que se refieren los incisos que el artículo 1º agrega al artículo 51 de la Constitución Política del Estado; pero las disposiciones de esa ley no prevalecerán sobre las que al respecto establezca cada Cámara en su respectivo Reglamento.’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto publíquese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, 21 de enero de 1970.- EDUARDO FREI MONTALVA.- Gustavo Lagos Matus, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda a U.- Alejandro González Poblete, Subsecretario de Justicia.

LEY NÚM. 17.398

Publicada en el Diario Oficial Nº 27.842, de 9 de enero de 1971

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto ha cumplido todos sus trámites legislativos el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado:

1) Sustitúyense los artículos 8º y 9º por el siguiente:

“Artículo 8.- Se suspende el ejercicio del derecho a sufragio:

1º- Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente, y

2º- Por hallarse procesado el ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva.

Se pierde la calidad de ciudadano con derecho a sufragio:

1º- Por haber perdido la nacionalidad chilena, y

2º- Por condena a pena aflictiva. Los que por esta causa hubieren perdido la calidad de ciudadano, podrán solicitar su rehabilitación del Senado.”.

2) En el Capítulo III ‘‘Garantías Constitucionales’’, agrégase el siguiente artículo 9º nuevo:

“Artículo 9º.- La Constitución asegura a todos los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano.

Todos los chilenos pueden agruparse libremente en partidos políticos, a los que se reconoce la calidad de personas jurídicas de derecho público y cuyos objetivos son concurrir de manera democrática a determinar la política nacional.

Los partidos políticos gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en las elecciones de regidores, diputados, senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, en general, para desarrollar sus actividades propias. La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos.

Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de diputados y senadores o regidores.”.

3) Agrégase, en el inciso primero del artículo 10, la palabra inicial “Asimismo”, seguida de una coma (,) y colócase en minúscula el artículo “la”.

4) Sustitúyese el número 3º del artículo 10º por el siguiente:

“3º.- La libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad, en la forma y casos determinados por la ley. No podrá ser constitutivo de delito o abuso sustentar y difundir cualquiera idea política.

Toda persona natural o jurídica ofendida o aludida por alguna información, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el órgano de publicidad en que esa información hubiere sido emitida.

Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de particulares.

Toda persona natural o jurídica, especialmente las universidades y los partidos políticos, tendrán el derecho de organizar, fundar y mantener diarios, revistas, periódicos y estaciones transmisoras de radio, en las condiciones que establezca la ley. Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de funcionamiento de esos medios de comunicación. La expropiación de los mismos podrá únicamente realizarse por ley aprobada, en cada Cámara, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La importación y comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga. Se prohíbe discriminar arbitrariamente entre las empresas propietarias de editoriales, diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras y estaciones de televisión en lo relativo a venta o suministro en cualquier forma de papel, tinta, maquinaria u otros elementos de trabajo, o respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones, dentro o fuera del país.

Sólo el Estado y las Universidades tendrán el derecho de establecer y mantener estaciones de televisión, cumpliendo con los requisitos que la ley señale.

Queda garantizada la circulación, remisión y transmisión, por cualquier medio, de escritos, impresos y noticias, que no se opongan a la moral y a las buenas costumbres. Sólo en virtud de una ley, dictada en los casos previstos en el artículo 44, Nº 12, podrá restringirse el ejercicio de esta libertad;”.

5) Sustitúyese el Nº 4º del artículo 10 por el siguiente:

“4º.- El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establezca;”.

6) Sustitúyese el Nº 7º del artículo 10 por el siguiente:

“7º.- La libertad de enseñanza.

La educación básica es obligatoria.

La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales.

La organización administrativa y la designación del personal de las instituciones privadas de enseñanza serán determinadas por los particulares que las establezcan, con sujeción a las normas legales.

Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento, de acuerdo a las normas que establezca la ley.

La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática, y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes de composición pluralista.

Habrá una Superintendencia de Educación Pública, bajo la autoridad del Gobierno, cuyo Consejo estará integrado por representantes de todos los sectores vinculados al sistema nacional de educación. La representación de estos sectores deberá ser generada democráticamente.

La Superintendencia de Educación tendrá a su cargo la inspección de la enseñanza nacional.

Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos públicos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran.

Las universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país.

El acceso a las universidades dependerá exclusivamente de la idoneidad de los postulantes, quienes deberán ser egresados de la enseñanza media o tener estudios equivalentes, que les permitan cumplir las exigencias objetivas de tipo académico. El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes.

El personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes.

Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran;”.

7) Sustitúyese el número 13º del artículo 10 por el siguiente:

“13º.- La inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica y de las comunicaciones telefónicas. No podrán abrirse, ni interceptarse, ni registrarse los papeles o efectos públicos, sino en los casos expresamente señalados por la ley;”.

8) Sustitúyese el Nº 14º del artículo 10 por el siguiente:

“14º.- La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.

El derecho a sindicarse en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena, y el derecho de huelga, todo ello en conformidad a la ley.

Los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

Los sindicatos son libres para cumplir sus propios fines.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así;”.

9) Sustitúyese el Nº 15º del artículo 10 por el siguiente:

“15º.- La libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro, o entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de tercero, sin que nadie pueda ser detenido, preso, desterrado o extrañado, sino en la forma determinada por las leyes;”.

10) Agrégase al artículo 10 el siguiente Nº 16º:

“16º.- El derecho a la seguridad social.

El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humanas, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional.

La ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual, muerte del jefe de familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o maternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares.

El Estado mantendrá un seguro social de accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores.

Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salud, y”.

11) Agrégase al artículo 10 el siguiente Nº 17º:

“17º.- El derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos, y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles de la educación y la cultura y a los servicios necesarios para conseguir esos objetivos, a través de los sistemas e instituciones que señale la ley.

Las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales mediante las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las Municipalidades, serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por la ley les correspondan y para generar democráticamente sus organismos directivos y representantes, a través del voto libre y secreto de todos sus miembros.

En ningún caso esas instituciones podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer poderes propios de las autoridades del Estado.”, y

12) Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones.

La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°.- Agrégase la siguiente disposición transitoria a la Constitución Política del Estado:

“Decimoquinta:

En tanto no se dicten las leyes complementarias a que se refieren los números 4º y 15º del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, regirán los reglamentos vigentes al 1º de octubre de 1970.

No obstante lo dispuesto en el artículo 10, Nº 7º, de la Constitución Política del Estado, habrá facilidades equitativas para la edición y difusión de textos escolares aprobados con anterioridad al 1º de octubre de 1970, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran.”.

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto definitivo y refundido de la Constitución Política del Estado de acuerdo con esta reforma.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto publíquese y llévese a efecto como ley de la República.

Santiago, treinta de diciembre de mil novecientos setenta.- SALVADOR ALLENDE GOSSENS.- Lisandro Cruz Ponce.

Lo digo a U. para su conocimiento.- Dios guarde a U.- José Antonio Viera Gallo, Subsecretario de Justicia.

LEY NÚM. 17.420

Publicada en el Diario Oficial Nº 27.911, de 31 de marzo de 1971

REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Por cuanto ha cumplido todos sus trámites legislativos el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo 1°.- Modifícase el artículo 104 de la Constitución Política del Estado en la siguiente forma:

a) Suprímese en el inciso primero la frase “de Organización y Atribuciones de las Municipalidades”, y

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Podrán votar en la elección de regidores los extranjeros mayores de 18 años de edad y que hayan residido por más de 5 años en el país, efecto para el cual habrá registros particulares en cada comuna.”.

Artículo 2º.- La modificación constitucional a que se refiere el artículo anterior comenzará a regir el 4 de noviembre de 1970.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, publíquese y llévese a efecto como ley de la República y téngase por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política del Estado, como lo manda el artículo 110 de este cuerpo legal.

Santiago, treinta de marzo de mil novecientos setenta y uno.- SALVADOR ALLENDE GOSSENS.- Lisandro Cruz P.

Lo digo a U. para su conocimiento.- Dios guarde a U.- José Antonio Viera Gallo, Subsecretario de Justicia.

LEY NÚM. 17.450

Publicada en el Diario Oficial Nº 27.999, de 16 de julio de 1971

REFORMA EL ARTÍCULO 10, N° 10° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y NACIONALIZA LA GRAN MINERÍA DEL COBRE

Por cuanto ha cumplido todos sus trámites legislativos el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 10 Nº 10º de la Constitución Política del Estado:

a) Intercálanse en el inciso tercero, entre las palabras “la ley podrá” y “reservar al Estado”, las siguientes: “nacionalizar o”.

b) Intercálanse a continuación del inciso 3º los siguientes:

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales.

La ley determinará qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso anterior, entre las cuales no podrán considerarse los hidrocarburos líquidos y gaseosos, podrán ser objeto de concesiones de exploración o de explotación, la forma y resguardos del otorgamiento y disfrute de dichas concesiones, la materia sobre que recaerán, los derechos y obligaciones a que darán origen y la actividad que los concesionarios deberán desarrollar en interés de la colectividad para merecer amparo y garantías legales. La concesión estará sujeta a extinción en caso de no cumplirse los requisitos fijados en la ley para mantenerla.

La ley asegurará la protección de los derechos del concesionario y en especial de sus facultades de defenderlos frente a terceros y de usar, gozar y disponer de ellos por acto entre vivos o por causa de muerte, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior. En aquellas cuestiones sobre otorgamiento, ejercicio o extinción de las concesiones que la ley entregue a la resolución de la autoridad administrativa, entre las cuales no podrán estar las que se refieren a la fijación de los requisitos de amparo, habrá siempre lugar a reclamo ante los tribunales ordinarios de justicia”.

c) Intercálase el siguiente inciso nuevo entre los actuales incisos quinto y sexto:

“Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas mineras que la ley califique como Gran Minería, la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes. La nacionalización podrá también extenderse a bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas. El monto de la indemnización o indemnizaciones, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolescencia. También podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a treinta años y en las condiciones que la ley determine. El Estado podrá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacionalización inmediatamente después que ésta entre en vigencia. El afectado sólo podrá hacer valer en contra del Estado, en cuanto se relacione con la nacionalización, el derecho a la indemnización regulada en la forma antes indicada. La ley podrá determinar que los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las respectivas empresas. Asimismo, la ley podrá, en cuanto atañe al Estado, determinar qué terceros, exceptuados los trabajadores de la actividad o empresa nacionalizada, pueden hacer valer sus derechos sólo sobre la indemnización.”.

d) Agréganse los siguientes incisos finales:

“En los casos en que el Estado o sus organismos hayan celebrado o celebren con la debida autorización o aprobación de la ley, contratos o convenciones de cualquier clase en que se comprometan a mantener en favor de particulares determinados regímenes legales de excepción o tratamientos administrativos especiales, éstos podrán ser modificados o extinguidos por la ley cuando lo exija el interés nacional.

En casos calificados, cuando se produzca como consecuencia de la aplicación del inciso anterior, un perjuicio directo, actual y efectivo, la ley podrá disponer una compensación a los afectados.”.

Artículo 2º.- Agréganse las siguientes disposiciones transitorias a la Constitución Política del Estado:

“Decimosexta.- Mientras una nueva ley determine la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refiere el Nº 10º del artículo 10 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación vigente, en calidad de concesionarios.

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio de la nueva ley, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. La ley otorgará plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo y garantías legales.

En el lapso que medie entre esta reforma y la vigencia de la ley a que se refiere el inciso primero, la constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado por el artículo 10 Nº 10º continuará regida por la legislación actual.”.

“Decimoséptima.- Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 Nº 10º de esta Constitución Política, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, considerándose como tales las que señala la ley, y, además, la Compañía Minera Andina.

En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior pasan al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y, además, los de sus filiales que determine el Presidente de la República.

El Estado tomará posesión material inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de la República.

Para la nacionalización y la determinación de la adecuada indemnización se considerarán las siguientes normas:

a) Corresponderá al Contralor General de la República determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresan a continuación.

El Contralor General de la República reunirá todos los antecedentes que estime oportunos, pudiendo recabar de las empresas nacionalizadas y de toda autoridad, oficina o repartición del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, todas las informaciones y datos que estime necesarios o convenientes. Podrá, además, citar a funcionarios o empleados de las entidades mencionadas para que declaren sobre los puntos que les señale.

El Contralor General de la República deberá cumplir su cometido en el plazo de 90 días contados desde la fecha en que esta disposición transitoria entre en vigencia. Por resolución fundada, el Contralor podrá ampliar este plazo hasta por otros noventa días.

Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor de libro al 31 de diciembre de 1970, deducidas las revalorizaciones efectuadas por dichas empresas o sus antecesoras con posterioridad al 31 de diciembre de 1964 y los valores que sean determinados conforme a lo dispuesto en los incisos siguientes.

En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del Nº 10º del artículo 10 no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a nombre del Estado.

Se descontará de la indemnización que se calcule el valor de los bienes que el Estado reciba en condiciones deficientes de aprovechamiento, de los que se entreguen sin sus derechos a servicios, atención de reparaciones y repuestos, y de los estudios, prospecciones y demás bienes inmateriales indemnizables que se entreguen sin todos los títulos, planos, informes y datos que permitan su pleno aprovechamiento.

b) Facúltase al Presidente de la República para disponer que el Contralor, al calcular la indemnización, deduzca el todo o parte de las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas y sus antecesoras hubieren devengado anualmente a partir de la vigencia de la ley 11.828, considerando especialmente la rentabilidad normal que éstas hayan obtenido en el conjunto de sus operaciones internacionales o los acuerdos que en materia de rentabilidad máxima de empresas extranjeras establecidas en el país, haya celebrado el Estado chileno. Asimismo, podrán considerarse para estos efectos las normas convenidas entre el Estado y las empresas nacionalizadas sobre dividendos preferenciales en favor de la Corporación del Cobre, cuando el precio del metal haya subido de los niveles que esas mismas normas establecen.

El Presidente de la República deberá ejercer esta facultad y comunicar al Contralor su decisión sobre el monto de las deducciones anteriores dentro del plazo de treinta días de requerido por éste. Vencido este plazo, haya o no hecho uso de su facultad el Presidente de la República, el Contralor podrá resolver sin más trámite sobre el monto de la indemnización.

c) Dentro del plazo de quince días, contados desde la publicación en el “Diario Oficial”, de la resolución del Contralor que determine la indemnización, el Estado y los afectados podrán apelar ante un Tribunal compuesto por un Ministro de la Corte Suprema designado por ésta, que lo presidirá, por un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, designado por ésta, por un Ministro del Tribunal Constitucional designado por éste, por el Presidente del Banco Central de Chile, y el Director Nacional de Impuestos Internos. Los Ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Tribunal Constitucional serán subrogados por las personas que la Corte respectiva y el Tribunal, en su caso, designen de entre sus miembros. El Presidente del Banco Central de Chile y el Director Nacional de Impuestos Internos serán subrogados por quien legalmente ejerza sus cargos.

Este Tribunal apreciará la prueba en conciencia y fallará conforme a derecho, en única instancia y sin ulterior recurso. No procederá el recurso de queja. Tampoco tendrá aplicación respecto de este Tribunal lo dispuesto en el artículo 86 de esta Constitución.

Corresponderá al propio Tribunal, mediante autos acordados, dictar las normas sobre su organización y funcionamiento y las reglas de procedimiento aplicables ante él.

d) Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutoriada la resolución que determine el monto de la indemnización, se remitirá copia de ella al Presidente de la República, quien fijará por decreto supremo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolución. El Presidente de la República fijará, además, en dicho decreto supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a treinta años ni ser el interés inferior al tres por ciento anual. La indemnización será pagadera en dinero, a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago.

e) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemnización la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes inmateriales necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cualquier conducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los planes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o sus socios.

Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el Tribunal a que se refiere la letra c), en la forma en que allí se expresa.

f) Se mantienen los derechos del Fisco para revisar, conforme a la ley, todas las operaciones, importaciones, exportaciones, documentación y contabilidad de las empresas cupríferas, a fin de fiscalizar y exigir el pleno cumplimiento de las obligaciones legales que las afectan y perseguir las responsabilidades que pudieran recaer sobre ellas. Los saldos acreedores que resulten a favor del Fisco por este concepto serán descontados de la indemnización.

Asimismo, se mantienen los derechos del Fisco para comprobar la existencia, estado y condiciones de aprovechamiento de los bienes nacionalizados. Los defectos que en estos aspectos se comprueben darán origen a la aplicación de la regla del inciso final de la letra a) o a un descuento en la indemnización en su caso.

Las cuentas por cobrar que no sean cubiertas a su vencimiento por sus respectivos deudores, serán descontadas de las cuotas inmediatas que hayan de pagarse como indemnización.

g) El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compensado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieren con el Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de previsión, que fueren líquidas y exigibles a la fecha del pago de las respectivas cuotas.

h) Los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las respectivas empresas.

Por consiguiente, los derechos derivados de las estipulaciones sobre precio de compraventa de acciones que se convinieron para constituir las sociedades mineras mixtas del cobre, sólo podrán hacerse efectivos en la indemnización reducidos proporcionalmente a ésta y en la misma forma y condiciones establecidas para su pago. Quedan sin efecto las estipulaciones sobre precios de promesas de compraventa de acciones convenidas con socios de las sociedades mixtas, su forma y condiciones de pago, las obligaciones principales y accesorias originadas en las promesas de compraventa de acciones y los pagarés expedidos con ocasión de ellas, en cuanto pudieran otorgar a los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas más derechos que los indicados en el inciso precedente. Igualmente quedan sin efecto los contratos de asesoría y de administración celebrados por las sociedades mixtas.

Las utilidades percibidas por la Corporación del Cobre, los tributos y demás obligaciones cumplidas por esas sociedades mixtas conforme a la ley o a los acuerdos por ellas celebrados, no darán lugar a reembolso alguno. Los pagos que la Corporación del Cobre, la Corporación de Fomento de la Producción o el Estado de Chile han efectuado o llegaren a efectuar por concepto de precio de acciones adquiridas por organismos chilenos o en virtud de las garantías estipuladas para dicha obligación de pago de precio, se imputarán, en todo caso, a la indemnización que establece esta disposición decimoséptima transitoria, en la forma que indica el inciso final de la letra f).

Lo dispuesto en los incisos primero y segundo se aplicará a los terceros que hayan sucedido en sus derechos a los socios, accionistas o contratantes, sea como cesionarios, endosatarios o a cualquier otro título. En todo caso, los pagos que haya de efectuar el Estado o algunos de sus organismos dependientes, excediendo de las cantidades o forma de pago fijadas para la indemnización, serán deducidas de las cuotas inmediatas que hayan de pagarse por concepto de dicha indemnización.

El Estado no se hará cargo de deudas cuyo valor no haya sido invertido útilmente a juicio del Presidente de la República.

i) El Tribunal previsto en la letra c) conocerá y resolverá en la misma forma que allí se indica cualquier reclamo o controversia que pueda surgir con motivo de la aplicación de las normas referentes a esta nacionalización, con excepción de las letras k) y l).

Las contiendas de competencia que se susciten con este Tribunal serán resueltas por el Tribunal Constitucional previsto en el artículo 78 a) de esta Constitución.

j) El capital de las empresas nacionalizadas, pasa al dominio de la Corporación del Cobre y de la Empresa Nacional de Minería, en la proporción que fije el Presidente de la República por decreto supremo. En consecuencia, dichas instituciones son los únicos socios en las sociedades afectadas por la nacionalización. Las sociedades así integradas son las continuadoras legales de las empresas nacionalizadas.

Facúltase al Presidente de la República para dictar las normas necesarias para coordinar el régimen de administración y explotación de estas empresas.

Los bienes de terceros que hayan sido afectados por la medida de nacionalización quedarán incorporados también a las sociedades que se formen de acuerdo con lo previsto en el inciso precedente.

k) Mientras se dicte por ley un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Cobre, éstos continuarán rigiéndose por las disposiciones legales vigentes, sus contratos de trabajo se mantendrán y no se verán afectados por cualquier cambio de sistema.

Los trabajadores seguirán gozando de los derechos de sindicación y huelga que el actual Estatuto les confiere, conforme a las modalidades y condiciones establecidas en él. La Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre y sus sindicatos afiliados, industriales y profesionales, conservarán su personalidad jurídica y continuarán rigiéndose por sus estatutos y reglamentos actualmente vigentes.

Se mantienen las disposiciones legales que reglan los derechos previsionales de los actuales trabajadores de la Gran Minería del Cobre y de los que pasen a depender de las empresas nacionalizadas.

Asimismo, para todos los efectos legales, los trabajadores de la Gran Minería del Cobre, conservarán su antigüedad, la que se seguirá contando desde la fecha de su contratación por la respectiva empresa nacionalizada.

El Estado o las empresas que se formen deberán hacerse cargo de las deudas y obligaciones que emanen de los contratos de trabajo o del ejercicio de los derechos de los trabajadores a que se refiere esta letra. La Corporación del Cobre deberá velar o hacerse cargo, en su caso, del cumplimiento exacto y oportuno de estas obligaciones.

Al dictar un nuevo Estatuto, el legislador, en caso alguno, podrá suprimir, disminuir o suspender los derechos o beneficios económicos, sociales, sindicales o cualesquiera otros que actualmente disfruten los trabajadores de las empresas de la Gran Minería del Cobre, sea que éstos se hayan establecido por aplicación de disposiciones legales, actas de avenimiento, contratos colectivos, fallos arbitrales o por cualquier otra forma. Deberá consultar, igualmente, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas u organismos que se hagan cargo de las faenas productoras.

l) Lo dispuesto en los artículos 23 y 26 a 53 de la ley 16.624, de 15 de mayo de 1967 y sus modificaciones posteriores, quedará vigente y se aplicará sobre las utilidades o excedentes que se produzcan en la explotación de los bienes nacionalizados con las modificaciones que contempla el inciso siguiente.

Los fondos a que se refiere el inciso final del artículo 27 de la ley 16.624, exceptuando aquellos correspondientes a las Municipalidades, los distribuirá la Corporación de Fomento de la Producción de manera que beneficien a las provincias de Tarapacá y Antofagasta en la proporción de las producciones de la Gran Minería del Cobre ubicadas en su territorio, correspondiendo a la Provincia de Tarapacá un 30%, del cual un 9% beneficiará al departamento de Arica y el saldo a la provincia de Antofagasta; a las provincias de Atacama, Aconcagua y O’Higgins, la proporción de las producciones de cobre ubicadas en sus respectivos territorios, y a la de Colchagua, el porcentaje establecido en el artículo 40 de la ley 17.318. Destínase a la provincia de Coquimbo el 10% de los ingresos a que se refiere el inciso final del artículo 51 de la ley 16.624 y sus modificaciones posteriores. De las utilidades o excedentes que se produzcan en la explotación de los bienes nacionalizados y no distribuidos en conformidad a esta disposición, se destinará el porcentaje que determine el Presidente de la República a la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento de los accidentes y enfermedades profesionales mineras, así como a la rehabilitación de los trabajadores afectados. La ley establecerá las normas que harán posible la inversión de estos recursos.

Los fondos a que se refiere esta disposición serán consultados anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación y su inversión corresponderá al rendimiento efectivo de la ley y los saldos no invertidos al 31 de diciembre de cada año no ingresarán a rentas generales de la Nación.”.

“Decimoctava.- La ley deberá contemplar los derechos preferentes que deban corresponder al descubridor de un yacimiento minero, para optar al otorgamiento de la concesión sobre el mismo yacimiento.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, publíquese y llévese a efecto como ley de la República y téngase por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política del Estado, como lo manda el artículo 110 de este Cuerpo Legal.

Santiago, quince de julio de mil novecientos setenta y uno.- SALVADOR ALLENDE GOSSENS.- Orlando Cantuarias Zepeda.- José Tohá González.- Clodomiro Almeyda Medina.- Pedro Vuskovic Bravo.- Lisandro Cruz Ponce.- Alejandro Ríos Valdivia.- Pascual Barraza Barraza.- Jacques Chonchol Chait.- Humberto Martones Morales.- José Oyarce Jara.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- David Silberman Gurovic, Subsecretario de Minería Suplente.

PERÍODO DE QUIEBRE CONSTITUCIONAL, AÑOS 1973 A 1990

Chile

Año 1973

Periodo de quiebre constitucional

11-IX-1973

A

10-III-1990

NOTA EXPLICATIVA

El día martes 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado por el cual se destituyó y puso fin al Gobierno Constitucional del Presidente Salvador Allende Gossens, en la misma fecha asume el Gobierno de la República de Chile la Junta de Gobierno integrada por los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros de Chile.

DECRETO LEY Nº 1

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.653, de 18 de septiembre de 1973(*)

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Decreto ley Nº 1.- Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973.

El Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte; el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don José Toribio Merino Castro; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire don Gustavo Leigh Guzmán, y el Director General de Carabineros, General don César Mendoza Durán, reunidos en esta fecha, y

Considerando:

1º.- Que la Fuerza Pública, formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros, representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral y de su identidad histórico-cultural.

2º.- Que, de consiguiente, su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración, la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena, y

3º.- Que Chile se encuentra en un proceso de destrucción sistemática e integral de estos elementos constitutivos de su ser, por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo;

Han acordado, en cumplimiento del impostergable deber que tal misión impone a los organismos defensores del Estado, dictar el siguiente,

Decreto ley:

1º.- Con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el progreso del país se encaucen vigorosamente por los caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a Chile en el concierto de la comunidad internacional de que forma parte.

2º.- Designan al General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte como Presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo.

3º.- Declaran que la Junta, en el ejercicio de su misión, garantizará la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y respetará la Constitución y las leyes de la República, en la medida en que la actual situación del país lo permitan, para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.

Junta de Gobierno de la República de Chile.- Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército.- José T. Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- Gustavo Leigh Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- César Mendoza Durán, General, Director General de Carabineros.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- René C. Vidal Basauri, Teniente Coronel, Jefe Depto. Asuntos Especiales, Subsecretario de Guerra Subrogante.

DECRETO LEY Nº 25

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.657, de 22 de septiembre de 1973

DETERMINA CESE DE LOS ALCALDES Y REGIDORES DE LAS

MUNICIPALIDADES DEL PAÍS

Decreto ley Nº 25.- Santiago, 19 de septiembre de 1973.- Visto: Lo dispuesto en el decreto ley Nº 1 de 11 de septiembre de 1973, y

Considerando:

La necesidad de armonizar la organización y funcionamiento de las Municipalidades del territorio nacional con los postulados enunciados en dicho cuerpo legal, la Junta de Gobierno dicta el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1º.- Declárase que los Alcaldes y Regidores de las Municipalidades del país cesaron en sus funciones a contar del día 11 de septiembre de 1973.

Artículo 2º.- Desde la vigencia del presente decreto ley, los Alcaldes serán designados por la Junta de Gobierno y serán de su exclusiva confianza.

Artículo 3º.- En caso de ausencia o imposibilidad física transitoria, el Alcalde será subrogado por el funcionario de la respectiva Municipalidad que él mismo designe.

Si la ausencia o imposibilidad se prolongare más de treinta días, la Junta de Gobierno designará al Alcalde Suplente.

Artículo 4º.- Las obligaciones y atribuciones que correspondían, hasta la fecha de publicación del presente decreto ley a la Corporación Edilicia, conforme a la legislación vigente, corresponderán y serán ejercidas exclusivamente por el Alcalde mediante decretos refrendados por el Secretario de la Alcaldía en calidad de ministro de fe.

El Alcalde podrá delegar determinadas funciones que le correspondían en tal calidad en uno o varios Jefes de Oficina de la respectiva Municipalidad.

Artículo 5º.- Para ser designado Alcalde se requerirá ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y no haber sido condenado o estar actualmente procesado por delito que merezca pena aflictiva.

Artículo 6º.- Mientras no se dicte el régimen de remuneraciones de los Alcaldes, les será aplicable el sistema de remuneraciones establecido para los Alcaldes de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

Artículo 7º.- El cargo de Alcalde será compatible con cualquier empleo público, semifiscal, municipal o de empresas del Estado de administración autónoma o en que éste tenga participación.

Artículo 8º.- La representación judicial y extrajudicial de las Municipalidades corresponderá al Alcalde.

Artículo 9º.- En todo aquello que no se oponga al presente decreto ley, continuarán vigentes las disposiciones contenidas en la ley Nº 11.860, sobre organización y atribuciones de las Municipalidades y sus leyes complementarias.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º, las personas que se desempeñen como Alcaldes continuarán sirviendo este cargo mientras las autoridades correspondientes no hayan designado a sus reemplazantes o ellos mismos hayan sido confirmados en sus cargos.

Artículo 2º.- Los Presupuestos Municipales para el año 1974 deberán ser presentados por los Alcaldes al Intendente respectivo dentro del mes de octubre del año en curso, para su aprobación en el plazo señalado en el artículo 80 de la ley Nº 11.860.

Artículo 3º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 1º de este decreto ley, las resoluciones o acuerdos que los Alcaldes y Municipalidades hubieren adoptado en el período intermedio hasta la fecha de publicación del presente decreto ley, tendrán plena validez jurídica. Sin perjuicio de ello, el Alcalde que se designe podrá, dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de su nombramiento, dejar sin efecto dichas resoluciones o acuerdos por decreto fundado.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- ÓSCAR BONILLA BRADANOVIC, General de División, Ministro del Interior.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Enrique Montero M., Cdte. Esc. (J), Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 9

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.658, de 24 de septiembre de 1973

ESTABLECE DISPOSICIONES PARA DICTACIÓN DE DECRETOS

SUPREMOS Y RESOLUCIONES

Decreto ley Nº 9.- Santiago, 12 de septiembre de 1973.- Vistos:

a) Lo dispuesto en el decreto ley Nº 1, de 11 de septiembre de 1973, y

b) La necesidad de establecer un ordenamiento en la firma de los documentos que emanen de la Junta de Gobierno, ésta ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1º.- Los decretos supremos podrán llevar la sola firma del Presidente de la Junta de Gobierno precedida de la mención “Por la Junta de Gobierno” y la firma del Ministro del ramo.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, seguirán aplicándose las disposiciones contenidas en la ley 16.436, respecto de los decretos supremos y resoluciones a que dicha ley se refiere, entendiéndose que la referencia que se hace al Presidente de la República, lo será a la Junta de Gobierno.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- ÓSCAR BONILLA BRADANOVIC, General de División, Ministro del Interior.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Enrique Montero M., Cdte. Esc. (J), Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 27

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.658, de 24 de septiembre de 1973

DISUELVE EL CONGRESO NACIONAL

Decreto ley Nº 27.- Santiago, 21 de septiembre de 1973.- Vistos:

a) Lo dispuesto en el decreto ley Nº 1, de fecha 11 de septiembre de 1973;

b) La necesidad de contar con la mayor expedición en el cumplimiento de los postulados que la Junta de Gobierno se ha propuesto, y

c) La imposibilidad, en consecuencia, de someterse por ahora en los requerimientos legislativos al procedimiento ordinario para la dictación de las leyes y evitar dañar el propósito de poner en marcha el restablecimiento de la institucionalidad con la mayor urgencia, la Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1º.- Disuélvese el Congreso Nacional, cesando en sus funciones los parlamentarios en actual ejercicio, a contar desde esta fecha.

Artículo 2º.- Los empleados administrativos del Congreso Nacional continuarán en sus cargos, pudiendo ser designados en comisión de servicio a las reparticiones del Estado que se designen.

Artículo 3º.- La organización administrativa del Congreso Nacional quedará bajo la autoridad del Secretario del Senado.

Los bienes muebles e inmuebles del Congreso Nacional y demás bienes destinados a su funcionamiento podrán ser requeridos por el Gobierno para el servicio de otros órganos y Servicios del Estado.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- ÓSCAR BONILLA BRADANOVIC, General de División, Ministro del Interior.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Enrique Montero M., Cdte. Esc. (J), Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 119

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.698, de 10 de noviembre de 1973

MINISTERIO DE JUSTICIA

DISUELVE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Decreto ley Nº 119.- Santiago, 5 de noviembre de 1973.- Vistos:

a) Lo dispuesto en el decreto ley Nº 1, de fecha 11 de septiembre de 1973;

b) La disolución del Congreso Nacional dispuesta por el decreto ley Nº 27, de fecha 21 de septiembre en curso;

c) Que el Tribunal Constitucional contemplado en el artículo 78, letras a), b) y c) de la Constitución Política del Estado tiene por función primordial resolver conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que no pueden presentarse por estar disuelto el Congreso Nacional, y

d) Que todo lo anterior demuestra que la existencia del mencionado Tribunal Constitucional es innecesaria, la Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1°.- Disuélvese el Tribunal Constitucional, cesando en sus funciones sus actuales miembros, a contar de esta fecha.

Artículo 2º.- Los empleados administrativos que pertenecían al Tribunal Constitucional, a excepción de los funcionarios pertenecientes al Poder Judicial, quedarán bajo la autoridad del Subsecretario del Interior, en calidad de interinos, quien podrá destinarlos o comisionarlos a prestar servicios a las reparticiones del Estado que determine.

Artículo 3º.- El Gobierno dispondrá de los bienes muebles e inmuebles del Tribunal Constitucional y demás bienes destinados a su funcionamiento, para otros órganos y Servicios del Estado.

Artículo 4º.- Modifícase en la letra c), inciso 1º de la disposición 17a transitoria de la Constitución Política del Estado, lo siguiente: Sustitúyese la frase “un Ministro de la Corte Suprema, designado por ésta, que lo presidirá,” por “dos Ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, de los cuales el más antiguo como Ministro lo presidirá; sustitúyese la frase “por un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, designado por ésta”, por la siguiente: “por un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, designado por la Corte Suprema”; elimínase la frase “por un Ministro del Tribunal Constitucional designado por éste,”; sustitúyese la oración “Los Ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Tribunal Constitucional serán subrogados por las personas que la Corte respectiva y el Tribunal, en su caso, designen de entre sus miembros”, por la siguiente: “Los Ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago serán subrogados por las personas que la Corte Suprema designe de entre los miembros de las respectivas Cortes.”.

Artículo 5º.- Sustitúyese en la letra i), inciso segundo, de la disposición 17ª transitoria de la Constitución Política del Estado, las palabras “el Tribunal Constitucional previsto en el artículo 78 a) de esta Constitución”, por las siguientes: “la Corte Suprema”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- Gonzalo Prieto Gándara, Ministro de Justicia.- Óscar Bonilla Bradanovic, General de División, Ministro del Interior.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Max Silva del Campo, Subsecretario de Justicia.

DECRETO LEY Nº 128

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.703, de 16 de noviembre de 1973

MINISTERIO DEL INTERIOR

ACLARA EL SENTIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO LEY Nº 1, DE 1973

Núm. 128.- Santiago, 12 de noviembre de 1973.

Vistos:

a) Lo dispuesto en el decreto ley Nº 1, de 11 de septiembre de 1973;

b) La necesidad de aclarar el sentido y alcance del artículo 1º del citado texto legal, en cuanto expresa que la Junta de Gobierno ha asumido el Mando Supremo de la Nación, y

c) Que la asunción del Mando Supremo de la Nación supone el ejercicio de todas las atribuciones de las personas y órganos que componen los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y en consecuencia el Poder Constituyente que a ellos corresponde.

La Junta de Gobierno ha acordado y dicta el siguiente:

Decreto ley:

Artículo 1º.- La Junta de Gobierno ha asumido desde el 11 de septiembre de 1973 el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. El Poder Judicial ejercerá sus funciones en la forma y con la independencia y facultades que señale la Constitución Política del Estado.

Artículo 2º.- El ordenamiento jurídico contenido en la Constitución y en las leyes de la República continúa vigente mientras no sea o haya sido modificado en la forma prevista en el artículo siguiente.

Artículo 3º.- El Poder Constituyente y el Poder Legislativo son ejercidos por la Junta de Gobierno mediante decretos leyes con la firma de todos sus miembros, y cuando éstos lo estimen conveniente, con la de el o los Ministros respectivos.

Las disposiciones de los decretos leyes que modifiquen la Constitución Política del Estado formarán parte de su texto y se tendrán por incorporadas en ella.

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo es ejercido mediante decretos supremos y resoluciones, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto ley Nº 9, de 12 de septiembre de 1973.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones, y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 155

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.714, de 29 de noviembre de 1973

MINISTERIO DE HACIENDA

SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO 1973

Decreto ley Nº 155.- Santiago, 26 de noviembre de 1973.

Vistos: lo dispuesto en el decreto ley Nº 1, de 11 de septiembre de 1973, y

Considerando, las necesidades presupuestarias de los Servicios de la Administración Pública,

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente

Decreto ley (1):

Artículo 5º.- Deróganse todas las disposiciones legales que obligan a incluir en los presupuestos fiscales de años posteriores cantidades fijas o que deban irse aumentando o reajustando de uno a otro año para objetos específicos de gasto.

Deróganse, asimismo, todas las disposiciones legales que obligan a incluir en los presupuestos fiscales de años posteriores cantidades en función de porcentajes de determinados ingresos o en relación al monto total de los ingresos del respectivo presupuesto o al monto total de los gastos que autorice.

Queda incluida en la derogación dispuesta en este artículo la norma de la letra l) de la disposición decimoséptima transitoria, agregada por la ley Nº 17.450 a la Constitución Política del Estado.

No se aplicará lo establecido en este artículo a lo dispuesto por la ley Nº 13.196 y por los artículos 148 y 150 de la ley 10.336.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- Lorenzo Gotuzzo B., Contraalmirante, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Victoria Arellano S., Subsecretario de Hacienda.

DECRETO LEY Nº 170

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.720, de 6 de diciembre de 1973

MINISTERIO DE JUSTICIA

REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Núm. 170.- Santiago, 3 de diciembre de 1973.

Vistos: lo dispuesto en el decreto ley Nº 1, de 11 de septiembre de 1973, y teniendo presente la necesidad de otorgar rango constitucional a la calificación del personal del Poder Judicial, para su propio beneficio, la Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo único.- Modifícase el artículo 85 de la Constitución Política del Estado en la siguiente forma:

En su actual inciso final, elimínase la oración “Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento”.

Agréganse los siguientes incisos a continuación del actual inciso final:

“Anualmente se practicará una calificación de todo el personal del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Para acordar la remoción del personal que goce de inamovilidad y que sea mal calificado, la Corte Suprema requerirá del acuerdo de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

Los acuerdos que adopte la Corte Suprema se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- Gonzalo Prieto Gándara, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Max Silva del Campo, Subsecretario de Justicia.

DECRETO LEY Nº 175

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.722, de 10 de diciembre de 1973

MINISTERIO DEL INTERIOR

MODIFICA EL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Decreto ley Nº 175.- Santiago, 3 de diciembre de 1973.- Vistos:

Los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, y teniendo presente la necesidad de legislar sobre la situación de los nacionales residentes en el extranjero que promueven o ejecutan actos gravemente lesivos para los intereses esenciales del Estado, la Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1º.- Agréguese antes de los dos últimos incisos del artículo 6º de la Constitución Política del Estado, el siguiente número 4º:

“4º.- Por atentar gravemente desde el extranjero contra los intereses esenciales del Estado durante las situaciones de excepción previstas en el artículo 72, número 17 de esta Constitución Política”.

Artículo 2º.- Para los efectos de la pérdida de nacionalidad contemplada en el número 4º del artículo 6º de la Constitución Política del Estado, se requerirá de decreto supremo fundado, previo acuerdo del Consejo de Ministros, el que, en todo caso, deberá considerar el informe escrito de la autoridad diplomática o consular chilena respectiva.(1)

“El afectado podrá reclamar dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo señalado en el inciso anterior, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado. Se presume de derecho que el referido decreto supremo es conocido por el afectado desde la fecha de la mencionada publicación. La interposición del recurso suspenderá los efectos de la pérdida de nacionalidad.”

El decreto ley 1.697, de 11 de marzo de 1977, reemplazó ambos incisos de este artículo por los siguientes:

“Para los efectos de la pérdida de la nacionalidad contemplada en el Nº 4 del artículo 6º de la Constitución Política del Estado, se requerirá de decreto supremo fundado, firmado por todos los Ministros de Estado, en el que se deberá considerar, en todo caso, un informe escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitido sobre la base de las informaciones oficiales que obtenga de las misiones diplomáticas u oficinas consulares chilenas en el extranjero, o de otras fuentes fidedignas que estime apropiadas”.

“El afectado podrá reclamar, dentro del plazo de 90 días, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto supremo señalado en el inciso anterior, ante la Corte Suprema, la que resolverá como jurado y en forma preferente. Se presume de derecho que el referido decreto supremo es conocido por el afectado desde la fecha de la mencionada publicación. El reclamante podrá comparecer personalmente o por medio de mandatario. La Corte Suprema dictará las normas adecuadas para asegurar el expedito ejercicio del recurso. Su interposición suspenderá los efectos de la pérdida de la nacionalidad”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 228

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.741, de 3 de enero de 1974

MINISTERIO DEL INTERIOR

FIJA NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 72, Nº 17, INCISO TERCERO,

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (1)

Santiago, 24 de diciembre de 1973.- La Junta de Gobierno de la República de Chile ha ordenado hoy promulgar lo siguiente:

Núm. 228.- Vistos: Lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 3, de 11 de septiembre de 1973, y lo prevenido en el artículo 72, Nº 17, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado, la Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1º.- Las facultades que el artículo 72, Nº 17, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado, confiere al Presidente de la República por la declaración del Estado de Sitio, serán ejercidas por la Junta de Gobierno por medio de decretos supremos que serán firmados por el Ministro del Interior, con la fórmula: “Por orden de la Junta de Gobierno”.

Artículo 2º.- Decláranse ajustadas a derecho las medidas adoptadas por las autoridades administrativas que significan el ejercicio de la facultad del inciso tercero del Nº 17 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado con anterioridad a este decreto ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio del Interior dictará las normas a que deberán someterse dichas autoridades respecto a las medidas que hubieren adoptado o adopten en el futuro, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 1º de este decreto ley.

Regístrese en la Contraloría General de la República, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- Óscar Bonilla Bradanovic, General de División, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 527

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.886, de 26 de junio de 1974

MINISTERIO DEL INTERIOR

APRUEBA ESTATUTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Núm. 527.- Santiago, 17 de junio de 1974.- Visto lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, la Junta de Gobierno ha acordado y dicta el siguiente

Decreto ley:

ESTATUTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TÍTULO PRIMERO

De los Poderes del Estado y su Ejercicio

Artículo 1º.- La Junta de Gobierno, integrada por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y por el General Director de Carabineros, ha asumido los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo.

Artículo 2º.- La Junta de Gobierno adoptará sus decisiones por la unanimidad de sus miembros.

Artículo 3º.- El Poder Judicial está constituido y ejerce sus funciones en la forma y con la independencia y facultades que señalan la Constitución Política del Estado y las leyes de la República.

TÍTULO SEGUNDO

Del Ejercicio de los Poderes Constituyente y Legislativo

Artículo 4º.- La Junta de Gobierno ejerce, mediante decretos leyes, el Poder Constituyente y el Poder Legislativo, de acuerdo con las disposiciones contenidas en este Estatuto y en los preceptos legales que lo complementen. Dichos decretos leyes deben llevar la firma de todos sus miembros, y cuando éstos lo estimen conveniente, la de el o los Ministros respectivos.

Artículo 5º.- La decisión de legislar compete exclusivamente a la Junta de Gobierno y la iniciativa para proponer suplementos a partidas o ítem de la Ley General de Presupuestos; para alterar la división política o administrativa del país; para suprimir, reducir o condonar impuestos o contribuciones de cualquier clase, sus intereses o sanciones, postergar o consolidar su pago y establecer exenciones tributarias totales o parciales; para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados; para fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del personal de los servicios de la administración del Estado, tanto central como descentralizada; para fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; para establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social; para conceder o aumentar, por gracia, pensiones u otros beneficios pecuniarios, y para condonar las sumas percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones u otros beneficios económicos, pensiones de jubilación, retiro o montepío o pensiones de gracia.

Los Ministerios y Órganos Asesores de la Junta de Gobierno podrán presentar proposiciones sobre materias legislativas, a fin de que si ésta lo estima procedente, ejercite la facultad privativa a que se refiere este artículo.

Artículo 6º.- Un decreto ley complementario establecerá los órganos de trabajo y los procedimientos de que se valdrá la Junta para ejercer las potestades constituyente y legislativa.

Estas normas complementarias establecerán, además, los mecanismos que permitan a la Junta de Gobierno requerir la colaboración de la comunidad —a través de sus organizaciones técnicas y representativas— para la elaboración de los decretos leyes.

TÍTULO TERCERO

Del Ejercicio del Poder Ejecutivo

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, quien es el Jefe Supremo de la Nación, con las facultades, atribuciones y prerrogativas que este mismo Estatuto le otorga.

El cargo de Presidente de la Junta corresponde al integrante titular de ella que ocupe el primer lugar de precedencia de acuerdo con las reglas que fija el Título IV.

Artículo 8º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los demás integrantes de la Junta de Gobierno colaborarán con su Presidente en el ejercicio de las funciones ejecutivas que a éste le corresponden, al asumir —para estos efectos— la dirección superior de las actividades, áreas y funciones que él les encomiende.

Artículo 9º.- Al Presidente de la Junta de Gobierno está confiada la administración y gobierno del Estado, y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público interno y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con el presente Estatuto, la Constitución y las leyes.

Artículo 10º.- Son atribuciones especiales del Presidente:

1.- Dictar los reglamentos, decretos o instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes.

2.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que si procede declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del Tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación.

3.- Nombrar a los Ministros de Estado y oficiales de sus Secretarías, a los Agentes Diplomáticos, Intendentes y Gobernadores, con acuerdo de la Junta de Gobierno, pero estos funcionarios se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con la confianza del Presidente.

4.- Nombrar a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los Jueces Letrados, oyendo a la Junta de Gobierno.

5.- Proveer los demás empleos civiles y militares que determinen las leyes.

6.- Destituir a los empleados de la Administración del Estado de su designación, por ineptitud u otro motivo que haga inútil o perjudicial sus servicios, en conformidad a las leyes orgánicas de cada institución.

7.- Conceder jubilaciones, retiros y goce de montepío, con arreglo a las leyes.

8.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la Junta de Gobierno, con la firma de todos sus miembros, podrá decretar pagos no autorizados por la ley sólo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin grave daño para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley General de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número, serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos.

9.- Conceder personalidades jurídicas a las corporaciones privadas, y cancelarlas; aprobar los estatutos por que deban regirse, rechazarlos y aceptar modificaciones.

10.- Conceder indultos particulares oyendo a la Junta de Gobierno.

11.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas según lo hallare por conveniente, oyendo a la Junta de Gobierno.

12.- Mandar las fuerzas de aire, mar y tierra con acuerdo de la Junta de Gobierno. En este caso, el Presidente podrá residir en cualquier lugar ocupado por armas chilenas.

13.- Mantener las relaciones políticas con las potencias extranjeras, recibir sus Agentes, admitir sus Cónsules, conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, concluir y firmar todos los tratados de paz, de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos y otras convenciones. La aprobación y ratificación de los Tratados Internacionales se sujetarán a lo establecido en el decreto ley Nº 247, de 17 de enero de 1974.

14.- Declarar en estado de asamblea a una o más provincias invadidas o amenazadas en caso de guerra extranjera, y en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de peligro de ataque exterior o de invasión. En caso de conmoción interior, la declaración de hallarse uno o varios puntos en estado de sitio se hará por decreto ley.

Por la declaración del Estado de Sitio, sólo se conceden al Presidente de la Junta de Gobierno la facultad de trasladar las personas de un departamento a otro y la de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes.

Las medidas que se tomen a causa del Estado de Sitio no tendrán más duración que la de éste.

15.- Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes conceden al Presidente de la República.

Artículo 11º.- El Presidente, con acuerdo de la Junta de Gobierno, decidirá si ha o no lugar a la admisión de las acusaciones que cualquier individuo particular presente contra los Ministros de Estado con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido por algún acto de éstos.

Artículo 12º.- En el decreto ley que autorice al Presidente de la Junta de Gobierno para declarar la guerra, se dejará constancia de haber sido oído el Consejo de Oficiales Generales de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Artículo 13º.- Con acuerdo de la Junta de Gobierno, el Presidente conferirá los empleos o grados de Oficiales Generales, mediante decreto supremo.

Para la provisión de los empleos o grados de Coroneles o Capitanes de Navío, se estará a lo dispuesto en los reglamentos de las instituciones.

Artículo 14º.- Cuando de conformidad a la Constitución o las leyes se requiera el acuerdo del Senado para la designación o remoción de un funcionario, deberá procederse con acuerdo de la Junta.

TÍTULO CUARTO

Del orden de precedencia, de la subrogación y del reemplazo de los Miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 15º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, el orden de precedencia de los integrantes de la Junta es el que se indica a continuación:

1.- El Comandante en Jefe del Ejército;

2.- El Comandante en Jefe de la Armada;

3.- El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, y

4.- El General Director de Carabineros.

Artículo 16º.- Cuando el Presidente de la Junta por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo de carácter temporal no pudiere ejercer su cargo, será subrogado por el miembro titular de la Junta que le siga en el orden de precedencia.

Si los cuatro integrantes de la Junta tienen la calidad de subrogantes, se aplicará el orden de precedencia establecido en el artículo 15, para determinar quién ejercerá el cargo de Presidente subrogante de la Junta.

Artículo 17º.- Si por las circunstancias expresadas en el inciso primero del artículo anterior, cualquiera de los integrantes de la Junta no pudiere ejercer su cargo, será subrogado por el Oficial General de Armas en servicio activo más antiguo en su respectiva institución, quien se integrará a la Junta en el cuarto orden de precedencia.

Si el impedimento temporal afectare simultáneamente a dos o más integrantes de la Junta, los subrogantes se incorporarán a ella, a continuación de el o los integrantes titulares, observándose entre los subrogantes el orden de precedencia del artículo 15º.

Artículo 18º.- Cuando sea necesario reemplazar a alguno de los integrantes de la Junta de Gobierno por muerte, renuncia o cualquier clase de imposibilidad absoluta del titular, la Junta designará al Comandante en Jefe institucional o al General Director de Carabineros que deba reemplazarle.

Si la imposibilidad afecta a uno solo de los miembros de la Junta, el reemplazante ocupará el último orden de precedencia.

Si dicha imposibilidad afectare a dos o más de los integrantes titulares en forma simultánea, los nuevos miembros se incorporarán a la Junta conservando entre ellos el orden de precedencia que les corresponda en conformidad al artículo 15º, a continuación de el o los titulares que hubieren permanecido en sus cargos.

Artículo 19º.- En caso de duda acerca de si la imposibilidad que priva a un miembro de la Junta de Gobierno del ejercicio de sus funciones es de tal naturaleza que debe hacerse efectivo su reemplazo, en conformidad al procedimiento previsto en el artículo anterior, corresponderá a los demás miembros titulares de la Junta resolver sobre la duda planteada.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 601

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.910, de 24 de julio de 1974

MINISTERIO DEL INTERIOR

APRUEBA TRANSACCIÓN QUE INDICA

Núm. 601.- Santiago, 23 de julio de 1974.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, y

Considerando:

1.- Que la disposición 17a transitoria de la Constitución Política del Estado, aprobada por Ley de Reforma Constitucional número 17.450, de 16 de julio de 1971, dispuso la nacionalización de las empresas de la Gran Minería del Cobre y de la Compañía Minera Andina y determinó las pautas y procedimientos para fijar el monto de la indemnización que habría de pagarse por esa nacionalización;

2.- Que a la fecha en la cual se produjo la nacionalización el mineral de Chuquicamata era explotado por la sociedad minera mixta “Compañía de Cobre Chuquicamata S.A.” y el mineral de El Salvador por la sociedad minera mixta “Compañía de Cobre Salvador S.A.”, en las cuales era dueña la Corporación del Cobre en el 51%, en virtud de compra de acciones, perteneciendo el saldo del 49% a las sociedades anónimas extranjeras “Chile Exploration Company” y “Andes Copper Mining Company”, respectivamente, ambas subsidiarias de “The Anaconda Company”. El precio de compra del mencionado 51% fue de US$140.494.800 para las acciones en “Compañía de Cobre Chuquicamata S.A.” y de US$34.091.970 para las acciones en “Compañía de Cobre Salvador S.A.”. La Corporación del Cobre y las mencionadas sociedades mineras mixtas estaban, además, ligadas con las dos sociedades extranjeras aludidas mediante un contrato de promesa de compra del 49% restante de las acciones, como también por diferentes otros convenios relacionados con la administración y explotación de las empresas;

3.- Que a la fecha de la nacionalización, y con posterioridad a ella, existían y se generaron diversas cuestiones tributarias que afectaban tanto a las sociedades mineras mixtas como a sus antecesores;

4.- Que la aplicación de la norma constitucional sobre nacionalización generó numerosos problemas conflictivos entre el Estado de Chile, la Corporación del Cobre, “Chile Exploration Company”, “Andes Copper Mining Company” y “The Anaconda Company”, deduciéndose diversas acciones tanto en Chile como en el exterior;

5.- Que la situación reseñada movió al Gobierno anterior a mantener negociaciones sin que llegare a resultados positivos;

6.- Que el actual Gobierno de la República, consciente de las negativas consecuencias que dichos conflictos acarrean a los intereses nacionales, resolvió llevar negociaciones directamente con las sociedades extranjeras afectadas;

7.- Que, habiéndose desarrollado estas negociaciones con la máxima atención y diligencia, se ha llegado entre el Estado de Chile, la Corporación del Cobre, “Chile Exploration Company”, “Andes Copper Mining Company” y “The Anaconda Company”, al acuerdo ad referéndum que consta del Contrato de Transacción suscrito el 22 de julio del año en curso y que ha sido depositado en manos del señor Contralor General de la República;

8.- Que la Junta de Gobierno ha examinado el contenido del Contrato de Transacción aludido y estima conveniente para los intereses nacionales prestarle su aprobación, por cuanto:

a) Las indemnizaciones allí determinadas en favor de los socios de las empresas nacionalizadas se han establecido en concordancia con los principios básicos consagrados en la Constitución Política del Estado y tomando en cuenta, al mismo tiempo, las posibilidades financieras del país;

b) Las cifras base de las indemnizaciones se han determinado por los valores de libro de las empresas al 31 de diciembre de 1970, con las deducciones e imputaciones pertinentes que conducen a los montos transigidos;

c) Se fija a la Corporación del Cobre una indemnización equivalente a sus derechos del 51% en las empresas nacionalizadas y, como consecuencia de su monto, queda definitivamente establecido que dicha entidad debe dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la compra del 51% de las acciones en las sociedades mineras aludidas, todo ello en la forma y de acuerdo con los nuevos plazos y condiciones más favorables para Codelco, alcanzados en la transacción;

d) Se fija como indemnización por el 49% de los derechos que pertenecieron a las empresas extranjeras en las dos sociedades mineras mixtas mencionadas, la suma de US$44.390.000 para “Chile Exploration Company” y de US$14.959.000 para “Andes Copper Mining Company”, cantidades que son equivalentes a las indemnizaciones fijadas al 1º de enero de 1971, incluido el incremento correspondiente al tiempo transcurrido entre esa fecha y el 30 de junio de 1974. Estas indemnizaciones serán pagadas al contado por el Estado de Chile;

e) Se pone término a todos los litigios pendientes, se elimina todo litigio eventual y se hacen efectivos los créditos fiscales por impuestos, determinados también en definitiva por vía transaccional, al considerárseles para el cálculo de las indemnizaciones a que se refieren las letras anteriores;

f) Se concluyen, así, todos los tropiezos y dificultades existentes en la libre operación de las actividades de las empresas nacionalizadas que hoy día pertenecen a las sociedades colectivas del Estado “Compañía de Cobre Chuquicamata” y “Compañía de Cobre Salvador”, y

g) Las demás cláusulas accesorias contenidas en el contrato referido son también de manifiesta conveniencia para el interés nacional.

9.- Que dada la naturaleza de los acuerdos contenidos en el Contrato de Transacción, estima la Junta de Gobierno necesario dar dicha aprobación en el rango de norma constitucional, de carácter transitorio, y sin que disposiciones legales administrativas puedan entorpecer su cumplimiento, para lo cual viene por el presente decreto ley, en ejercicio de la Potestad Constituyente que asumió el 11 de septiembre de 1973, en aprobar en todos sus términos el Contrato de Transacción mencionado en el acápite séptimo.

La Junta de Gobierno ha acordado y dicta el siguiente

Decreto ley:

Artículo único.- Agrégase a la Constitución Política del Estado la siguiente disposición transitoria:

Artículo diecinueve transitorio:

“Apruébase en todos sus términos el Contrato de Transacción celebrado por el Estado de Chile, la Corporación del Cobre y las compañías “Chile Exploration Company”, “Andes Copper Mining Company” y “The Anaconda Company”, que consta del documento suscrito por las partes con fecha 22 de julio de 1974 y que obra en poder del señor Contralor General de la República, mediante el cual se solucionan y se pone término a todas las controversias, dificultades, litigios, reclamaciones y demás cuestiones entre las partes, presentes o futuras, en Chile y en el extranjero, derivadas o relacionadas con la nacionalización de las empresas que pertenecieron a las disueltas sociedades “Compañía de Cobre Chuquicamata S.A.” y “Compañía de Cobre Salvador S.A.”, todo ello de acuerdo con las estipulaciones que en ese documento se consignan.

A fin de llevar a efecto la transacción mencionada, no regirán las limitaciones, restricciones o requisitos vigentes o que pudieren entenderse establecidos por las leyes para efectuar los pagos, constituir las garantías, asumir las obligaciones, suscribir los documentos y efectuar las declaraciones que en dicho Contrato se contienen.”

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno, Jefe Supremo de la Nación.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, General Director de Carabineros.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 710

Publicado en el Diario Oficial Nº 28.985, de 24 de octubre de 1974

MINISTERIO DEL INTERIOR

APRUEBA TRANSACCIÓN QUE INDICA

Núm. 710.- Santiago, 22 de octubre de 1974.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, y

Considerando:

1º.- Que como se expuso en la parte expositiva del decreto ley Nº 601, publicado en el Diario Oficial de 24 de julio de 1974, la nacionalización de las empresas de la Gran Minería del Cobre y de la Compañía Minera Andina S.A., dispuesta por el artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución Política del Estado, introducido por la ley Nº 17.450, de 16 de julio de 1971, suscitó numerosos problemas conflictivos con las empresas afectadas por dicha nacionalización, problemas que no pudieron ser superados por el Gobierno anterior;

2º.- Que entre las empresas afectadas figura la sociedad minera mixta denominada Sociedad Minera El Teniente S.A., cuyos accionistas son la Corporación del Cobre en un 51% del capital social y la sociedad anónima extranjera Braden Copper Company en el 49% restante. La Corporación del Cobre adquirió su participación accionaria mediante compra del 51% de las acciones efectuada el 13 de abril de 1967 en el precio de US$80.000.000, que fue pagado en su oportunidad;

3º.- Que, al igual que en el caso de las sociedades mineras mixtas Compañía de Cobre Chuquicamata S.A. y Compañía de Cobre Salvador S.A., el actual Gobierno resolvió llevar negociaciones directas con las sociedades extranjeras interesadas en la Sociedad Minera El Teniente S.A.;

4º.- Que, habiéndose desarrollado estas negociaciones con la máxima atención y diligencia, se ha llegado entre el Estado de Chile, la Corporación del Cobre, la sociedad colectiva del Estado denominada Sociedad Minera El Teniente, y las sociedades Braden Copper Company, Kennecott Copper Corporation y Kennecott Sales Corporation, al acuerdo ad referéndum que consta del Contrato de Transacción suscrito el 22 de octubre de 1974, y que ha sido depositado en manos del señor Contralor General de la República;

5º.- Que la Junta de Gobierno ha examinado el contenido del Contrato de Transacción aludido y estima conveniente para los intereses nacionales prestarle su aprobación, por cuanto:

a) las indemnizaciones allí determinadas en favor de los accionistas de la sociedad afectada por la nacionalización se han establecido en concordancia con los principios básicos consagrados en la Constitución Política del Estado y tomando en cuenta, al mismo tiempo, las posibilidades financieras del país;

b) las cifras base de las indemnizaciones se han determinado por los valores de libro de la empresa al 31 de diciembre de 1970, con las deducciones e imputaciones pertinentes que conducen al monto transigido;

c) el Estado de Chile pagará por el 49% de los derechos de Braden Copper Company, en la Sociedad Minera El Teniente S.A., la cantidad de US$53.957.828, cantidad que es equivalente a la indemnización fijada al 1º de enero de 1971, incluidos los intereses correspondientes al tiempo transcurrido entre esa fecha y el 30 de septiembre de 1974, y efectuadas las deducciones pertinentes. Dicha cantidad se pagará dividida en diez y nueve cuotas semestrales iguales a partir del 25 de abril de 1975, y hasta el 25 de abril de 1984, con un interés anual del 10% afecto al impuesto adicional del 40% de la Ley de Impuesto a la Renta, todo ello con la garantía y en la forma que se señala en el Contrato de Transacción;

d) el Estado de Chile pagará por el 51% de los derechos de la Corporación del Cobre en la Sociedad Minera El Teniente S.A. la cantidad de US$60.270.430, mediante la dictación del decreto que proceda, en la forma y plazo y con los intereses que dicho decreto señale;

e) la sociedad colectiva del Estado denominada Sociedad Minera El Teniente, en su carácter de continuadora legal de la sociedad minera mixta afectada por la nacionalización, reconoce adeudar y se obliga a pagar a los accionistas de ésta un saldo de dividendos ordinarios provisionales pendientes al 1º de enero de 1971, previa deducción de los impuestos que proceden, y con el interés del 10% anual afecto al impuesto adicional en la cuota que corresponde a Braden Copper Company. El total neto que debe pagar la sociedad colectiva del Estado a dicha empresa americana asciende a US$14.042.172, que se cancelarán con una cuota al contado de US$6.500.000 y con el saldo dividido en diez y nueve cuotas semestrales iguales, en los mismos plazos y con los intereses e impuestos señalados en la letra c) precedente. Codelco, por su parte, recibirá de la sociedad colectiva del Estado su cuota en dichos dividendos en los términos que entre ellas acuerden;

f) se pone término a todos los litigios existentes, se elimina todo litigio eventual y se hacen efectivos los créditos fiscales por impuestos y las cargas de Previsión Social pendientes, determinados también en definitiva por vía de transacción, al considerárseles para el cálculo de las cantidades que se pagarán de acuerdo con lo expresado en las letras a), b), c) y d) precedentes;

g) se concluyen, así, todos los tropiezos y dificultades existentes en la libre operación de las actividades de la empresa nacionalizada, que hoy día pertenece a la sociedad colectiva del Estado denominada Sociedad Minera El Teniente, y

h) las demás cláusulas contenidas en el contrato referido son también de manifiesta conveniencia para el interés nacional;

6º.- Que la Junta de Gobierno estima necesario, dada la naturaleza de los acuerdos contenidos en el Contrato de Transacción, otorgarle su aprobación en el rango de norma constitucional de carácter transitorio, y sin que disposiciones legales administrativas puedan entorpecer su cumplimiento, para lo cual viene por el presente decreto ley, en ejercicio de la Potestad Constituyente que asumió el 11 de septiembre de 1973, en aprobar en todos sus términos el Contrato de Transacción mencionado en el acápite cuarto.

La Junta de Gobierno ha acordado y dicta el siguiente

Decreto ley:

Artículo único.- Agrégase a la Constitución Política del Estado la siguiente disposición transitoria:

“Artículo veinte transitorio.- Apruébase en todos sus términos el Contrato de Transacción celebrado por el Estado de Chile, la Corporación del Cobre, la sociedad colectiva del Estado denominada Sociedad Minera El Teniente, y las sociedades Braden Copper Company, Kennecott Copper Corporation y Kennecott Sales Corporation, que consta del documento suscrito por las partes con fecha 22 de octubre de 1974 y que obra en poder del señor Contralor General de la República, mediante el cual se solucionan y se pone término a todas las controversias, dificultades, litigios, reclamaciones y demás cuestiones entre las partes, presentes o futuras, en Chile y en el extranjero, derivadas o relacionadas con la nacionalización de la empresa que perteneció a la disuelta sociedad minera mixta denominada Sociedad Minera El Teniente S.A., todo ello de acuerdo con las estipulaciones que en ese documento se consignan.

A fin de llevar a efecto la transacción mencionada, no regirán las limitaciones, restricciones o requisitos vigentes o que pudieren entenderse establecidos por las leyes para efectuar los pagos, constituir las garantías, asumir las obligaciones, suscribir los documentos y efectuar las declaraciones que en dicho contrato se contienen”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno, Jefe del Estado.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, General Director de Carabineros.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Saluda a Us.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 788

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.019, de 4 de diciembre de 1974

MINISTERIO DEL INTERIOR

DICTA NORMAS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER CONSTITUYENTE

Santiago, 2 de diciembre de 1974.- La Junta de Gobierno de la República de Chile decretó hoy lo que sigue:

Núm. 788.- Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, y Nº 527, de 1974,

Considerando:

a) Que la Junta de Gobierno ha asumido desde el 11 de septiembre de 1973 el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo;

b) Que el ejercicio de los Poderes Constituyente y Legislativo se realiza mediante la dictación de decretos leyes con la firma de todos los miembros de la Junta de Gobierno y -cuando éstos lo estimen conveniente- con la de el o los Ministros respectivos;

c) Que ninguna diferencia formal se ha establecido hasta ahora para señalar cuáles son los casos en que la Junta de Gobierno ha actuado en ejercicio del Poder Constituyente o en ejercicio del Poder Legislativo, de modo tal que la única forma de identificar cuándo se ha ejercido una y otra potestad radica tan sólo en el contenido o sustancia jurídica de los preceptos aprobados por la Junta de Gobierno;

d) Que, en el hecho y hasta el momento, sólo en algunos casos la Junta de Gobierno ha estimado conveniente destacar la categoría de rango constitucional con que han dictado algunas normas modificatorias de la Constitución Política del Estado, pero que esta circunstancia no puede conducir a la conclusión de que no se ha ejercido la Potestad Constituyente en aquellos casos de decretos leyes que, sin hacer tal mención, han establecido reglas obligatorias incompatibles con el texto constitucional;

e) Que, en consecuencia, debe entenderse que cada vez que la Junta de Gobierno ha dictado un decreto ley cuyos términos no coinciden con alguna disposición de la Constitución Política del Estado, ha ejercido el Poder Constituyente, modificando, en lo pertinente y ya sea en forma expresa o tácita, total o parcial, el respectivo precepto constitucional;

f) Que ha podido entenderse, por interpretación del inciso 2º del artículo 3º del decreto ley 128, de 1973, en cuanto señala que “las disposiciones de los decretos leyes que modifiquen la Constitución Política del Estado formarán parte de su texto y se tendrán por incorporadas en ella”, que se habría limitado el ejercicio del Poder Constituyente sólo a aquellos casos en que la Constitución sea modificada de manera expresa reemplazando alguno de sus preceptos por otro distinto;

g) Que tal interpretación del referido precepto debe rechazarse, puesto que resulta obvio que su sentido y alcance ha sido el de incorporar al texto constitucional las modificaciones a que alude el considerando anterior, pues ellas son las únicas en que interesa y tiene posibilidad lógica la incorporación del nuevo mandato al contenido de la Carta Fundamental; pero ello, en ningún caso, puede excluir la posibilidad de que la Constitución sea reformada tácitamente, por la dictación de decretos leyes con contenido distinto al de los preceptos constitucionales. Tan evidente es lo dicho que la conclusión contraria sólo sería admisible si se aceptara que la propia Junta ha restringido el ejercicio del Poder Constituyente que asumió, sin facultad ni siquiera de derogar tal pretendida auto restricción, supuestos que son inadmisibles para el restablecimiento del normal desenvolvimiento institucional del país;

h) Que, doctrinariamente, se ha sostenido que la Carta Fundamental no puede ser modificada tácitamente sino que sólo a través de norma expresa que reemplace algún precepto constitucional o se agregue a ellos. Pero esta afirmación no tiene validez para períodos de emergencia ni mucho menos en los casos en que, por la fuerza de los hechos históricos, se reúnen en un mismo órgano y sin formalidades o requisitos diferenciadores, el ejercicio del Poder Constituyente y del Poder Legislativo. En estas circunstancias es obvio que la voluntad de tal órgano expresará siempre una norma de conducta de carácter obligatorio que, en cuanto pueda ser distinta de la Constitución que esté vigente, tiene, sin duda, un efecto modificatorio de ésta;

i) Que, no obstante la validez de los principios antes consignados, y por exigencia que surge de la necesidad de otorgar plena certeza al rango jerárquico de los preceptos legales y de no dejar en situación incierta el contenido de los derechos y obligaciones que corresponden a los particulares, se hace conveniente precisar la situación jurídica de los distintos decretos leyes dictados o que dicte la Junta de Gobierno frente al texto de las normas constitucionales;

j) Que, por otra parte, la realidad institucional alcanzada actualmente en el país hace aconsejable que la Junta de Gobierno elimine hacia el futuro toda posible duda acerca de los casos en que ésta decida ejercer el Poder Constituyente, de manera tal que respecto de los decretos leyes en que ésta no se ejerza, quede vigente el recurso de inaplicabilidad consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política del Estado.

Por tanto, la Junta de Gobierno, en ejercicio del Poder Constituyente, acuerda dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1°.- Declárase que los decretos leyes dictados hasta la fecha por la Junta de Gobierno, en cuanto sean contrarios o se opongan, o sean distintos, a algún precepto de la Constitución Política del Estado, han tenido y tienen la calidad de normas modificatorias, ya sea de carácter expreso o tácito, parcial o total, del correspondiente precepto de dicha Constitución.

Artículo 2º.- Aclárase el alcance del inciso 2º del artículo 3º del decreto ley 128, de 1973, en el sentido de que las modificaciones a la Constitución Política del Estado que deben formar parte de su texto y entenderse incorporadas a ella, son las modificaciones de carácter expreso.

Artículo 3º.- Los decretos leyes que se dicten en el futuro y que puedan ser contrarios, u oponerse, o ser distintos, en forma expresa o tácita, total o parcial, a alguna norma de la Constitución Política del Estado, tendrán el efecto de modificarla en lo pertinente sólo si de manera explícita se señala que la Junta de Gobierno lo dicta en el ejercicio de la Potestad Constituyente que le corresponde.

Artículo 4º.- Las disposiciones del presente decreto ley no regirán respecto de las sentencias judiciales ejecutoriadas con anterioridad a su publicación en el Diario Oficial.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Jefe Supremo de la Nación.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- EDUARDO GORDON CAÑAS, General Inspector, General Director subrogante en subrogación del Director General de Carabineros y Miembro de la H. Junta, General don César Mendoza Durán.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 806

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.030, de 17 de diciembre de 1974

MINISTERIO DEL INTERIOR

MODIFICA DECRETO LEY Nº 527, DE 1974

Núm. 806.- Santiago, 16 de diciembre de 1974.- Visto, lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, y

Considerando:

1.- Que el decreto ley Nº 527, de 1974, reguló el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo, encomendando la titularidad de este último al Presidente de la Junta de Gobierno -quien es el Jefe Supremo de la Nación- y reiteró la plena autonomía del Poder Judicial.

2.- Que en mérito de tales disposiciones, los Poderes del Estado aparecen entregados a órganos distintos, sin perjuicio de las necesarias correlaciones que derivan de su ejercicio en procura de la consecución de los superiores intereses de la Patria.

3.- Que, además, es preciso mantener la tradición histórica nacional en cuanto a la denominación de quien ejerce el Poder Ejecutivo, dentro de los marcos de acción orgánica que le fijan tanto la Constitución Política del Estado cuanto el Estatuto de la Junta de Gobierno, especialmente por el hecho de que en numerosas Leyes y Reglamentos preexistentes aparece la denominación de Presidente de la República.

Por tanto, la Junta de Gobierno acuerda dictar el siguiente decreto ley en ejercicio del Poder Constituyente.

Decreto ley:

Artículo único.- Reemplázase el inciso primero del artículo 7º del decreto ley Nº 527, de 17 de junio de 1974, por el siguiente:

“El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno, quien, con el título de Presidente de la República de Chile, administra el Estado y es el Jefe Supremo de la Nación, con las facultades, atribuciones y prerrogativas que este mismo Estatuto le otorga”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones y en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 821

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.038-A, de 27 de diciembre de 1974

MINISTERIO DEL INTERIOR

AGREGA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE INDICA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO

Núm. 821.- Santiago, 27 de diciembre de 1974.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973, y 527 y 788, de 1974, y

Considerando:

1.- Que como se expresó en las partes expositivas de los decretos leyes Nos 601 y 710, publicados respectivamente en el Diario Oficial de 24 de julio y 24 de octubre de 1974, la nacionalización de las empresas de la Gran Minería del Cobre y de la Compañía Minera Andina S.A., dispuesta por el artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución Política del Estado, introducido por la ley Nº 17.450, de 16 de julio de 1971, suscitó numerosos problemas conflictivos con las empresas afectadas por dicha nacionalización, problemas que no pudieron ser superados por el Gobierno anterior.

2.- Que entre las empresas afectadas figura la Compañía Minera Exótica S.A., cuyos accionistas son la Corporación del Cobre, en un 25% del capital social, y la sociedad anónima extranjera Chile Copper Company, en el 75% restante.

3.- Que mediante contrato de fecha 6 de octubre de 1972, Chile Copper Company cedió a Overseas Private Investment Corporation los derechos que le correspondían en la Compañía Minera Exótica S.A.

4.- Que en este caso y, en consideración a la cesión antedicha, el actual Gobierno resolvió llevar negociaciones directas con Overseas Private Investment Corporation.

5.- Que habiéndose desarrollado estas negociaciones con la máxima atención y diligencia, se ha llegado entre el Estado de Chile, la Corporación del Cobre y Overseas Private Investment Corporation, como cesionaria de Chile Copper Company, al acuerdo ad referéndum que consta del Contrato de Transacción suscrito el 24 de diciembre de 1974 y que ha sido depositado en manos del señor Contralor General de la República. Que sin perjuicio de la cesión antedicha se ha estimado necesaria la comparecencia de Chile Copper Company para el efecto que se indica en la cláusula décima del señalado Contrato de Transacción.

6.- Que la Junta de Gobierno ha examinado el contenido del Contrato de Transacción aludido y estima conveniente para los intereses nacionales prestarle su aprobación, por cuanto:

a) las indemnizaciones allí determinadas, al igual que en los casos anteriores de Compañía de Cobre Chuquicamata S.A., Compañía de Cobre Salvador S.A. y Sociedad Minera El Teniente S.A., se han establecido en concordancia con los principios básicos consagrados en la Constitución Política del Estado y tomando en cuenta, al mismo tiempo, las posibilidades financieras del país;

b) el Estado de Chile pagará a Overseas Private Investment Corporation, como cesionaria de Chile Copper Company, por los derechos del 75% que esta última tenía en la Compañía Minera Exótica S.A., la cantidad de US$11.250.000,00 establecida al 1º de enero de 1971, más un interés no acumulativo del 6% anual entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1974, ascendente a US$2.700.000,00. Las cantidades antes señaladas que suman un total de US$13.950.000,00 se pagan con US$4.575.000,00 al contado y con el saldo de US$9.375.000,00 en cinco cuotas iguales a partir del 31 de diciembre de 1975 y hasta el 31 de diciembre de 1979, con un interés anual del 8.3%;

c) el Estado de Chile pagará por el 25% de los derechos de la Corporación del Cobre en la Compañía Minera Exótica S.A. la cantidad de US$3.750.000,00 establecida al 1º de enero de 1971, más un interés no acumulativo del 6% anual entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1974, ascendente a US$900.000,00. Las cantidades antes señaladas se pagarán en la forma y condiciones que señale el decreto supremo respectivo, y

d) se pone término a todos los litigios existentes, se elimina todo litigio eventual y de esta manera quedan íntegramente solucionadas todas las dificultades y problemas derivados de la nacionalización de las empresas de la Gran Minería del Cobre dispuesta por el artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución Política del Estado.

7.- Que la Junta de Gobierno estima necesario, dada la naturaleza de los acuerdos contenidos en el Contrato de Transacción, otorgarle su aprobación en el rango de norma constitucional de carácter transitorio, y sin que disposiciones legales administrativas puedan entorpecer su cumplimiento, para lo cual vienen por el presente decreto ley, en ejercicio de la Potestad Constituyente que asumió el 11 de septiembre de 1973, en aprobar en todos sus términos el Contrato de Transacción mencionado en el acápite quinto.

La Junta de Gobierno ha acordado y dicta el siguiente

Decreto ley:

Artículo único. Agrégase a la Constitución Política del Estado la siguiente disposición transitoria:

“Artículo veintiuno transitorio.- Apruébase en todos sus términos el Contrato de Transacción celebrado por el Estado de Chile, la Corporación del Cobre y Overseas Private Investment Corporation, que consta del documento suscrito por las partes con fecha 24 de diciembre de 1974 y que obra en poder del señor Contralor General de la República, mediante el cual se solucionan y se pone término a todas las controversias, dificultades, litigios, reclamaciones y demás cuestiones entre las partes, presente o futuras, en Chile y en el extranjero, derivadas o relacionadas con la nacionalización de la Empresa que perteneció a la disuelta sociedad minera mixta denominada Compañía Minera Exótica S.A., todo ello de acuerdo con las estipulaciones que en ese documento se consignan.

A fin de llevar a efecto la transacción mencionada, no regirán las limitaciones, restricciones o requisitos vigentes o que pudieren entenderse establecidas por las leyes para efectuar los pagos, asumir las obligaciones, constituir las garantías, suscribir los documentos y efectuar las declaraciones que en dicho contrato se contienen”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, General Director de Carabineros.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 991

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.345, de 3 de enero de 1976

MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTABLECE NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE DECRETOS LEYES

Núm. 991.- Santiago, 17 de abril de 1975.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1, 27 y 128, de 1973, y en el artículo 6º del decreto ley Nº 527, de 1974, y

Teniendo presente la necesidad de establecer los órganos de trabajo y los procedimientos de que se servirá el Gobierno para ejercer las Potestades Constituyente y Legislativa;

La Junta de Gobierno acuerda dictar el siguiente

Decreto ley:

TÍTULO I

De los órganos de trabajo

Artículo 1º. Los miembros de la Junta de Gobierno ejercerán las Potestades Constituyente y Legislativa de acuerdo con las normas establecidas en su Estatuto, aprobado por decreto ley Nº 527, de 1974, y en conformidad con las disposiciones complementarias contenidas en el presente decreto ley.

Artículo 2º. Para el cumplimiento de dichos cometidos, créanse tres Comisiones Legislativas, que serán organizadas por decreto supremo del Ministerio de Justicia, según las especialidades o áreas jurídicas que comprendan las materias sometidas a su conocimiento, y una Comisión Legislativa Especial de Defensa Nacional.

Créase, asimismo, una Secretaría de Legislación, dependiente de la Junta de Gobierno.

Artículo 3º. Cada Comisión Legislativa será presidida por uno de los Miembros de la Junta de Gobierno.

Se integrarán con profesionales, técnicos o expertos altamente calificados y contarán con un Secretario, que tendrá el carácter de ministro de fe, todos los cuales serán nombrados por decreto supremo del Ministerio de Justicia a propuesta del Presidente de la respectiva Comisión y permanecerán en sus cargos mientras cuenten con la confianza de éste.

Los Ministros de Estado podrán concurrir a las sesiones de la Comisión Legislativa que corresponda a su área de competencia institucional y tomar parte en sus debates, sin perjuicio de la facultad de las Comisiones para solicitar su comparecencia cuando lo estimen necesario. En este último caso, el Ministro podrá concurrir personalmente o hacerse representar por el Subsecretario respectivo.

Artículo 4º. La Comisión Legislativa Especial de Defensa Nacional, presidida en la forma indicada en el artículo anterior, estará integrada por un Oficial Superior o General de Armas, de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Excepcionalmente se integrará, además, por un representante de los respectivos organismos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, cuando la materia a tratarse tenga relación con dichos organismos, o cuando su presencia sea requerida por el Presidente de la Comisión.

El decreto supremo mediante el cual se nombra a los miembros y Secretario de esta Comisión Legislativa deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Defensa Nacional.

Artículo 5º. Serán funciones principales de las Comisiones Legislativas las siguientes:

a) Asesorar a los Miembros de la Junta de Gobierno, con carácter consultivo, en el ejercicio de sus Potestades Constituyente y Legislativa, comprobando que los proyectos de decreto ley guarden conformidad con los propósitos que orienten su política y la acción del Gobierno;

b) Estudiar los asuntos que sean entregados a su examen y formular proposiciones concretas en relación al texto de los proyectos de decreto ley, para que sean resueltas por los Miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 6º. En casos de ausencia o de otro impedimento temporal debidamente calificado del Miembro de la Junta de Gobierno que presida la Comisión Legislativa, será subrogado en el ejercicio de esta función en conformidad al orden de precedencia que él previamente determine entre los miembros de la misma.

Artículo 7º. La Secretaría de Legislación estará compuesta por un Oficial de cada uno de los Servicios de Justicia de las Fuerzas Armadas y Carabineros, designados a propuesta de los respectivos Comandantes en Jefe Institucionales y por el General Director de Carabineros, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Justicia y suscrito, además, por el Ministro de Defensa Nacional.

El Oficial de mayor jerarquía tendrá a su cargo la dirección superior, técnica y administrativa de la misma, de sus dependencias y del personal que se desempeñe en ella. Será subrogado en sus funciones por el Oficial que le siga en antigüedad.

Artículo 8º. La Secretaría de Legislación se integrará además:

a) Con personal de los escalafones de Secretaría y Redacción del Senado y de la Cámara de Diputados. Para tal efecto, el Secretario de Legislación podrá requerir al Secretario del Senado la destinación o envío en comisión de servicios de dicho personal, en la forma y condiciones que se determinen.

b) Con profesionales, técnicos o expertos altamente calificados, designados por el Presidente de la República por decreto supremo de Justicia, a propuesta del Secretario de Legislación, los que podrán atender tanto labores habituales como accidentales relativas a la Secretaría, y

c) Con el personal de la Administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, incluidas las Municipalidades, que, a requerimiento del Presidente de la República, sea comisionado a la Secretaría de Legislación, con las modalidades, obligaciones y por los plazos que en cada caso se establezcan, en subsidio de los cuales regirán a su respecto las normas del decreto ley Nº 577, de 1974.

Artículo 9º. El personal administrativo y de servicios que requieran las necesidades de funcionamiento de la Secretaría de Legislación se constituirá con funcionarios del Congreso Nacional y de la Administración del Estado, en la forma prevista en las letras a) y c) del artículo anterior.

Artículo 10º. La Oficina de Informaciones del Senado y la Biblioteca e Imprenta del Congreso Nacional estarán al servicio de la Secretaría de Legislación y, por su intermedio, al de las Comisiones Legislativas para proporcionar toda la asistencia informativa y documental que se requiera para el cumplimiento de sus respectivas funciones, sin perjuicio de la dependencia administrativa establecida en el decreto ley Nº 27, de 1973.

Artículo 11º. Los miembros de las Comisiones Legislativas y de la Secretaría de Legislación mantendrán el régimen estatutario y de remuneraciones que corresponda a sus respectivas calidades funcionarias.

Los miembros que no tengan tal calidad, podrán desempeñarse ad honorem o sobre la base de honorarios.

Artículo 12º. Los gastos que demande el funcionamiento de las Comisiones Legislativas y de la Secretaría de Legislación se imputarán a los ítem correspondientes del Presupuesto de la Junta de Gobierno.

TÍTULO II

De la tramitación de los decretos leyes

Artículo 13º. La iniciativa para la dictación de un decreto ley sólo podrá emanar del Presidente de la República o de los demás Miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 14º. En los casos en que los Miembros de la Junta de Gobierno ejerzan directamente la iniciativa de legislar, presentarán un estudio o anteproyecto, según estimen necesario, que exprese dicha iniciativa.

Artículo 15º. Si la iniciativa se origina en el Presidente de la República, los respectivos proyectos de decreto ley deberán ir acompañados de un Mensaje Presidencial que se remitirá a la Secretaría de Legislación con un informe que incluirá las siguientes materias:

a) Razones que justifican la necesidad de dictar las normas propuestas;

b) Cálculo estimativo del gasto, en su caso, con indicación de las respectivas fuentes de financiamiento, debidamente justificadas con los antecedentes técnicos correspondientes, y

c) Demás antecedentes que se estimen de interés para la mejor comprensión de la iniciativa.

Un informe análogo, en lo que corresponda, se emitirá en relación con los proyectos que presenten los demás Miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 16º. En cualquiera de los casos señalados en los artículos precedentes, el Presidente de la República o los demás Miembros de la Junta de Gobierno podrán formular indicaciones a los proyectos en tramitación en las Comisiones Legislativas, tendientes a dar debida correspondencia a sus normas con los Planes y Programas de Gobierno. Estas indicaciones podrán tener carácter aditivo, sustitutivo o supresivo de normas del proyecto, ya sea que lo afecten parcial o totalmente.

Artículo 17º. Ingresado un proyecto de decreto ley a la Secretaría de Legislación, ésta comprobará que se hayan acompañado los antecedentes señalados en el artículo 15º y el Mensaje Presidencial, en su caso. Si así no fuere, procederá a la devolución del proyecto al organismo de origen.

Artículo 18º. La Secretaría de Legislación presentará a la o a las Comisiones Legislativas respectivas, conjuntamente con el envío de copia del proyecto, un informe que abordará las siguientes materias:

a) Análisis del proyecto desde el punto de vista de su juridicidad de fondo;

b) Sugerencias para perfeccionar el proyecto desde el punto de vista formal, con el fin de ajustarlo a una adecuada técnica legislativa;

c) Análisis de las disposiciones en que el proyecto deroga o modifica, expresa o tácitamente, la legislación vigente;

d) Análisis de las normas de la legislación en vigencia cuyos alcances o efectos resultarán afectados por el proyecto, en caso de ser éste aprobado, y

e) Correlación con el régimen normativo nacional.

Artículo 19º. La Secretaría de Legislación remitirá copia del proyecto y del informe a que se refiere el artículo anterior a cada uno de los Miembros de la Junta de Gobierno en la oportunidad en que lo entregue a conocimiento de la respectiva Comisión. Asimismo, los mantendrá documentalmente informados de las modificaciones que se propongan durante el análisis del proyecto por las respectivas Comisiones.

Artículo 20º. Las Comisiones Legislativas tendrán facultad para requerir la asesoría, cooperación y antecedentes que juzguen necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones, de los Servicios, Reparticiones, Organismos, Empresas e Instituciones del Estado. Podrán, asimismo, requerir análogas colaboraciones a personas o entidades privadas cuyo concurso estimen conveniente, de modo que la comunidad, a través de sus organizaciones técnicas o representativas, pueda participar en la elaboración de los decretos leyes, como órganos consultivos (¹).

Artículo 21º. Para asegurar la debida correspondencia y armonía de la legislación concerniente a las distintas áreas fundamentales de la actividad del país, las Comisiones Legislativas podrán establecer Sub-comisiones sectoriales de interconsulta, compuestas por representantes oficiales de las propias Comisiones, de los Ministerios y Servicios del Estado, tanto centralizados como descentralizados, incluidas las Municipalidades. Estos representantes serán directa y personalmente responsables de sus respectivas áreas de actividad.

Artículo 22º. Iniciado el estudio de un proyecto, las Comisiones Legislativas, a través de la Secretaría de Legislación, informarán a los Miembros de la Junta de Gobierno acerca de las observaciones que el proyecto les merezca, cuando éste haya de ser objeto de modificaciones sustanciales, a fin de que la Junta de Gobierno resuelva sobre la decisión de legislar.

Artículo 23º. Una vez estudiado un proyecto por las respectivas Comisiones Legislativas, éstas lo elevarán a la consideración de los Miembros de la Junta de Gobierno, informándolos del contenido, antecedentes y alcances de la iniciativa y, en su caso, acerca de los puntos en que existieron discrepancias, con el objeto de que se adopte la decisión legislativa que se estime procedente.

Artículo 24º. Los Miembros de la Junta de Gobierno tomarán conocimiento de los proyectos e informes a que se refieren los artículos anteriores en audiencias periódicas que para estos efectos concederán a las Comisiones Legislativas.

Tanto ante la Junta de Gobierno como ante las Comisiones Legislativas podrá actuar como Relator un miembro o un funcionario de la respectiva Comisión o un integrante de la Secretaría de Legislación, según la designación que haga el Presidente de la Comisión que estudia el proyecto.

Artículo 25º. La Secretaría de Legislación dará cumplimiento a lo resuelto por la Junta de Gobierno y elaborará el texto final del proyecto.

Artículo 26º. El Presidente de la República o los demás Miembros de la Junta de Gobierno podrán hacer presente la urgencia para el despacho de un proyecto. La urgencia podrá disponerse en carácter de extrema, en cuyo caso el proyecto deberá quedar tramitado para el pronunciamiento definitivo de la Junta de Gobierno en un plazo no superior a treinta días, o en el carácter de simple urgencia, en cuyo caso dicho término no podrá exceder de sesenta días. El procedimiento para dar satisfacción a estas normas se señalará en el Reglamento.

Artículo 27º. El Presidente de la República o cualquiera de los demás Miembros de la Junta de Gobierno podrán atribuir a un proyecto carácter secreto o reservado y, en tal evento, su tramitación se ajustará a las normas precedentes con las modalidades que siguen:

1. El informe a que alude el artículo 15º se rendirá verbalmente por el Ministro de Estado respectivo ante la Comisión Legislativa que deba intervenir en su estudio;

2. La respectiva Comisión Legislativa se integrará sólo con los miembros que determine su Presidente;

3. El Secretario de Legislación estará personalmente encargado de realizar los cometidos que corresponden a la Secretaría, y

4. El trámite de Registro ante la Contraloría General de la República se efectuará personal y directamente ante el Jefe Superior de dicho Servicio.

Artículo 28º. Corresponderá al Presidente de la República disponer la promulgación de los decretos leyes aprobados por la Junta de Gobierno, debiéndose remitir éstos a la Secretaría de Legislación para que se les dé la numeración correlativa que corresponda conforme al decreto ley Nº 2, de 1973 (¹).

La Secretaría de Legislación, una vez numerado el respectivo decreto ley, lo remitirá a la Contraloría General de la República para su Registro y al Diario Oficial para su publicación.

La publicación se hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto ley.

Artículo 29º. Los organismos que intervengan en la formación de los decretos leyes no podrán emplear en su tramitación procedimientos distintos de los que sanciona el presente decreto ley.

Con todo, el procedimiento establecido en los artículos precedentes sólo podrá ser omitido en casos debidamente calificados, a propuesta del Presidente de la República o de los demás Miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 30º. La Secretaría de Legislación tomará las medidas necesarias para que los antecedentes relativos a la historia fidedigna del establecimiento de la ley se archiven en forma de permitir su consulta, que será pública, excepto cuando se refieran a proyectos de Defensa Nacional o de carácter secreto o reservado.

Artículo 31º. Deróganse el artículo 4º del decreto ley Nº 460, de 1974, y los decretos supremos del Ministerio de Defensa Nacional (G) Nos 668 y 737, ambos de 1973 (²).

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, General Director de Carabineros.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 1.008

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.147, de 8 de mayo de 1975

MINISTERIO DE JUSTICIA

MODIFICA ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Núm. 1.008.- Santiago, 5 de mayo de 1975.- Visto, lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974, y

Considerando:

1.- Que los delitos contra la Seguridad Nacional revisten extrema gravedad, ya que atentan contra la estabilidad del Estado y de sus instituciones, ponen en peligro la convivencia nacional y obstaculizan el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes, y

2.- Que para la debida investigación que debe realizar el juez competente, es necesario proporcionarle el máximo de antecedentes, especialmente en cuanto a la identidad del detenido, por lo que resulta insuficiente el plazo que contempla el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que sólo permite a la autoridad detener a una persona hasta por cuarenta y ocho horas, lo que hace aconsejable que, tratándose de delitos de esta naturaleza y durante la vigencia de estado de sitio, dicho plazo pueda ampliarse hasta por cinco días.

La Junta de Gobierno, en ejercicio del Poder Constituyente, dicta el siguiente

Decreto ley:

Artículo único. Agrégase al artículo 15 de la Constitución Política del Estado el siguiente inciso:

“Sin embargo, tratándose de delitos contra la seguridad del Estado y durante la vigencia de regímenes de emergencia, el plazo a que se refiere el inciso anterior será hasta de cinco días.”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ. T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- Miguel Schweitzer Speisky, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente.- Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navío (J), Subsecretario de Justicia.

(1) Inciso rectificado en la forma que se consigna en el texto, en virtud de la publicación aparecida en el ‘‘Diario Oficial’’ Nº 26.867, de 14 de octubre de 1967.

(2) El decreto 519, de 24 de marzo de 1970, de Justicia, fijó el texto de la Constitución Política del Estado. (Incluido en el Anexo C del Apéndice del Tomo 56 de la Recopilación de Leyes).

(3) Inciso rectificado en vista de la publicación aparecida en el ‘‘Diario Oficial’’ Nº 27.570, de 12 de febrero de 1970.

(1) Inciso rectificado en vista de la publicación aparecida en el ‘‘Diario Oficial’’ Nº 27.570, de 12 de febrero de 1970.

(1)(2) Incisos rectificados de acuerdo con la publicación aparecida en el ‘‘Diario Oficial’’ Nº 25.570, de 12 de febrero de 1970.

(1) Inciso rectificado en vista de la publicación aparecida en el ‘‘Diario Oficial’’ Nº 25.570, de 12 de febrero de 1970.

(1) Inciso rectificado en vista de la publicación aparecida en el ‘‘Diario Oficial’’ Nº 25.570, de 12 de febrero de 1970.

(1) Artículo rectificado en vista de la publicación aparecida en el ‘‘Diario Oficial’’ Nº 27.570, de 12 de febrero de 1970.

(*) El Diario Oficial no se publicó ni circuló entre los días 12 y 17 de septiembre de 1973

(¹) Las restantes normas de este decreto ley, que suplementa el presupuesto de 1973, son de orden administrativo.

(1) El decreto ley 335, de 25 de febrero de 1974, agregó el siguiente inciso a esta disposición:

‘‘El afectado podrá reclamar dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo señalado en el inciso anterior, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado. Se presume de derecho que el referido decreto supremo es conocido por el afectado desde la fecha de la mencionada publicación. La interposición del recurso suspenderá los efectos de la pérdida de nacionalidad.’’

El decreto-ley 1.697, de 11 de marzo de 1977, reemplazó ambos incisos de este artículo por los siguientes:

‘‘Para los efectos de la pérdida de la nacionalidad contemplada en el Nº 4 del artículo 6º de la Constitución Política del Estado, se requerirá de decreto supremo fundado, firmado por todos los Ministros de Estado, en el que se deberá considerar, en todo caso, un informe escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitido sobre la base de las informaciones oficiales que obtenga de las misiones diplomáticas u oficinas consulares chilenas en el extranjero, o de otras fuentes fidedignas que estime apropiadas’’.

‘‘El afectado podrá reclamar, dentro del plazo de 90 días, contado desde la fecha publicación en el Diario Oficial del decreto supremo señalado en el inciso anterior, ante la Corte Suprema, la que resolverá como jurado y en forma preferente. Se presume de derecho que el referido decreto supremo es conocido por el afectado desde la fecha de la mencionada publicación. El reclamante podrá comparecer personalmente o por medio de mandatario. La Corte Suprema dictará las normas adecuadas para asegurar el expedito ejercicio del recurso. Su interposición suspenderá los efectos de la pérdida de la nacionalidad’’.

(1) Véase lo dispuesto por el decreto-ley 788, de 2 de diciembre de 1974.

(¹) Vid DS. (J) 1.514 (6-9-76) que reglamenta la aplicación de este artículo.

(¹) El D.L. 2 (18-11-73) ha dispuesto la numeración correlativa de los decretos leyes.

(²) El Art. 4º del D.L. 460 (18-5-74) establecía la dependencia del Comité de Asesoría y Coordinación Jurídica de la Junta de Gobierno (creado por D.S. (Def. Nacional) Nº 668, de 21-9-73) del Comité Asesor (creado por D.L. 460 cit.).

ACTAS CONSTITUCIONALES (1976 - 1980)

Chile

Años 1976 a 1980

DECRETO LEY Nº 1.319

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.350, de 9 de enero de 1976

MINISTERIO DE JUSTICIA

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 1

Crea Consejo de Estado

Núm. 1.319.- Santiago, 31 de diciembre de 1975.- Considerando:

1º.- Que al Presidente de la República está confiada, por mandato constitucional, la administración y el Gobierno del Estado;

2º.- Que los problemas que corresponde resolver al Jefe Supremo de la Nación en ejercicio de dicha atribución son por su naturaleza múltiples y complejos;

3º.- Que es de conveniencia que el Presidente de la República en asuntos de trascendencia para la Nación y cuando lo estime procedente, pueda contar con la recomendación u opinión de un Consejo Consultivo de la más alta jerarquía y amplia representatividad nacional, formado especialmente por personas calificadas, de profunda versación y experiencia y de reconocida rectitud y prestigio;

4º.- Que la creación de un Consejo de Estado, con tales características, responde, además, al propósito del Gobierno de propender a la integración y participación de los diversos sectores de la comunidad en el conocimiento y solución de los grandes problemas nacionales;

5º.- Que los referidos objetivos deben cumplirse sin menoscabo de las prerrogativas y facultades decisorias del Presidente de la República;

6º.- Que la Junta de Gobierno ha enunciado su propósito de dictar Actas Constitucionales con el objeto de poner en vigencia gradualmente aquellos preceptos orgánicos que respondan a la evolución de nuestra realidad nacional y sirvan de base a la institucionalidad fundamental y definitiva de la República;

Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 1,

Decreto ley:

Artículo 1º. Créase el Consejo de Estado como supremo cuerpo consultivo del Presidente de la República en asuntos de gobierno y administración civil.

Artículo 2º. El Consejo de Estado estará integrado por los ex Presidentes de la República, por derecho propio, y por las siguientes personas designadas por el Presidente de la República:

a) Por un ex Presidente de la Corte Suprema;

b) Por un ex Contralor General de la República;

c) Por un ex Comandante en Jefe del Ejército;

d) Por un ex Comandante en Jefe de la Armada;

e) Por un ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea;

f) Por un ex General Director de Carabineros;

g) Por un ex Ministro de Estado;

h) Por un ex Diplomático con categoría o rango de Embajador;

i) Por un ex Rector de las Universidades del Estado o de algunas de las reconocidas por éste;

j) Por un profesor o ex profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de cualesquiera de las Universidades indicadas en la letra precedente;

k) Por un profesor o ex profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de cualesquiera de las Universidades indicadas en la letra i);

l) Por una persona representativa de las actividades profesionales colegiadas;

ll) Por una persona representativa de la actividad empresarial;

m) Por un trabajador, empleado u obrero, representativo de la actividad laboral;

n) Por un representante de una organización femenina, y

ñ) Por un representante de la juventud.

Las personas indicadas en las letras c), d), e) y f) serán designadas por el Presidente de la República a proposición del Comandante en Jefe de la referida rama de las Fuerzas Armadas o del General Director de Carabineros, en su caso.

Las personas señaladas en las letras g), h) e i) deberán haber servido el respectivo cargo, a lo menos, durante un año, y las indicadas en las letras j) y k) deberán haber desempeñado la cátedra por un lapso no inferior a cinco años.

Artículo 3º. Los consejeros nombrados por el Presidente de la República durarán tres años en sus cargos, su designación podrá ser renovada y permanecerán en sus funciones mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República.

El Consejo de Estado tendrá un Presidente y un Vicepresidente, que serán designados, de entre sus miembros, por el Presidente de la República.

Artículo 4º. El Presidente de la República podrá solicitar la opinión del Consejo de Estado en los siguientes asuntos:

a) Proyectos de reforma constitucional;

b) Proyectos de decreto ley o aspectos determinados de los mismos, relativos a materias de importancia de carácter económico, financiero, tributario, administrativo o social;

c) Celebración de tratados o convenios internacionales de gran significación para el país;

d) Convenios, contratos y negociaciones que por su naturaleza puedan comprometer el crédito o los intereses del Estado, y

e) En cualquier otro asunto de trascendencia para la Nación.

Artículo 5º. Los Consejeros de Estado serán inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en las sesiones del Consejo.

Artículo 6º. Por decreto ley se determinarán las normas básicas del funcionamiento del Consejo de Estado; se fijará la dotación de su personal y sus remuneraciones.

Un Reglamento, dictado por el propio Consejo de Estado, establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización interna y funcionamiento.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente.- Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navío (J), Subsecretario de Justicia.

DECRETO LEY Nº 1.551

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.558-A, de 13 de septiembre de 1976

MINISTERIO DE JUSTICIA

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 2

Bases esenciales de la institucionalidad chilena

Santiago, 11 de septiembre de 1976.- Hoy se decretó lo siguiente:

Núm. 1.551.- Considerando:

1.- Que las Fuerzas Armadas y de Orden, en cumplimiento de su deber esencial de resguardar la soberanía de la Nación y los valores superiores y permanentes de la chilenidad, a justo y legítimo requerimiento de aquélla, asumieron el 11 de septiembre de 1973 la conducción de la República con el fin de preservar la identidad histórico-cultural de la Patria y de reconstruir su grandeza espiritual y material;

2.- Que para el logro de tan altos objetivos es necesario dar al país una nueva institucionalidad que afiance su destino como Nación soberana y libre y permita que en ella la evolución y el progreso se encaucen vigorosamente, con la dinámica que la hora actual exige, dentro de un régimen de autoridad que garantice la libertad y seguridad de sus habitantes;

3.- Que para ello es indispensable establecer sus bases fundamentales, a las que deberá sujetarse el ordenamiento jurídico de la Nación;

4.- Que entre los valores esenciales en que estas bases se sustentan, coincidentes con la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de Chile, de 11 de marzo de 1974, cabe destacar:

a) La concepción humanista cristiana del hombre y de la sociedad que considera a aquél como un ser dotado de una dignidad espiritual y de una vocación trascendente, de las cuales se derivan para la persona derechos naturales anteriores y superiores al Estado, que imponen a éste el deber de estar a su servicio y de promover el bien común.

Dentro de esta concepción, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y es deber del Estado protegerla y propender a su fortalecimiento, como asimismo, es deber suyo reconocer a los grupos intermedios entre el hombre y el Estado, conforme al principio de subsidiariedad;

b) El concepto de unidad nacional, expresado a través de un propósito de integración armónica de todos los sectores de la Nación que persiga los grandes objetivos señalados en el considerando primero y rechaza, en consecuencia, toda concepción que fomente antagonismos sociales;

c) El concepto de Estado de Derecho, que supone un orden jurídico objetivo e impersonal, cuyas normas inspiradas en un superior sentido de justicia obligan por igual a gobernantes y gobernados;

d) La concepción de una nueva y sólida democracia que haga posible la participación de los integrantes de la comunidad en el conocimiento y solución de los grandes problemas nacionales y dotada de mecanismos que la defiendan de los enemigos de la libertad, los que, al amparo de un pluralismo mal entendido, sólo pretenden su destrucción;

e) La existencia de un Estado unitario, con una administración funcional y territorialmente desconcentrada, que haga posible el desarrollo armónico, equilibrado y de participación de las regiones, y

Visto: lo dispuesto en los decretos leyes números 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 2,

Decreto ley:

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 2

Bases esenciales de la institucionalidad chilena

Artículo 1. El Estado de Chile es unitario. El país se divide en regiones y su administración es funcional y territorialmente desconcentrada.

Artículo 2. El Estado debe promover el bien común, creando las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a la seguridad, libertad y dignidad del ser humano y a su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

El Estado propenderá a la integración armónica de todos los sectores de la Nación. En consecuencia, se rechaza toda concepción de la sociedad inspirada en el fomento de antagonismos sociales.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado la protegerá y propenderá a su fortalecimiento.

El Estado reconoce a los grupos intermedios de la comunidad.

Artículo 3. Las potestades estatales y las autoridades públicas someten su acción a las Actas Constitucionales, a la Constitución y a las leyes.

Artículo 4. La soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida de acuerdo al Acta de Constitución de la Junta de Gobierno y a todas las normas que se hayan dictado o se dicten en conformidad a ella.

La soberanía no reconoce otra limitación que el respeto a los derechos que emanan de la naturaleza humana.

Artículo 5. Chile es una república que se estructura como una nueva democracia con participación de la comunidad y dotada de mecanismos que aseguren su protección, fortalecimiento y autoridad.

Artículo 6. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma y con los requisitos que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y origina las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Artículo 7. Los preceptos de las Actas Constitucionales y de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de los distintos órganos de autoridad, como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Artículo 8. Son Emblemas Nacionales el Escudo de Armas de la República, la Bandera Nacional y la Canción Nacional.

Artículo 9. La mención que en esta u otras Actas Constitucionales se haga a la Constitución Política de la República debe entenderse referida a su texto vigente al 10 de septiembre de 1973, con las modificaciones posteriores de que ha sido objeto en conformidad a lo dispuesto en el decreto ley Nº 788, de diciembre de 1974.

Las Actas Constitucionales sólo podrán ser modificadas en ejercicio del Poder Constituyente y por medio de reformas expresas que deberán incorporarse a su texto.

Artículo 10. Deróganse el Capítulo I y sus artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1. La presente Acta Constitucional entrará en vigencia el 18 de septiembre de 1976.

Artículo 2. Dentro del plazo de un año, contado desde la vigencia de esta Acta, los decretos leyes que hayan modificado la Constitución Política de la República en lo relativo a los Poderes del Estado y su ejercicio, deberán revestir la forma de Acta Constitucional.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que le transcribo para su conocimiento.- Le saluda.- Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navío, JT, Subsecretario de Justicia.

DECRETO LEY Nº 1.552

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.558-A, de 13 de septiembre de 1976

MINISTERIO DE JUSTICIA

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 3

De los derechos y deberes constitucionales

Núm. 1.552.- Santiago, 11 de septiembre de 1976.- Hoy se decretó lo siguiente:

Considerando:

1.- Que siendo los derechos del hombre anteriores al Estado y su vida en sociedad la razón de ser de todo ordenamiento jurídico, la protección y garantía de los derechos básicos del ser humano constituyen necesariamente el fundamento esencial de toda organización estatal;

2.- Que la tradición jurídica e histórica chilena ha sido consecuente con estos principios y ha evidenciado un propósito permanente de perfeccionamiento de los derechos de las personas y de los procedimientos que aseguren su eficaz protección;

3.- Que la amarga realidad que Chile vivió en los años previos al 11 de septiembre de 1973 ha demostrado, sin embargo, la necesidad de fortalecer y perfeccionar los derechos reconocidos en la Carta de 1925 e incorporar nuevas garantías acordes con la doctrina constitucional contemporánea y su consagración internacional;

4.- Que entre estas últimas cabe destacar el derecho a la vida y a la integridad de las personas, la protección legal de la vida del que está por nacer, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la legalidad del proceso, y el derecho a defensa y otras que requieren jerarquía constitucional y reafirman el valor del hombre como célula fundamental de nuestra sociedad (¹);

5.- Que, por otra parte, la ausencia de toda consideración y respeto a la vida privada de las personas y de sus familias, así como a su honra, que caracterizó al período político que precedió al actual Gobierno, hace necesario contemplar esta garantía constitucional sujeta a los correspondientes mecanismos de protección que esta Acta establece;

6.- Que siendo la libertad de opinión y de informar una de las que tiene mayor trascendencia en el mundo de hoy, se hace necesario, junto con consagrarla, estatuir las normas indispensables para evitar que su ejercicio abusivo atente contra los derechos de las personas o aquellos valores superiores que regulan la vida de la comunidad;

7.- Que la convicción del constituyente en orden a que, por muy eficaz que sea la protección de la persona humana, ella no resulta satisfactoria si no se procura y estimula su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida, hace necesario contemplar, además de la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y el deber correlativo de dispensarla que compete a la comunidad nacional toda, pero que comienza con los padres mismos, quienes no sólo tienen el derecho preferente de educar a sus hijos sino que, además, el deber de hacerlo;

8.- Que el desarrollo económico y social debe fundarse en una clara definición y adecuada protección del derecho de propiedad y su función social, ya que, además, él contribuye a hacer posible el ejercicio de las libertades públicas;

9.- Que no puede tampoco el constituyente ignorar el peligro de la contaminación ambiental, el que, aunque no tratado todavía por otras Cartas Constitucionales, implica un riesgo permanente para la vida y desarrollo del hombre;

10.- Que por muy perfecta que sea una declaración de derechos, éstos resultan ilusorios si no se consagran los recursos necesarios para su debida protección. Uno de los más trascendentales lo constituye la creación de un nuevo recurso de protección de los derechos humanos en general, con lo cual el resguardo jurídico no queda sólo limitado al derecho a la libertad personal y al recurso de amparo, sino que se extiende a aquellos derechos cuya naturaleza lo permita (²);

11.- Que para un mayor resguardo del ordenamiento jurídico que se contempla, se dispone que nadie puede invocar precepto constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos que esta Acta reconoce, o para atentar contra la integridad o funcionamiento del Estado o del régimen constituido;

12.- Que como una manera de proteger los valores fundamentales en que se basa la sociedad chilena, debe declararse ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República todo acto de personas o grupos destinado a difundir doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, o que sean contrarias al régimen constituido;

13.- Que en el entendido que la vida en sociedad no sólo implica la existencia de derechos, sino que, además, de deberes, procede contemplar un capítulo que contenga los deberes constitucionales, como lo son, entre otros, el respeto a Chile, y a sus emblemas; el de honrar a la Patria y defender su soberanía e integridad, el de contribuir a preservar la seguridad nacional, el de acatar las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes, que comprende el de obedecer las órdenes de las autoridades constituidas; el de concurrir a los gastos públicos; el de alimentar, educar y amparar a los hijos y de honrar y socorrer a los padres, todo sin perjuicio de los demás deberes que impongan las leyes, y

Visto lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 3.

Decreto ley:

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 3

De los derechos y deberes constitucionales

CAPÍTULO I

De los derechos constitucionales y sus garantías

Artículo 1. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad. Esta Acta Constitucional asegura a todas las personas:

1.- El derecho a la vida y a la integridad de la persona, sin perjuicio de la procedencia de las penas establecidas por las leyes.

La ley protege la vida del que está por nacer.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.

2.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.

El hombre y la mujer gozarán de iguales derechos.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.

3.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción necesita fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

En las causas criminales, ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

4.- La admisión a todos los empleos y funciones públicas, sin otros requisitos que los que impongan las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes.(¹)

5.- La igual repartición de los impuestos y contribuciones, en proporción de los haberes o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

6.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual y, en consecuencia, los derechos de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.

a) Nadie puede ser privado ni restringido en su libertad personal, sino en los casos y en la forma determinados por las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes.

b) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta cinco días.

c) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido le requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención; o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito.

d) La libertad provisional es un derecho del detenido o sujeto a prisión preventiva. Procederá siempre, a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como estrictamente necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

e) En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; así como tampoco a sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley.

No podrá imponerse como sanción la pérdida de los derechos previsionales ni la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes.

Sin embargo, será procedente la pena de confiscación de bienes respecto de las asociaciones ilícitas.

f) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquiera instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia.

7.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establezca.

8.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

La autoridad dará respuesta a las peticiones que se le formulen, conforme a las normas que establezca la ley.

9.- El derecho de asociarse sin permiso previo.

Las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley para gozar de personalidad jurídica.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, salvo lo dispuesto en el inciso sexto del Nº 20 de este artículo.

Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

10.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia.

La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse, en los casos y formas determinados por la ley.

11.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo por tanto las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes.

12.- La libertad de emitir sus opiniones y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley. Con todo, los tribunales podrán prohibir la publicación o difusión de opiniones o informaciones que afecten la moral, el orden público, la seguridad nacional o la vida privada de las personas.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición de la producción cinematográfica y su publicidad.

Asimismo, esta Acta Constitucional asegura el derecho de recibir la información en forma veraz, oportuna y objetiva sobre el acontecer nacional e internacional, sin otras limitaciones que las expresadas en el inciso primero de este número.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por ese medio de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica tendrá el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que determine la ley.

Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo, cuya composición y funcionamiento serán determinados por la ley, al que corresponderá ejercer las atribuciones que ésta le encomiende, destinadas a velar por que la radiodifusión y la televisión cumplan con las finalidades de informar y promover los objetivos de la educación que esta Acta Constitucional consagra.

La ley determinará la forma de otorgar, renovar y cancelar las concesiones de radiodifusión.

El Estado, aquellas universidades y demás personas que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

No podrán ser dueños, directores o administradores de un medio de comunicación social, ni desempeñar en ellos funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones, las personas que hubieren sido condenadas a pena aflictiva o por delito que atente contra el ordenamiento institucional de la República, así calificado por la ley.(¹)

Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de funcionamiento de los medios de comunicación social.

La expropiación de los medios de comunicación social sólo procederá en virtud de ley especial que la autorice, previo pago de la indemnización.

13.- El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida y, para ello, se promoverá en los educandos el sentido de responsabilidad moral, cívica y social; el amor a la Patria y a sus valores fundamentales; el respeto por la dignidad del ser humano y el espíritu de fraternidad entre los hombres y de paz entre los pueblos.

Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos, y la facultad de escoger el establecimiento de enseñanza. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de estos derechos.

Es deber de la comunidad nacional contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. El Estado debe atender las necesidades de la educación como una de sus funciones prioritarias.

La educación básica es obligatoria. El Estado deberá mantener las escuelas gratuitas que, para este efecto, sean necesarias y asegurar el acceso a la educación media de quienes hayan egresado del nivel básico, atendiendo sólo a la capacidad de los postulantes.

Corresponderá asimismo al Estado fomentar el desarrollo de la educación superior en conformidad a los requerimientos y posibilidades del país, contribuir a su financiamiento y garantizar que el ingreso a ella se determine atendiendo únicamente a la capacidad e idoneidad de los postulantes.

La ley contemplará los mecanismos adecuados para crear, mantener y ampliar los establecimientos educacionales tanto públicos como privados y establecerá las modalidades y requisitos para la distribución de los recursos disponibles.

14.- La libertad de enseñanza.

Un estatuto especial regulará el ejercicio de esta libertad.

15.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que por su naturaleza son comunes a todos los hombres o deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.

La ley, en casos calificados y cuando así lo exija el interés nacional, puede reservar al Estado determinados bienes que carecen de dueño y, también, limitar o establecer requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.

Para promover el acceso de un mayor número de personas al dominio privado, la ley propenderá a una conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.

16.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes de energía productiva para el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.

No obstante, nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.(¹)

A falta de acuerdo en contrario, la indemnización debe ser pagada en dinero efectivo, de inmediato o en un plazo máximo de cinco años en cuotas iguales, una de las cuales se pagará de contado y el saldo en anualidades a partir del acto expropiatorio mediante la entrega de pagarés del Estado o garantizados por éste. En casos calificados en que el interés nacional lo exija, la ley podrá ampliar este plazo hasta diez años. En todo caso, el monto de la indemnización se pagará reajustado desde la fecha de la expropiación, de modo que mantenga un valor adquisitivo constante y con los intereses que fije la ley.

Para tomar posesión material del bien expropiado será previo el pago del total de la indemnización o de la parte de ella que corresponda pagar de contado, las que, a falta de acuerdo, serán determinadas provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

Con todo, la pequeña propiedad rústica y urbana, los talleres artesanales y la pequeña empresa industrial extractiva o comercial, definidos por la ley, así como la vivienda habitada por su dueño, no pueden expropiarse sin pago previo del total de la indemnización.

Un Estatuto especial regulará todo lo concerniente a la propiedad minera y al dominio de las aguas.

17.- El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. Este derecho comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que señale la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial, lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.

18.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de algunos derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

La integridad territorial de Chile comprende la de su patrimonio ambiental.

19.- El derecho a la salud.

El Estado asume la responsabilidad de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones integradas de salud.

Es deber preferente del Estado la ejecución de acciones de salud, sin perjuicio de la libre iniciativa particular en la forma y condiciones que determine la ley.

20.- La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena en los casos que ella determine.

Toda persona tiene, asimismo, derecho a la libre elección del trabajo y a una justa retribución que asegure a ella y su familia, a lo menos, un bienestar acorde con la dignidad humana.

La ley establecerá mecanismos que contemplen formas de participación del trabajador en la comunidad humana de trabajo que constituye la empresa.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.

La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

La colegiación será obligatoria en los casos expresamente exigidos por la ley, la cual sólo podrá imponerla para el ejercicio de una profesión universitaria.

No se podrá exigir la afiliación a una organización sindical como requisito para desarrollar un determinado trabajo.

La ley establecerá los mecanismos adecuados para lograr una solución equitativa y pacífica de los conflictos del trabajo, los que deberán contemplar fórmulas de conciliación y de arbitraje obligatorios.

La decisión del conflicto, en caso de arbitraje, corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuyas resoluciones tendrán pleno imperio, y velarán por la justicia entre las partes y el interés de la comunidad.

En ningún caso podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado o de las Municipalidades, como tampoco las personas que trabajen en empresas que atienden servicios de utilidad pública, o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional.

21.- El derecho a la seguridad social.

Corresponde al Estado formular la política nacional de seguridad social, controlar el funcionamiento del sistema y asegurar el derecho preferente de los afiliados a efectuar su operación.

La ley establecerá un sistema de seguridad social que satisfaga de modo uniforme, solidario y suficiente los estados de necesidad individuales y familiares producidos por cualquier contingencia y, especialmente, por los de maternidad, vejez, muerte, accidente, enfermedad, invalidez, cargas familiares y desempleo, mediante las correspondientes prestaciones preventivas, reparadoras y recuperadoras.

22.- El derecho a sindicarse en el orden de las actividades de la producción o de los servicios, o en la respectiva industria o faena, en los casos y en la forma que señale la ley.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en un organismo autónomo en la forma que determine la ley.

La ley contemplará mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales y su propio financiamiento.

CAPÍTULO II

De los recursos procesales

Artículo 2. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 1, Nos 1, 3, inciso cuarto; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, inciso primero; 16, 17, 19, inciso final; 20, inciso séptimo; 22, inciso primero, y en la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.(¹)

La Corte Suprema dictará un auto acordado que regule la tramitación de este recurso.

Artículo 3. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en esta Acta Constitucional o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que ésta ordene que se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La Corte de Apelaciones respectiva dictará en tal caso las medidas indicadas en el inciso anterior que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CAPÍTULO III

De los deberes constitucionales

Artículo 4. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.

Artículo 5. Todo chileno tiene el deber fundamental de honrar a su Patria, de defender su soberanía y su integridad territorial, y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.

Artículo 6. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y forma que ésta determine.

Todos los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares, si no están especialmente exceptuados por la ley.

Artículo 7. El deber de acatar las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes obliga a toda persona, institución o grupo a obedecer las órdenes que, dentro de sus atribuciones, impartan las autoridades constituidas.

Artículo 8. Toda persona tiene el deber de contribuir a los gastos públicos en la forma y casos que la ley señale.

Artículo 9. Toda persona tiene el deber de alimentar, educar y amparar a sus hijos conforme a la ley. Los hijos deben honrar a sus padres, socorrerlos en caso de necesidad y, mientras sean menores, respetar su legítima autoridad.

Artículo 10. Lo dispuesto en este Capítulo es sin perjuicio de los demás deberes que impongan las leyes.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

Artículo 11. Nadie puede invocar precepto constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos y libertades que esta Acta Constitucional reconoce, ni para atentar contra la integridad o el funcionamiento del Estado de Derecho o del régimen constituido.

Todo acto de personas o grupos destinados a difundir doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad fundada en la lucha de clases, o que sean contrarias al régimen constituido o a la integridad o funcionamiento del Estado de Derecho, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.

Artículo 12. Deróganse los artículos 10 al 20, inclusive, de la Constitución Política de la República, con excepción de los incisos segundo y tercero del Nº 2 del citado artículo 10, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 transitorios de esta Acta Constitucional.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1. Mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo del Nº 2 del artículo 1 de esta Acta, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.

Artículo 2. Dentro del plazo de un año, contado desde la publicación en el Diario Oficial de la presente Acta Constitucional, deberá dictarse la ley relativa a la composición y funcionamiento del organismo contemplado en el inciso sexto del Nº 12 del artículo 1, y entretanto continuarán rigiendo las disposiciones legales actualmente en vigor que regulan dicha materia.

Artículo 3. Dentro del plazo de ciento ochenta días, contados desde que entre en vigencia la presente Acta Constitucional, se dictará la ley orgánica de expropiaciones que se conforme a los preceptos constitucionales promulgados.

Las expropiaciones acordadas antes de entrar en vigor la presente Acta continuarán rigiéndose, hasta su total perfeccionamiento y pago de las indemnizaciones correspondientes, por las disposiciones vigentes a la fecha de promulgación de esta Acta Constitucional.

Las expropiaciones que se acuerden o decreten durante el plazo de seis meses referidos en el inciso primero, se regirán por las leyes pertinentes en lo que no fueren contrarias a la presente Acta Constitucional. En tal caso, se considerará como valor provisional de la indemnización el que se determine conforme a esas leyes.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la ley podrá establecer normas especiales en lo relativo a la toma de posesión material, si se tratare de la expropiación de terrenos destinados a viviendas que aquélla califique como sociales.

Artículo 4. Mientras no se dicte el Estatuto especial a que se refiere el inciso séptimo del Nº 16 del artículo 1 de esta Acta, mantendrán su vigencia las disposiciones de los incisos cuarto, quinto, sexto y décimo del Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política de la República.(¹)

La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución Política, continuará rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de la presente Acta Constitucional.

Artículo 5. Mientras no se dicte el Estatuto especial a que se refiere el inciso segundo del Nº 14 del artículo 1 de esta Acta, quedarán vigentes las disposiciones del artículo 10, Nº 7 de la Constitución Política de la República, en cuanto sean compatibles con las Actas Constitucionales, el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno y toda norma dictada conforme a ésta, la Declaración de Principios de aquélla, de 11 de marzo de 1974, y el documento denominado Objetivo Nacional de Chile, de 23 de diciembre de 1975.

Artículo 6. No obstante lo prescrito en el inciso sexto del Nº 20 del artículo 1 de esta Acta, mantendrán su vigencia las leyes que hayan establecido la colegiación de actividades o profesiones no universitarias con anterioridad a la vigencia del presente cuerpo constitucional, mientras ellas no sean modificadas.

Artículo 7. Mantiénese, en conformidad a la ley, la suspensión de la vigencia del artículo 9 de la Constitución Política de la República.

Artículo 8. La presente Acta Constitucional entrará en vigencia el 18 de septiembre de 1976.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Presidente de la República.- José T. Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- Gustavo Leigh Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- César Mendoza Durán, General, Director General de Carabineros.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda.- Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navío, JT, Subsecretario de Justicia.

DECRETO LEY Nº 1.553

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.558-A, de 13 de septiembre de 1976

MINISTERIO DE JUSTICIA

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 4

Regímenes de emergencia

Santiago, 11 de septiembre de 1976.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 1.553.- Considerando:

1.- Que es deber natural y constitucional del Estado promover el bien común, cuya consecución sólo es posible mediante la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de la comunidad, al que es consustancial la seguridad nacional considerada como la aptitud del Estado para garantizar ese desarrollo, precaviendo y superando las situaciones de emergencia que pongan en peligro el logro de los objetivos nacionales;

2.- Que esas situaciones de emergencia, constituidas esencialmente por la guerra, la conmoción interior, la subversión latente y la calamidad pública, reclaman los correspondientes estados jurídicos de excepción con facultades que permitan conjurarlas, en su amenaza o realización;

3.- Que el reconocimiento de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y, en consecuencia, merecen pleno respeto en su seguridad, libertad y demás derechos inherentes a la persona humana que el Acta Constitucional Nº 3 les asegura, está ligado al deber que esa misma Acta les impone, como miembros de la comunidad, de contribuir a preservar la seguridad nacional;

4.- Que, de este modo, y como lo establece la generalidad de las legislaciones, es natural que en las situaciones de anormalidad señaladas, algunos de los derechos fundamentales, que los preceptos constitucionales garantizan, se vean suspendidos en su vigencia o limitados o restringidos en su ejercicio, en aras de los superiores intereses de la Patria;

5.- Que, sin embargo, tal suspensión o restricción de los referidos derechos debe guardar proporción con la gravedad de la emergencia de que se trata, para no imponerlas sino en la medida en que resulten estrictamente necesarias para la supervivencia de la soberanía, la integridad territorial, el ordenamiento institucional y la normalidad de la vida nacional;

6.- Que el rango y jerarquía de los derechos que es preciso suspender o restringir exige rodearlos de especiales garantías en resguardo de la seguridad jurídica, debiendo señalarse las condiciones que hacen procedente en cada circunstancia su limitación;

7.- Que si bien existen diversas normas, tanto en la Constitución Política de la República cuanto en las leyes vigentes, tales como la Nº 12.041, de 1956; 12.927, de 1958; 16.282, de 1965, modificada por el D.F.L. Nº 1, de Interior, de 1971, entre otras, que permiten la adopción de medidas de excepción en resguardo de la Seguridad Nacional, es conveniente reunirlas, reordenarlas y sistematizarlas, para contar con un cuerpo coherente y armónico, en beneficio de la propia comunidad nacional, y (¹)

Visto: lo dispuesto en los decretos leyes números 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974,

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente decreto ley con el carácter de Acta Constitucional Nº 4,

Decreto ley:

ACTA CONSTITUCIONAL Nº 4

Regímenes de emergencia

Artículo 1. Los derechos y garantías que el Acta Constitucional Nº 3 asegura a todas las personas, sólo pueden ser afectados en los casos de emergencia que contemplan los artículos siguientes.

Artículo 2. Son casos de emergencia, la situación de guerra externa o interna, la conmoción interior, la subversión latente y la calamidad pública.

Artículo 3. En situación de guerra externa podrá declararse el estado de asamblea; en caso de guerra interna o de conmoción interior, el estado de sitio; en el de subversión latente, el estado de defensa contra la subversión, y en el evento de calamidad pública, el estado de catástrofe. La declaración de los estados de emergencia a que se refiere el inciso anterior procederá respecto de todo o parte del territorio nacional, y deberá ser decretada por el Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, salvo en lo que se refiere a los estados de asamblea y de catástrofe, para los que no se requerirá dicho acuerdo. La duración de los mencionados estados, exceptuado el de asamblea, no podrá exceder de seis meses, sin perjuicio de su prórroga sucesiva por períodos no superiores a dicho lapso, si a la expiración del plazo por el cual fueron decretados, se mantuvieren las condiciones que lo hagan procedente.

La facultad de prorrogar los estados de emergencia en conformidad al inciso precedente, como asimismo la de ponerles término, en cualquier tiempo, corresponderá al Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, salvo en lo que se refiere a los estados de asamblea y de catástrofe, para los que no se requerirá dicho acuerdo.

Artículo 4. Por la declaración de estado de asamblea, el Presidente de la República queda facultado para privar a un chileno de su nacionalidad en conformidad al número 4 del artículo 6 de la Constitución Política de la República y para suspender o restringir todos o algunos de los derechos y garantías establecidos en el Acta Constitucional Nº 3 y que resulten estrictamente necesarios para conjurar, en su amenaza o realización, la emergencia que la origina, salvo los derechos contemplados en los números 1 y 10, inciso primero, del artículo 1 de esa misma Acta.

Artículo 5. Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá privar a un chileno de su nacionalidad, de acuerdo con el Nº 4 del artículo 6 de la Constitución Política de la República; suspender o restringir la libertad personal y el derecho de reunión.

Si lo estimare imperioso para la conservación de la paz interior, podrá suspender o restringir la libertad de opinión y la de informar y restringir el derecho de asociación.

Si existieren o se organizaren fuerzas rebeldes que pusieren en peligro la conservación del régimen institucional, podrá, además, restringir la libertad de trabajo, imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones y disponer requisiciones de bienes u otras limitaciones al derecho de propiedad, con el fin de prevenir o asegurar el éxito de las acciones u operaciones que deban realizarse para actuar en contra de dichas fuerzas rebeldes.

Artículo 6. Por la declaración de estado de defensa contra la subversión, el Presidente de la República sólo podrá restringir la libertad personal, la de informar y el derecho de reunión. Si lo estimare indispensable para impedir la materialización de la subversión, podrá también suspender la libertad personal y el derecho de reunión; restringir la libertad de opinión y el derecho de asociación.

Con todo, durante la vigencia del estado de excepción a que se refiere este artículo, la persona que se viere afectada por una medida de arresto o traslación a un lugar del país por un término que sobrepasare los seis meses, continuo o discontinuo, tendrá derecho a optar por el abandono del territorio nacional, salvo que, por razones de especial gravedad, así calificadas por el Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, el ejercicio de dicha opción por parte de aquélla resulte peligroso para la seguridad nacional.(¹)

El derecho de opción a que se refiere el inciso precedente, será sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, que pudieren obstar a su ejercicio.

Artículo 7. Por la declaración de estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir la circulación de personas y el transporte de mercaderías. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al derecho de propiedad, con el fin de proveer de elementos indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población.

Si estimare que la gravedad de la catástrofe lo requiere podrá, además, restringir las libertades de trabajo, de opinión y de informar.

Artículo 8. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción referidos en el artículo 3, no podrán tener más duración que la que corresponda a la vigencia de dichos estados, salvo lo dispuesto en el número 4 del artículo 6 de la Constitución Política de la República.

Los arrestos que se dispusieren en virtud de los artículos 4, 5 y 6 de esta Acta Constitucional, sólo podrán practicarse en la residencia del afectado o en lugares que no sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes.

La medida de traslado de una persona a un lugar determinado del país, que se dispusiere en virtud de los artículos 4, 5 y 6 de esta Acta Constitucional, deberá cumplirse en localidades urbanas.

Artículo 9. Las requisiciones que sea necesario practicar de acuerdo con los artículos 4, 5 y 7, darán lugar a indemnización en conformidad a la ley. Igual norma se aplicará a las limitaciones o restricciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación del dominio o de alguno de sus atributos o facultades esenciales.

Artículo 10. El Presidente de la República, con acuerdo de la Junta de Gobierno, cuando corresponda, podrá hacer extensiva la suspensión o restricción de las garantías constitucionales referidas en los artículos anteriores, a regiones o zonas no comprendidas en los respectivos estados de asamblea, sitio, defensa contra la subversión o catástrofe.

Artículo 11. La ley que complemente la presente Acta Constitucional podrá contemplar diferentes grados en los estados de sitio, de defensa contra la subversión y de catástrofe, y determinará las garantías señaladas en los artículos 5, 6 y 7 que podrán suspenderse o restringirse en cada uno de aquéllos.

Artículo 12. El Presidente de la República podrá ejercer las facultades que le confieren los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Acta Constitucional, ya sea por sí o por medio de las autoridades que señale la ley a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 13. Durante los regímenes de emergencia y tratándose de hechos que afecten a la seguridad del Estado, el plazo de cuarenta y ocho horas a que se refiere el inciso segundo de la letra b) del Nº 6 del artículo 1 del Acta Constitucional Nº 3, será hasta de diez días.

Artículo 14. Los recursos de protección y de amparo establecidos en los artículos 2 y 3 del Acta Constitucional Nº 3, sólo serán procedentes en la medida que sean integralmente compatibles con las disposiciones legales que rijan las referidas situaciones de emergencia.

Artículo 15. Deróganse los números 12, del artículo 44, y 17 del artículo 72, de la Constitución Política de la República, y el Nº 14 del artículo 10 del decreto ley Nº 527, de 1974.

La referencia que el Nº 4 del artículo 6 de la Constitución hace al artículo 72, Nº 17, del mismo cuerpo, debe entenderse hecha a los artículos 4 y 5 de la presente Acta.

Artículo transitorio. La presente Acta Constitucional comenzará a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial, con excepción de lo prescrito en el artículo 13, que entrará en vigencia desde la fecha de dicha publicación y de lo dispuesto en el artículo 14, que empezará a regir conjuntamente con el Acta Constitucional Nº 3, el 18 de septiembre de 1976.

Dentro del plazo de ciento ochenta días referido en el inciso anterior, deberá dictarse la ley complementaria de la presente Acta Constitucional.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Lo saluda.- Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navío, JT, Subsecretario de Justicia.

DECRETO LEY Nº 1.684

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.672, de 31 de enero de 1977

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sustituye el artículo 14º del Acta Constitucional Nº 4

Núm. 1.684.- Santiago, 28 de enero de 1977.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974, y artículo 9º del Acta Constitucional Nº 2, de 1976;

La Junta de Gobierno en ejercicio del Poder Constituyente dicta el siguiente

Decreto ley:

Artículo único: Derógase el artículo 14º del Acta Constitucional Nº 4, de 1976, y sustitúyese por el siguiente: “El recurso de protección establecido en el artículo 2º del Acta Constitucional Nº 3 será improcedente en las situaciones de emergencia, sea de las contempladas en el Acta Constitucional Nº 4, de 1976, o en otras normas constitucionales o legales”.

La presente enmienda empezará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.- Patricio Carvajal Prado, Vicealmirante, Comandante en Jefe de la Armada subrogante.- César Raúl Benavides Escobar, General de División, Ministro del Interior.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 1.689

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.706, de 11 de marzo de 1977

MINISTERIO DEL INTERIOR

Modifica las Actas Constitucionales números 3 y 4, en la forma que señala

Núm. 1.689.- Santiago, 9 de marzo de 1977.- Considerando:

1.- Lo propuesto por la Comisión Constituyente en el oficio Nº 602-a, del año en curso, en orden a ampliar los plazos contemplados en el artículo 3º transitorio del Acta Constitucional Nº 3 y artículo transitorio del Acta Nº 4.

2.- Que el artículo 3º transitorio del Acta Constitucional Nº 3 dispuso en su inciso primero que dentro del plazo de ciento ochenta días, contados desde que entra en vigencia dicha Acta, deberá dictarse la ley orgánica de expropiaciones que se conforme a los preceptos constitucionales promulgados.

Por su parte, el inciso tercero del mismo artículo prescribe que las expropiaciones que se acuerden o decreten durante el plazo de seis meses referido, se regirán por las leyes pertinentes en lo que no fueren contrarias al Acta Constitucional. Agrega el precepto que en tal caso se considerará como valor previsional de la indemnización el que se determine conforme a esas leyes.

3.- Que el artículo transitorio del Acta Constitucional Nº 4, sobre Regímenes de Emergencia, dispuso en la primera parte de su inciso primero, que ella comenzaría a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial, y en su inciso segundo que dentro de dicho plazo deberá dictarse la correspondiente ley complementaria.

4.- Que el plazo de ciento ochenta días referido en el considerando segundo vence el 17 de marzo de 1977 y el señalado en el considerando tercero el 12 de marzo del mismo año.

5.- Que pese a lo avanzado en que se encuentran los estudios correspondientes encomendados a las Comisiones Constituyentes y Redactora del Código de Seguridad Nacional, respectivamente, la conclusión de las leyes en referencia no será posible llevarla a término dentro de los plazos señalados, no sólo por tratarse de materias complejas que han exigido de una maduración y análisis profundos en razón de que por primera vez en la historia legislativa de Chile se intenta entregar cuerpos orgánicos, coherentes y armónicos sobre materias que en el pasado estaban regulados en forma dispersa a través de una frondosa legislación que hacía engorroso y difícil su aplicación, sino porque estos asuntos requieren —además— conocer la opinión de las distintas instituciones y organismos que pondrán en ejecución dichas leyes.

6.- Que por las consideraciones expresadas se hace necesario ampliar los plazos de ciento ochenta días referidos en los considerandos segundo y tercero de este decreto ley, y

Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974, y en el artículo 9º del Acta Constitucional Nº 2, de 1976,

La Junta de Gobierno, en ejercicio del Poder Constituyente, dicta el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1º. Modifícanse las Actas Constitucionales Nos 3 y 4, de la siguiente forma:

a) En el inciso primero del artículo tercero transitorio del Acta Nº 3, sustitúyense las palabras “dentro del plazo de ciento ochenta días, contados desde que entre en vigencia la presente Acta Constitucional,” por la siguiente: “Antes del 18 de septiembre de 1977”.

En el inciso tercero de la misma disposición, sustitúyese la frase inicial que dice: “Las expropiaciones que se acuerden o decreten durante el plazo de seis meses referidos en el inciso primero” por la siguiente: “Las expropiaciones que se acuerden o decreten con posterioridad a la vigencia de esta Acta y antes de entrar en vigor la ley orgánica de expropiaciones”.

b) Sustitúyese el artículo transitorio del Acta Constitucional Nº 4, por el siguiente:

“Artículo transitorio.- La presente Acta Constitucional comenzará a regir desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la ley complementaria a que se refiere el artículo 11, con excepción de lo prescrito en el artículo 13, que regirá a contar desde la fecha de publicación de esta Acta en el Diario Oficial, y en su artículo 14, que regirá a contar del 31 de enero de 1977”.

Artículo 2º. El texto del artículo 14 del Acta Constitucional Nº 4, mencionado en la letra b) del artículo anterior, se refiere al que ha sido fijado por el decreto ley Nº 1.684, de 31 de enero de 1977.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, General Director de Carabineros.- Raúl Benavides Escobar, General de División, Ministro del Interior.- Miguel Schweitzer Speisky, Ministro de Justicia.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 1.697

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.707, de 12 de marzo de 1977

MINISTERIO DEL INTERIOR

Declara disueltos los Partidos Políticos, Entidades, Agrupaciones, Facciones o Movimientos de carácter político no comprendidos en el decreto ley Nº 77, de 1973

Núm. 1.697.- Santiago, 11 de marzo de 1977.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974; 991, de 1976, y en las Actas Constitucionales Nos 2 y 3, relativas a las Bases Esenciales de la Institucionalidad Chilena y a los Derechos y Deberes Constitucionales, respectivamente, y

Considerando:

1.- Que el Acta Constitucional Nº 2, al establecer las bases esenciales de la nueva institucionalidad chilena, señala como uno de sus postulados más relevantes el deber que se impone al Estado de propender a la integración armónica de todos los sectores de la Nación que, dentro de un efectivo concepto de unidad, haga posible el logro de los superiores objetivos nacionales;

2.- Que con el objeto indicado precedentemente, el artículo 7º transitorio del Acta Constitucional Nº 3 mantuvo la suspensión de la vigencia del artículo 9º de la Constitución Política de la República, a fin de que continuaran en receso todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político partidista no comprendidos en el decreto ley Nº 77, de 1973;

3.- Que no obstante lo anterior, la experiencia ha evidenciado que la acción de tales partidos políticos u organizaciones en receso se ha continuado manifestando, con lo que se fomenta en el país la confrontación ideológico-partidista que con las normas dictadas precedentemente se procuró evitar;

4.- Que lo expuesto hace indispensable, con el fin de garantizar efectivamente la vigencia de los valores permanentes de la chilenidad, disponer la disolución de tales partidos o agrupaciones de carácter político;

La Junta de Gobierno, en el ejercicio del Poder Constituyente, dicta el siguiente:

Decreto ley:

Artículo 1º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto ley Nº 77, de 1973, decláranse disueltos todos los partidos políticos y entidades, agrupaciones, facciones o movimientos de carácter político no comprendidos en dicho cuerpo legal.

Cancélase la personalidad jurídica de todas las organizaciones referidas en el inciso anterior.

Prohíbese la existencia, organización, actividades y propaganda, por cualquier medio, de todos los partidos políticos, entidades y demás organizaciones señaladas en el presente decreto ley.

Prohíbese, igualmente, ejecutar o promover toda actividad, acción o gestión de carácter público o privado, de índole político-partidista, ya sea por personas naturales o jurídicas, organizaciones, entidades o agrupaciones de personas.

Artículo 2º. Los bienes de propiedad de las entidades a que alude el presente decreto ley tendrán el destino que hayan establecido sus respectivos estatutos. Si en dichos estatutos no se hubiere previsto el destino de tales bienes para el caso de disolución de las referidas organizaciones de carácter político, éstos pasarán a propiedad del Fisco en los términos establecidos en el artículo 561 del Código Civil, debiendo el Presidente de la República señalar su empleo en los fines de bien público y social que determine.

Artículo 3º. La infracción de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el artículo 1º será sancionada con las penas de presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a máximo, o multa de 100 a 1.500 unidades tributarias mensuales.

En caso de reincidencia, las penas de multa serán de 500 a 2.000 unidades tributarias mensuales.

Cuando se impusieren multas, será conjuntamente obligado al pago de la establecida para cada uno de los responsables, la respectiva persona jurídica, organización o entidad a través de las cuales se hubiere cometido la infracción. En tales casos, además, se decomisarán los efectos provenientes del delito y los instrumentos con que se haya ejecutado, sea que éstos pertenezcan a personas naturales o a las personas jurídicas, organizaciones o entidades antes referidas.

Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa, se estará a lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.

Artículo 4º. Los procesos a que dieren lugar las infracciones a lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto ley, se sustanciarán de acuerdo a las normas establecidas en el Título VI de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

Artículo 5º. Derógase el decreto ley Nº 78, de 1973, y sus modificaciones.

Artículo 6º. Sustitúyese el artículo 7º transitorio del Acta Constitucional Nº 3 por el siguiente: “Suspéndese la vigencia del artículo 9º de la Constitución Política de la República”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, Director General de Carabineros.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Saluda a Us.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

DECRETO LEY Nº 1.873

Publicado en el Diario Oficial Nº 29.843, de 23 de agosto de 1977

MINISTERIO DE JUSTICIA

Modifica las Actas Constitucionales números 2 y 3 en la forma que indica

Santiago, 5 de agosto de 1977.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 1.873.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974, y en el artículo 9º del Acta Constitucional Nº 2, de 1976, y

Considerando:

1.- Que el artículo 2º transitorio del Acta Constitucional Nº 2 dispuso que dentro del plazo de un año, contado desde la vigencia de dicha Acta, los decretos leyes que hayan modificado la Constitución Política de la República en lo relativo a los Poderes del Estado y su ejercicio, deberán revestir la forma de Acta Constitucional.

2.- Que el artículo 2º transitorio del Acta Constitucional Nº 3 dispuso que dentro del plazo de un año, contado desde la publicación en el Diario Oficial de dicha Acta, deberá dictarse la ley relativa a la composición y funcionamiento del Consejo Nacional de Radio y Televisión, contemplado en el inciso sexto del Nº 12 de su artículo 1º.

3.- Que el plazo referido en el considerando primero vence el 18 de septiembre de 1977, y el indicado en el considerando segundo, el 13 de septiembre del mismo año.

4.- Que no obstante los esfuerzos que se han hecho en orden a dar término a los estudios de los aludidos cuerpos legales, en razón a la complejidad de sus materias y a la exigencia de una maduración y análisis profundo, la conclusión de ellas no será posible llevarlas a término dentro de los plazos indicados.

La Junta de Gobierno de la República de Chile, en el ejercicio del Poder Constituyente, ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo único. Modifícanse las Actas Constitucionales Nos 2 y 3 en la siguiente forma:

a) En el artículo segundo transitorio del Acta Constitucional Nº 2, elimínase la frase “Dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta Acta”, y sustitúyese la letra “l” minúscula del artículo “los” que sigue a la frase eliminada, por la letra “L” mayúscula.

b) Sustitúyese el artículo 2º transitorio del Acta Constitucional Nº 3, por el siguiente:

“Artículo 2º.- Mientras se dicta la ley relativa a la composición y funcionamiento del organismo contemplado en el inciso sexto del Nº 12 del artículo 1º, continuarán rigiendo las disposiciones legales actualmente en vigor que regulan dicha materia”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- GUSTAVO LEIGH GUZMÁN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General, General Director de Carabineros.- PATRICIO CARVAJAL PRADO, Vicealmirante, Comandante en Jefe de la Armada subrogante.- Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente.- Eduardo Avello Concha, Coronel (J), Subsecretario de Justicia.

DECRETO LEY Nº 2.603

Publicado en el Diario Oficial Nº 30.346, de 23 de abril de 1979

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Modifica y complementa Acta Constitucional Nº 3, y establece normas sobre derechos de aprovechamiento de aguas y facultades para el establecimiento del Régimen General de las Aguas

Núm. 2.603.- Santiago, 18 de abril de 1979.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974, y 991, de 1976, y

Considerando: que es necesidad nacional iniciar el proceso de normalización de todo cuanto se relaciona con las aguas y sus diferentes formas de aprovechamiento, y

Que la legislación vigente sobre esta materia no corresponde a los principios que inspiran al Supremo Gobierno en el proceso de institucionalización del país, expresado, principalmente, a través de las Actas Constitucionales y las leyes que las complementan,

La Junta de Gobierno, en ejercicio de sus potestades constituyente y legislativa, ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1°. Modifícase el Acta Constitucional Nº 3 en la forma siguiente:

a) Suprímese en el inciso final del Nº 16 del artículo 1º la frase “y al dominio de las aguas”.

b) Agrégase al número 16 del artículo 1º, antes del inciso final, el siguiente nuevo inciso:

“Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la Ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

c) Suprímese en el artículo 4º transitorio los términos “y décimo” e intercálase la conjunción “y” entre las expresiones “quinto” y “sexto”, suprimiendo la coma (,) existente entre ellos.(¹)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°. Sin perjuicio del ejercicio de las facultades otorgadas al Presidente de la República en los artículos 2º y 3º del presente decreto ley, las modificaciones del Acta Constitucional contenidas en el artículo 1º serán aplicables a partir de la fecha de vigencia de este mismo decreto ley.

Hasta la fecha en que entre en vigencia el Régimen General de las Aguas, cualquier acto que implique enajenación del derecho de aprovechamiento de agua deberá ser otorgado por escritura pública y anotado en el Registro de Aguas que corresponda.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada, Miembro de la Junta de Gobierno.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General Director de Carabineros, Miembro de la Junta de Gobierno.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de la Junta de Gobierno.- Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval, Ministro de Agricultura.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Ricardo Hepp Dubiau, Subsecretario de Agricultura subrogante.

DECRETO LEY Nº 2.755

Publicado en el Diario Oficial Nº 30.406, de 5 de julio de 1979

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fija normas constitucionales en materia laboral

Núm 2.755.- Santiago, 29 de junio de 1979.- Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527, de 1974; 991, de 1976, y

Considerando:

1.- Que el proceso de instauración de la nueva institucionalidad del país ha alcanzado una etapa que requiere la adecuación de las normas fundamentales en lo concerniente a derechos laborales y organizaciones sindicales, de modo tal que satisfagan sus reales necesidades;

2.- Que para alcanzar el objetivo enunciado es necesario dictar cuerpos legales que, basados en dichas normas fundamentales, sean de general aplicación y constituyan un sistema nacional uniforme de relaciones laborales y de organizaciones sindicales;

3.- Que los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley obligan a dictar normas legales que se encuadren en ellos y los desarrollen, y a derogar las disposiciones que les sean opuestas, cualquiera sea su rango,

La Junta de Gobierno de la República de Chile, en el ejercicio de la Potestad Constituyente, ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo 1°. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 1º del Acta Constitucional Nº 3:

a) Sustitúyese el Nº 20, por el siguiente:

“20.- La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo. Todos los trabajadores de la República, sin distinción alguna, cualquiera sea el rango de las normas que actualmente los rijan, quedarán sometidos a las leyes laborales generales o especiales que se dicten en virtud de las presentes disposiciones constitucionales.

Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena en los casos que ella determine.

Toda persona tiene derecho a la libre elección del trabajo y a una justa retribución que asegure a ella y su familia, a lo menos, un bienestar acorde con la dignidad humana.

La ley establecerá formas de participación del trabajador en la comunidad humana de trabajo que constituye la empresa.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.

La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

La colegiación será obligatoria en los casos expresamente exigidos por la ley, la cual sólo podrá imponerla para el ejercicio de una profesión universitaria. No se podrá exigir la afiliación a una organización sindical o gremial como requisito para desarrollar una actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en ellos.

Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute de su tiempo libre, y todo trabajador a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas en la forma que determine la ley.

La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores a quienes la ley les permita expresamente negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución equitativa y pacífica.

La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado y de las Municipalidades, como tampoco las personas que trabajen en empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las empresas cuyos trabajadores estén sometidos a la prohibición que establece este inciso.”.

b) Reemplázase el Nº 22, por el siguiente:

“22.- El derecho a sindicarse en los casos y forma que señale la ley. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales y su propio financiamiento.

Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades políticas partidistas.

Las organizaciones sindicales no podrán tener fines de lucro.”.

Artículo 2º. Deróganse todas las disposiciones constitucionales que directa o indirectamente regulen o permitan regular regímenes o estatutos laborales de excepción.

Artículo 1º transitorio.- No obstante lo establecido en el inciso primero del Nº 20 del artículo 1º del Acta Constitucional Nº 3, los trabajadores sometidos a normas especiales conservarán los derechos patrimoniales adquiridos con anterioridad a la vigencia del presente decreto ley. La ley regulará la forma en que dichos trabajadores ejercerán estos derechos.

Artículo 2º transitorio.- Esta ley regirá a contar desde el día 29 de junio de 1979.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General Director de Carabineros.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.- José Piñera Echenique, Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navío (JT), Secretario de Legislación de la Junta de Gobierno.

DECRETO LEY Nº 3.444

Publicado en el Diario Oficial Nº 30.706, de 4 de julio de 1980

MINISTERIO DE JUSTICIA

Agrega Art. 9º transitorio al Acta Constitucional Nº 3

Santiago, 1º de julio de 1980.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 3.444.- Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974, y 991, de 1976, y

Considerando:

Que una reiterada jurisprudencia administrativa y judicial ha establecido que los beneficiarios de pensiones gozan del amparo constitucional del derecho de propiedad respecto del monto de la correspondiente franquicia, así como de los reajustes legalmente devengados que, por esta circunstancia, han pasado a conformar la pensión misma; pero que, en lo concerniente a los reajustes futuros, ellos constituyen meras expectativas que, por lo mismo, pueden ser modificados o suprimidos por imperio de las normas legales de derecho público que los regulan.

La Junta de Gobierno, en ejercicio de su potestad constituyente, ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

Artículo único. Agrégase el siguiente artículo 9º transitorio del Acta Constitucional Nº 3:

“Declárase, interpretando el Nº 16 del artículo 1º que, en materia de seguridad social, esta garantía sólo ampara el otorgamiento del respectivo beneficio y el monto global que éste hubiere alcanzado, pero no se extiende a los sistemas de actualización o reajuste.”.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General Director de Carabineros.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.- Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.- José Piñera Echenique, Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Lo saluda atentamente.- Francisco José Folch Verdugo, Subsecretario de Justicia.

(¹)(²) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) Rectificado, como aparece en el texto, por el Ministerio de Justicia, en el Diario Oficial Nº 29.596, de 29 de octubre de 1976.

(¹) El articulado restante de este decreto ley se remite a las normas a que se refiere el epígrafe.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE, AÑO 1980

Chile

Año 1980

NOTA EXPLICATIVA:

El día lunes 11 de agosto de 1980, mediante DL N° 3.464, se publica en el Diario Oficial Nº 30.738, el texto original de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, el que fue sometido a plebiscito el 11 de septiembre de 1980, establecido en el DL N° 3.465, resultando aprobado y entrando en vigencia el día 11 de marzo de 1981.

El texto aprobado y ratificado de la Constitución Política de la República, fue promulgado por Decreto Supremo N° 1.150, del Ministerio del Interior, del 21 de octubre de 1980, y publicado en el Diario Oficial edición N° 30.798, del 24 de octubre de 1980.

El texto incluido a continuación corresponde a la primera publicación.

Decreto ley N° 3.464

APRUEBA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA SOMETE A RATIFICACIÓN POR PLEBISCITO

Núm. 3.464.- Santiago, 8 de agosto de 1980.- Visto: Lo dispuesto en los decretos leyes Nos 1 y 128, de 1973; 527 y 788, de 1974; y 991, de 1976,

La Junta de Gobierno de la República de Chile, en ejercicio de la potestad constituyente, ha acordado aprobar como nueva Constitución Política de la República de Chile, sujeta a ratificación por plebiscito, el siguiente

Decreto ley:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

CAPÍTULO I

Bases de la Institucionalidad

Artículo 1°.- Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Artículo 2°.- Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional.

Artículo 3°.- El Estado de Chile es unitario. Su territorio se divide en regiones. La ley propenderá a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada.

Artículo 4°.- Chile es una república democrática.

Artículo 5°.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Artículo 6°.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Artículo 7°.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Artículo 8°.- Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.

Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.

Corresponderá al Tribunal Constitucional conocer de las infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores.

Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que incurran o hayan incurrido en las contravenciones señaladas precedentemente no podrán optar a funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, por el término de diez años contado desde la fecha de la resolución del Tribunal. Tampoco podrán ser rectores o directores de establecimientos de educación ni ejercer en ellos funciones de enseñanza, ni explotar un medio de comunicación social o ser directores o administradores del mismo, ni desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo.

Si las personas referidas anteriormente estuvieren a la fecha de la declaración del Tribunal, en posesión de un empleo o cargo público, sea o no de elección popular, lo perderán, además, de pleno derecho.

Las personas sancionadas en virtud de este precepto, no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso cuarto.

La duración de las inhabilidades contempladas en este artículo se elevará al doble en caso de reincidencia.

Artículo 9°.- El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer los empleos, funciones o actividades a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.

No procederá respecto de estos delitos la amnistía ni el indulto, como tampoco la libertad provisional respecto de los procesados por ellos. Estos delitos serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales.

CAPÍTULO II

Nacionalidad y ciudadanía

Artículo 10.- Son chilenos:

1°.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;

2°.- Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, hallándose cualquiera de éstos en actual servicio de la República, quienes se considerarán para todos los efectos como nacidos en el territorio chileno;

3°.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, por el solo hecho de avecindarse por más de un año en Chile;

4°.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, renunciando expresamente a su nacionalidad anterior. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en país extranjero que, en virtud de un tratado internacional, conceda este mismo beneficio a los chilenos.

Los nacionalizados en conformidad a este número tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización, y

5°.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.

Artículo 11.- La nacionalidad chilena se pierde:

1°.- Por nacionalización en país extranjero, salvo en el caso de aquellos chilenos comprendidos en los números 1°, 2° y 3° del artículo anterior que hubieren obtenido otra nacionalidad sin renunciar a su nacionalidad chilena y de acuerdo con lo establecido en el N° 4° del mismo artículo.

La causal de pérdida de la nacionalidad chilena señalada precedentemente no regirá respecto de los chilenos que, en virtud de disposiciones constitucionales, legales o administrativas del Estado en cuyo territorio residan, adopten la nacionalidad extranjera como condición de su permanencia en él o de igualdad jurídica en el ejercicio de los derechos civiles con los nacionales del respectivo país;

2°.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados;

3°.- Por sentencia judicial condenatoria por delitos contra la dignidad de la patria o los intereses esenciales y permanentes del Estado, así considerados por ley aprobada con quórum calificado. En estos procesos, los hechos se apreciarán siempre en conciencia;

4°.- Por cancelación de la carta de nacionalización, y

5°.- Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.

Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley.

Artículo 12.- La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.

Artículo 13.- Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.

Artículo 14.- Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.

Artículo 15.- En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto. Para los ciudadanos será, además, obligatorio.

Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.

Artículo 16.- El derecho de sufragio se suspende:

1°.- Por interdicción en caso de demencia;

2°.- Por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y

3°.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al artículo 8° de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de diez años, contado desde la declaración del Tribunal.

Artículo 17.- La calidad de ciudadano se pierde:

1°.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;

2°.- Por condena a pena aflictiva, y

3°.- Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista.

Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal señalada en el número 2° podrán solicitar su rehabilitación al Senado, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal prevista en el número 3° sólo podrán ser rehabilitados en virtud de una ley de quórum calificado, una vez cumplida la condena.

Artículo 18.- Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y, garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos.

El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.

CAPÍTULO III

De los Derechos y Deberes Constitucionales

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;

2°.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

3°.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;

4°.- El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.

La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. Además, los propietarios, editores, directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan;

5°.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley;

6°.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones.

7°.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

En consecuencia:

a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;

b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes;

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas;

d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito;

e) La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla;

f) En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley;

g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas;

h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales, e

i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia;

8°.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;

9°.- El derecho a la protección de la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado;

10°.- El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

11°.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;

12°.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señala la ley.

El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de estos medios de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas;

13°.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía;

14°.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;

15°.- El derecho de asociarse sin permiso previo.

Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; sus registros y contabilidad deberán ser públicos; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional;

16°.- La libertad de trabajo y su protección.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso;

17°.- La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes;

18°.- El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;

19°.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales y sus dirigentes no podrán intervenir en actividades político partidistas;

20°.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.

Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional o autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación local puedan ser establecidos, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades comunales y destinados a obras de desarrollo comunal;

21°.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;

22°.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos;

23°.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;

24°.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ello; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;

25°.- El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y

26°.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Se exceptúan las normas relativas a los estados de excepción constitucional y demás que la propia Constitución contempla.

Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2° 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectivas, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N° 8° del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

Artículo 21.- Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Artículo 22.- Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.

Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.

El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine.

Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente exceptuados.

Artículo 23.- Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. El cargo de dirigente gremial será incompatible con la militancia en un partido político.

La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale.

CAPÍTULO IV

Gobierno

Presidente de la República

Artículo 24.- El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto, la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El Presidente de la República, a lo menos una vez al año, dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación.

Artículo 25.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere haber nacido en el territorio de Chile, tener cumplidos cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de ocho años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de treinta días ni en los últimos noventa días de su período, sin acuerdo del Senado.

En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican.

Artículo 26.- El Presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se realizará, en la forma que determine la ley, noventa días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.

Si a la elección de Presidente se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una nueva elección que se verificará, en la forma que determine la ley, quince días después de que el Tribunal Calificador, dentro del plazo señalado en el artículo siguiente, haga la correspondiente declaración. Esta elección se circunscribirá a los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas mayorías relativas.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

Artículo 27.- El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los cuarenta días siguientes a la primera elección o de los veinticinco días siguientes a la segunda.

El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado la proclamación de Presidente electo que haya efectuado.

El Congreso Pleno, reunido en sesión pública noventa días después de la primera o única elección y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador proclama al Presidente electo.

En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.

Artículo 28.- Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema, y a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados.

Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 49 N° 7°, expedirá las órdenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta días, a nueva elección en la forma prevista por la Constitución y la Ley de Elecciones.

Artículo 29.- Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Corte Suprema y el Presidente de la Cámara de Diputados.

En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, el sucesor será designado por el Senado por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y durará en el cargo hasta la próxima elección general de parlamentarios, oportunidad en la cual se efectuará una nueva elección presidencial por el período a que se refiere el inciso segundo del artículo 25. El Senado efectuará la designación dentro de los diez días siguientes a la fecha de vacancia y entre tanto operará la regla de subrogación a que se refiere el inciso anterior. El Presidente así designado no podrá postular como candidato en la elección presidencial siguiente.

Artículo 30.- El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido.

Artículo 31.- El Presidente designado por el Senado o, en su caso, el Vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al Presidente de la República, pero no podrá disolver la Cámara de Diputados.

Artículo 32.- Son atribuciones especiales del Presidente de la República:

1°.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas;

2°.- Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla;

3°.- Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución;

4°.- Convocar a plebiscito en los casos del artículo 117 y del inciso final del artículo 118;

5°.- Disolver la Cámara de Diputados por una sola vez durante su período presidencial, sin que pueda ejercer esta atribución en el último año del funcionamiento de ella;

6°.- Designar, en conformidad al artículo 45 de esta Constitución, a los integrantes del Senado que se indican en dicho precepto;

7°.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución;

8°.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propia del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;

9°.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores y a los alcaldes de su designación;

10°.- Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el N° 9° precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;

11°.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado;

12°.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine;

13°.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes;

14°.- Nombrar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente, y a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponda designar, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;

15°.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación;

16°.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso;

17°.- Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50 N° 1°. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere;

18°.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 93, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 94;

19°.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;

20°.- Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas;

21°.- Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional, y

22°.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.

Ministros de Estado

Artículo 33.- Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado.

La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como también el orden de precedencia de los Ministros titulares.

El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional.

Artículo 34.- Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.

En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley.

Artículo 35.- Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito.

Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.

Artículo 36.- Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros.

Artículo 37.- Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.

Bases generales de la Administración del Estado

Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales contencioso administrativos que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

Estados de excepción constitucional

Artículo 39.- Los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo pueden ser afectados en las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública.

Artículo 40.- 1°.- En situación de guerra externa, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de asamblea.

2°.- En caso de guerra interna o conmoción interior, el Presidente de la República podrá, con acuerdo del Congreso, declarar todo o parte del territorio nacional en estado de sitio.

El Congreso, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirse modificaciones. Si el Congreso no se pronunciare dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición.

Sin embargo, el Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá aplicar el estado de sitio de inmediato, mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración.

Cada rama del Congreso deberá emitir su pronunciamiento, por la mayoría de los miembros presentes, sobre la declaración de estado de sitio propuesta por el Presidente de la República. Podrá el Congreso, en cualquier tiempo y por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada Cámara, dejar sin efecto el estado de sitio que hubiere aprobado.

La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse hasta por un plazo máximo de noventa días, pero el Presidente de la República podrá solicitar su prórroga, la que se tramitará en conformidad a las normas precedentes.

3°.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de emergencia, en casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, sea por causa de origen interno o externo.

Dicho estado no podrá exceder de noventa días, pudiendo declararse nuevamente si se mantienen las circunstancias.

4°.- En caso de calamidad pública, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar la zona afectada o cualquiera otra que lo requiera como consecuencia de la calamidad producida, en estado de catástrofe.

5°.- El Presidente de la República podrá decretar simultáneamente dos o más estados de excepción si concurren las causales que permiten su declaración.

6°.- El Presidente de la República podrá, en cualquier tiempo, poner término a dichos estados.

Artículo 41.- 1°.- Por la declaración de estado de asamblea el Presidente de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de información y de opinión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación y de sindicación, imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

2°.- Por la declaración de estado de sitio el Presidente de la República podrá trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestarlas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes, y expulsarlas del territorio nacional. Podrá, además, restringir la libertad de locomoción y prohibir a determinadas personas la entrada y salida del territorio. Asimismo, podrá suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión y la libertad de información y de opinión, restringir el ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación e imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones.

La medida de traslado deberá cumplirse en localidades urbanas que reúnan las condiciones que la ley determine.

3°.- Los recursos a que se refiere el artículo 21 no serán procedentes en los estados de asamblea y de sitio, respecto de las medidas adoptadas en virtud de dichos estados por la autoridad competente y con sujeción a las normas establecidas por la Constitución y la ley.

El recurso de protección no procederá en los estados de excepción respecto de los actos de autoridad adoptados con sujeción a la Constitución y a la ley que afecten a los derechos y garantías constitucionales que, en conformidad a las normas que rigen dichos estados, han podido suspenderse o restringirse.

En los casos de los incisos anteriores, los tribunales de justicia no podrán, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos de hecho de las medidas que haya adoptado la autoridad en el ejercicio de sus facultades.

4°.- Por la declaración de estado de emergencia se podrán adoptar todas las medidas propias del estado de sitio, con excepción del arresto de las personas, de su traslado de un punto a otro del territorio, de la expulsión del país y de la restricción del ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación. En cuanto a la libertad de información y de opinión, sólo podrán restringirse.

5°.- Por la declaración del estado de catástrofe el Presidente de la República podrá restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías, y las libertades de trabajo, de información y de opinión, y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias.

6°.- Declarado el estado de emergencia o de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que el Gobierno designe, quien asumirá el mando con las atribuciones y deberes que la ley señale.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso de las medidas adoptadas en virtud de los estados de emergencia y de catástrofe.

7°.- Las medidas que se adopten durante los estados de excepción, que no tengan una duración determinada, no podrán prolongarse más allá de la vigencia de dichos estados y sólo se aplicarán en cuanto sean realmente necesarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el N° 3° de este artículo. No obstante, las medidas de expulsión del territorio de la República y de prohibición de ingreso al país, que se autorizan en los números precedentes, mantendrán su vigencia pese a la cesación del estado de excepción que les dio origen en tanto la autoridad que las decretó no las deje expresamente sin efecto.

En ningún caso las medidas de restricción y privación de la libertad podrán adoptarse en contra de los parlamentarios, de los jueces, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Contralor General de la República y de los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones.

8°.- Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, y con ello se cause daño.

9°.- Una ley orgánica constitucional podrá regular los estados de excepción y facultar al Presidente de la República para ejercer por sí o por otras autoridades las atribuciones señaladas precedentemente, sin perjuicio de lo establecido en los estados de emergencia y de catástrofe.

CAPÍTULO V

Congreso Nacional

Artículo 42.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.

Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado

Artículo 43.- La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.

La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años. Sin embargo, si el Presidente de la República hiciere uso de la facultad que le confiere el número 5° del artículo 32, la nueva Cámara que se elija durará, en este caso, sólo el tiempo que le faltare a la disuelta para terminar su período.

Artículo 44.- Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la Enseñanza Media o equivalente y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a tres años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

Artículo 45.- El Senado se integrará con miembros elegidos en votación directa por cada una de las trece regiones del país. A cada región corresponderá elegir dos senadores, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.

Los senadores elegidos por votación directa durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, correspondiendo hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y la región metropolitana.

El Senado estará integrado también por:

a) Los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua, salvo que hubiese tenido lugar lo previsto en el inciso tercero del número 1° del artículo 49 de esta Constitución. Estos senadores lo serán por derecho propio y con carácter vitalicio, sin perjuicio de que les sean aplicables las incompatibilidades, incapacidades y causales de cesación en el cargo contempladas en los artículos 55, 56 y 57 de esta Constitución;

b) Dos ex Ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta en votaciones sucesivas, que hayan desempeñado el cargo a lo menos por dos años continuos;

c) Un ex Contralor General de la República, que haya desempeñado el cargo a lo menos por dos años continuos, elegido también por la Corte Suprema;

d) Un ex Comandante en Jefe del Ejército, uno de la Armada, otro de la Fuerza Aérea, y un ex General Director de Carabineros que hayan desempeñado el cargo a lo menos por dos años, elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional;

e) Un ex rector de universidad estatal o reconocida por el Estado, que haya desempeñado el cargo por un período no inferior a dos años continuos, designado por el Presidente de la República, y

f) Un ex Ministro de Estado, que haya ejercido el cargo por más de dos años continuos, en períodos presidenciales anteriores a aquel en el cual se realiza el nombramiento, designado también por el Presidente de la República.

Los senadores a que se refieren las letras b), c), d), e) y f) de este artículo durarán en sus cargos ocho años. Si sólo existieren tres o menos personas que reúnan las calidades y requisitos exigidos por las letras b) a f) de este artículo, la designación correspondiente podrá recaer en ciudadanos que hayan desempeñado otras funciones relevantes en los organismos, instituciones o servicios mencionados en cada una de las citadas letras.

La designación de estos senadores se efectuará cada ocho años dentro de los quince días siguientes a la elección de senadores que corresponda. Las vacantes se proveerán en el mismo plazo, contado desde que se produjeren.

No podrán ser designados senadores quienes hubieren sido destituidos por el Senado conforme al artículo 49 de esta Constitución.

Artículo 46.- Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tres años de residencia en la respectiva región contados hacia atrás desde el día de la elección, haber cursado la Enseñanza Media o equivalente y tener cumplidos 40 años de edad el día de la elección.

Artículo 47.- Se entenderá que los diputados y senadores tienen por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.

Las elecciones de diputados y de los senadores que corresponda elegir por votación directa se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos.

Las vacantes de diputados y de senadores elegidos por votación directa que se produzcan en cualquier tiempo se proveerán mediante elección que realizará la Cámara de Diputados o el Senado, según el caso, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. De concurrir, simultáneamente, varias vacantes, ellas se proveerán en votación separada y sucesiva. Si la vacante tuviere lugar respecto de alguno de los senadores a que se refieren las letras b), c), d), e) y f) del artículo 45, ella se proveerá en la forma que corresponda, de acuerdo con lo establecido en dicho artículo. El nuevo diputado o senador durará en sus funciones el término que le faltaba al que originó la vacante.

Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados

Artículo 48.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, debiendo el Gobierno dar respuesta, por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días. En ningún caso, dichos acuerdos u observaciones afectarán la responsabilidad política de los Ministros y la obligación del Gobierno se entenderá cumplida por el solo hecho de entregar su respuesta.

Cualquier diputado podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno siempre que su proposición cuente con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, y

2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:

a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara;

b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;

c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;

d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, y

e) De los intendentes y gobernadores, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso.

Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella.

Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República se necesitara el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.

En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes.

Atribuciones exclusivas del Senado

Artículo 49.- Son atribuciones exclusivas del Senado:

1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.

El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.

La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.

Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.

El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;

2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo;

3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia;

4) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17, número 2° de esta Constitución;

5) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran.

Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento;

6) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su período;

7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional;

8) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte del N° 8° del artículo 82;

9) Ejercer la facultad a que se refiere el inciso segundo del artículo 29, y

10) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite.

El Senado, sus comisiones legislativas y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, y los senadores, no podrán en caso alguno fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni podrán adoptar acuerdos que impliquen fiscalización, ni destinar sesiones especiales o partes de sesiones a emitir opiniones sobre aquellos actos, ni sobre materias ajenas a sus funciones.

Atribuciones exclusivas del Congreso

Artículo 50.- Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley.

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 61, y

2) Pronunciarse respecto del estado de sitio, de acuerdo al número 2° del artículo 40 de esta Constitución.

Funcionamiento del Congreso

Artículo 51.- El Congreso abrirá sus sesiones ordinarias el día 21 de mayo de cada año, y las cerrará el 18 de septiembre.

Artículo 52.- El Congreso podrá ser convocado por el Presidente de la República a legislatura extraordinaria dentro de los diez últimos días de una legislación ordinaria o durante el receso parlamentario.

Si no estuviere convocado por el Presidente de la República, el Congreso podrá autoconvocarse a legislatura extraordinaria a través del Presidente del Senado y a solicitud escrita de la mayoría de los miembros en ejercicio de cada una de sus ramas. La autoconvocatoria del Congreso sólo procederá durante el receso parlamentario y siempre que no hubiera sido convocado por el Presidente de la República.

Convocado por el Presidente de la República, el Congreso sólo podrá ocuparse de los asuntos legislativos o de los tratados internacionales que aquél incluyere en la convocatoria, sin perjuicio del despacho de la Ley de Presupuestos y de la facultad de ambas Cámaras para ejercer sus atribuciones exclusivas.

Convocado por el Presidente del Senado podrá ocuparse de cualquier materia de su incumbencia.

El Congreso se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estado de sitio.

Artículo 53.- La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio.

Cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría.

Normas comunes para los diputados y senadores

Artículo 54.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:

1) Los Ministros de Estado;

2) Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes y los miembros de los consejos regionales y comunales;

3) Los miembros del Consejo del Banco Central;

4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los jueces de letras y los funcionarios que ejerzan el ministerio público;

5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales;

6) El Contralor General de la República;

7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, y

8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado.

Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la elección; si no fueren elegidos en ella, no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta dos años después del acto electoral.

Artículo 55.- Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de resultar electo, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe, a contar de su proclamación por el Tribunal Calificador. En el caso de los ex Presidentes de la República, el solo hecho de incorporarse al Senado significará la cesación inmediata en los cargos, empleos, funciones o comisiones incompatibles que estuvieran desempeñando. En los casos de los senadores a que se refieren las letras b) a f) del inciso tercero del artículo 45, éstos deberán optar entre dicho cargo y el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible, dentro de los quince días siguientes a su designación y, a falta de esta opción, perderán la calidad de senador.

Artículo 56.- Ningún diputado o senador, desde su incorporación en el caso de la letra a) del artículo 45, desde su proclamación como electo por el Tribunal Calificador o desde el día de su designación, según el caso, y hasta seis meses después de terminar su cargo, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.

Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador.

Artículo 57.- Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o, en receso de ella, de su Presidente.

Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, el que actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.

La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.

Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

Cesará, también, en el cargo de diputado o senador el parlamentario que, ejerciendo la función de presidente de la respectiva corporación o comisión, haya admitido a votación una moción o indicación que sea declarada manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado por el Tribunal Constitucional. En igual sanción incurrirán el o los autores de la moción o indicación referidas.

Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del artículo 8°, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.

Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 54, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 56 respecto de los Ministros de Estado.

Artículo 58.- Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador acusado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.

Artículo 59.- Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

Materias de Ley

Artículo 60.- Sólo son materias de ley:

1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;

2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;

3) Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;

4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social;

5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;

6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;

7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.

Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;

8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades.

Esta disposición no se aplicará al Banco Central;

9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas;

10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;

11) Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país;

12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas;

13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;

14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;

15) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República;

16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia;

17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional;

18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública;

19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, y

20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.

Artículo 61.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.

Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República.

La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.

A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.

Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

Formación de la ley

Artículo 62.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.

Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.

Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 60.

Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

1°.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;

2°.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;

3°.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos;

4°.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;

5°.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y

6°.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.

Artículo 63.- Las leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas constitucionales y las que interpreten los preceptos constitucionales, necesitarán para su aprobación, modificación o derogación, de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

Las leyes de quórum calificado requerirán para su aprobación, modificación o derogación, de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Artículo 64.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República.

El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.

La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.

No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.

Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

Artículo 65.- El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

Artículo 66.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. El Presidente de la respectiva corporación o comisión y el o los autores de la indicación o corrección formulada en contravención a esta norma, sufrirán la sanción establecida en el artículo 57, inciso sexto, de esta Constitución.

Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión.

Artículo 67.- El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de origen y, para ser aprobado tanto en ésta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la Cámara de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el Presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos tercios de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, y sólo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Artículo 68.- El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la de su origen, y en ésta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes.

Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Se entenderá que la Cámara de origen aprueba las adiciones o modificaciones de la Cámara revisora si no concurren para rechazarlas las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Artículo 69.- Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley.

Artículo 70.- Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.

En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.

Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

Artículo 71.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días.

La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

Artículo 72.- Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. Si el Congreso cerrare sus sesiones antes de cumplirse los treinta días en que ha de verificarse la devolución, el Presidente lo hará dentro de los diez primeros días de la legislatura ordinaria o extraordinaria siguiente.

La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente.

La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.

CAPÍTULO VI

Poder Judicial

Artículo 73.- La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.

Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que decreten, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.

Artículo 74.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.

Artículo 75.- En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales.

Los ministros y fiscales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte. El ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos ocupará un lugar en la nómina señalada. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos, pudiendo figurar personas extrañas a la administración de justicia.

Los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema.

Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva.

El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte o el juez letrado civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán en atención al mérito de los candidatos.

Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de treinta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente.

Artículo 76.- Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.

Artículo 77.- Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes.

No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su período.

En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.

El Presidente de la República, a propuesta o con acuerdo de la Corte Suprema, podrá autorizar permutas u ordenar el traslado de los jueces o demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.

Artículo 78.- Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.

Artículo 79.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares de tiempo de guerra. Los tribunales contencioso administrativos quedaran sujetos a esta superintendencia conforme a la ley.

Conocerá, además, de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado.

Artículo 80.- La Corte Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias de que conozca, o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento.

CAPÍTULO VII

Tribunal Constitucional

Artículo 81.- Habrá un Tribunal Constitucional integrado por siete miembros, designados en la siguiente forma:

a) Tres ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas;

b) Un abogado designado por el Presidente de la República;

c) Dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional;

d) Un abogado elegido por el Senado, por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio.

Las personas referidas en las letras b), c) y d) deberán tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidas a las normas de los artículos 55 y 56, y sus cargos serán incompatibles con el de diputado o senador, así como también con la calidad de ministro del Tribunal Calificador de Elecciones. Además, en los casos de las letras b) y d), deberán ser personas que sean o hayan sido abogados integrantes de la Corte Suprema por tres años consecutivos, a lo menos.

Los miembros del Tribunal durarán ocho años en sus cargos, se renovarán por parcialidades cada cuatro años y serán inamovibles.

Les serán aplicables las disposiciones de los artículos 77, inciso segundo, en lo relativo a edad y el artículo 78.

Las personas a que se refiere la letra a) cesarán también en sus cargos si dejaren de ser ministros de la Corte Suprema por cualquier causa.

En caso de que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte al reemplazado para completar su período.

El quórum para sesionar será de cinco miembros. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría y fallará con arreglo a derecho.

Una ley orgánica constitucional determinará la planta, remuneraciones y estatuto del personal del Tribunal Constitucional, así como su organización y funcionamiento.

Artículo 82.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

1°.- Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución;

2°.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;

3°.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;

4°.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;

5°.- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda o dicte un decreto inconstitucional;

6°.- Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 88;

7°.- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, y de los movimientos o partidos políticos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de esta Constitución;

8°.- Declarar, en conformidad al artículo 8° de esta Constitución, la responsabilidad de las personas que atenten o hayan atentado contra el ordenamiento institucional de la República. Sin embargo, si la persona afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, dicha declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;

9°.- Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 49 N° 7 de esta Constitución;

10°.- Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;

11°.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, y

12°.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando ellos se refieran a materias que pudieren estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60.

El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 7°, 8°, 9° y 10°, como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario.

En el caso del número 1°, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso.

En el caso del número 2°, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.

El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.

En el caso del número 3°, la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contados desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

En el caso del número 4°, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuere procedente.

Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaren menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.

En los casos del número 5°, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiere el reclamo promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.

En el caso del número 9°, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de la Cámara de Diputados o de la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 7°, 8° y 10° de este artículo.

Sin embargo, si en el caso del número 8° la persona afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

En el caso del número 11°, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.

En el caso del número 12°, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras, efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado.

Artículo 83.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. En los casos de los números 5° y 12° del artículo 82, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo.

Resuelto por el Tribunal que un precepto legal determinado es constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia.

CAPÍTULO VIII

Justicia Electoral

Artículo 84.- Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Tres ministros o ex ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta en votaciones sucesivas y secretas, por la mayoría absoluta de sus miembros;

b) Un abogado elegido por la Corte Suprema en la forma señalada precedentemente y que reúna los requisitos que señala el inciso segundo del artículo 81;

c) Un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputados que haya ejercido el cargo por un lapso no inferior a tres años, el que será elegido por sorteo.

Las designaciones a que se refieren las letras b) y c) no podrán recaer en personas que sean parlamentarios, candidato a cargos de elección popular, ministro de Estado, ni dirigente de partido político.

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les serán aplicables las disposiciones de los artículos 55 y 56 de esta Constitución.

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador.

Artículo 85.- Habrá tribunales electores regionales encargados de conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que determine la ley.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.

Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho.

La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento.

Artículo 86.- Anualmente, se destinarán en la ley de Presupuesto de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley.

CAPÍTULO IX

Contraloría General de la República

Artículo 87.- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

El Contralor General de la República será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, será inamovible en su cargo y cesará en él al cumplir 75 años de edad.

Artículo 88.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional.

Artículo 89.- Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.

CAPÍTULO X

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública

Artículo 90.- Las Fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Carabineros se integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de la República.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.

Artículo 91.- La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley.

Artículo 92.- Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.

El Ministerio encargado de la Defensa Nacional o un organismo de su dependencia ejercerá la supervigilancia y control de las armas en la forma que determine la ley.

Artículo 93.- Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos; durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo.

En casos calificados, el Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o al General Director de Carabineros, en su caso.

Artículo 94.- Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley y a los reglamentos de cada institución.

El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en Investigaciones se efectuarán en conformidad a su ley orgánica.

CAPÍTULO XI

Consejo de Seguridad Nacional

Artículo 95.- Habrá un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la República e integrado por los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, y por el General Director de Carabineros.

Participarán también como miembros del Consejo, con derecho a voz, los ministros encargados del gobierno interior, de las relaciones exteriores, de la defensa nacional y de la economía y finanzas del país. Actuará como Secretario el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El Consejo de Seguridad Nacional podrá ser convocado por el Presidente de la República o a solicitud de dos de sus miembros y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. Para los efectos de la convocatoria al Consejo y del quórum para sesionar sólo se considerará a sus integrantes con derecho a voto.

Artículo 96.- Serán funciones del Consejo de Seguridad Nacional:

a) Asesorar al Presidente de la República en cualquier materia vinculada a la seguridad nacional en que éste lo solicite;

b) Representar, a cualquiera autoridad establecida por la Constitución, su opinión frente a algún hecho, acto o materia, que a su juicio atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional;

c) Informar, previamente, respecto de las materias a que se refiere el número 14 del artículo 60;

d) Recabar de las autoridades y funcionarios de la administración todos los antecedentes relacionados con la seguridad exterior e interior del Estado. En tal caso, el requerido estará obligado a proporcionarlos y su negativa será sancionada en la forma que establezca la ley, y

e) Ejercer las demás atribuciones que esta Constitución le encomienda.

Los acuerdos u opiniones a que se refiere la letra b) serán públicos o reservados, según lo determine para cada caso particular el Consejo.

Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización y funcionamiento.

CAPÍTULO XII

Banco Central

Artículo 97.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

Artículo 98.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

CAPÍTULO XIII

Gobierno y Administración Interior del Estado

Artículo 99.- Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas.

La modificación de los límites de las regiones y la creación, modificación y supresión de las provincias y comunas, serán materia de ley, como asimismo, la fijación de las capitales de las regiones y provincias; todo ello a proposición del Presidente de la República.

Gobierno y Administración Regional

Artículo 100.- El gobierno y la administración superior de cada región residen en un intendente que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente ejercerá dichas funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su agente natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

Corresponderá al intendente formular la política de desarrollo de la región, ajustándose a los planes nacionales, y ejercer la supervigilancia, coordinación y fiscalización de los servicios públicos, con excepción de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia.

La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le corresponden y los organismos que le asesorarán.

Artículo 101.- En cada región habrá un consejo regional de desarrollo, presidido por el intendente e integrado por los gobernadores de las provincias respectivas, por un representante de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la respectiva región, y por miembros designados por los principales organismos públicos y privados que ejerzan actividades en el área territorial de la región. El sector privado tendrá representación mayoritaria en dicho consejo.

Una ley orgánica constitucional determinará, atendidas las características de cada región, el número, forma de designación y duración en el cargo de los miembros del consejo, y lo relativo a su organización y funcionamiento y los casos en que los integrantes de éste, que sean funcionarios públicos, tendrán derecho a voto.

Artículo 102.- El consejo regional tiene por objeto asesorar al intendente y contribuir a hacer efectiva la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la región.

La ley determinará las materias en que la consulta del intendente al consejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación de los proyectos relativos al plan regional de desarrollo y al presupuesto regional. Corresponderá al consejo resolver la distribución del fondo regional de desarrollo.

Los consejos regionales tendrán las demás atribuciones que les señalen la Constitución y la ley.

Artículo 103.- La ley contemplará, con las excepciones que procedan, la desconcentración regional de los Ministerios y de los servicios públicos y los procedimientos que permitan asegurar su debida coordinación y faciliten el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.

Artículo 104.- Sin perjuicio de los recursos que se destinen a las regiones en la Ley de Presupuestos de la Nación, ésta contemplará, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional, un porcentaje del total de los ingresos de dicho presupuesto para su distribución entre las regiones del país. La ley establecerá la forma de distribución de este fondo.

Gobierno y Administración Provincial

Artículo 105.- El gobierno y la administración superior de cada provincia residen en un gobernador, quien estará subordinado al intendente respectivo, y será de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

Corresponde al gobernador ejercer, de acuerdo a las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá delegarle el intendente y las demás que le corresponden.

Artículo 106.- Los gobernadores, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Administración Comunal

Artículo 107.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad la que está constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el consejo comunal respectivo.

Las municipalidades son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Una ley orgánica constitucional determinará las atribuciones de las municipalidades y los plazos de duración en el cargo de los alcaldes.

Los municipios y los demás servicios públicos existentes en la respectiva comuna deberán coordinar su acción en conformidad a la ley.

Artículo 108.- El alcalde será designado por el consejo regional de desarrollo respectivo a propuesta en terna del consejo comunal. El intendente tendrá la facultad de vetar dicha terna por una sola vez.

Sin embargo, corresponderá al Presidente de la República la designación del alcalde en aquellas comunas que la ley determine, atendida su población o ubicación geográfica.

Los alcaldes, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Artículo 109.- En cada municipalidad habrá un consejo de desarrollo comunal presidido por el alcalde e integrado por representantes de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y de las actividades relevantes dentro de la comuna, con excepción de aquellas de naturaleza gremial o sindical y de la administración pública.

La ley orgánica constitucional relativa a las municipalidades determinará, según las características de cada comuna, el número, forma de designación y duración en el cargo de los miembros del consejo y lo relativo a su organización y funcionamiento.

Artículo 110.- El consejo de desarrollo comunal tiene por objeto asesorar al alcalde y hacer efectiva la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

La ley determinará las materias en que la consulta del alcalde al consejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación de los proyectos relativos al plan comunal de desarrollo y al presupuesto municipal.

Artículo 111.- La Ley de Presupuestos de la Nación podrá solventar los gastos de funcionamiento de las municipalidades.

Disposiciones Generales

Artículo 112.- La ley podrá establecer fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios que integren las regiones con respecto a los problemas que les sean comunes, como, asimismo, en relación a los servicios públicos existentes en la correspondiente región.

Artículo 113.- Para ser designado intendente, gobernador o alcalde, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio y tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale.

Los cargos de intendente, gobernador y alcalde son incompatibles entre sí. Se exceptúan de esta norma los intendentes regionales, en cuanto podrán ser gobernadores de la provincia que sea cabecera de la región.

La incompatibilidad referida no regirá respecto de los alcaldes designados por el Presidente de la República.

Ningún tribunal procederá criminalmente contra un intendente o gobernador sin que la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado que ha lugar la formación de causa.

Artículo 114.- La ley establecerá las causales de cesación en el cargo respecto de los alcaldes designados por los consejos regionales y de los miembros integrantes de estos consejos y de los comunales.

Artículo 115.- La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el intendente y los consejos regionales, y entre el alcalde y los consejos comunales, con motivo de la aprobación de los proyectos relativos a los planes de desarrollo y de los presupuestos, respectivamente.

CAPÍTULO XIV

Reforma de la Constitución

Artículo 116.- Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 62.

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Será aplicable a los proyectos de reforma constitucional el sistema de urgencias.

Artículo 117.- Las dos Cámaras, reunidas en Congreso Pleno y en sesión pública, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros, sesenta días después de aprobado un proyecto en la forma señalada en el artículo anterior, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo sin debate.

Si en el día señalado no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesión se verificará al siguiente con los diputados y senadores que asistan.

El proyecto que apruebe la mayoría del Congreso Pleno pasará al Presidente de la República.

Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso y éste insistiere en su totalidad por las tres cuartas partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.

Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por el Congreso, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada Cámara, y se devolverá al Presidente para su promulgación.

En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo.

La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso.

Artículo 118.- Las reformas constitucionales que tengan por objeto modificar las normas sobre plebiscito prescritas en el artículo anterior, disminuir las facultades del Presidente de la República, otorgar mayores atribuciones al Congreso o nuevas prerrogativas a los parlamentarios, requerirán, en todo caso, la concurrencia de voluntades del Presidente de la República y de los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada Cámara, y no procederá a su respecto el plebiscito.

Los proyectos de reforma que recaigan sobre los capítulos I, VII, X y XI de esta Constitución deberán, para ser aprobados, cumplir con los requisitos señalados en el inciso anterior. Sin embargo, el proyecto así despachado no se promulgará y se guardará hasta la próxima renovación conjunta de las Cámaras, y en la primera sesión que éstas celebren deliberarán y votarán sobre el texto que se hubiera aprobado, sin que pueda ser objeto de modificación alguna. Sólo si la reforma fuere ratificada por los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada rama del nuevo Congreso se devolverá al Presidente de la República para su promulgación. Con todo, si este último estuviera en desacuerdo, podrá consultar a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito.

Artículo 119.- La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta días ni después de sesenta, contado desde la publicación de dicho decreto. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.

El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por el Congreso Pleno y vetado totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.

El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.

Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.

Artículo final.- La presente Constitución entrará en vigencia seis meses después de ser aprobada mediante plebiscito, con excepción de las disposiciones transitorias novena y vigesimatercera que tendrán vigor desde la fecha de esa aprobación. Su texto oficial será el que consta en este decreto ley.

Un decreto ley determinará la oportunidad en la cual se efectuará el señalado plebiscito, así como las normas a que él se sujetará, debiendo establecer las reglas que aseguren el sufragio personal, igualitario y secreto y, para los nacionales, obligatorio.

La norma contenida en el inciso anterior entrará en vigencia desde la fecha de publicación del presente texto constitucional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del número 1° del artículo 19 de esta Constitución, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.

Segunda.- Mientras se dicta el nuevo Código de Minería, que deberá regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del número 24° del artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios.

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal.

En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta Constitución y aquel en que entre en vigor el nuevo Código de Minería, la constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado en los incisos séptimo al décimo del número 24° del artículo 19 de esta Constitución, continuará regida por la legislación actual, al igual que las concesiones mismas que se otorguen.

Tercera.- La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.

Cuarta.- La primera vez que se constituya el Tribunal Constitucional, los Ministros de la Corte Suprema a que se refiere la letra a) del artículo 81, que hayan sido elegidos en la segunda y tercera votación, y el abogado designado por el Presidente de la República a que se refiere la letra b) de dicho artículo, durarán cuatro años en sus cargos y los restantes, ocho años.

Quinta.- Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.

Sexta.- No obstante lo dispuesto en el número 8° del artículo 32, mantendrán su vigencia los preceptos legales que a la fecha de promulgación de esta Constitución hubieren reglado materias no comprendidas en el artículo 60, mientras ellas no sean expresamente derogadas por ley.

Séptima.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del número 20° del artículo 19, mantendrán su vigencia las disposiciones legales que hayan establecido tributos de afectación a un destino determinado, mientras no sean expresamente derogadas.

Octava.- Las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77 no regirán respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia en servicio a la fecha de vigencia de esta Constitución.

Durante el período a que se refiere la disposición decimotercera transitoria la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros se regirá por la disposición transitoria vigésima y no les será aplicable la limitación del plazo contemplado en el artículo 93 de esta Constitución, el que se contará a partir de cuatro años del término del señalado período presidencial.

Novena.- Los miembros del Tribunal Constitucional a que se refiere el artículo 81, deberán ser designados con diez días de anticipación, a lo menos, a la fecha en que comience el primer período presidencial. Para este solo efecto, el Consejo de Seguridad Nacional se constituirá con treinta días de anterioridad a la fecha en que comience a regir esta Constitución.

Décima.- En tanto no entre en vigencia la ley orgánica constitucional relativa a los partidos políticos a que se refiere el N° 15 del artículo 19, estará prohibido ejecutar o promover toda actividad, acción o gestión de índole político partidista, ya sea por personas naturales o jurídicas, organizaciones, entidades o agrupaciones de personas. Quienes infrinjan esta prohibición incurrirán en las sanciones previstas en la ley.

Decimoprimera.- El artículo 84 de la Constitución relativo al Tribunal Calificador de Elecciones, comenzará a regir en la fecha que corresponda de acuerdo con la ley respectiva, con ocasión de la primera elección de senadores y diputados, y sus miembros deberán estar designados con treinta días de anticipación a esa fecha.

Decimosegunda.- Mientras no proceda constituir el Tribunal Calificador de Elecciones, la designación de los miembros de los tribunales electorales regionales, cuyo nombramiento le corresponde, será hecho por la Corte de Apelaciones respectiva.

Decimotercera.- El período presidencial que comenzará a regir a contar de la vigencia de esta Constitución, durará el tiempo que establece el artículo 25.

Durante este período serán aplicables todos los preceptos de la Constitución, con las modificaciones y salvedades que se indican en las disposiciones transitorias siguientes.

Decimocuarta.- Durante el período indicado en la disposición anterior, continuará como Presidente de la República el actual Presidente, General de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte, quien durará en el cargo hasta el término de dicho período.

Asimismo, la Junta de Gobierno permanecerá integrada por los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y por el General Director de Carabineros. Se regirá por las normas que regulen su funcionamiento interno y tendrá las atribuciones que se señalan en las disposiciones transitorias correspondientes.

Sin embargo, atendido que el Comandante en Jefe del Ejército, de acuerdo con el inciso primero de esta disposición es Presidente de la República, no integrará la Junta de Gobierno y lo hará, en su lugar, como miembro titular, el Oficial General de Armas del Ejército que le siga en antigüedad. Con todo, el Presidente de la República podrá reemplazar a dicho integrante en cualquier momento, por otro Oficial General de Armas de su Institución siguiendo el orden de antigüedad.

Decimoquinta.- El Presidente de la República tendrá las atribuciones y obligaciones que establecen los preceptos de esta Constitución, con las siguientes modificaciones y salvedades:

A.- Podrá:

1) Decretar por sí mismo los estados de emergencia y de catástrofe, en su caso, y

2) Designar y remover libremente a los alcaldes de todo el país, sin perjuicio de que pueda disponer la plena o gradual aplicación de lo previsto en el artículo 108.

B.- Requerirá el acuerdo de la Junta para:

1) Designar a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros cuando sea necesario reemplazarlos, por muerte, renuncia o cualquier clase de imposibilidad absoluta;

2) Designar al Contralor General de la República;

3) Declarar la guerra;

4) Decretar los estados de asamblea y de sitio;

5) Decidir si ha o no lugar a la admisión de las acusaciones que cualquier individuo particular presentare contra los Ministros de Estado con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por algún acto cometido por éstos en el ejercicio de sus funciones, y

6) Ausentarse del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su período.

Decimosexta.- En caso de que por impedimento temporal, ya sea por enfermedad, ausencia del territorio nacional u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará con el título de Vicepresidente de la República, el miembro titular de la Junta de Gobierno según el orden de precedencia que corresponda.

Decimoséptima.- En caso de muerte, renuncia o cualquier clase de imposibilidad absoluta del Presidente de la República, el sucesor, por el período que le falte, será designado por la unanimidad de la Junta de Gobierno, la que deberá reunirse de inmediato. Mientras no se produzca la designación, asumirá como Vicepresidente de la República el miembro titular de la Junta de Gobierno, según el orden de precedencia que corresponda.

Si transcurridas cuarenta y ocho horas de reunida la Junta de Gobierno no hubiere unanimidad para elegir Presidente de la República, la elección la efectuará el Consejo de Seguridad Nacional, por la mayoría absoluta de sus miembros, integrándose a él, para este efecto, el Contralor General de la República.

Si fuere designado Presidente de la República un Oficial General de Armas o de Orden y Seguridad, éste de pleno derecho y por el período presidencial que reste, asumirá la calidad de Comandante en Jefe Institucional o de General Director de Carabineros, en su caso, si tuviere los requisitos para serlo. En este caso, el Oficial General de Armas o de Orden y Seguridad que le siga en antigüedad, en la respectiva Institución, pasará a integrar la Junta de Gobierno como miembro titular, aplicándose la parte final del inciso tercero de la disposición decimocuarta transitoria en cuanto a su Institución.

Decimoctava.- Durante el período a que se refiere la disposición decimotercera transitoria, la Junta de Gobierno ejercerá, por la unanimidad de sus miembros, las siguientes atribuciones exclusivas:

A.- Ejercer el Poder Constituyente sujeto siempre a aprobación plebiscitaria, la que se llevará a efecto conforme a las reglas que señale la ley;

B.- Ejercer el Poder Legislativo;

C.- Dictar las leyes interpretativas de la Constitución que fueren necesarias;

D.- Aprobar o desechar los tratados internacionales, antes de la ratificación presidencial;

E.- Prestar su acuerdo al Presidente de la República en los casos contemplados en la letra B de la disposición decimoquinta transitoria;

F.- Prestar su acuerdo al Presidente de la República, para decretar los estados de asamblea y de sitio, en su caso;

G.- Permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo, autorizar la salida de tropas nacionales fuera de él;

H.- Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia;

I.- Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía, en los casos a que alude el artículo 17 número 2° de esta Constitución;

J.- Declarar en el caso de que el Presidente de la República o los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros hicieren dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla, y

K.- Las demás que le otorgan otras disposiciones transitorias de esta Constitución.

El orden de precedencia de los integrantes de la Junta de Gobierno, es el que se indica a continuación:

1.- El Comandante en Jefe del Ejército;

2.- El Comandante en Jefe de la Armada;

3.- El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, y

4.- El General Director de Carabineros.

Se alterará el orden de precedencia antes establecido, en las situaciones señaladas en el inciso tercero de la disposición decimocuarta transitoria y en el inciso final de la disposición decimoséptima transitoria, y, en tales casos, el integrante de la Junta de Gobierno a que aluden dichas disposiciones ocupará, como titular, el cuarto orden de precedencia.

Presidirá la Junta de Gobierno el miembro titular de ella que tenga el primer lugar de precedencia de acuerdo a los dos incisos anteriores.

En el caso previsto en la letra B.-, número 1), de la disposición decimoquinta transitoria, el o los nuevos miembros que se incorporen a la Junta de Gobierno conservarán el orden de precedencia señalado en el inciso segundo.

Cuando uno de los miembros titulares de la Junta de Gobierno esté impedido temporalmente para ejercer su cargo, lo subrogará el Oficial General de Armas o de Orden y Seguridad más antiguo, a quien le corresponda de acuerdo a las normas sobre sucesión de mando en la respectiva Institución, integrándose a la Junta en el último lugar de precedencia. Si los subrogantes fueren más de uno, se integrarán a la Junta en el orden de precedencia señalado en el inciso segundo.

Decimonovena.- Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán iniciativa de ley, en todas aquellas materias que constitucionalmente no sean de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La Junta de Gobierno ejercerá mediante leyes las Potestades Constituyente y Legislativa. Estas leyes llevarán la firma de los miembros de la Junta de Gobierno y del Presidente de la República en señal de promulgación.

Una ley complementaria establecerá los órganos de trabajo y los procedimientos de que se valdrá la Junta de Gobierno, para ejercer las aludidas Potestades Constituyente y Legislativa. Estas normas complementarias establecerán, además, los mecanismos que permitan a la Junta de Gobierno requerir la colaboración de la comunidad para la elaboración de las leyes.

Vigésima.- En caso de duda acerca de si la imposibilidad que priva al Presidente de la República del ejercicio de sus funciones es de tal naturaleza que deba hacerse su reemplazo, corresponderá a los miembros titulares de la Junta de Gobierno resolver la duda planteada.

Si la duda se refiere a la imposibilidad que priva a un miembro de la Junta de Gobierno del ejercicio de sus funciones y es de igual naturaleza que la referida en el inciso anterior, corresponderá a los demás miembros titulares de la Junta de Gobierno resolver la cuestión planteada.

Vigesimaprimera.- Durante el período a que se refiere la decimotercera disposición transitoria y hasta que entre en funciones el Senado y la Cámara de Diputados, no serán aplicables los siguientes preceptos de esta Constitución:

a) Los artículos 26 al 31 inclusive, los números 2º, 4º, 5º, 6º y la segunda parte del número 16º del artículo 32; el artículo 37; y el artículo 41, número 7º, en su referencia a los parlamentarios;

b) El Capítulo V sobre el Congreso Nacional con excepción de: el número 1º del artículo 50, los artículos 60, 61, los incisos tercero a quinto del artículo 62, y el artículo 64, los que tendrán plena vigencia. Las referencias que estos preceptos y el número 3° del artículo 32, el inciso segundo del número 6° del artículo 41, y los artículos 73 y 88 hacen al Congreso Nacional o a alguna de sus ramas, se entenderán hechas a la Junta de Gobierno.

Asimismo, la elección a que se refiere la letra d) del artículo 81, corresponderá hacerla a la Junta de Gobierno;

c) En el artículo 82: los números 4°, 9° y 11° de su inciso primero, el inciso segundo en su referencia al número 9°, y los incisos octavo, noveno, décimo, decimosegundo, decimocuarto y decimoquinto. Tampoco regirá la referencia que el número 2° hace a la reforma constitucional, ni la segunda parte del número 8° del inciso primero del mismo artículo en lo atinente al Presidente de la República, como tampoco las referencias que hacen a dicho número, en lo concerniente a la materia, los incisos segundo y decimotercero;

d) El Capítulo XIV, relativo a la reforma de la Constitución.

La Constitución sólo podrá ser modificada por la Junta de Gobierno en el ejercicio del Poder Constituyente. Sin embargo, para que las modificaciones tengan eficacia deberán ser aprobadas por plebiscito, el cual deberá ser convocado por el Presidente de la República, y

e) Cualquier otro precepto que sea contrario a las disposiciones que rigen el período presidencial a que se refiere la disposición decimotercera transitoria.

Vigesimasegunda.- Para los efectos de lo prescrito en el inciso tercero del artículo 82 de la Constitución, la Junta de Gobierno deberá remitir al Tribunal Constitucional el proyecto a que dicho precepto se refiere, antes de su promulgación por el Presidente de la República.

Sin perjuicio de la facultad que se confiere al Presidente de la República en los incisos cuarto y séptimo del artículo 82, corresponderá también a la Junta de Gobierno en pleno formular el requerimiento a que aluden esas normas.

En el caso de los incisos decimoprimero y decimosexto del artículo señalado en el inciso anterior, corresponderá, asimismo, a la Junta de Gobierno en pleno formular el requerimiento respectivo.

Vigesimatercera.- Si entre la fecha de aprobación mediante plebiscito de la presente Constitución y la de su vigencia, el Presidente de la República a que se refiere la disposición decimocuarta transitoria quedare, por cualquier causa, impedido absolutamente de asumir sus funciones, la Junta de Gobierno, por la unanimidad de sus miembros, designará a la persona que asumirá el cargo de Presidente de la República para el período a que se refiere la disposición decimotercera transitoria.

Para este efecto, la Junta de Gobierno se integrará por los Comandantes en Jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea, por el General Director de Carabineros y, como miembro titular, por el Oficial General de Armas más antiguo del Ejército.

Si constituida la Junta de Gobierno en la forma indicada en el inciso precedente, no hubiere, dentro de las cuarenta y ocho horas de reunida, unanimidad para elegir Presidente de la República, se integrarán a ella, para este solo efecto, el Presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República y el Presidente del Consejo de Estado y, así constituida, designará, por la mayoría absoluta de sus miembros, al Presidente de la República y a éste se entenderá referida la disposición decimocuarta transitoria, en su inciso primero.

Vigesimacuarta.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 39 y siguientes sobre estados de excepción que contempla esta Constitución, si durante el período a que se refiere la disposición decimotercera transitoria se produjeren actos de violencia destinados a alterar el orden público o hubiere peligro de perturbación de la paz interior, el Presidente de la República así lo declarará y tendrá, por seis meses renovables, las siguientes facultades:

a) Arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días, en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles. Si se produjeren actos terroristas de graves consecuencias, dicho plazo podrá extenderlo hasta por quince días más;

b) Restringir el derecho de reunión y la libertad de información, esta última sólo en cuanto a la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones;

c) Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen las doctrinas a que alude el artículo 8° de la Constitución, a los que estén sindicados o tengan reputación de ser activistas de tales doctrinas y a los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para la paz interior, y

d) Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en una localidad urbana del territorio nacional hasta por un plazo no superior a tres meses.

Las facultades contempladas en esta disposición las ejercerá el Presidente de la República, mediante decreto supremo firmado por el Ministro del Interior, bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”. Las medidas que se adopten en virtud de esta disposición no serán susceptibles de recurso alguno, salvo el de reconsideración ante la autoridad que las dispuso.

Vigesimaquinta.- Durante el período a que se refiere la disposición decimotercera, el Consejo de Seguridad Nacional estará presidido por el Presidente de la República e integrado por los miembros de la Junta de Gobierno, por el Presidente de la Corte Suprema y por el Presidente del Consejo de Estado.

Vigesimasexta.- Hasta que el Senado entre en funciones continuará funcionando el Consejo de Estado.

Vigesimaséptima.- Corresponderá a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros, titulares, proponer al país, por la unanimidad de ellos, sujeto a la ratificación de la ciudadanía, la persona que ocupará el cargo de Presidente de la República en el período presidencial siguiente al referido en la disposición decimotercera transitoria, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso primero de esta Constitución, sin que le sea aplicable la prohibición de ser reelegido contemplada en el inciso segundo de ese mismo artículo. Con ese objeto se reunirán noventa días antes, a lo menos, de la fecha en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. La designación será comunicada al Presidente de la República, para los efectos de la convocatoria a plebiscito.

Si transcurridas cuarenta y ocho horas de reunidos los Comandantes en Jefe y el General Director señalados en el inciso anterior, no hubiere unanimidad, la proposición se hará de acuerdo con lo prescrito en el inciso segundo de la disposición decimoséptima transitoria y el Consejo de Seguridad Nacional comunicará al Presidente de la República su decisión, para los mismos efectos señalados en el inciso anterior.

El plebiscito deberá efectuarse no antes de treinta ni después de sesenta días de la proposición correspondiente y se llevará a efecto en la forma que disponga la ley.

Vigesimaoctava.- Si la ciudadanía a través del plebiscito manifestare su voluntad de aprobar la proposición efectuada de acuerdo con la disposición que precede, el Presidente de la República así elegido, asumirá el cargo el mismo día en que deba cesar el anterior y ejercerá sus funciones por el período indicado en el inciso segundo del artículo 25 y se aplicarán todos los preceptos de la Constitución con las siguientes modalidades:

A.- El Presidente de la República, nueve meses después de asumir el cargo, convocará a elecciones generales de senadores y diputados para integrar el Congreso en la forma dispuesta en la Constitución. La elección tendrá lugar no antes de los treinta ni después de los cuarenta y cinco días siguientes a la convocatoria y se efectuará de acuerdo a la ley orgánica respectiva;

B.- El Congreso Nacional se instalará tres meses después de la convocatoria a elecciones.

Los diputados de este primer Congreso durarán tres años en sus cargos. Los senadores elegidos por las regiones de número impar durarán, asimismo, tres años y los senadores elegidos por las regiones de número par y región metropolitana, así como los designados, siete años, y

C.- Hasta que entre en funciones el Congreso Nacional, la Junta de Gobierno continuará en el pleno ejercicio de sus atribuciones, y seguirán en vigor las disposiciones transitorias que rigen el período presidencial a que se refiere la disposición decimotercera.

Vigesimanovena.- Si la ciudadanía no aprobare la proposición sometida a plebiscito a que se refiere la disposición vigesimaséptima transitoria, se entenderá prorrogado de pleno derecho el período presidencial a que se refiere la disposición decimotercera transitoria, continuando en funciones por un año más el Presidente de la República en ejercicio y la Junta de Gobierno, con arreglo a las disposiciones que los rigen. Vencido este plazo, tendrán plena vigencia todos los preceptos de la Constitución.

Para este efecto, noventa días antes de la expiración de la prórroga indicada en el inciso anterior, el Presidente en ejercicio convocará a elección de Presidente de la República y de parlamentarios en conformidad a los preceptos permanentes de esta Constitución y de la ley.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- CÉSAR MENDOZA DURÁN, General Director de Carabineros.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- Sergio Fernández Fernández, Ministro del Interior.- René Rojas Galdames, Ministro de Relaciones Exteriores.- César Raúl Benavides Escobar, Teniente General, Ministro de Defensa Nacional.- José Luis Federici Rojas, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.- Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda.- Alfredo Prieto Bafalluy, Ministro de Educación Pública.- Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.- Patricio Torres Rojas, General de Brigada, Ministro de Obras Públicas.- Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval, Ministro de Agricultura.- René Peri Fagerstrom, General Inspector de Carabineros, Ministro de Bienes Nacionales.- José Piñera Echenique, Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Alejandro Medina Lois, General de Brigada, Ministro de Salud.- Carlos Quiñones López, Contralmirante, Ministro de Minería.- Jaime Estrada Leigh, General de Brigada, Ministro de la Vivienda y Urbanismo.- Caupolicán Boisset Mujica, General de Brigada Aérea, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Sergio Badiola Broberg, General de Brigada, Ministro Secretario General de Gobierno.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Mario Duvauchelle Rodríguez, Capitán de Navío JT, Secretario de Legislación de la Junta de Gobierno.

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE 1980

LEY N° 18.825

Publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 1989

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

REPÚBLICA DE CHILE

La Junta de Gobierno de la República de Chile, ejerciendo el Poder Constituyente, sujeto a la ratificación plebiscitaria, ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República de Chile:

1.- En el artículo 5°, agrégase la siguiente oración final a su inciso segundo: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”;

2.- Derógase el artículo 8°;

3.- En el artículo 9°, reemplázase la segunda oración de su inciso segundo por la siguiente: “Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.”;

4.- En el artículo 16, número 3°; reemplázase la referencia al “artículo 8°” por otra al “inciso séptimo del número 15° del artículo 19”; reemplázase el plazo de “diez años” por el de “cinco años”, y agrégase la siguiente oración final: “Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15° del artículo 19.”;

5.- En el artículo 19, número 12°, inciso sexto, suprímense las palabras “Radio y”, y sustitúyense las palabras “estos medios” por “este medio”;

6.- En el artículo 19, número 12°, inciso séptimo, suprímese la frase final que dice: “y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas”;

7.- En el artículo 19, número 15°, inciso quinto, reemplázanse las palabras “sus registros y contabilidad deberán ser públicos” por las siguientes frases: “la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública”;

8.- Agréganse en el artículo 19, a continuación del inciso quinto del número 15°, los siguientes incisos:

“La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1) a 6) del artículo 54, por el término de cinco años, contado desde la resolución del Tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho.

Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia;”;

9.- En el artículo 19, número 19°, inciso tercero, suprímense las palabras “y sus dirigentes”;

10.- En el artículo 19, número 26°, suprímese su inciso segundo;

11.- En el artículo 23, inciso primero, reemplázase la oración final, que dice: “El cargo de dirigente gremial será incompatible con la militancia en un partido político.”, por la siguiente: “Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.”;

12.- Agrégase, al artículo 28, inciso segundo, la siguiente oración: “El Presidente de la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.”;

13.- Reemplázase, en el artículo 29, su inciso segundo por los siguientes:

“En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección general de parlamentarios, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio y durará en el cargo hasta noventa días después de esa elección general. Conjuntamente, se efectuará una nueva elección presidencial por el período señalado en el inciso segundo del artículo 25. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección general de parlamentarios, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para el nonagésimo día después de la convocatoria. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación y durará en él hasta noventa días después de la segunda elección general de parlamentarios que se verifique durante su mandato, la que se hará en conjunto con la nueva elección presidencial.

El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente.”;

14.- En el artículo 31, sustitúyese la palabra “Senado” por las palabras “Congreso Pleno” y derógase su frase final, que dice: “pero no podrá disolver la Cámara de Diputados”, y suprímese la coma (,) que la precede reemplazándola por un punto (.);

15.- En el artículo 32, N° 4°, suprímese la frase: “y del inciso final del artículo 118”;

16.- Derógase, en el artículo 32, su número 5°;

17.- En el artículo 38, inciso segundo, suprímense las palabras “contencioso administrativos”;

18.- Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo 39.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado en las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública.”;

19.- En el artículo 41, reemplázase su número 2°, por el siguiente:

“2°.- Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestarlas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni en otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión y restringir el ejercicio de las libertades de locomoción, de información y de opinión.

La medida de traslado deberá cumplirse en localidades urbanas que reúnan las condiciones que la ley determine.”;

20.- En el artículo 41, reemplázase su número 3° por el siguiente:

“3°.- Los tribunales de justicia no podrán, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para adoptar las medidas en el ejercicio de las facultades excepcionales que le confiere esta Constitución. La interposición y tramitación de los recursos de amparo y de protección que conozcan los tribunales no suspenderán los efectos de las medidas decretadas, sin perjuicio de lo que resuelvan en definitiva respecto de tales recursos.”;

21.- En el artículo 41, reemplázase su número 4° por el siguiente:

“4°.- Por la declaración de estado de emergencia, se podrá restringir el ejercicio de la libertad de locomoción y del derecho de reunión.”;

22.- En el artículo 41, reemplázase el inciso primero de su número 7° por el siguiente:

“7°.- Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán prolongarse más allá de la vigencia de dichos estados.”;

23.- En el artículo 43, suprímese la segunda oración de su inciso segundo, que dice: “Sin embargo, si el Presidente de la República hiciere uso de la facultad que le confiere el número 5° del artículo 32, la nueva Cámara que se elija durará, en este caso, sólo el tiempo que le faltare a la disuelta para terminar su período.”;

24.- En el artículo 44, reemplázase el plazo de “tres años” por el de “dos años”;

25.- En el artículo 45, reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las trece regiones del país. Cada región constituirá una circunscripción, excepto seis de ellas que serán divididas, cada una, en dos circunscripciones por la ley orgánica constitucional respectiva. A cada circunscripción corresponde elegir dos senadores.”;

26.- En el artículo 45, suprímese la oración final de su inciso quinto, que dice: “Las vacantes se proveerán en el mismo plazo, contado desde que se produjeren.”;

27.- En el artículo 46, sustitúyese el plazo de “tres años” por el de “dos años”;

28.- En el artículo 47, reemplázase su inciso tercero, por los siguientes:

“Las vacantes de diputados, y las de senadores elegidos por votación directa, que se produzcan en cualquier tiempo, se proveerán con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del parlamentario que cesó en el cargo, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. En caso de no ser aplicable la regla anterior y faltar más de dos años para el término del período del que hubiere cesado en el cargo, la vacante será proveída por la Cámara que corresponda, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido a que perteneciere quien hubiere motivado la vacante.

El nuevo diputado o senador durará en sus funciones el término que le faltaba al que originó la vacante. Los parlamentarios elegidos como independientes que mantuvieren tal calidad a la fecha de producirse la vacante, no serán reemplazados, a menos que hubieren postulado integrando listas en conjunto con un partido político. En este último caso, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.

En ningún caso procederán elecciones complementarias.”;

29.- En el artículo 49, sustitúyese en el N° 8) el punto y coma (;) por una coma (,), agrégase a continuación la conjunción “y” y, derógase su N° 9);

30.- En el artículo 49, reemplázase su inciso final por el siguiente:

“El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.”;

31.- En el artículo 54, reemplázase su inciso segundo por el siguiente:

“Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.”;

32.- En el artículo 57, inciso quinto, reemplázase la referencia al “artículo 8°” por otra al “inciso séptimo del número 15° del artículo 19”;

33.- En el artículo 57, derógase su inciso sexto;

34.- En el artículo 57, actual inciso séptimo, que pasa a ser sexto, reemplázase la referencia al “artículo 8°” por otra al “inciso séptimo del número 15° del artículo 19”;

35.- Reemplázase el artículo 63 por el siguiente:

“Artículo 63.- Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 65 y siguientes.”;

36.- En el artículo 65, intercálase, a continuación de las palabras “si ésta lo aprueba en general”, la frase: “por los dos tercios de sus miembros presentes”;

37.- En el artículo 66, inciso primero, suprímese la oración final, que dice: “El presidente de la respectiva corporación o comisión y el o los autores de la indicación o corrección formulada en contravención a esta norma, sufrirán la sanción establecida en el artículo 57, inciso sexto, de esta Constitución.”;

38.- En el artículo 68, inciso segundo, reemplázase la oración final, por la siguiente: “Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero, si hubiere mayoría para el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última.”;

39.- En el artículo 79, inciso primero, suprímese la frase final que dice: “Los tribunales contencioso administrativos quedarán sujetos a esta superintendencia conforme a la ley.”;

40.- En el artículo 82, reemplázase el número 7° por el siguiente:

“7°.- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los incisos sexto, séptimo y octavo del número 15° del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;”;

41.- En el artículo 82, derógase su número 8°;

42.- En el artículo 82, inciso segundo, suprímese el número 8°; en su inciso decimotercero, suprímese la referencia al número 8° y la coma (,) que lo precede y, en su inciso decimocuarto, reemplázase el número “8°” por el número “7°”;

43.- En el artículo 94, sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 94.- Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.”;

44.- En el artículo 95, en su inciso primero, suprímese la conjunción “y” que sigue a la palabra “Armadas”, y agrégase, al final, a continuación de la palabra “Carabineros”, eliminando el punto (.) que le sigue, la frase: “y por el Contralor General de la República.”;

45.- En el artículo 95, agrégase al final de su inciso tercero, la siguiente oración: “Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio con derecho a voto.”;

46.- En el artículo 96, inciso primero, reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Hacer presente, al Presidente de la República, al Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a algún hecho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional;”;

47.- En el artículo 99, inciso segundo, intercálase, a continuación de la palabra “ley”, los términos “de quórum calificado”;

48.- En el artículo 107, agrégase al inciso tercero la siguiente oración final:

“Dicha ley señalará, además, las materias de administración local, propias de la competencia de las municipalidades, que el alcalde podrá someter a plebiscito de las personas inscritas en los registros electorales, con domicilio en las respectivas comunas o agrupación de comunas, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y sus efectos.”;

49.- En el artículo 116, inciso segundo, agrégase la siguiente oración: “Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VII, X, XI o XIV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.”;

50.- En el artículo 117, inciso cuarto, reemplázanse las palabras “tres cuartas” por “dos terceras”;

51.- En el artículo 117, inciso quinto, reemplázanse las palabras “la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada Cámara” por la frase: “las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo anterior”;

52.- Derógase el artículo 118;

53.- En la vigesimanovena disposición transitoria, agrégase el siguiente inciso tercero:

“El Presidente de la República que resulte elegido por aplicación del inciso anterior durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente.”, y

54.- Agrégase la siguiente disposición transitoria nueva:

“Trigésima.- En tanto no entre en vigencia la ley orgánica constitucional que determine las seis regiones en cada una de las cuales habrá dos circunscripciones senatoriales, se dividirán, en esta forma, las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Maule, del Bío-Bío, de la Araucanía y de Los Lagos.”.

JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada, Miembro de la Junta de Gobierno.- FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de la Junta de Gobierno.- RODOLFO STANGE OELCKERS, General Director, General Director de Carabineros, Miembro de la Junta de Gobierno.- SANTIAGO SINCLAIR OYANEDER, Teniente General de Ejército, Miembro de la Junta de Gobierno.

Por cuanto he tenido a bien aprobarlo, firmo el precedente proyecto de ley de reforma constitucional, sin perjuicio de la aprobación plebiscitaria prevista en las disposiciones transitorias Decimoctava letra A y Vigesimaprimera, letra d), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

Santiago, 15 de junio de 1989.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.- Carlos Cáceres Contreras, Ministro del Interior.

Por cuanto el proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Junta de Gobierno, contenido en el artículo segundo del Decreto Supremo N° 939 de 1989, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 16 de junio del mismo año, fue aprobado en el plebiscito del día 30 de julio de 1989, según el Acuerdo del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 11 de agosto de 1989, vengo en promulgar la referida Reforma Constitucional, la que deberá incorporarse al texto oficial de la Constitución Política de la República de Chile.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.

Santiago, 16 de agosto de 1989.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.- Carlos Francisco Cáceres C., Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Jorge Beytía Valenzuela, Capitán de Navío JT, Secretario de Legislación de la Junta de Gobierno.

LEY Nº 19.055

Publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de 1991

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el Congreso Nacional en Pleno ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 9° por el siguiente:

“Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.”;

2.- Agrégase a la letra e) del N° 7° del artículo 19, sustituyendo el punto y coma final (;) por un punto aparte (.), el siguiente párrafo segundo:

“La resolución que otorgue la libertad provisional a los procesados por los delitos a que se refiere el artículo 9°, deberá siempre elevarse en consulta. Esta y la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la excarcelación serán conocidas por el Tribunal superior que corresponda integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que apruebe u otorgue la libertad requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad provisional el reo quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple;”;

3.- Agrégase al N° 16) del artículo 60, sustituyendo el punto y como final (;) por un punto aparte (.), el siguiente párrafo segundo:

“Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9°;”, y

4.- Agrégase, a continuación de la Trigésima, la siguiente disposición transitoria:

“Trigesimaprimera.- El indulto particular será siempre procedente respecto de los delitos a que se refiere el artículo 9° cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Una copia del decreto respectivo se remitirá, en carácter reservado, al Senado.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República y téngase por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, como lo manda el inciso final del artículo 119 de este Cuerpo Legal.

Santiago, marzo 26 de 1991.- PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, Presidente de la República.- Francisco Cumplido Cereceda, Ministro de Justicia.- Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior Subrogante.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Bernardo Espinosa Bancalari, Subsecretario de Justicia Subrogante.

LEY N° 19.097

Publicada en el Diario Oficial el 12 de noviembre de 1991

MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE GOBIERNOS REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN COMUNAL

Por cuanto el H. Congreso Nacional en pleno ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“Artículo 3°.- El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley.”.

Artículo 2°.- Reemplázase el inciso final del N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.”.

Artículo 3°.- Reemplázase, en el N° 9 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, la coma (,) después de la expresión “intendentes” por la conjunción “y” y elimínase la frase “y a los alcaldes de su designación”.

Artículo 4°.- Sustitúyese el N° 2) del artículo 54 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“2) Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales y los concejales;”.

Artículo 5°.- Intercálase, en el N° 3° del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política de la República, entre la palabra “autónomas” y la frase “o de las municipalidades”, la expresión “, de los gobiernos regionales”.

Artículo 6°.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 85 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“Artículo 85.- Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.”.

Artículo 7°.- Sustitúyense los artículos 100 a 104, inclusive, de la Constitución Política de la República, por los siguientes:

“Artículo 100.- El gobierno de cada región reside en un intendente que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

Artículo 101.- El intendente presidirá el consejo regional y le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.

La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 102.- El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende, la que regulará además su integración y organización.

Corresponderá desde luego al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Asimismo, resolverá la inversión de los recursos consultados para la región en el fondo nacional de desarrollo regional, sobre la base de la propuesta que formule el intendente.

Artículo 103.- La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado, así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales.

Sin perjuicio de lo anterior, también establecerá, con las excepciones que procedan, la desconcentración regional de los ministerios y de los servicios públicos. Asimismo, regulará los procedimientos que aseguren la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.

Artículo 104.- Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.

Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto en el N° 20° del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional.

La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional.

A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios, podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública en la respectiva región o en el conjunto de regiones que convengan en asociarse con tal propósito.

La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21° del artículo 19.”.

Artículo 8°.- Reemplázase el inciso primero del artículo 105 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“Artículo 105.- En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 105 de la Constitución Política de la República:

“En cada provincia existirá un consejo económico y social provincial de carácter consultivo. La ley orgánica constitucional respectiva determinará su composición, forma de designación de sus integrantes, atribuciones y funcionamiento.”.

Artículo 10.- Sustitúyense los artículos 107, 108, 109 y 111 de la Constitución Política de la República, por los siguientes:

“Artículo 107.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo. La ley orgánica establecerá un consejo económico y social comunal de carácter consultivo.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de administración municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.

Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.

Los municipios y los demás servicios públicos existentes en la respectiva comuna deberán coordinar su acción en conformidad a la ley.

Artículo 108.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde.

El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.

La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos.

Artículo 109.- Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Artículo 111.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley.”.

Artículo 11.- Derógase el artículo 110 de la Constitución Política de la República.

Artículo 12.- Sustitúyense los artículos 112 a 115 de la Constitución Política de la República, por los siguientes:

“Artículo 112.- La Ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos.

Artículo 113.- Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido miembro del consejo regional o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de intendente, gobernador, miembro del consejo regional y concejal serán incompatibles entre sí.

Ningún tribunal procederá criminalmente contra un intendente o gobernador sin que la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado que ha lugar la formación de causa.

Artículo 114.- Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcaldes, de miembro del consejo regional y de concejal.

Artículo 115.- La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el intendente y el consejo regional, así como entre el alcalde y el concejo.”.

Artículo transitorio.- Agréganse a la Constitución Política de la República las siguientes disposiciones transitorias:

“Trigesimasegunda.- Mientras no se proceda a la instalación de los gobiernos regionales que se establecen en esta Constitución, los intendentes y los consejos regionales de desarrollo mantendrán su actual composición y atribuciones, de conformidad a la legislación vigente.

Trigesimatercera.- Los alcaldes y consejos de desarrollo comunal continuarán en el desempeño de sus funciones, de conformidad con la legislación vigente, mientras no asuman los alcaldes y los concejales elegidos en virtud de esta reforma constitucional.

Las elecciones populares que se originen en esta reforma constitucional se efectuarán antes del 30 de junio de 1992. Las de los miembros de los consejos regionales, en la forma que prevea la ley orgánica constitucional respectiva, se celebrarán quince días después de la instalación de los concejos.

Trigesimacuarta.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54, para las elecciones de diputados y senadores que corresponda realizar en 1993, no podrán ser candidatos los ciudadanos que resulten elegidos alcaldes, miembros de los consejos regionales o concejales en las elecciones que se celebren en 1992.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, como lo manda el inciso final del artículo 119 de ese cuerpo normativo.

Santiago, 11 de noviembre de 1991.- PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, Presidente de la República.- Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Belisario Velasco Baraona, Subsecretario del Interior.

LEY Nº 19.174

Publicada en el Diario Oficial el 12 de noviembre de 1992

INTERPRETA INCISO SEGUNDO DE LA DISPOSICIÓN TRIGÉSIMA TERCERA TRANSITORIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

“Artículo único.- El plazo contemplado en la segunda parte del inciso segundo de la disposición Trigesimatercera transitoria de la Constitución Política de la República se contará desde que se hayan instalado todos los concejos.”

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1° del artículo 82 de la Constitución Política de la República, y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 5 de noviembre de 1992.- PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, Presidente de la República.- Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Belisario Velasco Baraona, Subsecretario del Interior.

LEY Nº 19.295

Publicada en el Diario Oficial el 4 de marzo de 1994

MODIFICA ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el H. Congreso Nacional en pleno ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, la expresión “ocho” por “seis”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 22 de febrero de 1994.- PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, Presidente de la República.- Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda a Ud., Belisario Velasco Baraona, Subsecretario del Interior.

LEY N° 19.448

Publicada en el Diario Oficial el 20 de febrero de 1996

INCORPORA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE INDICA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República, en la forma siguiente:

Incorpórase la siguiente disposición trigesimaquinta transitoria:

“Trigesimaquinta.- Las elecciones destinadas a renovar los actuales concejos municipales se realizarán el día 27 de octubre de 1996. En todo caso, los concejos se instalarán el día 6 de diciembre del mismo año.

El Secretario Municipal cumplirá las funciones de aquellos concejos que no se constituyan el día señalado, hasta la instalación de éstos.

El período de los alcaldes y concejales en ejercicio se extenderá hasta el día 6 de diciembre de 1996.

El período de los consejeros regionales en ejercicio expirará el 19 de febrero de 1997, aplicándose en lo demás la ley correspondiente.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 12 de febrero de 1996.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior Subrogante.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Marcelo Schilling Rodríguez, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

LEY Nº 19.519

Publicada en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 1997

CREA EL MINISTERIO PÚBLICO

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense en la Constitución Política de la República, las siguientes modificaciones:

1.- Reemplázase, en el inciso quinto del número 3º del artículo 19, la frase “un racional y justo procedimiento”, por la siguiente: “un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

2.- Sustitúyese el número 14º del artículo 32 por el siguiente:

“14º Nombrar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente, al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, y al Fiscal Nacional, a proposición de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;”.

3.- Introdúcense al artículo 49 las siguientes modificaciones:

a) en el número 8), suprímese la conjunción “y” que figura al final, y reemplázase la coma (,) que la precede por un punto y coma (;), y

b) agrégase el siguiente número 9), nuevo:

“9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación del Fiscal Nacional, y”.

4.- Introdúcense al artículo 54 las siguientes enmiendas:

a) en el número 4), suprímese la frase: “y los funcionarios que ejerzan el ministerio público” y sustitúyese la coma (,) que antecede a las palabras “los jueces de letras” por la conjunción “y”;

b) en el número 7), reemplázase la conjunción “y”, así como la coma (,) que la precede, por un punto y coma (;);

c) en el número 8), sustitúyese el punto final (.) por una coma (,) y agrégase a continuación la conjunción “y”;

d) Agrégase el siguiente número 9):

“9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público.”.

e) Incorpórase en el inciso final, luego de la expresión “al momento de inscribir su candidatura”, la siguiente frase: “y de las indicadas en el número 9), respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección”.

5.- Reemplázase en el inciso tercero del artículo 73 la frase “Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que decreten”, por la que se indica a continuación: “Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley”.

6.- Reemplázase, en los incisos segundo y tercero del artículo 75 y en el artículo 78, la palabra “fiscales” por la expresión “fiscales judiciales”.

7.- Agrégase, a continuación del Capítulo VI, el siguiente Capítulo VI-A:

“Capítulo VI-A

MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 80 A.- Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.

Artículo 80 B.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.

Artículo 80 C.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará diez años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Artículo 80 D.- Existirá un Fiscal Regional en cada una de las regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno.

Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la Corte de más antigua creación.

Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durarán diez años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.

Artículo 80 E.- La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, llamarán a concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente convocado al efecto. No podrán integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados del Poder Judicial.

Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. De producirse un empate, éste se resolverá mediante sorteo.

Artículo 80 F.- Existirán fiscales adjuntos que serán designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del fiscal regional respectivo, la que deberá formarse previo concurso público, en conformidad a la ley orgánica constitucional. Deberán tener el título de abogado y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

Artículo 80 G.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio.

La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.

Artículo 80 H.- Se aplicará al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales y a los fiscales adjuntos lo establecido en el artículo 78.

Artículo 80 I.- El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.”.

8.- Agréganse las siguientes disposiciones transitorias:

“Trigesimasexta.- Las normas del capítulo VI-A “Ministerio Público”, regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país.

El capítulo VI-A “Ministerio Público”, la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones.

Trigesimaséptima.- No obstante lo dispuesto en el artículo 80 E, en la quina y en cada una de las ternas que se formen para proveer por primera vez los cargos de Fiscal Nacional y de Fiscales Regionales, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones podrán incluir, respectivamente, a un miembro activo del Poder Judicial.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 6 de septiembre de 1997.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., José Antonio Gómez Urrutia, Subsecretario de Justicia.

LEY N° 19.526

Publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 1997

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN COMUNAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política:

1.- Sustitúyese el número 2º, del inciso cuarto, del artículo 62, por el siguiente:

“2.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.”;

2.- Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

“Artículo 107.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales.

Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.

Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.

Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley.

La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la transferencia.”;

3.- Reemplázase el artículo 109, por el siguiente:

“Artículo 109.- La ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas.

Asimismo, la ley orgánica constitucional de municipalidades establecerá los procedimientos que deberán observarse en caso de supresión o fusión de una o más comunas.”.

4.- Incorpórase el siguiente artículo 110, nuevo:

“Artículo 110.- Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita.

Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la ley orgánica constitucional de municipalidades.”, y

5.- Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Trigesimaoctava.- Las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo 110, relativas a la modificación de la estructura orgánica, de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y téngase por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 7 de noviembre de 1997.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Carlos Figueroa Serrano, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Marcelo Schilling Rodríguez, Subsecretario Desarrollo Regional y Administrativo.

LEY N° 19.541

Publicada en el Diario Oficial el 22 de diciembre de 1997

REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVA AL PODER JUDICIAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense en la Constitución Política de la República las siguientes modificaciones:

1.- Sustitúyese el número 14º del artículo 32, por el siguiente:

“14º. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;”.

2.- Sustitúyese el número 9) del artículo 49, por el siguiente:

“9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y”.

3.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 75:

a) Reemplázase el inciso segundo por los incisos siguientes, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser sexto, séptimo y octavo, respectivamente:

“La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros.

Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración de justicia, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso cuarto.”.

b) Agrégase a continuación del inciso quinto, que ha pasado a ser octavo, el siguiente inciso nuevo:

“La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo.”.

c) Reemplázanse, en el inciso final, las palabras “treinta días” por “sesenta días”.

4.- Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 77, por el siguiente:

“La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.”.

5.- Agrégase al artículo 79 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero:

“Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.”.

6.- Suprímese la oración final del inciso segundo del artículo 81, que reza como sigue: “Además, en los casos de las letras b) y d), deberán ser personas que sean o hayan sido abogados integrantes de la Corte Suprema por tres años consecutivos, a lo menos.”.

7.- Sustitúyese el inciso primero de la disposición Octava transitoria por los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser décimo cuarto:

“Las normas relativas a la edad establecidas en el inciso segundo del artículo 77 regirán a contar del 1º de enero de 1998, respecto de los magistrados de los tribunales superiores de justicia que se hallaban en servicio al 11 de marzo de 1981.

Las vacantes de ministro de la Corte Suprema correspondientes a las cuatro nuevas plazas que se crean en virtud de la modificación al artículo 75 y las que se produzcan en dicho tribunal al aplicarse la norma relativa a la edad a que se refiere el inciso precedente, serán provistas en conformidad a las normas siguientes.

La Corte Suprema, para proveer las cuatro nuevas plazas de ministro, dentro del plazo de diez días contados desde la publicación de la presente ley de reforma constitucional, propondrá al Presidente de la República dos nóminas de diez personas cada una. Una se formará con integrantes del Poder Judicial, debiendo incluir en ella a los dos ministros de Corte de Apelaciones más antiguos que figuren en lista de méritos y que no deban cesar en sus cargos por aplicación del inciso primero de la presente disposición transitoria, y la otra se formará con abogados extraños a la administración de justicia que cumplan con los requisitos señalados en el inciso cuarto del artículo 75.

Para proveer las vacantes que se produzcan el 1º de enero de 1998 por aplicación del límite de edad a los ministros de la Corte Suprema que tengan cumplidos a dicha fecha 75 o más años de edad, la Corte Suprema propondrá al Presidente de la República, dentro de los diez primeros días del mes de enero de 1998, dos nuevas nóminas, cada una de las cuales estará integrada por el equivalente a la mitad del quíntuplo del número de vacantes producidas. Una se formará con integrantes del Poder Judicial, debiendo ocupar en ella un lugar de cada cinco de los propuestos, los ministros de Corte de Apelaciones más antiguos que figuren en lista de méritos y que no deban cesar en sus cargos por aplicación del inciso primero de la presente disposición transitoria. La otra se formará con abogados extraños a la administración de justicia que cumplan con los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 75.

Dentro de tercero día de recibidas las nóminas a que se refieren los incisos precedentes y en las oportunidades respectivas, el Presidente de la República propondrá al Senado, simultáneamente, tantos nombres como sea el número de vacantes a llenar en cada caso. En cada proposición, la mitad de las personas incluidas deberán ser integrantes del Poder Judicial y la otra mitad abogados extraños a la administración de justicia, hasta completar el número de cinco de estos abogados que deben integrar la Corte Suprema.

El Senado, dentro de los seis días siguientes a cada proposición presidencial, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, deberá pronunciarse en votaciones separadas y sucesivas por cada una de las personas propuestas.

En caso que el Senado rechace alguno de los nombres presentados por el Presidente de la República, éste le propondrá, dentro de segundo día, un nuevo nombre de los incluidos en la respectiva nómina y el Senado se pronunciará dentro de tercero día de formulada la nueva propuesta, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe una proposición presidencial. Si se rechazaren cinco nombres de una misma nómina, la Corte Suprema deberá completarla, hasta reunir el total correspondiente, dentro del plazo de cinco días, durante los cuales se interrumpirán los términos anteriores.

Para formar las nóminas correspondientes a abogados extraños a la administración de justicia señaladas en los incisos anteriores, la Corte Suprema llamará, dentro de tercero día de publicada la presente ley de reforma constitucional, a concurso público de antecedentes. El pleno de la Corte Suprema elegirá a quienes integrarán estas nóminas y a quienes reemplazarán a los candidatos rechazados, de entre las personas que se presenten a dicho concurso.

Las nóminas a que se refieren los incisos precedentes se formarán por el pleno de la Corte Suprema, en una misma y única votación. Para estos efectos, cada ministro podrá votar hasta por el equivalente a las dos terceras partes del total de personas que integrarán dichas nóminas, resultando elegidos quienes obtengan las más altas votaciones.

Sin perjuicio de los beneficios previsionales que les correspondan de acuerdo a las normas vigentes, los ministros que deban cesar en sus cargos por aplicación de la presente disposición transitoria tendrán derecho a un beneficio compensatorio adecuado, que fijará la ley.

Los magistrados de los tribunales superiores de justicia a los que se refiere el inciso primero, que se desempeñen como presidente de la Corte Suprema, durarán en dicho cargo dos años.

Dicho plazo se contará a partir de la fecha del respectivo nombramiento.

Los ministros que se designen con anterioridad al 2 de enero de 1998, asumirán sus cargos a contar de ese día.”.

8.- Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Trigesimanovena.- En el año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley de reforma constitucional no podrán figurar en las nóminas para integrar la Corte Suprema quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente de la República, diputado, senador, Ministro de Estado, intendente, gobernador o alcalde.”.”.

Habiendo el Tribunal Constitucional declarado inadmisible el requerimiento interpuesto para que se declarara la inconstitucionalidad del Nº 7 del artículo único de este proyecto, por oficio Nº 1351, de fecha 17 de diciembre de 1997; y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 18 de diciembre de 1997.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., José Antonio Gómez Urrutia, Subsecretario de Justicia.

LEY N° 19.597

Publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1999

MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, por los siguientes incisos:

“La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.

Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.”.”.

Y por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado las observaciones formuladas por el Ejecutivo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República y téngase por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, como lo manda el inciso final del artículo 119 de ese cuerpo normativo.

Santiago, 24 de diciembre de 1998.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Consuelo Gazmuri Riveros, Subsecretario de Justicia (S).

LEY N° 19.611

Publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de 1999

ESTABLECE IGUALDAD JURÍDICA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República de Chile:

1) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 1º, la expresión “Los hombres” por “Las personas”, y

2) Agrégase, al final del párrafo primero del número 2º del artículo 19, la oración “Hombres y mujeres son iguales ante la ley.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y téngase por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 9 de junio de 1999.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Justicia.- María Josefina Bilbao Mendezona, Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., José Antonio Gómez Urrutia, Subsecretario de Justicia.

LEY N° 19.634

Publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 1999

REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ESTABLECIENDO EL RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Intercálase en el número 10º del artículo 19 de la Constitución Política, como párrafo cuarto, nuevo, el siguiente:

“El Estado promoverá la educación parvularia.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 21 de septiembre de 1999.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- José Pablo Arellano Marín, Ministro de Educación.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Jaime Pérez de Arce Araya, Subsecretario de Educación.

LEY N° 19.643

Publicada en el Diario Oficial el 5 de noviembre de 1999

INTRODUCE MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, SOBRE CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 26, por los siguientes:

“Artículo 26. El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se realizará, en la forma que determine la ley, noventa días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.

Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día.”.

2) Modifícase el artículo 27 en la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes a la primera o segunda votación, según corresponda.”, y

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la palabra “elección” por “votación”.

3) Modifícase el artículo 84 en la forma que se indica:

a) Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquellos que reúnan las calidades indicadas.”, y

b) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “refieren las letras b) y c)” por “refiere la letra b)”.

Artículo transitorio.- Las normas referidas a la integración del Tribunal Calificador de Elecciones regirán a partir del 31 de enero de año 2.000.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 22 de octubre de 1999.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Raúl Troncoso Castillo, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Guillermo Pickering de la Fuente, Subsecretario del Interior.

LEY N° 19.671

Publicada en el Diario Oficial el 29 de abril de 2000

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 117 DE LA CARTA FUNDAMENTAL, EN LO RELATIVO A LA OPORTUNIDAD EN QUE HAN DE REUNIRSE LAS DOS CÁMARAS PARA APROBAR UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

Artículo único.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 117 de la Constitución Política de la República, por los siguientes:

“Artículo 117.- Las dos Cámaras, reunidas en Congreso Pleno, serán convocadas por el Presidente del Senado a una sesión pública, que se celebrará no antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la aprobación de un proyecto en la forma señalada en el artículo anterior, en la que, con asistencia de la mayoría del total de sus miembros, tomarán conocimiento de él y procederán a votarlo sin debate.

Si a la hora señalada no se reuniere la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesión se verificará el mismo día, a una hora posterior que el Presidente del Senado haya fijado en la convocatoria, con los diputados y senadores que asistan.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 19 de abril de 2000.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Álvaro García Hurtado, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Eduardo Dockendorff Vallejos, Subsecretario General de la Presidencia.

LEY N° 19.672

Publicada en el Diario Oficial el 28 de abril de 2000

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 30 DE LA CARTA FUNDAMENTAL, CON EL FIN DE ESTABLECER EL ESTATUTO DE LOS EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Agréganse los siguientes incisos al artículo 30 de la Constitución Política de la República:

“El que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de la República.

En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 58 y el artículo 59.

Quien actualmente o en el futuro se desempeñe como senador vitalicio, podrá renunciar a dicho cargo, en cuyo caso mantendrá la dignidad de Ex Presidente de la República.

No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra.

El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 19 de abril de 2000.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Álvaro García Hurtado, Ministro Secretario General de la Presidencia.- José Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior.- José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Eduardo Dockendorff Vallejos, Subsecretario General de la Presidencia.

LEY N° 19.742

Publicada en el Diario Oficial el 25 de agosto de 2001

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ELIMINA LA CENSURA CINEMATOGRÁFICA SUSTITUYÉNDOLA POR UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y QUE CONSAGRA EL DERECHO A LA LIBRE CREACIÓN ARTÍSTICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

a) Reemplázase el párrafo final del número 12.º del artículo 19, por el siguiente:

“La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica.”.

b) Sustitúyese el párrafo primero del número 25.º del artículo 19, por el que sigue:

“25.º La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.”.

c) Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Cuadragésima. Lo dispuesto en el párrafo final del número 12.º del artículo 19 regirá al momento de entrar en vigencia la ley sobre calificación cinematográfica que se dicte en reemplazo del decreto ley Nº 679, de 1974.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 8 de agosto de 2001.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Claudio Huepe García, Ministro Secretario General de Gobierno.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- María Eliana Arntz Bustos, Subsecretaria General de Gobierno.

LEY N° 19.876

Publicada en el Diario Oficial el 22 de mayo de 2003

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 7 de mayo de 2003.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Ariadna Hornkohl Venegas, Subsecretaria de Educación.

LEY N° 20.050

Publicada en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2005

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INTRODUCE DIVERSAS MODIFICACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo 1º: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1. Sustitúyese el artículo 3.º, por el siguiente:

“Artículo 3.º El Estado de Chile es unitario.

La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.

Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.”.

2. Agrégase, en el inciso primero del artículo 6.º, antes del punto final (.), la frase “, y garantizar el orden institucional de la República”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 8.º, nuevo:

“Artículo 8.º El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”.

4. Modifícase el artículo 10, de la siguiente forma:

a) Elimínase el número 2.º.

b) Sustitúyese el número 3.º, por el siguiente:

“3º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 4º ó 5º;”.

c) Reemplázase el número 4.º, por el siguiente:

“4.º Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley.”.

5. Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 11:

a) Sustitúyese el número 1º, por el siguiente:

“1º Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;”, y

b) Derógase el número 3.º.

6. Agrégase, al artículo 13, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 3.º y 5.º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.”.

7. Agrégase el siguiente inciso segundo en el artículo 14:

“Los nacionalizados en conformidad al Nº 4º del artículo 10, tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización.”.

8. Reemplázase en el artículo 16, Nº 2º la expresión “procesada” por “acusada”;

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17:

a) Agrégase, en el número 3.º, a continuación de la expresión “terrorista”, la frase “y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”, y

b) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:

“Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2.º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en el número 3.º podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena.”.

10. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Sustitúyese el párrafo cuarto del número 3º por el siguiente:

“Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”.

b) Sustitúyese el número 4º, por el siguiente:

“El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.”.

c) Modifícase el número 7º en el siguiente sentido:

1.- Sustitúyese la letra e) por la siguiente:

“e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el Artículo 9º, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple.”.

2.- Reemplázase en la letra f) la expresión “inculpado” por las siguientes: “imputado o acusado”.

d) Agrégase al final del párrafo cuarto del número 16 el siguiente texto:

“Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley.”.

11. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 20, la expresión “acto arbitrario e ilegal” por “acto u omisión ilegal”.

12. Sustitúyese el inciso final del artículo 24, por el siguiente:

“El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.”.

13. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 25 por los siguientes:

“Artículo 25. Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º ó 3º del artículo 10; tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.”.

14. Modifícase el artículo 26, en los siguientes términos:

a) Sustitúyese en el inciso primero la oración que sigue al punto seguido (.) por la que se indica: “La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, noventa días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.”, y

b) Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

“En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará el domingo más cercano al nonagésimo día posterior a la convocatoria.

Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28.”.

15. Sustitúyese el inciso primero del artículo 28 por el siguiente:

“Artículo 28. Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema.”.

16. Sustitúyese el artículo 29, por el siguiente:

“Artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema.

En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para el sexagésimo día después de la convocatoria. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.

El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente.”.

17. Suprímese el inciso cuarto del artículo 30, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente.

18. Modifícase el artículo 32, en la siguiente forma:

a) Reemplázase su número 2.º, por el siguiente:

“2.º Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible;”, y

b) Derógase su número 6.º.

19. Agrégase, al artículo 37, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar.”.

20. Sustitúyense los artículos 39, 40 y 41, por los siguientes:

“Artículo 39. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Artículo 40. El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.

El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del Presidente.

Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 41 D.

La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por un plazo de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad.

Artículo 41. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

Artículo 41 A. El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia.

Artículo 41 B. Por la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Artículo 41 C. Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.

Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos.

Artículo 41 D. Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda.

Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño.”.

21. Reemplázase el artículo 45, por el siguiente:

“Artículo 45. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.

Los Senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, correspondiendo hacerlo en un período a los representantes de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las regiones de número par y de la Región Metropolitana.”.

22. Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo 46. Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elección.”.

23. Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 47:

a) Elimínase en el inciso primero la expresión “y senadores”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “de los senadores que corresponda elegir por votación directa” por “de senadores”, y

c) Sustitúyense los incisos tercero y cuarto, por los siguientes cinco incisos, manteniéndose su inciso final:

“Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.

Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura.

El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.

El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante.”.

24. Sustitúyese el número 1) del artículo 48, por el siguiente:

“1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.

En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado;

b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.

La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación, y

c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.

Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.

No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.

25. Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 49:

a) Sustitúyese en el Nº 4) la referencia al número 2º del artículo 17, por otra al número 3º del mismo artículo, y

b) Sustitúyese en el Nº 8), la referencia al Nº 8º del artículo 82 por otra al Nº 10 del mismo artículo.

26. Sustitúyese el artículo 50, por el siguiente:

“Artículo 50. Son atribuciones del Congreso:

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 63, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley.

El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle.

El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de Derecho Internacional.

Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno.

En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro.

El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva.

De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 61, y

2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 40.”.

27. Derógase el artículo 51.

28. Reemplázase, el artículo 52, por el siguiente:

“Artículo 52. El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional.

En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional.

La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo 71 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.”.

29. Modifícase, el inciso primero del artículo 54, en los siguientes términos:

a) En el número 2), reemplázase la conjunción “y” por una coma (,) e intercálase la expresión “y los subsecretarios” entre el término “concejales” y el punto y coma (;) que lo sigue;

b) En el número 8), suprímese la conjunción “y” que aparece al final, reemplazando la coma (,) que la antecede por un punto y coma (;);

c) En el número 9) reemplázase el punto final por la conjunción “y” antecedida de una coma (,), y

d) Agrégase el siguiente número 10), nuevo:

“10) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.”.

30. Reemplázase, el inciso tercero del artículo 55, por el siguiente:

“Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.”.

31. Sustitúyese, el inciso primero del artículo 56, por el siguiente:

“Artículo 56. Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.”.

32. Agrégase, al artículo 57, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.”.

33. Sustitúyense en el inciso segundo del Artículo 58 la frase “o designación, o desde el de su incorporación, según el caso, puede ser procesado” por “o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado”, y en el inciso cuarto reemplázase la palabra “acusado” por “imputado”.

34. Intercálase, en el artículo 61, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando los actuales incisos quinto y sexto, a ser incisos sexto y séptimo, respectivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance.”.

35. Reemplázase el inciso primero del artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72. Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley.”.

36. Modifícase, el artículo 79, en los siguientes términos:

a) Elimínase, en su inciso primero, la frase “y los tribunales militares de tiempo de guerra”, reemplazando la coma (,) que sigue a la palabra “Elecciones”, por la conjunción copulativa “y”, y,

b) Elimínase su inciso final.

37. Derógase el artículo 80.

38. Modifícase el artículo 80 C en los siguientes términos:

a) Sustitúyese en el inciso segundo la frase: “durará diez años en el ejercicio de sus funciones”, por la siguiente: “durará ocho años en el ejercicio de sus funciones”, y

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“Será aplicable al Fiscal Nacional lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 en lo relativo al tope de edad.”.

39. Sustitúyese en el inciso final del artículo 80 D, la frase “durarán diez años en el ejercicio de sus funciones”, por la siguiente: “durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones”.

40. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 80 G, la expresión “cuatro séptimos” por “la mayoría”.

41. Sustitúyese el artículo 81, por el siguiente:

“Artículo 81. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, designados de la siguiente forma:

a) Tres designados por el Presidente de la República.

b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda.

c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 55, 56 y 78 y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del Artículo 57.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.”.

42. Reemplázase el artículo 82, por el siguiente:

“Artículo 82. Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

1º Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;

2º Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los auto acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones;

3º Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;

4º Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;

5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;

6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;

7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior;

8º Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda;

9º Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 88;

10° Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del Nº 15º del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;

11º Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 49 número 7) de esta Constitución;

12º Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado;

13º Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;

14º Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios;

15º Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 57 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y

16° Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60.

En el caso del número 1.º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso.

En el caso del número 2.º, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de diez de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo autoacordado.

En el caso del número 3.º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.

El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.

En el caso del número 4.º, la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

En el caso del número 5.º, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuera procedente.

Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.

En el caso del número 6.º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

En el caso del número 7º, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6º de este artículo, habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.

En los casos del número 8º, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.

En el caso del número 11º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Senado.

Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 10.º y 13.º de este artículo.

Sin embargo, si en el caso del número 10º la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

En el caso del número 12°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto.

En el caso del número 14º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.

En el caso del número 16º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.

El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 10º, 11º y 13º, como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario.

En los casos de los numerales 10º, 13º y en el caso del numeral 2º cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso, de su admisibilidad.”.

43. Sustitúyese el artículo 83, por el siguiente:

“Artículo 83. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.

En el caso del N° 16 del Artículo 82, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del Artículo 82, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o autoacordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.”.

44. Sustitúyese el inciso final del artículo 87, por el siguiente:

“El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo.”.

45. Sustitúyese el artículo 90, por el siguiente:

“Artículo 90. Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.”.

46. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 93, por el siguiente:

“El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período.”.

47. Reemplázase el artículo 95, por el siguiente:

“Artículo 95. Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.

En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.”.

48. Sustitúyese el artículo 96, por el siguiente:

“Artículo 96. El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes.

El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento a que se refiere el inciso final de la presente disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional.

Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario. Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates.”.

49. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 99, por el siguiente:

“La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”.

50. Sustitúyese el inciso final del artículo 116 por el siguiente:

“En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior.”.

51. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 117:

1. Suprímense los incisos primero y segundo;

2. Reemplázase, en el inciso tercero, que pasa a ser inciso primero, la expresión “apruebe la mayoría del Congreso Pleno” por “aprueben ambas Cámaras”, y

3. Sustitúyense, en los incisos cuarto y quinto, que pasan a ser incisos segundo y tercero, respectivamente, las palabras “el Congreso” por “ambas Cámaras”.

52. Derógase el artículo final.

53. Deróganse las disposiciones transitorias cuarta, octava, novena, décima, decimoprimera, decimosegunda, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimooctava, decimonovena, vigésima, vigesimaprimera, vigesimasegunda, vigesimatercera, vigesimacuarta, vigesimaquinta, vigesimasexta, vigesimaséptima, vigesimaoctava, vigesimanovena, trigésima, trigesimasegunda, trigesimatercera, trigesimacuarta, trigesimaquinta y cuadragésima.”.

54.- Incorpóranse las siguientes disposiciones transitorias:

“Cuadragesimaprimera. El mandato del Presidente de la República en ejercicio será de seis años, no pudiendo ser reelegido para el período siguiente.

Cuadragesimasegunda. El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes.

Las modificaciones a la referida Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores, las circunscripciones existentes y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Los senadores en actual ejercicio incorporados o designados en conformidad a las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 45 que se derogan, continuarán desempeñando sus funciones hasta el 10 de marzo de 2006.

Cuadragesimatercera. El reemplazo de los actuales Ministros y el nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, se efectuará conforme a las reglas siguientes:

Los actuales Ministros nombrados por el Presidente de la República, el Senado, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional se mantendrán en funciones hasta el término del período por el cual fueron nombrados o hasta que cesen en sus cargos.

El reemplazo de los Ministros designados por el Consejo de Seguridad Nacional corresponderá al Presidente de la República.

El Senado nombrará tres Ministros del Tribunal Constitucional, dos directamente y el tercero previa propuesta de la Cámara de Diputados. Este último durará en el cargo hasta el mismo día en que cese el actualmente nombrado por el Senado o quien lo reemplace en conformidad al inciso séptimo de este artículo, y podrá ser reelegido.

Los actuales Ministros de la Corte Suprema que lo sean a su vez del Tribunal Constitucional, quedarán suspendidos temporalmente en el ejercicio de sus cargos en dicha Corte, seis meses después que se publique la presente reforma constitucional y sin afectar sus derechos funcionarios. Reasumirán esos cargos al término del período por el cual fueron nombrados en el Tribunal Constitucional o cuando cesen en este último por cualquier motivo.

La Corte Suprema nominará, en conformidad a la letra c) del Artículo 81, los abogados indicados en la medida que se vayan generando las vacantes correspondientes. No obstante, el primero de ellos será nombrado por tres años, el segundo por seis años y el tercero por nueve años. El que haya sido nombrado por tres años podrá ser reelegido.

Si alguno de los actuales Ministros no contemplados en el inciso anterior cesare en su cargo, se reemplazará por la autoridad indicada en las letras a) y b) del artículo 81, según corresponda, y su período durará por lo que reste a su antecesor, pudiendo éstos ser reelegidos.

Los Ministros nombrados en conformidad a esta disposición deberán ser designados con anterioridad al 11 de diciembre de 2005 y entrarán en funciones el 1 de enero de 2006.

Cuadragesimacuarta. Los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma constitucional, que versen sobre materias que conforme a la Constitución deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, se entenderá que han cumplido con estos requisitos.

Las contiendas de competencia actualmente trabadas ante la Corte Suprema y las que lo sean hasta la entrada en vigor de las modificaciones al Capítulo VII, continuarán radicadas en dicho órgano hasta su total tramitación.

Los procesos iniciados, de oficio o a petición de parte, o que se iniciaren en la Corte Suprema para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal por ser contrario a la Constitución, con anterioridad a la aplicación de las reformas al Capítulo VII, seguirán siendo de conocimiento y resolución de esa Corte hasta su completo término.

Cuadragesimaquinta. Las reformas introducidas al Capítulo VII entran en vigor seis meses después de la publicación de la presente reforma constitucional con la excepción de lo regulado en la Disposición Cuadragesimatercera.

Cuadragesimasexta. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública seguirán siendo dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional hasta que se dicte la nueva ley que cree el Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Cuadragesimaséptima. Las modificaciones dispuestas en el artículo 54, Nº 2, comenzarán a regir después de la próxima elección general de parlamentarios.

Cuadragesimaoctava. No obstante, la modificación al artículo 16 Nº 2 de esta Constitución, también se suspenderá el derecho de sufragio de las personas procesadas por hechos anteriores al 16 de junio de 2005, por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

Cuadragesimanovena. En tanto no se creen los tribunales especiales a que alude el párrafo cuarto del número 16° del Artículo 19, las reclamaciones motivadas por la conducta ética de los profesionales que no pertenezcan a colegios profesionales, serán conocidas por los tribunales ordinarios.”.

Artículo 2º. Autorízase al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo, pueda dictar un texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República dentro del plazo de un año desde la aprobación de la presente reforma.”.

Y por cuanto el H. Congreso Nacional ha aprobado algunas de las observaciones formuladas por el Ejecutivo y desechado otras; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 119 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 18 de agosto de 2005.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Francisco Vidal Salinas, Ministro del Interior.- Eduardo Dockendorff Vallejos, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Rodrigo Egaña Baraona, Subsecretario General de la Presidencia.

LEY N° 20.162

Publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2007

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA EN SU SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de reforma constitucional, originado en dos mociones: la primera, de los Honorables Senadores señores Jaime Naranjo Ortiz y Carlos Ominami Pascual, correspondiente al Boletín 3.682-07, y la segunda, del Honorable Senador señor Mariano Ruiz-Esquide Jara y de los ex Senadores señora Carmen Frei Ruiz-Tagle y señores Nicolás Díaz Sánchez, Ricardo Hormazábal Sánchez y Sergio Páez Verdugo, correspondiente al Boletín Nº 1.737-07.

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1) Reemplázase el párrafo cuarto del numeral 10º del artículo 19, por el siguiente:

“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya requisito para el ingreso a la educación básica.”.

2) Incorpórase como disposición vigesimoprimera transitoria, nueva, la siguiente:

“Vigesimoprimera. La reforma introducida al numeral 10º del artículo 19 en relación al segundo nivel de transición de la educación parvularia, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 22 de enero de 2007.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Yasna Provoste Campillay, Ministra de Educación.- Paulina Veloso Valenzuela, Ministra Secretaria General de la Presidencia.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente, Juan Cavada Artigues, Subsecretario de Educación (S).

LEY Nº 20.193

Publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2007

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LOS TERRITORIOS ESPECIALES DE ISLA DE PASCUA Y ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1) Agrégase en el Capítulo XIV a continuación del artículo 126, el siguiente Párrafo, nuevo:

“Disposiciones Especiales

Artículo 126 bis.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.”.

2) Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Vigesimosegunda.- Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 27 de junio de 2007.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior.

Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Felipe Harboe Bascuñán, Subsecretario del Interior.

LEY Nº 20.245

Publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 2008

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE REGULA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS LEYES PROCESALES QUE INDICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Agrégase en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso final:

“La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatros años.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 9 de enero de 2008.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Verónica Baraona del Pedregal, Subsecretaria de Justicia.

LEY N° 20.337

Publicada en el Diario Oficial el 4 de abril de 2009

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 15 Y 18 DE LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL OBJETO DE CONSAGRAR EL SUFRAGIO COMO UN DERECHO DE LOS CIUDADANOS Y SU INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA EN LOS REGISTROS ELECTORALES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de reforma constitucional, originado en una Moción de los Honorables Senadores señores Alberto Espina Otero, Antonio Horvath Kiss y Sergio Romero Pizarro y del ex Senador señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República, en la siguiente forma:

1.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 15, por el siguiente:

“Artículo 15. En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.”.

2.- Modifícase el artículo 18, de la manera que sigue:

a) En el inciso primero, elimínase la coma (,) ubicada entre la conjunción copulativa “y” y la forma verbal “garantizará”, y agrégase, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución.”.

3.- Agrégase la siguiente disposición Vigesimotercera transitoria, nueva:

“Vigesimotercera. Las reformas introducidas a los artículos 15 y 18 sobre voluntariedad del voto e incorporación al registro electoral por el solo ministerio de la ley, regirán al momento de entrar en vigencia la respectiva ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 que se introduce mediante dichas reformas.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 27 de marzo de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Patricio Rosende Lynch, Ministro del Interior (S).- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Jorge Claissac Schnake, Subsecretario del Interior Subrogante.

LEY N° 20.346

Publicada en el Diario Oficial el 14 de mayo de 2009

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso sexto del artículo 118 de la Constitución Política de la República por el siguiente:

“Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica constitucional.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 8 de mayo de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Patricio Rosende Lynch, Subsecretario del Interior.

LEY N° 20.352

Publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2009

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA AL ESTADO DE CHILE PARA RECONOCER EL ESTATUTO DE ROMA, QUE CREA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de reforma constitucional, que tuvo su origen en un Mensaje del Presidente de la República, que fue refundido con una Moción del Honorable Senador señor Jaime Naranjo Ortiz y del ex Senador señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.

Proyecto de Reforma Constitucional:

Artículo único.- Introdúcese la siguiente disposición transitoria Vigesimocuarta, nueva, en la Constitución Política de la República:

“Vigesimocuarta. El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte.

Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena.

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en su Estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 26 de mayo de 2009.- EDMUNDO PÉREZ YOMA, Vicepresidente de la República.- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia y de Relaciones Exteriores (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Edgardo Riveros Marín, Subsecretario General de la Presidencia.

LEY N° 20.354

Publicada en el Diario Oficial el 12 de junio de 2009

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA FECHA DE ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

a) Agrégase en el final del inciso primero del artículo 26, sustituyendo el punto aparte (.) por una coma (,) lo siguiente:

“si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.

b) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 27, por el siguiente:

“El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo.”.

c) Intercálase en el inciso segundo del artículo 28, a continuación del punto seguido (.) que sigue a las expresiones “Ley de Elecciones”, lo siguiente:

“La elección deberá efectuarse en un día domingo.”.

d) Intercálase en el inciso cuarto del artículo 29, a continuación de la expresión “convocatoria”, sustituyendo el punto seguido (.) por una coma (,), lo siguiente:

“si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 5 de junio de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Patricio Rosende Lynch, Subsecretario del Interior.

LEY N° 20.390

Publicada en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2009

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política:

1. Modifícase el artículo 49 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación de la palabra “país”, sustituyendo el punto seguido (.) por una coma (,), lo siguiente: “cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción.”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.”.

2. Reemplázase la letra e) del número 2) del artículo 52 por la siguiente:

“e) De los intendentes, gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.”.

3. Sustitúyese, en el número 2) del artículo 57, la frase “los miembros de los consejos regionales” por “los consejeros regionales”.

4. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 112, la frase “El intendente presidirá el consejo regional y” por “Al intendente”.

5. Reemplázase el artículo 113 por el siguiente:

“Artículo 113. El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende.

El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.

Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere alguno de los requisitos de elegibilidad o incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la ley orgánica constitucional establezca.

Lo señalado en los incisos precedentes respecto del consejo regional y de los consejeros regionales será aplicable, en lo que corresponda, a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis.

El consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus miembros. El presidente del consejo durará cuatro años en su cargo y cesará en él en caso de incurrir en alguna de las causales señaladas en el inciso tercero, por remoción acordada por los dos tercios de los consejeros regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de éstos.

La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.

Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación.

Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto.”.

6. Reemplázase el artículo 114, por el siguiente:

“Artículo 114. La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.”.

7. Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 115, por el siguiente:

“A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.”.

8. Derógase el inciso tercero del artículo 116.

9. Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 123:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas, y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios.”.

10. Reemplázase el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124. Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de intendente, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal serán incompatibles entre sí.

Ningún intendente, gobernador o presidente del consejo regional, desde el día de su designación o elección, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún intendente, gobernador o presidente de consejo regional por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el intendente, gobernador o presidente del consejo regional imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.

11. Sustitúyense en el artículo 125 las expresiones: “alcaldes, de miembro del consejo regional y de concejal”, por las siguientes: “alcalde, consejero regional y concejal”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 16 de octubre de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

LEY N° 20.414

Publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 2010

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1. Agréganse, en el artículo 8º, como incisos tercero y cuarto, nuevos, los siguientes:

“El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.”.

2. Reemplázase la segunda oración del párrafo quinto del número 15º del artículo 19, por las siguientes:

“Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución.”.

3. Intercálase el siguiente artículo 37 bis:

“Artículo 37 bis. A los Ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el Ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe.

Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.”.

4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 60:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “, el que actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o” por la frase “o el que actuare”.

b) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la frase “el diputado o senador que”, la frase “actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que”.

5. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Vigesimoquinta.- La modificación introducida en el inciso cuarto del artículo 60, entrará en vigencia transcurridos ciento ochenta días a contar de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.”.

Y por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado las observaciones formuladas por el Ejecutivo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 28 de diciembre de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- José Antonio Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Edmundo Pérez Yoma, Ministro del Interior.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Edgardo Riveros Marín, Subsecretario General de la Presidencia.

LEY Nº 20.503

Publicada en el Diario Oficial el 27 de abril de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL RELATIVO A LA SUPERVIGILANCIA Y CONTROL DE ARMAS

Teniendo presente que el H. Congreso ha dado su aprobación a la siguiente reforma constitucional, iniciada en una Moción de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Jorge Pizarro Soto y Hosaín Sabag Castillo.

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 103 de la Constitución Política de la República por el siguiente:

“Una ley determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 13 de abril de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Andrés Allamand Zavala, Ministro de Defensa Nacional.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Lo que se transcribe para su conocimiento.- Alfonso Vargas Lyng, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.

LEY Nº 20.515

Publicada en el Diario Oficial el 4 de julio de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ADECUAR LOS PLAZOS VINCULADOS A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 25, la frase “en los últimos noventa días de su período” por la siguiente: “a contar del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente”.

2. Modifícase el artículo 26 en el siguiente sentido:

i) Reemplázanse en el inciso primero las oraciones “noventa días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”, por los términos: “el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.”.

ii) Sustitúyense en el inciso segundo las oraciones “el trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día.”, por las expresiones “el cuarto domingo después de efectuada la primera.”.

iii) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “treinta días” por los términos “diez días” y sustitúyese la oración “La elección se celebrará el domingo más cercano al nonagésimo día posterior a la convocatoria.”, por las siguientes: “La elección se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.

3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes tratándose de la primera votación o dentro de los treinta días siguientes tratándose de la segunda votación.”.

4. Reemplázanse en el inciso segundo del artículo 28, las oraciones “expedirá las órdenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta días, a nueva elección en la forma prevista por la Constitución y la Ley de Elecciones. La elección deberá efectuarse en un día domingo.”, por las siguientes: “convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.

5. Sustitúyense en el inciso cuarto del artículo 29 las expresiones “el sexagésimo día” por los términos “ciento veinte días”.

6. Reemplázase en el número 6) del artículo 53, la frase “en los últimos noventa días de su período” por la siguiente “a contar del día señalado en el inciso primero del artículo 26”.

7. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 129 la frase “la votación plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta días ni después de sesenta, contado desde la publicación de dicho decreto.”, por la que sigue: “la votación plebiscitaria, la que se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 28 de junio de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Sebastián Soto Velasco, Subsecretario General de la Presidencia (S).

LEY N° 20.516

Publicada en el Diario Oficial el 11 de julio de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR DEFENSA PENAL Y ASESORÍA JURÍDICA A LAS PERSONAS NATURALES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE DELITOS Y QUE NO PUEDEN PROCURÁRSELAS POR SÍ MISMAS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Alberto Espina Otero, José García Ruminot y Baldo Prokurica Prokurica y de los ex Senadores señores Andrés Allamand Zavala y Sergio Romero Pizarro.

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1.- Efectúanse las siguientes enmiendas en el número 3º del artículo 19:

a.- Agrégase en el párrafo tercero la siguiente oración: “La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.”.

b.- Intercálase el siguiente párrafo cuarto, pasando los restantes a tener el orden correlativo correspondiente:

“Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.”.

2.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 20, la primera vez que figura, la expresión “inciso cuarto” por “inciso quinto”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 24 de junio de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Felipe Bulnes Serrano, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Claudio Alvarado Andrade, Subsecretario General de la Presidencia.

LEY N° 20.573

Publicada en el Diario Oficial el 6 de marzo de 2012

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE TERRITORIOS ESPECIALES DE ISLA DE PASCUA Y ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación a la siguiente reforma constitucional

Proyecto de reforma constitucional

“Artículo único.- Incorpórase, en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 1 de febrero de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Ubilla Mackenney, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).- Claudio Alvarado Andrade, Ministro Secretario General de la Presidencia (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., María Claudia Alemparte Rodríguez, Subsecretaria del Interior Subrogante.

LEY N° 20.644

Publicada en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 2012

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE UN MECANISMO TRANSITORIO PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Incorpórase, en la Constitución Política de la República, la siguiente disposición vigésimo sexta transitoria, nueva:

“Vigesimosexta. Prorrógase el mandato de los consejeros regionales en ejercicio a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, y el de sus respectivos suplentes, hasta el 11 de marzo del año 2014.

La primera elección por sufragio universal en votación directa de los consejeros regionales a que se refiere el inciso segundo del artículo 113 se realizará en conjunto con las elecciones de Presidente de la República y Parlamentarios, el día 17 de noviembre del año 2013.

Para este efecto, las adecuaciones a la ley orgánica constitucional respectiva deberán entrar en vigencia antes del 20 de julio del año 2013.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 14 de diciembre de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Miguel Luis Flores Vargas, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

LEY N° 20.710

Publicada en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 2013

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DEL SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN Y CREA UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO GRATUITO DESDE EL NIVEL MEDIO MENOR

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1) Reemplázase el párrafo cuarto del numeral 10º del artículo 19 por el siguiente:

“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.”.

2) Reemplázase la disposición vigésima primera transitoria por la siguiente:

“Vigésima primera.- La reforma introducida en el numeral 10º del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 25 de noviembre de 2013.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra de Educación.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saludo atentamente a usted, Fernando Rojas Ochagavía, Subsecretario de Educación.

LEY N° 20.725

Publicada en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2014

EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de reforma constitucional que tuvo su origen en una Moción de los Honorables Senadores señores Alberto Espina Otero, Carlos Larraín Peña, Fulvio Rossi Ciocca, Eugenio Tuma Zedán y Patricio Walker Prieto.

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1) Sustitúyese el inciso primero del artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.”.

2) Reemplázanse los incisos segundo y tercero de la disposición decimotercera transitoria, por el siguiente:

“Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 31 de enero de 2014.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Claudio Oliva Ekelund, Subsecretario General de la Presidencia (S).

LEY Nº 20.748

Publicada en el Diario Oficial el 3 de mayo de 2014

REGULA EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO DE LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL PAÍS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa de reforma constitucional que tuvo su origen en una Moción de los Honorables Senadores señora Isabel Allende Bussi y señores Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández y Patricio Walker Prieto, y de la ex Senadora señora Soledad Alvear Valenzuela.

Proyecto de reforma constitucional:

“Artículo único.- Intercálase, en el artículo 13 de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese, llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 30 de abril de 2014.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Ximena Rincón González, Ministra Secretaria General de la Presidencia.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Patricia Silva Meléndez, Subsecretaria General de la Presidencia.

LEY N° 20.854

Publicada en el Diario Oficial el 21 de julio de 2015

ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL CONGRESO NACIONAL A RENDIR UNA CUENTA PÚBLICA ANUAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de Reforma Constitucional originado en una Moción de los Honorables Senadores señores Hernán Larraín Fernández y Andrés Zaldívar Larraín, y de los ex Senadores señores Camilo Escalona Medina y Jovino Novoa Vásquez,

Proyecto de reforma constitucional

“Artículo único.- Agrégase, en la Constitución Política de la República, el siguiente artículo 56 bis:

“Artículo 56 bis.- Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las Corporaciones que presiden.

El Reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación.”.”.

Por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República y ténganse por incorporadas sus disposiciones a la Constitución Política de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 129 de este cuerpo constitucional.

Santiago, 13 de julio de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Patricia Silva Meléndez, Subsecretaria General de la Presidencia.

LEY N° 20.860

Publicada en el Diario Oficial el 20 de octubre de 2015

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OTORGA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL AL SERVICIO ELECTORAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente manera:

1. Reemplázase el epígrafe del Capítulo IX por el siguiente:

“SERVICIO ELECTORAL Y JUSTICIA ELECTORAL”.

2. Agrégase, a continuación del epígrafe del Capítulo IX, el siguiente artículo 94 bis:

“Artículo 94 bis.- Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.

Los Consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley.”.

3. Agrégase la siguiente disposición vigesimoséptima transitoria:

“Vigesimoséptima.- No obstante lo dispuesto en el artículo 94 bis, los actuales consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral cesarán en sus cargos según los períodos por los cuales fueron nombrados. Los nuevos consejeros que corresponda designar el año 2017 durarán en sus cargos seis y ocho años cada uno, conforme a lo que señale el Presidente de la República en su propuesta. Asimismo, los nuevos nombramientos que corresponda efectuar el año 2021 durarán en sus cargos seis, ocho y diez años cada uno, conforme a lo que señale el Presidente de la República en su propuesta. En ambos casos, el Jefe de Estado formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.

Quienes están actualmente en funciones no podrán ser propuestos para un nuevo período, si con dicha prórroga superan el plazo total de diez años en el desempeño del cargo.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 9 de octubre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Patricia Silva Meléndez, Subsecretaria General de la Presidencia.

LEY Nº 20.870

Publicada en el Diario Oficial el 16 de noviembre de 2015

ESTABLECE LA CESACIÓN EN LOS CARGOS DE PARLAMENTARIO, ALCALDE, CONSEJERO REGIONAL Y CONCEJAL, POR INFRACCIÓN GRAVE A LAS NORMAS SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITES Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional:

“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República de la siguiente manera:

a) Intercálase en el artículo 60 el siguiente inciso séptimo, nuevo, pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos octavo y noveno, respectivamente:

“Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.”.

b) Agréganse, en el artículo 125, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades mencionadas que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave.

Asimismo, quien perdiere el cargo de alcalde, consejero regional o concejal, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.”.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 9 de noviembre de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Patricia Silva Meléndez, Subsecretaria General de la Presidencia.

TEXTO ACTUALIZADO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Chile

Año 2015

NOTA EXPLICATIVA:

El texto que se presenta a continuación no es oficial y la publicación, en este libro, no le otorga tal naturaleza. La Constitución corresponde al texto actualizado, al 31 de diciembre de 2015, e incluye notas al margen de las 38 leyes que la modificaron desde 1980. Para la elaboración del contenido actualizado y de las referidas notas, se utilizó como base el Decreto N° 100, del año 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, publicado en la edición N° 38.268 del Diario Oficial de 22 de septiembre de 2005; como asimismo las publicaciones de las reformas que le sucedieron.

Las notas al margen son referenciales y tienen como objeto facilitar la lectura y el seguimiento de las reformas aplicadas.

Capítulo I

BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

Art. 1°.- Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Art. 2°.- Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional.

Art. 3°.- El Estado de Chile es unitario.

La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.

Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.

Art. 4°.- Chile es una república democrática.

Art. 5°.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Art. 6°.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Art. 7°.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Art. 8°.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.

Art. 9°.- El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.

Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.

Capítulo II

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

Art. 10.- Son chilenos:

1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;

2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º o 4º;

3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y

4º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.

Art. 11.- La nacionalidad chilena se pierde:

1º.- Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;

2º.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados;

3º.- Por cancelación de la carta de nacionalización, y

4º.- Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.

Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley.

Art. 12.- La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos.

Art. 13.- Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.

Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.

Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año.

Art. 14.- Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley.

Los nacionalizados en conformidad al Nº 3º del artículo 10, tendrán opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización.

Art. 15.- En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.

Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.

Art. 16.- El derecho de sufragio se suspende:

1º.- Por interdicción en caso de demencia;

2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y

3º.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15º del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del Tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19.

Art. 17.- La calidad de ciudadano se pierde:

1º.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;

2º.- Por condena a pena aflictiva, y

3º.- Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.

Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en el número 3º podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena.

Art. 18.- Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.

Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución.

El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.

Capítulo III

DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Art. 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.

Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella;

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia;

5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley;

6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones;

7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

En consecuencia:

a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;

b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes;

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas;

d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito;

e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.

La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9°, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple;

f) En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley;

g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas;

h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales, e

i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia;

8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;

9º.- El derecho a la protección de la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado;

10º.- El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;

11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;

12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.

El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.

La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica;

13º.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía;

14º.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;

15º.- El derecho de asociarse sin permiso previo.

Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.

La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1) a 6) del artículo 57, por el término de cinco años, contado desde la resolución del Tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho.

Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia;

16º.- La libertad de trabajo y su protección.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley.

La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso;

17º.- La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes;

18º.- El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;

19º.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas;

20º.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.

Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo;

21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;

22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos;

23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;

25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y

26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Art. 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

Art. 21.- Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Art. 22.- Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.

Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.

El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine.

Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están legalmente exceptuados.

Art. 23.- Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos.

La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale.

Capítulo IV

GOBIERNO

Presidente de la República

Art. 24.- El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.

Art. 25.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º o 2º del artículo 10; tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de treinta días ni a contar del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado.

En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican.

Art. 26.- El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones.

Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el cuarto domingo después de efectuada la primera.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.

Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28.

Art. 27.- El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes tratándose de la primera votación o dentro de los treinta días siguientes tratándose de la segunda votación.

El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado la proclamación de Presidente electo que haya efectuado.

El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo.

En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.

Art. 28.- Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema.

Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53 Nº 7º, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente de la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.

Art. 29.- Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema.

En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección presidencial, el Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.

El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente.

Art. 30.- El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le sucederá el recientemente elegido.

El que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de la República.

En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y el artículo 62.

No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra.

El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

Art. 31.- El Presidente designado por el Congreso Pleno o, en su caso, el Vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al Presidente de la República.

Art. 32.- Son atribuciones especiales del Presidente de la República:

1º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas;

2º.- Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible;

3º.- Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución;

4º.- Convocar a plebiscito en los casos del artículo 128;

5º.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución;

6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;

7º.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores;

8º.- Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el N° 7° precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;

9º.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado;

10º.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine;

11º.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes;

12º.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;

13º.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación;

14º.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso;

15º.- Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 Nº 1º. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere;

16º.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad al artículo 104, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 105;

17º.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;

18º.- Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas;

19º.- Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional, y

20º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.

Ministros de Estado

Art. 33.- Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado.

La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como también el orden de precedencia de los Ministros titulares.

El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional.

Art. 34.- Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.

En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley.

Art. 35.- Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito.

Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.

Art. 36.- Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros.

Art. 37.- Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.

Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar.

Art. 37 bis. A los Ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el Ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe.

Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.

Bases generales de la Administración del Estado

Art. 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

Estados de excepción constitucional

Art. 39.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Art. 40.- El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.

El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición del Presidente.

Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la República en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 45.

La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por un plazo de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de la República disponga su suspensión con anterioridad.

Art. 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

Art. 42.- El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.

Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Éste asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia.

Art. 43.- Por la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Art. 44.- Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.

Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos.

Art. 45.- Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda.

Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño.

Capítulo V

CONGRESO NACIONAL

Art. 46.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.

Composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado

Art. 47.- La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.

La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años.

Art. 48.- Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

Art. 49.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.

Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.

Art. 50.- Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elección.

Art. 51.- Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.

Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos.

Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.

Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.

Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura.

El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.

El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante.

En ningún caso procederán elecciones complementarias.

Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados

Art. 52.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.

En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado;

b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.

La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación, y

c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.

Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.

No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.

2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:

a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara;

b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;

c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;

d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, y

e) De los intendentes, gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso.

Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella.

Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.

En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes.

Atribuciones exclusivas del Senado

Art. 53.- Son atribuciones exclusivas del Senado:

1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.

El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.

La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.

Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.

El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;

2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo;

3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia;

4) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17, número 3° de esta Constitución;

5) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran.

Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento;

6) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o a contar del día señalado en el inciso primero del artículo 26;

7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional;

8) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte del Nº 10º del artículo 93;

9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y

10) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite.

El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.

Atribuciones exclusivas del Congreso

Art. 54.- Son atribuciones del Congreso:

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley.

El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle.

El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional.

Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno.

En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro.

El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva.

De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64, y

2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 40.

Funcionamiento del Congreso

Art. 55.- El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional.

En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional.

La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

Art. 56.- La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio.

Cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría.

Art. 56 bis. Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las Corporaciones que presiden.

El Reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación.

Normas comunes para los diputados y senadores

Art. 57.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:

1) Los Ministros de Estado;

2) Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios;

3) Los miembros del Consejo del Banco Central;

4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras;

5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales;

6) El Contralor General de la República;

7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal;

8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;

9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, y

10) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9), respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.

Art. 58.- Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.

Art. 59.- Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.

Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador.

Art. 60.- Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o, en receso de ella, de su Presidente.

Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.

La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.

Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.

Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.

Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 59 respecto de los Ministros de Estado.

Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.

Art. 61.- Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.

Art. 62.- Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

Materias de Ley

Art. 63.- Sólo son materias de ley:

1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;

2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;

3) Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;

4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social;

5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;

6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;

7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.

Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;

8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades.

Esta disposición no se aplicará al Banco Central;

9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas;

10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;

11) Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país;

12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas;

13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;

14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;

15) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República;

16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.

Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9º;

17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional;

18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública;

19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, y

20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.

Art. 64.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.

Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República.

La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance.

A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.

Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.

Formación de la ley

Art. 65.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.

Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.

Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.

Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

1º. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;

2º. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;

3º. Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos;

4º. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;

5º. Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y

6º. Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.

Art. 66.- Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes.

Art. 67.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República.

El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.

La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.

No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.

Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

Art. 68.- El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

Art. 69.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión.

Art. 70.- El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de origen y, para ser aprobado tanto en ésta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la Cámara de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el Presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos tercios de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, y sólo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Art. 71.- El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la de su origen, y en ésta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los miembros presentes.

Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero, si hubiere mayoría para el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última.

Art. 72.- Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley.

Art. 73.- Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.

En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.

Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

Art. 74.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días.

La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

Art. 75.- Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley.

La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente.

La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.

Capítulo VI

PODER JUDICIAL

Art. 76.- La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.

Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.

Art. 77.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.

Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.

En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.

Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.

La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años.

Art. 78.- En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales.

La Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros.

Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Éste adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

Cinco de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.

La Corte Suprema, cuando se trate de proveer un cargo que corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial, formará la nómina exclusivamente con integrantes de éste y deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos. Tratándose de proveer una vacante correspondiente a abogados extraños a la administración de justicia, la nómina se formará exclusivamente, previo concurso público de antecedentes, con abogados que cumplan los requisitos señalados en el inciso cuarto.

Los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema.

Los jueces letrados serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva.

El juez letrado en lo civil o criminal más antiguo de asiento de Corte o el juez letrado civil o criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior al que se trata de proveer y que figure en lista de méritos y exprese su interés en el cargo, ocupará un lugar en la terna correspondiente. Los otros dos lugares se llenarán en atención al mérito de los candidatos.

La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, formarán las quinas o las ternas en pleno especialmente convocado al efecto, en una misma y única votación, donde cada uno de sus integrantes tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. El empate se resolverá mediante sorteo.

Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de sesenta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente.

Art. 79.- Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.

Art. 80.- Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes.

No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su período.

En todo caso, la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.

La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.

Art. 81.- Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial, no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley.

Art. 82.- La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.

Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.

Capítulo VII

MINISTERIO PÚBLICO

Art. 83.- Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.

Art. 84.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los fiscales adjuntos, en lo no contemplado en la Constitución. Las personas que sean designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.

La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal pública, en los casos que tengan a su cargo.

Art. 85.- El Fiscal Nacional será designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

El Fiscal Nacional deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente.

Será aplicable al Fiscal Nacional lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 en lo relativo al tope de edad.

Art. 86.- Existirá un Fiscal Regional en cada una de las regiones en que se divida administrativamente el país, a menos que la población o la extensión geográfica de la región hagan necesario nombrar más de uno.

Los fiscales regionales serán nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el Presidente de la Corte de más antigua creación.

Los fiscales regionales deberán tener a lo menos cinco años de título de abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio; durarán ocho años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como fiscales regionales por el período siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público.

Art. 87.- La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en su caso, llamarán a concurso público de antecedentes para la integración de las quinas y ternas, las que serán acordadas por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en pleno especialmente convocado al efecto. No podrán integrar las quinas y ternas los miembros activos o pensionados del Poder Judicial.

Las quinas y ternas se formarán en una misma y única votación en la cual cada integrante del pleno tendrá derecho a votar por tres o dos personas, respectivamente. Resultarán elegidos quienes obtengan las cinco o las tres primeras mayorías, según corresponda. De producirse un empate, éste se resolverá mediante sorteo.

Art. 88.- Existirán fiscales adjuntos que serán designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del fiscal regional respectivo, la que deberá formarse previo concurso público, en conformidad a la ley orgánica constitucional. Deberán tener el título de abogado y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.

Art. 89.- El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional.

Art. 90.- Se aplicará al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales y a los fiscales adjuntos lo establecido en el artículo 81.

Art. 91.- El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.

Capítulo VIII

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Art. 92.- Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, designados de la siguiente forma:

a) Tres designados por el Presidente de la República.

b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda.

c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.

Art. 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

1º.- Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;

2º.- Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones;

3º.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;

4º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;

5º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;

6°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;

7º.- Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior;

8º.- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda;

9º.- Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 99;

10°.- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del Nº 15º del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;

11º.- Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53 número 7) de esta Constitución;

12º.- Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado;

13º.- Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;

14º.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios;

15º.- Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo, y

16°.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63.

En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso.

En el caso del número 2º, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de diez de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado.

En el caso del número 3º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación.

El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados.

El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.

En el caso del número 4º, la cuestión podrá ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley.

En el caso del número 5º, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria.

El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuera procedente.

Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaran menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.

En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

En el caso del número 7°, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6° de este artículo, habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.

En los casos del número 8º, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta.

En el caso del número 11º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Senado.

Habrá acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 10º y 13º de este artículo.

Sin embargo, si en el caso del número 10º la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

En el caso del número 12°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto.

En el caso del número 14º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.

En el caso del número 16º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento.

El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 10º, 11º y 13º, como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario.

En los casos de los numerales 10º, 13º y en el caso del numeral 2º cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del Tribunal pronunciarse sin ulterior recurso, de su admisibilidad.

Art. 94.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.

En el caso del Nº 16º del artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 o 7 del artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.

Capítulo IX

SERVICIO ELECTORAL Y JUSTICIA ELECTORAL

Art. 94 bis.- Un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional.

La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Los Consejeros durarán diez años en sus cargos, no podrán ser designados para un nuevo período y se renovarán por parcialidades cada dos años.

Los Consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley.

Art. 95.- Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los plebiscitos, y tendrá las demás atribuciones que determine la ley.

Estará constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:

a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y

b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquellos que reúnan las calidades indicadas.

Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean parlamentario, candidato a cargos de elección popular, Ministro de Estado, ni dirigente de partido político.

Los miembros de este tribunal durarán cuatro años en sus funciones y les serán aplicables las disposiciones de los artículos 58 y 59 de esta Constitución.

El Tribunal Calificador procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho.

Una ley orgánica constitucional regulará la organización y funcionamiento del Tribunal Calificador.

Art. 96.- Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.

Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funciones y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

Estos tribunales procederán como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciarán con arreglo a derecho.

La ley determinará las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y funcionamiento.

Art. 97.- Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley.

Capítulo X

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Art. 98.- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva.

El Contralor General de la República deberá tener a lo menos diez años de título de abogado, haber cumplido cuarenta años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente. Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará en el cargo.

Art. 99.- En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara.

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución.

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional.

Art. 100.- Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.

Capítulo XI

FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA

Art. 101.- Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.

Art. 102.- La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley.

Art. 103.- Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.

Una ley determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control.

Art. 104.- Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos; durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo.

El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período.

Art. 105.- Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se efectuarán por decreto supremo, en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en Investigaciones se efectuarán en conformidad a su ley orgánica.

Capítulo XII

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

Art. 106.- Habrá un Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda. Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.

En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.

Art. 107.- El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá cuando sea convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes.

El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento a que se refiere el inciso final de la presente disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional.

Las actas del Consejo serán públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario.

Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates.

Capítulo XIII

BANCO CENTRAL

Art. 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

Art. 109.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

Capítulo XIV

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO

Art. 110.- Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas.

La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.

Gobierno y Administración Regional

Art. 111.- El gobierno de cada región reside en un intendente que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

Art. 112.- Al intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.

La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.

Art. 113.- El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende.

El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.

Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere alguno de los requisitos de elegibilidad o incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la ley orgánica constitucional establezca.

Lo señalado en los incisos precedentes respecto del consejo regional y de los consejeros regionales será aplicable, en lo que corresponda, a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis.

El consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus miembros. El presidente del consejo durará cuatro años en su cargo y cesará en él en caso de incurrir en alguna de las causales señaladas en el inciso tercero, por remoción acordada por los dos tercios de los consejeros regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de éstos.

La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.

Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación.

Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto.

Art. 114.- La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Art. 115.- Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.

Sin perjuicio de los recursos que para su funcionamiento se asignen a los gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto en el Nº 20º del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional.

La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional.

A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.

La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21º del artículo 19.

Gobierno y Administración Provincial

Art. 116.- En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponde al gobernador ejercer, de acuerdo a las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá delegarle el intendente y las demás que le corresponden.

Art. 117.- Los gobernadores, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Administración Comunal

Art. 118.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades municipales.

Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley orgánica constitucional respectiva, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además, las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica constitucional.

Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana.

Los servicios públicos deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley.

La ley determinará la forma y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la transferencia.

Art. 119.- En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir al alcalde.

El concejo será un órgano encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le encomienden, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.

La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos.

Art. 120.- La ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas.

Asimismo, la ley orgánica constitucional de municipalidades establecerá los procedimientos que deberán observarse en caso de supresión o fusión de una o más comunas.

Art. 121.- Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita.

Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la ley orgánica constitucional de municipalidades.

Art. 122.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley.

Disposiciones Generales

Art. 123.- La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas, y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios.

Art. 124.- Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de intendente, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal serán incompatibles entre sí.

Ningún intendente, gobernador o presidente del consejo regional, desde el día de su designación o elección, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún intendente, gobernador o presidente de consejo regional por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el intendente, gobernador o presidente del consejo regional imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.

Art. 125.- Las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcalde, consejero regional y concejal.

Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades mencionadas que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave.

Asimismo, quien perdiere el cargo de alcalde, consejero regional o concejal, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.

Art. 126.- La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el intendente y el consejo regional, así como entre el alcalde y el concejo.

Disposiciones Especiales

Art. 126 bis. Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.

Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.

Capítulo XV

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Art. 127.- Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior.

Art. 128.- El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al Presidente de la República.

Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.

Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo anterior, y se devolverá al Presidente para su promulgación.

En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo.

La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso.

Art. 129.- La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.

El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.

El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.

Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Mientras se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del número 1º del artículo 19 de esta Constitución, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.

Segunda.- Mientras se dicta el nuevo Código de Minería, que deberá regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución Política, los titulares de derechos mineros seguirán regidos por la legislación que estuviere en vigor al momento en que entre en vigencia esta Constitución, en calidad de concesionarios.

Los derechos mineros a que se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el imperio del nuevo Código, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de dicho nuevo Código de Minería. Este nuevo Código deberá otorgar plazo a los concesionarios para cumplir los nuevos requisitos que se establezcan para merecer amparo legal.

En el lapso que medie entre el momento en que se ponga en vigencia esta Constitución y aquél en que entre en vigor el nuevo Código de Minería, la constitución de derechos mineros con el carácter de concesión señalado en los incisos séptimo al décimo del número 24º del artículo 19 de esta Constitución, continuará regida por la legislación actual, al igual que las concesiones mismas que se otorguen.

Tercera.- La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17a. transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución.

Cuarta.- Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.

Quinta.- No obstante lo dispuesto en el número 6º del artículo 32, mantendrán su vigencia los preceptos legales que a la fecha de promulgación de esta Constitución hubieren reglado materias no comprendidas en el artículo 63, mientras ellas no sean expresamente derogadas por ley.

Sexta.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del número 20º del artículo 19, mantendrán su vigencia las disposiciones legales que hayan establecido tributos de afectación a un destino determinado, mientras no sean expresamente derogadas.

Séptima.- El indulto particular será siempre procedente respecto de los delitos a que se refiere el artículo 9º cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Una copia del decreto respectivo se remitirá, en carácter reservado, al Senado.

Octava.- Las normas del capítulo VII “Ministerio Público”, regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país.

El capítulo VII “Ministerio Público”, la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones.

Novena.- No obstante lo dispuesto en el artículo 87, en la quina y en cada una de las ternas que se formen para proveer por primera vez los cargos de Fiscal Nacional y de fiscales regionales, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones podrán incluir, respectivamente, a un miembro activo del Poder Judicial.

Décima.- Las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo 121, relativas a la modificación de la estructura orgánica, de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias.

Decimoprimera.- En el año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley de reforma constitucional no podrán figurar en las nóminas para integrar la Corte Suprema quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente de la República, diputado, senador, Ministro de Estado, intendente, gobernador o alcalde.

Decimosegunda.- El mandato del Presidente de la República en ejercicio será de seis años, no pudiendo ser reelegido para el período siguiente.

Decimotercera.- El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes.

Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

Decimocuarta.- El reemplazo de los actuales Ministros y el nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, se efectuará conforme a las reglas siguientes:

Los actuales Ministros nombrados por el Presidente de la República, el Senado, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional se mantendrán en funciones hasta el término del período por el cual fueron nombrados o hasta que cesen en sus cargos.

El reemplazo de los Ministros designados por el Consejo de Seguridad Nacional corresponderá al Presidente de la República.

El Senado nombrará tres Ministros del Tribunal Constitucional, dos directamente y el tercero previa propuesta de la Cámara de Diputados. Este último durará en el cargo hasta el mismo día en que cese el actualmente nombrado por el Senado o quien lo reemplace en conformidad al inciso séptimo de este artículo, y podrá ser reelegido.

Los actuales Ministros de la Corte Suprema que lo sean a su vez del Tribunal Constitucional, quedarán suspendidos temporalmente en el ejercicio de sus cargos en dicha Corte, seis meses después que se publique la presente reforma constitucional y sin afectar sus derechos funcionarios. Reasumirán esos cargos al término del período por el cual fueron nombrados en el Tribunal Constitucional o cuando cesen en este último por cualquier motivo.

La Corte Suprema nominará, en conformidad a la letra c) del artículo 92, los abogados indicados en la medida que se vayan generando las vacantes correspondientes. No obstante, el primero de ellos será nombrado por tres años, el segundo por seis años y el tercero por nueve años. El que haya sido nombrado por tres años podrá ser reelegido.

Si alguno de los actuales Ministros no contemplados en el inciso anterior cesare en su cargo, se reemplazará por la autoridad indicada en las letras a) y b) del artículo 92, según corresponda, y su período durará por lo que reste a su antecesor, pudiendo éstos ser reelegidos.

Los Ministros nombrados en conformidad a esta disposición deberán ser designados con anterioridad al 11 de diciembre de 2005 y entrarán en funciones el 1 de enero de 2006.

Decimoquinta.- Los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma constitucional, que versen sobre materias que conforme a la Constitución deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, se entenderá que han cumplido con estos requisitos.

Las contiendas de competencia actualmente trabadas ante la Corte Suprema y las que lo sean hasta la entrada en vigor de las modificaciones al Capítulo VIII, continuarán radicadas en dicho órgano hasta su total tramitación.

Los procesos iniciados, de oficio o a petición de parte, o que se iniciaren en la Corte Suprema para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal por ser contrario a la Constitución, con anterioridad a la aplicación de las reformas al Capítulo VIII, seguirán siendo de conocimiento y resolución de esa Corte hasta su completo término.

Decimosexta.- Las reformas introducidas al Capítulo VIII entran en vigor seis meses después de la publicación de la presente reforma constitucional con la excepción de lo regulado en la disposición decimocuarta.

Decimoséptima.- Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública seguirán siendo dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional hasta que se dicte la nueva ley que cree el Ministerio encargado de la Seguridad Pública.

Decimoctava.- Las modificaciones dispuestas en el artículo 57, Nº 2, comenzarán a regir después de la próxima elección general de parlamentarios.

Decimonovena.- No obstante, la modificación al artículo 16 N° 2 de esta Constitución, también se suspenderá el derecho de sufragio de las personas procesadas por hechos anteriores al 16 de junio de 2005, por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

Vigésima.- En tanto no se creen los tribunales especiales a que alude el párrafo cuarto del número 16° del artículo 19, las reclamaciones motivadas por la conducta ética de los profesionales que no pertenezcan a colegios profesionales, serán conocidas por los tribunales ordinarios.

Vigesimoprimera.- La reforma introducida en el numeral 10º del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.

Vigesimosegunda.- Mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.

Vigesimotercera.- Las reformas introducidas a los artículos 15 y 18 sobre voluntariedad del voto e incorporación al registro electoral por el solo ministerio de la ley, regirán al momento de entrar en vigencia la respectiva ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 que se introduce mediante dichas reformas.

Vigesimocuarta.- El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte.

Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena.

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en su Estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma.

Vigesimoquinta.- La modificación introducida en el inciso cuarto del artículo 60, entrará en vigencia transcurridos ciento ochenta días a contar de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Vigesimosexta.- Prorrógase el mandato de los consejeros regionales en ejercicio a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, y el de sus respectivos suplentes, hasta el 11 de marzo del año 2014.

La primera elección por sufragio universal en votación directa de los consejeros regionales a que se refiere el inciso segundo del artículo 113 se realizará en conjunto con las elecciones de Presidente de la República y Parlamentarios, el día 17 de noviembre del año 2013.

Para este efecto, las adecuaciones a la ley orgánica constitucional respectiva deberán entrar en vigencia antes del 20 de julio del año 2013.

Vigesimoséptima.- No obstante lo dispuesto en el artículo 94 bis, los actuales consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral cesarán en sus cargos según los períodos por los cuales fueron nombrados. Los nuevos consejeros que corresponda designar el año 2017 durarán en sus cargos seis y ocho años cada uno, conforme a lo que señale el Presidente de la República en su propuesta. Asimismo, los nuevos nombramientos que corresponda efectuar el año 2021 durarán en sus cargos seis, ocho y diez años cada uno, conforme a lo que señale el Presidente de la República en su propuesta. En ambos casos, el Jefe de Estado formulará su proposición en un solo acto y el Senado se pronunciará sobre el conjunto de la propuesta.

Quienes están actualmente en funciones no podrán ser propuestos para un nuevo período, si con dicha prórroga superan el plazo total de diez años en el desempeño del cargo.

BIBLIOGRAFÍA

Título de la obra Autor Editorial Año de edición

Anales de la República Luis Valencia Avaria Editorial Jurídica 1954

Volúmen I

Anales de la República Luis Valencia Avaria Editorial Andrés Bello 1986

Volúmen I

Boletin de las Leyes, Imprenta Nacional 1823-1826

Libros I, III, IV, VI, 1828-1834

XXXIX, XLI y XLII 1871-1874

Diario Oficial de la República de Chile Imprenta Nacional

Nºs. 1.435 Imprenta La Nación 1882

3.370 1888

4.101 1891

4.268 1892

4.554 1893

11.936 1917

14.276 1925

19.715 1943

23.858 1957

24.283 1959

25.660 1963

26.647, 26.857 1967

27.553 1970

27.842, 27.911, 27.999 1971

28.653, 28.657, 28.658, 28.698, 28.703, 28.714, 28.720, 28.722 1973

28.741, 28.886, 28.910, 28.985, 29.019, 29.030, 29.038-A 1974

29.147 1975

29.345, 29.350, 29.558-A 1976

29.672, 29.707, 29.843 1977

30.346, 30.406 1979

30.706, 30.745 1980

33.450 1989

33.931, 34.114 1991

34.806 1994

35.397 1996

35.858, 35.868, 35.918, 35.946 1997

36.263, 36.389, 36.479, 36.506 1999

36.650 2000

37.046 2001

37.564 2003

38.246 2005

38.691, 38.825 2007

38.957 2008

39.330, 39.361, 39.374, 39.385, 39.497 2009

39.551 2010

39.945, 40.001, 40.007 2011

40.205, 40.435 2012

40.729 2013

40.784, 40.847, 40.912, 40.987 2014

41.308 2015

Título de la obra Autor Editorial Año de edición

Escritos Políticos de Raúl Silva Castro Ediciones Universidad de Chile 1960

Camilo Henríquez

Gaceta Ministerial de Chile Imprenta del Gobierno 1818

Nºs. 33, 57, 62 1822-1823

Gaceta de Santiago Nº 33 Imprenta del Gobierno 1817

Génesis y Vigencia de los textos Sergio Carrasco Delgado Editorial Jurídica de Chile 2002

Constitucionales Chilenos

Historia Constitucional de Chile Fernando Campos Harriet Editorial Jurídica de Chile 1977

Leyes Promulgadas en Chile Ricardo Anguita Imprenta Nacional 1902

Años 1810 - 1901

Periódico Aurora de Chile Nº 39 Fray Camilo Henríquez Imprenta del Gobierno 1812

Periódico Monitor Araucano Fray Camilo Henríquez Imprenta del Gobierno 1814

Tomo II Nº 39